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ASOCIACIONES INTERNACIONALES DE FIELES[1]

 

 

Miquel Delgado Galindo

Consejo Pontificio para los Laicos

Ciudad del Vaticano

mnmiquel@yahoo.es

 

 

Sumario: I. La dimensión internacional del fenómeno asociativo en la Iglesia.- II. Las organizaciones internacionales católicas y el Directorio de 1971.- III. La nueva época asociativa de los fieles laicos y la nueva legislación de la Iglesia.- IV. ¿Una ley especial para los movimientos eclesiales? V. Asociaciones internacionales e Iglesias particulares.

 

 

     I. La dimensión internacional del fenómeno asociativo en la Iglesia

 

     Una de las mayores novedades relativas al estatuto jurídico de los fieles durante el siglo XX ha sido, sin duda, la amplia difusión del asociacionismo católico en general y, en particular, a nivel internacional. El derecho de asociación de los fieles encontró finalmente su carta de naturaleza en el ordenamiento eclesial después de un largo período de reflexión canónica, que desembocó en la proclamación del derecho fundamental de asociación de los fieles en la Iglesia, contenido en los documentos del Concilio Vaticano II (AA, 19; PO, 8), así como en la nueva legislación universal de la Iglesia (CIC, c. 215; CCEO, c. 18)[2]. Este factor ha contribuido en muchos casos a superar los ámbitos diocesano y nacional de las asociaciones de fieles.

 

     Hay que reseñar que el asociacionismo internacional no es un fenómeno completamente nuevo en la historia de la Iglesia. Basta pensar en las terceras órdenes seculares, auténticas asociaciones internacionales de fieles surgidas en la Edad Media, si bien caracterizadas por ser entes asociativos cuyos miembros viven en el mundo y se dedican al apostolado y a buscar la perfección cristiana, participando de la espiritualidad de un instituto religioso, el cual ejerce la alta dirección sobre la asociación (CIC, c. 303)[3]. Esta peculiar configuración canónica motiva que las terceras órdenes seculares se encuentren dentro del ámbito de competencia de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica (PB, artt. 111 y 134). El Consejo Pontificio para los Laicos se ocupa solamente de la actividad apostólica de estas asociaciones de fieles (PB, art. 134, in fine).

 

     Considero oportuno precisar que aquí tomo en consideración las asociaciones internacionales de fieles erigidas o reconocidas por el Consejo Pontificio para los Laicos, teniendo en cuenta que otros Dicasterios de la Santa Sede son competentes para determinadas asociaciones internacionales. Por ejemplo, las integradas solamente por clérigos dependen de la Congregación para el Clero (PB, art. 97, 1º). Las asociaciones internacionales de fieles que se erigen con la finalidad de llegar a ser un instituto de vida consagrada o una sociedad de vida apostólica se hallan bajo el ámbito de competencia de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica (PB, art. 111). La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos es competente para la erección, aprobación o reconocimiento de los estatutos de las asociaciones internacionales creadas para la promoción del apostolado litúrgico, la música, el canto y el arte sacro (PB, art. 65). La Comisión Pontificia «Ecclesia Dei», en el marco de sus atribuciones, puede erigir asociaciones internacionales de fieles con el objetivo de llegar a ser institutos de vida consagrada o sociedades de vida apostólica. Esta comisión ejercita la autoridad de la Santa Sede sobre estas asociaciones[4].

 

     A partir de la segunda mitad del siglo XIX comenzaron a surgir asociaciones de fieles con clara vocación internacional, que fueron extendiéndose paulatinamente por el mundo. Ya entrado el siglo XX, Pío XII percibió con nitidez la importancia del apostolado de los fieles laicos y, particularmente, del apostolado en forma asociada en el ámbito internacional[5]. Al finalizar la segunda guerra mundial, Pío XII alentó fuertemente el desarrollo de las organizaciones internacionales católicas ya existentes, y las que estaban apareciendo. Dentro del nuevo orden internacional que se estaba creando, el pontífice consideraba que era indispensable la estructuración del laicado católico, así como la presencia de católicos en el proceso de toma de decisiones de las organizaciones internacionales intergubernativas existentes o en vías de constitución, en primer lugar en el sistema de Naciones Unidas, a través del Consejo Económico y Social (ECOSOC), con sus agencias especializadas (UNESCO, FAO, OIT, OMS, etc.) y programas (UNICEF)[6]. Muchas de estas organizaciones han adquirido el estatuto consultivo como organizaciones no gubernamentales (ONG), en base a lo dispuesto en el art. 71 de la Carta de las Naciones Unidas[7] y en la Resolución 1296 (XLIV/1968) del ECOSOC, del 23 de mayo de 1968.

 

     Una parte considerable de estas organizaciones internacionales de fieles tenía naturaleza jurídica asociativa y algunas de ellas constituían movimientos de Acción Católica, general o especializada por ambientes (la educación y la cultura, el mundo de la salud, los ambientes obreros y rurales, etc.). Otras, en cambio, constituían organismos que contribuían a la presencia de la Iglesia en ámbito internacional. Sus estatutos fueron aprobados por la Secretaría de Estado[8]. Como se puede observar, el objetivo de estas organizaciones era doble: por un lado, asegurar la participación de los católicos en la vida internacional organizada; por otro, promover el apostolado en un sector preciso o en un ambiente determinado de la sociedad.

 

     El 28 de octubre de 1953 fue creada la Fundación Pío XII para el apostolado de los laicos. Se trata de un ente que goza de personalidad jurídica propia y se encuentra bajo la dependencia de la Secretaría de Estado. Esta fundación tiene como finalidad propia la promoción y el sostenimiento de las actividades internacionales de apostolado de los fieles laicos[9].

