btcadr    pdf

Situación jurídica de las confesiones cristianas no católicas en Italia*

 

Cuenca. Universidad de Castilla La Mancha, 6 y 7 de noviembre 2002

José T. Martín de Agar

Pontificia Università della Santa Croce (Roma)

I. Síntesis histórica

1.- El periodo fascista

2.- La constitución de 1947

II. La actualidad

1.- Régimen general: autonomía y reconocimiento como ordenamientos originarios

2.- Confesiones con o sin intesa

3.- Los acuerdos con las confesiones cristianas

a) Libertad y autonomía

b) Entidades

c) Ministros

d) Matrimonio

e) Escuelas confesionales

f) Enseñanza religiosa

g) Asistencia religiosa

h) Régimen patrimonial y ayuda económica estatal

4.- Las confesiones sin acuerdo con el Estado

5.- Confesiones ligadas a un Estado extranjero

III. Conclusión

 

Dos puntos metodológicos tengo que precisar desde el comienzo.

El primero es que soy consciente de que el título de esta conferencia, tal como se me ha propuesto, me exime de considerar la aplicación práctica y me permite ceñirme al estudio teórico del régimen jurídico de las confesiones cristianas no católicas en Italia. No lo haré así en todo caso aunque desde luego la perspectiva jurídica será la que conduzca el hilo de esta breve exposición.

El segundo es que suele ser habitual exponer el status jurídico de las confesiones minoritarias en un país, en una suerte de comparación continua con el de la confesión o confesiones mayoritarias. El sistema tiene ventajas pedagógicas innegables y también me serviré de él en la medida que lo considere oportuno[1].

I. Síntesis histórica

Es conocido que la historia política de Italia, como Estado unitario, es relativamente reciente pues se remonta a 1870. Pero el núcleo de la legislación eclesiástica que acompaña el nacimiento del Estado italiano es del Piamonte-Cerdeña de donde parte el Risorgimento. El Estatuto del Regno de Sardegna-Piemonte de 1848 (llamado albertino porque otorgado por el rey Carlos Alberto), que sería la primera Constitución del Reino de Italia, proclamaba en su primer artículo que la religión católica era la “única religión del Estado”, mientras que los demás cultos existentes eran simplemente “tolerados conforme a la ley”[2].

Estamos pues ante un sistema confesional católico que, diríamos hoy, formalmente discriminaba a las confesiones no católicas sometiéndolas a un régimen de mera tolerancia. En realidad, la legislación que siguió al Estatuto era de orientación liberal, al punto que, como sostiene d’Avack, “senza arrivare a una formale abrogazione dell’art. 1 dello Statuto albertino, questo rimase in realtà svuotato di ogni contenuto e valore effettivi”[3].

Si formal era la discriminación de las minorías, no lo fue menos la confesionalidad declarada, que corría paralela con la lucha por la conquista de los Estados pontificios, así que en la práctica se tradujo en el típico separatismo jurisdiccionalista, tan contradictorio y ambiguo como la frase de Cavour que lo resume: “libera Chiesa in libero Stato”[4], que Luzzatti traduciría como “Religioni libere nello Stato sovrano”[5].

Lo cual no resultó nada conveniente para la Iglesia que se vio, en aquellos mismos años, prácticamente expulsada de la vida civil, sometida a control estatal y expoliada por las llamadas leyes Siccardi y otras: supresión de la Compañía de Jesús, de los institutos de vida contemplativa, de los capítulos y beneficios sin cura de almas, y de las asociaciones religiosas, apropiándose sencillamente de sus bienes o convirtiéndolos en títulos de deuda pública, etc.[6] “Como se ve -comenta Finocchiaro- la Derecha histórica, aunque de inspiración liberal, en su actuación política no renunciaba al uso de instrumentos jurisdiccionalistas… Respecto al patrimonio de los entes eclesiásticos, la Derecha histórica acogía de esta manera el principio regalista de considerar esos bienes como bienes nacionales, de los que el país podía disponer cuando fuera necesario”[7].