 

     Los pontífices que sucedieron a Pío XII mostraron también un vivo aprecio respecto a la acción apostólica de los fieles laicos a nivel internacional, que se manifiesta en los numerosos discursos, alocuciones y mensajes dirigidos a los miembros de estas organizaciones[10]. Asimismo, la Constitución pastoral Gaudium et spes sobre la Iglesia en el mundo actual afirma: «Forma excelente de la actividad internacional de los cristianos es, sin duda, la colaboración que individual o colectivamente prestan en las instituciones fundadas o por fundar para fomentar la cooperación entre las naciones. A la creación pacífica y fraterna de la comunidad de los pueblos pueden servir también de múltiples maneras las varias asociaciones católicas internacionales, que hay que consolidar aumentando el número de sus miembros bien formados, los medios que necesitan y la adecuada coordinación de energías. La eficacia en la acción y la necesidad del diálogo piden en nuestra época iniciativas de equipo. Estas asociaciones contribuyen además no poco al desarrollo del sentido universal, sin duda muy apropiado para el católico, y a la formación de una conciencia de la genuina solidaridad y responsabilidad universales» (n. 90/a).

 

     El Consilium de Laicis fue instituido por Pablo VI en 1967[11] y en 1976[12] adoptó la denominación actual de Consejo Pontificio para los Laicos[13]. La reforma de la Curia Romana realizada en 1967 requirió una importante precisión de la Secretaría de Estado, comunicada al Cardenal Maurice Roy, Arzobispo de Québec y Presidente del dicasterio entre 1967 y 1976, en los siguientes términos: «la competencia del Consilium de laicis, en esta materia, se refiere a las asociaciones de fieles en cuanto movimientos organizados de apostolado de los laicos; por tanto, el Consilium de laicis es el dicasterio de la Curia Romana del cual las mencionadas asociaciones dependen para la aprobación o modificación de sus estatutos (cuando se requiere la intervención de la Santa Sede), para la oportuna vigilancia sobre las variadas actividades de apostolado que realizan, para el examen de los recursos y soluciones de controversias referentes a sus miembros, etc.»[14].

 

 

II. Las organizaciones internacionales católicas y el Directorio de 1971

 

El CIC 1917 reservaba un espacio restringido a las asociaciones de fieles[15]. Concretamente, salvo las terceras órdenes seculares, cuyos estatutos debían ser aprobados por la Santa Sede, no se contemplaban expresamente las asociaciones internacionales de fieles. El desarrollo asociativo a nivel internacional experimentado en la Iglesia con ocasión del Concilio Vaticano II motivó la preparación de un documento del Consilium de laicis, en colaboración con la Secretaría de Estado y diversos entes interesados, con el fin de precisar la praxis de la Santa Sede en vista del reconocimiento de asociaciones internacionales de fieles, bajo la categoría específica de “organizaciones internacionales católicas”. El llamado “Documento de orientación acerca de los criterios de definición de las organizaciones internacionales católicas”, lleva la fecha del 3 de diciembre de 1971[16].

 

Este  Documento es un directorio que en su momento tuvo la finalidad de contribuir a discernir los criterios de definición de las organizaciones internacionales católicas, para asegurar su adecuada inserción en el apostolado general de la Iglesia[17]. Muchas de estas organizaciones eran asociaciones internacionales de fieles. Considerando que el CIC 1917 no era idóneo para regular este tipo de entes, el Documento de 1971 fue un instrumento apropiado para precisar la praxis respecto al reconocimiento de estos entes asociativos internacionales. Para la determinación de los criterios a seguir, el dicasterio, tomando como punto de referencia fundamental el Decreto Apostolicam actuositatem y la Constitución pastoral Gaudium et spes, constataba la existencia de numerosas organizaciones que reflejaban ampliamente las actividades de los miembros del pueblo de Dios. El Documento trata de aspectos prácticos y, algunos de ellos, de índole canónica. Se presenta como un texto flexible, que ofrece un amplio espacio de libertad a los fines de cada ente, indicando a la vez los principios según los cuales podían ser reconocidos como organizaciones internacionales católicas.

 

El término organización se entiende en un sentido amplio. Significa la puesta en práctica de una acción coordinada de iniciativas de personas físicas o jurídicas, sin prejuzgar la figura concreta en la que se manifiesta. Pueden adoptar la forma de servicios, movimientos, federaciones, organismos, etc. Cada organización debe expresar claramente en sus estatutos su identidad, sus fines, la categoría de miembros que la integran, sus actividades (espirituales, apostólicas, intelectuales, caritativas, profesionales, etc.). Respecto a los miembros, se requiere una consistencia numérica suficiente. Se trata, sobre todo, de una apreciación cualitativa más que cuantitativa, en función de sus fines. La organización debe disponer de personas responsables de su actividad y de su administración, así como poseer los medios necesarios en orden a la consecución de sus fines. Debe fomentar encuentros regulares entre sus miembros, con el fin de realizar un balance de las actividades, tomar decisiones en función de sus necesidades y proceder a la designación de las personas llamadas a asumir responsabilidades en el seno de la organización. Asimismo, debe disponer de autonomía financiera para el cumplimiento de sus fines, contando también con donaciones y subvenciones.

 

     El carácter internacional debe ser demostrado; por este motivo la organización debe contar con miembros en diversos países. Debe fomentar los intercambios, la comunicación y el diálogo entre sus miembros; formar a sus miembros en un espíritu internacional y desarrollar en ellos un sentido de responsabilidad a este nivel; tener una visión universal, superando el ámbito de las naciones y las regiones. El carácter internacional exige también una puesta en común de actividades, iniciativas y aportaciones de los diversos componentes nacionales o regionales, en vista de una efectiva participación al bien común de la asociación.

 

     Del Documento de 1971 se desprende que la referencia católica es la más importante, porque aporta una especificidad del todo particular y completa la definición de la organización. Las organizaciones internacionales católicas son una forma de presencia en la sociedad. Para que una organización pueda llevar el título de “católica” deben cumplirse los siguientes requisitos: una referencia precisa de conformidad al Evangelio y a las enseñanzas del Magisterio, una voluntad de integrarse en el trabajo pastoral de la Iglesia, una preocupación por la educación en la fe entre sus miembros, una disponibilidad de servicio dentro de los sectores tales como la evangelización y la santificación, la animación cristiana del orden temporal, la caridad (AA, 6-8), así como en los ambientes sociales o profesionales, la familia, la juventud, la educación, los medios de comunicación, etc. (AA, 10-14).