Por lo que se refiere a los no católicos, la ley prohibió toda discriminación por motivos religiosos en el disfrute de derechos civiles y políticos, así como en el acceso a cargos públicos[8]. En su política, el Gobierno favorecía a las confesiones no católicas como arma para disminuir el influjo social de la Iglesia católica.

La caída de Roma (1870) y la apertura de la Cuestión Romana no mejoraron, como es obvio, las relaciones con la Iglesia. La Santa Sede rechazó la Legge delle guarentiglie pontificie (1871), emanada unilateralmente por Italia, y los católicos, como resulta sabido, se retiraron de la política. Los gobiernos liberales, consagrando la libertad de cultos, equipararon todas las confesiones, sin renunciar a legislar en clave regalista sobre todo por lo que se refiere a la secularización de las entidades benéficas católicas y al control de los entes subsistentes (también los de las religiones minoritarias). La legislación eclesiástica duraría así hasta la llegada del Fascismo en 1921.

1.- El periodo fascista

Aunque había comenzado sosteniendo posiciones anticlericales, Mussolini entendió pronto que para sus intereses resultaba más conveniente una política de tipo confesional, que hiciera de la religión católica un ingrediente del espíritu nacional que debía aglutinar al pueblo. En este sentido orientó su legislación en materia religiosa, elevando el catolicismo a Religión del Estado. El principal resultado para la Iglesia fue, como es sabido, la firma en 1929 de los Pactos Lateranenses (tratado y concordato) que puso fin a la Cuestión Romana. Lo cual no quita para que inmediatamente surgieran otras cuestiones que crearon contrastes cada vez más fuertes entre la Santa Sede y el Gobierno, sobre todo por lo que toca a la educación de la juventud y a la actividad de la Acción católica[9].

En este periodo (1922-1943), las confesiones no católicas, aunque fueron declaradas culti ammessi, perdieron en buena parte la libertad de que habían gozado durante el periodo anterior, a causa de la Ley n. 1159 del 24 de junio de 1929 y, sobre todo, de su correspondiente Reglamento n. 289 de 28 de febrero de 1930, que paradójicamente siguen en vigor, aunque hayan sido declarados inconstitucionales en parte y no sean aplicables a las confesiones que han concluido una intesa con el Estado.

En el marco de esas normas, permanece la distinción entre religión del Estado y otros cultos que, como se ha dicho, son admitidos (ammessi) con tal que “no profesen principios ni celebren ritos contrarios al orden público o a las buenas costumbres” (arts. 1 y 2 de la Ley). El culto público de estas confesiones era libre y sus ritos matrimoniales reconocidos, pero estaban sometidos a un régimen de vigilancia. Por ejemplo, los nombramientos de sus ministros debían ser aprobados, la apertura de lugares se autorizaba si era solicitada por un ministro aprobado y juzgada necesaria para las necesidades de un número importante de fieles, la asistencia a enfermos, ancianos, reclusos, etc., necesitaba asimismo aprobación o autorización. Sus instituciones estaban bajo vigilancia y tutela gubernativa[10].

La enseñanza de la religión católica en las escuelas públicas era en principio general; los padres que no la desearan para sus hijos debían declarar su voluntad contraria. Otras religiones podían ser enseñadas también, pero a petición de los interesados y con ciertas condiciones. Podía también haber escuelas primarias confesionales no católicas.

El problema, como puede entenderse, no era tanto el proteger la religión del Estado cuanto vigilar a las confesiones minoritarias para evitar que a su sombra pudiesen desarrollarse actividades de oposición política; esta vigilancia, incluía las actividades de las organizaciones católicas, pero fue más estricta para los no católicos[11].

2.- La constitución de 1947

La caída del fascismo y el fin de la guerra dan paso a la configuración de Italia como República. La Constitución de 1947 afronta el tema religión desde una doble perspectiva de libertad: individual y colectiva. Como principios generales, el art. 2 “reconoce y garantiza los derechos inviolables del hombre ya sea individualmente ya en las formaciones sociales en las que se desenvuelve su personalidad”, y el art. 3 establece la igualdad jurídica de todos, sin distinción alguna, tampoco por motivos religiosos[12].

En cuanto derecho personal, el art. 19 consagra el derecho de todos “de profesar libremente la propia fe religiosa en cualquier forma, individual o asociada, de hacer propaganda y de practicar el culto en privado o en público, con tal que no se trate de ritos contrarios a las buenas costumbres”[13]. En comparación con la leyes del periodo fascista, se reconoce expresamente el derecho a difundir el propio credo y se suprime la prohibición de profesar principios contrarios al orden público y a las buenas costumbres así como toda referencia al orden público. El único límite se refiere a la práctica, no a la doctrina que el Estado no puede juzgar.

En el plano colectivo, la Constitución garantiza la libertad, independencia y autonomía de todas las confesiones en los arts. 7 y 8. El primero, referente a la Iglesia católica, reconoce que “el Estado y la Iglesia son, cada cual en su propio orden, independientes y soberanos”, y confirma que sus relaciones están reguladas por los Pactos lateranenses, poniéndolos de algún modo bajo cobertura constitucional[14]. El art. 8 se refiere en su primer parágrafo a todas las confesiones declarando su igualdad ante la ley[15]. El segundo párrafo reconoce a las confesiones no católicas el derecho de “organizarse según sus propios estatutos, en cuanto no contraríen el ordenamiento jurídico italiano” y el tercero consagra el sistema pacticio señalando que “sus relaciones con el Estado se regulan por ley sobre la base de acuerdos (intese) con sus respectivos representantes”.

En fin, las entidades pertenecientes a cualquier confesión religiosa están protegidas de cualquier discriminación, legal o administrativa, por el art. 20 que dice: “il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività”[16].

Mucho se ha discutido sobre si la Constitución italiana prolonga o no la confesionalidad estatal del sistema precedente. Aquí hay que distinguir las normas de su interpretación y de los hechos[17].

No se contiene en la Ley fundamental ninguna declaración explícita en sentido confesional. Aún así, desde un punto de vista más bien formal, algunos autores respondieron afirmativamente entendiendo que el art. 7, al referirse al los Pactos lateranenses, habría constitucionalizado todo su contenido, incluso el art. 1 del Tratado donde Italia reconocía el principio del art. 1 del Estatuto albertino “según el cual la religión católica, apostólica y romana es la única religión del Estado”[18]. Para otros, la referencia del art. 7 a los Pactos de Letrán y a las vías para su modificación, les confiere ciertamente una estabilidad privilegiada, pero no atribuye rango constitucional a todas y cada una de sus cláusulas, menos aún en contradicción con otras normas igualmente constitucionales, sino que esa referencia ha de ser interpretada en el conjunto de toda la Constitución. Y ya hemos visto que los arts. 3 y 8 garantizan la igualdad de personas y confesiones ante la ley.

De todas formas, la doctrina que admitía la existencia de una cierta confesionalidad sociológica a favor del catolicismo, advertía que ello no podía ir en perjuicio de las demás confesiones[19] como requiere el carácter democrático de la República[20]. En todo caso, el Acuerdo de 1984 que modifica el Concordato de 1929, señala que el principio de la religión católica como la sola religión del Estado se considera ya sin vigor[21].

Sin embargo, la política de los gobiernos italianos, por lo menos hasta el principio de los años 70, fue la de tener en cuenta la difusión social de la religión católica, orientando la legislación y la praxis en este sentido, lo que diò lugar a algunos casos de discriminación contra comunidades cristianas no católicas[22]. Más recientemente, el catolicismo es considerado un elemento importante del patrimonio histórico de la nación, que junto con el pluralismo, con la apreciación positiva de la religión y otros valores constitucionales, contribuye a delinear “el principio supremo de la laicidad del Estado”, principio que lo define e inspira su legislación[23].