 

     El Directorio de 1971 preveía que en algunos casos las organizaciones internacionales católicas podían acoger en su seno tanto a cristianos no católicos, como a personas no cristianas. Sin embargo, no podía alterarse el específico carácter de la organización y su referencia esencial a la Iglesia Católica, a su doctrina y a sus fines. El carácter católico de la organización quedaba garantizado por el hecho de que los responsables de la organización debían ser siempre católicos.

 

     El reconocimiento de las organizaciones internacionales católicas comportaba la aprobación por parte de la Santa Sede, a través de la Secretaría de Estado, de las orientaciones fundamentales y de los fines de la organización, contenidos en los estatutos, así como de sus modificaciones sustanciales, el visto bueno de los candidatos a la presidencia y el nombramiento de los capellanes o asistentes eclesiásticos. La formalización de estos requisitos se realizaba por medio de un documento denominado “protocolo adicional”, anejo a los estatutos de la organización, suscrito habitualmente por el Sustituto de la Secretaría de Estado y el Presidente de cada ente.

 

     El Documento de 1971 disponía la creación de un registro permanente de inscripción de las organizaciones internacionales católicas en el Consejo de Laicos. Cualquier grupo que superase los límites de una nación y que se constituyera en vista de una actividad internacional era invitado a solicitar la inscripción en este registro, con el fin de establecer relaciones con la Santa Sede. La inscripción de una organización en el registro se convertía en definitiva después de verificar la conformidad de la organización o movimiento con los criterios antes expuestos y después de la aprobación de sus estatutos por la Santa Sede. El Consejo de Laicos asumiría la función de garantizar un diálogo constante entre las organizaciones y la Santa Sede, con el fin de facilitar su inserción dentro de la misión de conjunto de la Iglesia. Asimismo, la Secretaría de Estado sería un interlocutor disponible, teniendo en cuenta su competencia para apreciar en última instancia la actividad de los organismos católicos que implican a la Iglesia a nivel internacional.

 

El Documento de 1971, sin duda, ofreció en su momento oportunas orientaciones que contribuyeron a la consolidación de la praxis de la Santa Sede respecto a las organizaciones internacionales católicas. La legislación universal vigente modificó la configuración canónica de estos entes. Por un lado, de la Const. ap. Pastor Bonus se desprende que las organizaciones internacionales católicas ya no se regulan por el Documento de 1971, porque las competencias atribuidas por aquel directorio fueron distribuidas en modo diverso entre los dicasterios de la Curia Romana (PB, artt. 41, § 2 y 134). Concretamente, la Pastor Bonus establece que la competencia de la Secretaría de Estado se refiere a la presencia y actividad de las organizaciones internacionales católicas en el seno de las organizaciones internacionales intergubernativas. En cambio, el Consejo Pontificio para los Laicos se ocupa de la erección o el reconocimiento y de la aprobación de los estatutos de aquellos entes que son asociaciones de fieles de carácter internacional, según la normativa común (CIC, cc. 298-329). En consecuencia, el Directorio de 1971 no está en vigor en aquellos aspectos que fueron modificados por la legislación posterior. Desde luego, ha ofrecido criterios adecuados que han contribuido a afianzar la praxis del Consejo Pontificio para los Laicos.

 

     Después de un prolongado período de estudio y reflexión, a comienzos de 2003 el Consejo Pontificio para los Laicos inició el proceso de reforma de los estatutos de las organizaciones internacionales católicas que son asociaciones internacionales de fieles, con el fin de adecuar estos entes a la legislación universal de la Iglesia sobre las asociaciones de fieles.

 

 

 

III. La nueva época asociativa de los fieles laicos y la nueva legislación de la Iglesia

 

     Coincidiendo con el pontificado de Juan Pablo II, en la Iglesia cristalizó una fase asociativa nueva, caracterizada por la aparición de nuevas formas asociativas, entre las que destacan los movimientos eclesiales[18]. Así lo expresaba Juan Pablo II en la Exhortación apostólica postsinodal Christifideles laici (1988): «En los tiempos modernos [el  fenómeno asociativo laical] ha experimentado un singular impulso, y se han visto nacer y difundirse múltiples formas agregativas: asociaciones, grupos, comunidades, movimientos. Podemos hablar de una nueva época asociativa de los fieles laicos. En efecto, “junto al asociacionismo tradicional, y a veces desde sus mismas raíces, han germinado movimientos y asociaciones nuevas, con fisonomías y finalidades específicas. Tanta es la riqueza y versatilidad de los recursos que el Espíritu alimenta en el tejido eclesial; y tanta es la capacidad de iniciativa y la generosidad de nuestro laicado”» (n. 29).

 

Los movimientos eclesiales se caracterizan por ser realidades eclesiales asociativas, basadas en un carisma particular recibido por un fundador en circunstancias históricas determinadas. Se trata de un carisma vocacional, que alienta a asumir compromisos que abrazan la entera existencia en vista de la realización de la vocación cristiana, y suponen una donación personal a Dios, ya sea en el matrimonio como en el celibato apostólico. Los movimientos eclesiales son esencialmente laicales, no obstante puedan pertenecer a ellos sacerdotes diocesanos y miembros de institutos de vida consagrada o sociedades de vida apostólica. Están estructurados como comunidades de fieles, poseen un método propio para transmitir la fe y están dotados de un fuerte dinamismo evangelizador. Son, en definitiva, nuevas irrupciones del Espíritu Santo en el mundo.

 

     A nivel internacional, los movimientos eclesiales han sido configurados canónicamente como asociaciones internacionales de fieles y, por tanto, se encuentran dentro del ámbito de competencia del Consejo Pontificio para los Laicos[19].

 

     En la Carta apostólica Novo millennio ineunte, así se expresaba Juan Pablo II: «En esta misma línea, tiene gran importancia para la comunión el deber de promover las diversas realidades de asociación, que tanto en sus modalidades más tradicionales como en las más nuevas de los movimientos eclesiales, siguen dando a la Iglesia una viveza que es don de Dios constituyendo una auténtica primavera del Espíritu. Conviene ciertamente que, tanto en la Iglesia universal como en las Iglesias particulares, las asociaciones y movimientos actúen en plena sintonía eclesial y en obediencia a las directrices de los Pastores. Pero es también exigente y perentoria para todos la exhortación del Apóstol: “No extingáis el Espíritu, no despreciéis las profecías, examinadlo todo y quedaos con lo bueno” (1 Ts 5,19-21)» (n. 46/d).

 

     Esta nueva fase asociativa de los fieles laicos se ha visto acompañada por la reforma de la legislación universal de la Iglesia. El CIC contiene una normativa completamente diversa de la del CIC 1917 respecto a las asociaciones de fieles. Concretamente, el c. 312 del CIC dispone que las asociaciones universales e internacionales son erigidas por la Santa Sede (§ 1, 1º), la Conferencia Episcopal erige las nacionales (§ 1, 2º) y el Obispo las asociaciones de ámbito diocesano (§ 1, 3º). Conviene añadir que esta delimitación de autoridades eclesiásticas afecta también a las asociaciones privadas de fieles (CIC, c. 322). Por otro lado, a este canon se remiten otros cánones que tratan del régimen y de la vigilancia de las asociaciones de fieles[20].

 

     Un primer aspecto que hay que subrayar es que todas las asociaciones de fieles, ya sean diocesanas, nacionales o internacionales, tienen la misma dignidad teológica y canónica. Sería incorrecto considerar que una asociación de fieles erigida o reconocida por la Santa Sede posee una mayor dignidad eclesial en relación con una asociación diocesana o nacional. El CIC no ha establecido en el c. 312, § 1 un orden de importancia entre las asociaciones de fieles, sino que ha determinado una tipología de asociaciones según su grado de extensión territorial, así como la autoridad eclesiástica que es competente en cada caso para erigirlas o reconocerlas. Cuando corresponde intervenir a la Santa Sede, resulta evidente que no se concede un título honorífico eclesial a la asociación, sino que se trata de un acto jurídico que es relevante en el ordenamiento canónico. Con el fin de evitar cualquier tipo de confusión, especialmente después de la entrada en vigor del CIC, la Santa Sede ha dejado de conceder el título de “pontificia” a las hermandades y cofradías. Estos entes son asociaciones diocesanas de fieles a todos los efectos; por tanto, corresponde al Obispo diocesano su erección canónica, aprobación de los estatutos, así como el resto de competencias que le atribuye el derecho. Evidentemente, aquellas hermandades o cofradías que habían recibido este título en el pasado pueden seguir utilizándolo (CIC, c. 4; CCEO, c. 5). El CIC no ha previsto el ámbito territorial de la provincia o de la región eclesiástica. Para algunos autores, se trata de una posible laguna del derecho y han presentado algunas soluciones para colmarla[21].

 

     El c. 312, § 1, 1º CIC hace referencia a asociaciones universales y asociaciones internacionales. Esta distinción alude a las asociaciones de fieles, tanto públicas como privadas, si bien es también cierto que introduce a nivel general una diferenciación entre personas jurídicas canónicas universales e internacionales. La hermenéutica canónica no ha sido clara ni unánime respecto a esta distinción. Para algunos autores, la diferencia entre asociaciones universales e internacionales se explicaría con la observación de que el ámbito de actuación de una asociación de fieles puede concernir a diversos países de un continente, sin aspirar a extenderse a la entera Iglesia universal[22]. Otros, en cambio, consideran que las asociaciones internacionales no se distinguen de las universales en razón del ámbito territorial de operatividad, sino en base a los fines que se proponen[23].

 

     Sobre este particular, las actas de la Comisión Pontificia para la revisión del Código de Derecho Canónico no aportan mucha luz. Solamente se puede destacar que desde un principio se introdujo sin ningún tipo de discusión la distinción entre asociaciones de fieles universales e internacionales[24].

 

Sea como fuere, esta distinción no ha tenido una especial repercusión en la praxis del Consejo Pontificio para los Laicos, el cual durante este último decenio ha utilizado pacíficamente la expresión “asociación internacional de fieles”. Por otro lado, el c. 312 CIC debe ser completado con el art. 134 PB, que establece que el Dicasterio es competente para erigir las asociaciones de fieles de carácter internacional. Igual disposición se encuentra en el art. 2, 7º del Reglamento del Consejo Pontificio para los laicos (2002). Asimismo, el año 2005 el Consejo Pontificio para los Laicos publicó un repertorio que lleva por título Asociaciones internacionales de fieles.

 

El art. 134 PB dispone también que el Consejo Pontificio para los Laicos trata de todo lo que concierne las asociaciones laicales de fieles; erige las que tienen carácter internacional y aprueba o reconoce sus estatutos. Una precisión al respecto. El Dicasterio erige o reconoce no sólo las asociaciones internacionales compuestas exclusivamente por fieles laicos (asociaciones laicales), sino también aquellas que, si bien están compuestas en su gran mayoría por fieles laicos, pueden también formar parte sacerdotes diocesanos y miembros de institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica, tal como está previsto en el CIC. En este caso, se trata de asociaciones que por su composición se podrían calificar de mixtas.

 

     Desde la entrada en vigor del CIC, el Consejo Pontificio para los Laicos ha desarrollado una praxis propia respecto a los requisitos para que una asociación pueda ser erigida o reconocida por la Santa Sede[25]. Estos requisitos giran en torno a la existencia de vida asociativa en Iglesias particulares de diversos países del mundo, la presencia de un número consistente de miembros, así como la valoración positiva de la asociación por parte de los Ordinarios diocesanos, en relación con los criterios de eclesialidad contenidos en el n. 30 de la Exhortación apostólica postsinodal Christifideles laici. Asimismo, se requiere que la asociación haya sido erigida o reconocida al menos en una diócesis. Examinado con atención el proyecto de estatuto que presenta la asociación, e introducidas las modificaciones que se consideran oportunas, el Consejo Pontificio para los Laicos emana un decreto administrativo por medio del cual erige o reconoce esa asociación internacional de fieles, atribuye, en su caso, personalidad jurídica a las que tienen naturaleza privada y aprueba los estatutos de la asociación por un período ad experimentum de cinco años, transcurrido el cual pueden ser aprobados definitivamente. Como se puede observar, esta competencia supone el ejercicio de la potestad eclesiástica de gobierno en un Consejo Pontificio[26].

 

     En algunas ocasiones el Dicasterio ha debido armonizar situaciones jurídicas que presentaban discordancias como, por ejemplo, el caso de un ente que ha sido erigido como asociación pública de fieles a nivel diocesano y solicita sucesivamente a la Santa Sede el reconocimiento como asociación privada, o viceversa. Estos casos ponen de manifiesto que la distinción entre asociaciones públicas y privadas en la Iglesia[27] todavía no ha sido recibida del todo satisfactoriamente en la experiencia canónica, así como la presencia de tendencias panpublicistas a la hora de determinar los respectivos espacios de libertad y responsabilidad de los fieles, por un lado, y de la jerarquía, por otro.

 

IV. ¿Una ley especial para los movimientos eclesiales?

 

     Desde hace algunos años un sector de la doctrina canónica está planteando la necesidad de contar con una legislación especial para los movimientos eclesiales, considerando que es insuficiente la actual disciplina universal sobre las asociaciones de fieles para regular algunas cuestiones que presentan los movimientos eclesiales (incardinación de sacerdotes, régimen jurídico de los diversos estados de vida presentes en cada movimiento, etc.). Para estos autores, convendría que la Santa Sede promulgara una “ley marco”, o bien una normativa general común, dentro de la cual los movimientos eclesiales pudieran encontrar cabida[28]. Algún autor ha propuesto la elaboración de una “Magna Charta” con algunas normas comunes que ofrecieran los principios generales para redactar los propios estatutos[29]. Otro autor ha propugnado, incluso, la creación de una nueva figura jurídica: los movimientos eclesiales[30].

 

     Al contrario, otro sector doctrinal considera que la heterogeneidad que presentan los movimientos eclesiales no permite un único encuadramiento canónico de todos ellos dentro de una normativa común[31]. De ahí que una ley marco que pretendiera abarcar la diversidad existente entre los movimientos eclesiales podría resultar tan genérica que se convirtiera en superflua, o bien tan rígida que impidiera el desarrollo futuro de los movimientos eclesiales.

 

     Se puede añadir que, en cierta medida, ya existe la ley marco para los movimientos eclesiales que se reclama desde algunos sectores de la ciencia canónica. El Tit. V, Parte I, Libro II del CIC (cc. 298-329, sobre las asociaciones de fieles) contiene una normativa común suficientemente flexible para permitir a los movimientos eclesiales una ubicación general adecuada en el tejido eclesial, teniendo en cuenta que el carisma, así como otros aspectos propios de cada movimiento, son determinados en cada caso en los respectivos estatutos aprobados por la autoridad eclesiástica competente, de acuerdo con el principio de subsidiariedad.

 

     Conviene también precisar que la comisión codificadora tuvo en cuenta esta cuestión durante el proceso de redacción de los cánones del CIC que tratan de las asociaciones de fieles. Considerando el desarrollo del fenómeno asociativo en la Iglesia, manifestado en la gran variedad de formas y fines que persigue cada asociación, y siguiendo el principio de subsidiariedad, se pretendió elaborar una normativa lo suficientemente amplia con el fin de no sofocar la vida de las asociaciones, así como prever posibles conflictos entre el elemento carismático e institucional[32].

 

     Preguntado acerca de la institucionalización de los movimientos eclesiales, el Cardenal Ratzinger contestaba: «Una cierta institucionalización es, pues, inevitable. Tenemos sólo que vigilar para que la institución no se vuelva una armadura que termina por aplastar la vida, y debemos hacer todo lo posible para que el elemento institucional permanezca, por decirlo así, en toda su sencillez, de manera que no se apague el Espíritu»[33].

 

     En relación con este tema puede resultar ilustrativo traer a colación la historia de Procustes, un personaje de la mitología griega. Según narra una interpretación del mito, Procustes tenía una posada y se consideraba un buen anfitrión para los cansados viajeros. Cuando un caminante pasaba por su fonda, Procustes insistía mucho en que hiciera noche en la hospedería. Después de obsequiar al viajero con deliciosas viandas, regadas con vinos exquisitos, Procustes le enseñaba el lecho. El problema era que había una sola cama de un determinado tamaño y Procustes era un perfeccionista. Para el dueño de la casa, el invitado tenía que adaptarse a la cama y no al revés. Si el visitante era alto, Procustes le cortaba las piernas con un serrucho; si, en cambio, era demasiado bajo, lo ataba a un potro de tortura y lo estiraba hasta descoyuntarle los huesos. Procustes conseguía de este modo la medida humana adecuada al lecho.

 

     Algo parecido al mito de Procustes sucede si se pretende colocar realidades eclesiales diversas entre sí dentro de una misma matriz jurídica. El resultado final es siempre el mismo: el carisma sufre porque no encuentra allí una colocación adecuada a su naturaleza, y se pone en juego el desarrollo futuro de estas realidades, incluso, su misma supervivencia. El canonista debe aprender a renunciar a la pretensión de querer regular hasta el más mínimo detalle de la vida del cuerpo eclesial. El ordenamiento canónico se caracteriza por su apertura a la acción divina y su adaptación flexible a las necesidades de los fieles en cada momento de la historia, para que las instituciones sean siempre útiles al pueblo de Dios.

 

 

     V. Asociaciones internacionales e Iglesias particulares

 

     Para completar el cuadro trazado hasta ahora, conviene considerar también las relaciones que median entre las asociaciones internacionales de fieles reconocidas por la Santa Sede y las Iglesias particulares. Las asociaciones internacionales se realizan en las Iglesias particulares donde se implantan; por tanto, las asociaciones internacionales están llamadas a realizar su misión en las Iglesias particulares. De ahí la importancia de una adecuada articulación de las asociaciones internacionales de fieles en el tejido de las Iglesias particulares. Todavía se puede encontrar en algunos ambientes eclesiales la objeción de quienes consideran que las asociaciones internacionales de fieles corren el riesgo de convertirse en una especie de “comunidades alternativas”, más propensas a mirar a Roma que a las comunidades locales. Durante los últimos treinta años se ha recorrido un importante trayecto de inserción y de mutua comprensión. Una correcta concepción eclesiológica no contrapone la dimensión universal con la dimensión local, porque ambas están llamadas a relacionarse armónicamente; del mismo modo que no puede existir oposición entre el Romano Pontífice y los Obispos, es decir, entre la Iglesia universal y las Iglesias particulares, porque sus relaciones están fundamentadas en una mutua interioridad (LG, 23; Carta Communionis notio, 9/a).

 

     Las asociaciones internacionales de fieles reconocidas por la Santa Sede no pertenecen sólo a la Iglesia universal. Su reconocimiento a nivel internacional tiene como finalidad contribuir a una mayor, eficaz y segura presencia en las Iglesias particulares. Es lógico que las asociaciones internacionales de fieles encuentren en el Romano Pontífice un punto de referencia central, precisamente porque son entes supradiocesanos. Por otro lado, es de justicia reconocer que los frutos de la actividad de las asociaciones internacionales de fieles permanecen en las diócesis.

 

     Como ya se ha dicho anteriormente, es necesario poseer un previo reconocimiento a nivel diocesano para que la Santa Sede tome en consideración la oportunidad de proceder al reconocimiento internacional de una asociación de fieles. Una vez obtenido, la asociación puede crear una sección de la misma en una Iglesia particular. En el caso de las asociaciones públicas, se requiere siempre el consentimiento escrito del Obispo diocesano (CIC, c. 312 § 2; CCEO, c. 575 § 2). Habiendo sido erigida por la Santa Sede, no es necesario que la asociación sea nuevamente erigida en cada diócesis mediante un decreto. Corresponde al Ordinario diocesano valorar la oportunidad pastoral del establecimiento de una asociación pública de fieles en la Iglesia particular. El Obispo puede conceder el permiso, pero no está obligado a hacerlo, porque la valoración de la oportunidad o conveniencia del acto, según la prudencia canónica y pastoral depende de diversos factores; se trata, por tanto, de una potestad discrecional[34]. Esta discrecionalidad no puede ser confundida con la arbitrariedad en el ejercicio de la potestad eclesiástica, sino que ha de ser valorada teniendo en cuenta todos los elementos útiles relativos al caso.

     Respecto a las asociaciones privadas, el CIC no dispone que la constitución de una sección diocesana requiera el consentimiento del Obispo diocesano. Sin embargo, difícilmente se comprende que pueda implantarse en una Iglesia particular una sección de una asociación de fieles de ámbito nacional o internacional sin haber informado previamente al Obispo, considerando las funciones que le son atribuidas en materia de vigilancia respecto a las asociaciones de fieles presentes en el territorio de la diócesis[35].

 

     En relación con los movimientos eclesiales y las nuevas comunidades, se puede leer en el Documento Conclusivo de la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, celebrada en Aparecida (Brasil), en mayo de 2007: «Mientras más se multiplique la riqueza de los carismas, más están llamados los obispos a ejercer el discernimiento pastoral para favorecer la necesaria integración de los movimientos en la vida diocesana, apreciando la riqueza de su experiencia comunitaria, formativa y misionera. Conviene prestar especial acogida y valorización a aquellos movimientos eclesiales que han pasado ya por el reconocimiento y discernimiento de la Santa Sede, considerados como dones y bienes para la Iglesia universal» (n. 313).

 

     Las secciones diocesanas de una asociación internacional de fieles están sujetas a la vigilancia del Ordinario del lugar (CIC, cc. 305 § 2 y 323 § 1). Esta vigilancia se fundamenta en el deber de la autoridad eclesiástica de velar para que en las asociaciones de fieles se conserve la integridad de la fe y de las costumbres y en el deber de evitar que se introduzcan abusos en la disciplina eclesiástica (CIC, c. 305 § 1; CCEO, c. 577 § 1). Esta función se lleva a cabo esencialmente a través de la visita a las asociaciones, ya sean públicas o privadas. La visita canónica se realiza según el derecho y los estatutos propios de la asociación.

 

Concluyo observando que las asociaciones internacionales de fieles pueden contribuir a que las Iglesias particulares se abran a una mayor catolicidad, basándose en su experiencia interdiocesana[36].

 

 

MIQUEL DELGADO GALINDO

 

 

RESUMEN-ABSTRACT

 

Las asociaciones internacionales de fieles no son una novedad en el derecho canónico. Sin embargo, el reconocimiento del derecho fundamental de asociación de los fieles, recogido en los documentos del Concilio Vaticano II (Decretos Apostolicam actuositatem, 19 y Presbyterorum ordinis, 8) y en la nueva legislación universal de la Iglesia (CIC, c. 215 y CCEO, 18), ha contribuido al florecimiento y desarrollo de las asociaciones de fieles de ámbito internacional. Pío XII y los Pontífices sucesivos han mostrado un gran interés por estas asociaciones. El Concilio Vaticano II ha propiciado una nueva etapa asociativa de los fieles laicos, caracterizada por la aparición de los movimientos eclesiales, muchos de ellos reconocidos por la Santa Sede como asociaciones internacionales de fieles. Los movimientos eclesiales están llamados a establecerse en las Iglesias particulares y a llevar a cabo en armonía con ellas su tarea específica, que redunda en el bien común de todos los fieles de la diócesis.

 

 

The international associations of the faithful are not new to cannon law. However, the recognition of the fundamental right of association the faithful existence as taken into consideration by the documents of the Vatican II Council (Decrees Apostolicam actuositatem, n. 19 and Presbyterorum ordinis, n. 8) and by the new universal legislation of the Church (CIC, c. 215 and CCEO, n. 18), has contributed to the flourishing and development of  associations the faithful at the international level. Pius XII and subsequent Pontiffs have shown a great interest for these associations. The Second Vatican Council has favored a new era of group endeavours of the lay faithful, characterized by the birth of ecclesial movements, many of which are recognized by the Holy See as international associations of the faithful. Ecclesial movements are charged with the task of establishing themselves within the particular Churches in harmony with them, of carrying out a specific mission that benefits the overall good of the faithful of the diocese.

 

 

Palabras clave: CIC (c. 312), asociaciones internacionales, movimientos eclesiales.

Keywords: CIC (c. 312), international associations, ecclesial movements.

 

 

 


 



[1] Publicado en «Ius Canonicum», 50 (99), 2010, pp. 9-29.

[2] Cfr. Ll. MARTÍNEZ SISTACH, Las asociaciones de fieles, 5ª ed., Barcelona 2004; L. NAVARRO, Diritto di associazione e associazioni di fedeli, Milano 1991; G. FELICIANI, Il popolo di Dio, 3ª ed., Bologna 2003, pp. 143-171; V. MARANO, Il fenomeno associativo nell’ordinamento ecclesiale, Milano 2003; G. RIVETTI, Il fenomeno associativo nell’ordinamento della Chiesa tra libertà e autorità, Milano 2008.

[3] Cfr. L. NAVARRO, Persona e soggetti nel diritto della Chiesa. Temi di diritto della persona, Roma 2000, pp. 169-170; 220; JUAN PABLO II, Exhortación apostólica postsinodal Vita Consecrata, n. 54/b. El CIC 1917 dedicaba a las terceras órdenes seculares los cc. 702-706. El c. 702, § 1 especificaba que estas asociaciones se regían por las reglas para ellas aprobadas por la Sede Apostólica. Solamente las órdenes religiosas con privilegio apostólico podían constituir terceras órdenes (c. 703, § 1). En cambio, el CIC trata explícitamente de las terceras órdenes sólo en el c. 303, ofreciendo una definición de las mismas, pero sin hacer ninguna referencia a su régimen jurídico. Queda claro, por tanto, que las terceras órdenes seculares se rigen por las normas generales acerca de las asociaciones de fieles. Los cc. 311 y 677, § 2 CIC ofrecen algunas indicaciones a los Superiores y miembros de institutos de vida consagrada respecto a las terceras órdenes. En el Código de los cánones de las Iglesias orientales no está prevista la figura de las terceras órdenes.

[4] Cfr. COMISIÓN PONTIFICIA «ECCLESIA DEI», Rescripto Quia peculiare munus, 18-X-1988: AAS 82 (1990), p. 534. Benedicto XVI ha reformado la estructura de esta Comisión Pontificia, uniéndola a la Congregación para la Doctrina de la Fe (Motu Proprio Ecclesiae unitatem, 2-VII-2009 [«L’Osservatore Romano», edición en lengua española, 17-VII-2009, p. 3]).

[5] Cfr. V. MATTIOLI, L’eredità di Pio XII, Verona 2008, pp. 119-136.

[6] Cfr. E. GALLINA, Le organizzazioni internazionali e la Chiesa Cattolica, Roma 1967; G. DALLA TORRE, «sub Organizzazioni internazionali religiose», en AA.VV., Enciclopedia del Diritto, vol. 31, Milano 1981, pp. 427-434; F. MARGIOTTA BROGLIO, «Chiesa cattolica e organizzazione internazionale», en Digesto delle discipline pubblicistiche, vol. III, Torino 1989, pp. 9-10.

[7] Este artículo dispone: «El Consejo Económico y Social podrá establecer acuerdos adecuados para celebrar consultas con organizaciones no gubernamentales que se ocupen en asuntos de la competencia del Consejo. Podrán establecerse dichos acuerdos con organizaciones internacionales y, si a ello hubiere lugar, con organizaciones nacionales, previa consulta con el respectivo Miembro de las Naciones Unidas».

[8] Cfr. G. CARRIQUIRY LECOUR (a cura di), Statuti delle Organizzazioni internazionali cattoliche, Milano 2001.

[9] Cfr. AAS 45 (1953), p. 821. Pablo VI aprobó el 26 de mayo de 1972 el nuevo estatuto y reglamento interno de la Fundación, confirmándolo sucesivamente el 10 de octubre de 1976 (Annuario Pontificio 2010, p. 1920).

[10] Cfr. PABLO VI, «Discurso a las organizaciones internacionales del laicado católico», en Insegnamenti di Paolo VI, I (1963), pp. 313-315.

[11] Cfr. ID., Motu Proprio Catholicam Christi Ecclesiam, 6-I-1967: AAS 59 (1967), pp. 25-28.

[12] Cfr. ID., Motu Proprio Apostolatus peragendi, 10-XII-1976: AAS 68 (1976), pp. 696-700.

[13] Cfr. N. DEL RÉ, La Curia Romana, Lineamenti storico-giuridici, Città del Vaticano 1998, pp. 245-248; S. BERLINGÒ, «Il Pontificio Consiglio per i Laici», en AA.VV., La Curia Romana nella cost. ap. Pastor Bonus, Città del Vaticano 1990, pp. 443-453; O. FUMAGALLI CARULLI, Il governo universale della Chiesa e i diritti della persona, Milano 2003, p. 125.

[14] SECRETARÍA DE ESTADO, prot. n. 114.310, 2-VI-1969: EV, Supplementum 1, n. 340.

[15] Cfr. CIC 1917, cc. 684-725.

[16] Cfr. AAS 63 (1971), pp. 948-956; J.I. ARRIETA, «Il valore giuridico della prassi della Curia Romana», en Ius Ecclesiae, 8 (1996), pp. 97-117.

[17] Cfr. S. BERLINGÒ, «Il Pontificio Consiglio per i Laici», en AA.VV., La Curia Romana nella cost. ap. Pastor Bonus, op. cit., p. 445.

[18] Cfr. A. CATTANEO, «Los movimientos eclesiales. Cuestiones eclesiológicas y canónicas», en Ius Canonicum, 38 (1998), pp. 571-594; L. NAVARRO, «New Ecclesial Movements and Charisms: Canonical Dimensions», en Philippine Canonical Forum, 4 (2002), pp. 37-74; J. RATZINGER, Nuove irruzioni dello Spirito, Cinisello Balsamo 2006; S.B. SÁNCHEZ CARRIÓN, Los movimientos eclesiales: status quaestionis, Roma 2006; M. DELGADO GALINDO, Movimenti ecclesiali, ministero petrino e apostolicità della Chiesa, Roma-Monopoli 2007.

[19] Cfr. CONSEJO PONTIFICIO PARA LOS LAICOS, Asociaciones internacionales de fieles. Repertorio, Ciudad del Vaticano 2005.

[20] Cfr. L. NAVARRO, «sub c. 312», en A. MARZOA-J. MIRAS-R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (eds.), Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico, II/1, Pamplona 2002, p. 474.

[21] Cfr. Ll. MARTÍNEZ SISTACH, «El derecho de asociación en la Iglesia», en M.S. COSTA GOMES (ed.), As Associações na Igreja, Lusitania Canonica, 10, 2005, pp. 22-23.

[22] Cfr. G. FELICIANI, Il popolo di Dio, op. cit., p. 163, nota 47.

[23] Cfr. G. DALLA TORRE, «sub c. 312», en P.V. PINTO (ed.), Commento al codice di diritto canonico, Città del Vaticano 2001, p. 185.

[24] Cfr. Communicationes, 18/1 (1986), pp. 228-229, 247.

[25] Cfr. M. DELGADO GALINDO, La competencia del Consejo Pontificio para los Laicos en relación con el reconocimiento de las asociaciones internacionales de fieles, en M.S. COSTA GOMES (ed.), As Associações na Igreja, op. cit., pp. 61-70.

 

[26] Como norma general, los Consejos Pontificios desempeñan una función de promoción y estudio del respectivo sector pastoral de la Iglesia que les es asignado por el Romano Pontífice.

[27] Cfr. P. GIULIANI, La distinzione fra associazioni pubbliche e associazioni private dei fedeli nel nuovo Codice di Diritto Canonico, Roma 1986.

[28] Cfr. G. GHIRLANDA, «Carisma e statuto giuridico dei movimenti ecclesiali», en PONTIFICIUM CONSILIUM PRO LAICIS, I movimenti nella Chiesa, Città del Vaticano 1999, p. 133; C. REDAELLI, «Aspetti problematici della normativa canonica e della sua applicazione alla realtà associativa della Chiesa», en GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura), Fedeli, Associazioni, Movimenti, Milano 2002, p. 167; S. RECCHI, «La configurazione canonica dei movimenti ecclesiali. Prospettive», en ID., p. 229.

[29] Cfr. L. GEROSA, «Movimenti ecclesiali e Chiesa istituzionale: concorrenza o co-essenzialità», en Nuova Umanità, 22/2 (2000), p. 243.

 

[30] Cfr. C. HEGGE, Il Vaticano II e i movimenti ecclesiali. Una recezione carismatica, Roma 2001, pp. 85-128.

 

[31] Cfr. G. FELICIANI, Il popolo di Dio, op. cit., p. 170-171; ID., «Quale statuto canonico per le nuove comunità», en Informationes SCRIS, 26/1 (2000), pp. 145-146; D. MOGAVERO, «I movimenti ecclesiali tra carisma e istituzione», en AA.VV., Impense adlaboravit. Scritti in onore del Card. Salvatore Pappalardo in occasione del suo 80º genetliaco, Palermo 1999, p. 531; V. MARANO, Il fenomeno associativo nell’ordinamento ecclesiale, op. cit., pp. 129-132; C.J. ERRÁZURIZ M., Corso fondamentale sul diritto nella chiesa. I, Introduzione. I soggetti ecclesiali di diritto, Milano 2009, pp. 554-556.

[32] A. DEL PORTILLO, Relator: «In redigendis canonibus de fidelium associationibus, Coetus Consultorum continenter prae oculis habuit necessitatem conficiendi legislationem satis amplam, ubi iuridica lineamenta fundamentalia contineantur, quia phaenomenon associativum in Ecclesia magis in dies crescit, cum magna varietate formarum ac finium: hac de causa, opportunum visum est ut normae ponendae in lege generali -scilicet in Codice Iuris Canonici- ad minimum reducerentur, ceteris relictis ad statuta particularia singularum consociationum, ne nimius numerus praescriptorum suffocet ipsam exsistentiam atque progressivam evolutionem associationum.

Nostris diebus convenientia actionis consociatae fere ubique persentitur, quod factum postulat congruam elasticitatem legum, ut prudenter praevideantur conflictus elementum charismaticum inter ac institutionale, quae elementa harmonice inserantur necesse est in ius sese associandi. Exercitium iuris associationis una est ex viis quibus iam nunc efficitur et tempore futuro augebitur progressiva participatio fidelium in communi et unica missione Ecclesiae, quae in hoc mundo peregrinatur: non sunt igitur apponenda obstacula, quae, si normae nimis arctae sint, vitalem processum huius phaenomeni forte coarctarent.

      Ideo, in subiecta materia principium subsidiarietatis servandum est, et congruit proinde ut, positis omnibus normis vere generalibus quae in lege communi statuendae sunt, determinationes magis particulares statuantur per normas inferioris gradus, atque etiam per statuta ipsarum associationum, quae quidem statuta necessario inter se diversa erunt, propter multiformem varietatem finium spiritualium ac modorum exercendi apostolatum.

      Confirmatur etiam haec convenientia, quia usus docet normas de associationibus in vigente Codice contentas -quae quidem ad multa particularia descendunt- statim post ipsum promulgatum insufficientes evasisse ad complectenda phaenomena associativa quae orta sunt sive ante Codicem sive paulo post ipsum promulgatum» (Communicationes, 2 [1970], pp. 97-98).

[33] Cfr. J. RATZINGER, «Los movimientos, la Iglesia, el mundo», en PONTIFICIUM CONSILIUM PRO LAICIS, Los movimientos eclesiales en la solicitud pastoral de los obispos, Ciudad del Vaticano 2000, p. 229.

[34] Cfr. E. LABANDEIRA, Tratado de derecho administrativo canónico, 2ª ed., Pamplona 1993, pp. 189-197; J. MIRAS-J. CANOSA-E. BAURA, Compendio de derecho administrativo canónico, Pamplona 2001, pp. 63-70.

[35] Cfr. Ll. MARTÍNEZ SISTACH, «Los movimientos y asociaciones de fieles y la Iglesia particular», en AA. VV., El laicado en la Iglesia, Salamanca, 1989, pp. 135-16.

 

[36] Cfr. H. LEGRAND, «“Un solo Obispo por ciudad”. Tensiones en torno a la expresión de la catolicidad de la Iglesia desde el Vaticano II», en H. LEGRAND-J. MANZANARES-A. GARCÍA y GARCÍA (eds.), Iglesias locales y catolicidad, Salamanca 1992, pp. 520-521.