II. La actualidad

Libertad y autonomía generales, sistema de acuerdos bilaterales son las bases del sistema delineado dentro del marco de una Constitución que se propone asegurar la existencia de los grupos intermedios y limitar los espacios ocupados exclusivamente por el Estado. Otra cosa es que muchos propósitos constitucionales se hayan considerado meramente programáticos y desarrollado tarde y sólo parcialmente.

1.- Régimen general: autonomía y reconocimiento como ordenamientos originarios

Parte de la doctrina considera que el reconocimiento de la soberanía e independencia de la Iglesia en su orden (del art. 7 Const.) y el derecho de las demás confesiones a organizarse según sus propios estatutos (del art. 8 § 2 Const.) son equivalentes. Cada confesión organizada se presenta ante el Estado como una entidad independiente y autónoma que posee un ordenamiento originario, no subordinado al del Estado, por lo que respecta a sus actividades y fines religiosos[24]. Otra parte entiende que se debe distinguir entre originariedad y soberanía de un ordenamiento, por lo que habría que distinguir entre la Iglesia católica, cuya soberanía es constitucionalmente reconocida, y las demás confesiones, cuyos ordenamientos, aunque sean originarios y autónomos, serían secundarios, inferiores o subordinados al del Estado[25].

Esto tiene repercusiones en cuanto a la naturaleza jurídica de las respectivas convenciones con el Estado; pero en lo que se refiere a la extensión y tutela de su libertad e independencia, la doctrina concuerda en que no existe diferencia entre las confesiones, en razón del art. 8 § 1 de la Constitución. De hecho, el límite constitucional a la autonomía estatutaria de las confesiones no católicas, o sea, que sus estatutos “non contrastino con l’ordinamento italiano” (art. 8 § 2), ha de entenderse referido “difatti solo ai principi fondamentali dell’ordinamento stesso e non anche a specifiche limitazioni poste da particolari disposizioni normative”[26].

2.- Confesiones con o sin intesa

En cuanto a las relaciones del Estado con las confesiones minoritarias, el art. 8 § 3 de la Constitución previó para el futuro el sistema de intese o acuerdos, análogo al concordatario ya operante para la Iglesia católica. En ambos casos el Estado no puede legislar unilateralmente sobre sus relaciones con las confesiones: “de ser excepción, el sistema pacticio ha pasado a ser regla”[27]en el desarrollo y tutela de una igual libertad en la diversidad.

Lo que implica que el grado de reconocimiento que la organización y normativa propias de cada confesión pueden alcanzar en el ordenamiento estatal será objeto de negociación; pues “en definitiva la intesa y sus disposiciones normativas constituyen una condicio sine qua non de cualquier actividad legislativa que mire a regular las relaciones Estado/confesiones” y criterio de legitimidad constitucional de su contenido[28].

Paradójicamente este mandato constitucional es en parte la causa de que las normas del periodo fascista sobre las confesiones siga en vigor hasta hoy. Los Gobiernos inmediatamente posteriores a la guerra consideraron que el desarrollo de esta vía de las intese no era de aplicación inmediata. En realidad ya en 1952 el Consejo Federal de las Iglesias Evangélicas había pedido la puesta en marcha del sistema[29].

Pero hubo que esperar hasta 1984, tras la reforma del Concordato por el Acuerdo con la Santa Sede. Para ese tiempo ya estaba redactada la primera intesa con la Tavola Valdese que incluye a Valdenses y Metodistas[30]. A ésta han seguido otras varias. Por lo que se refiere a las comunidades cristianas son: dos de 1986 con las Iglesias cristianas Adventistas del 7º día y con las Asambleas de Dios en Italia (Evangélicos pentecostales, en adelante ADI)[31]; dos en 1993, con La Unión Cristiana Evangélica Baptista de Italia (UCEBI)[32] y con la Iglesia Evangélica Luterana de Italia(CELI)[33]. Aparte estas, existe una intesa con la Comunidades Israelíticas de Italia, convertida en la Ley 101 de 8 de marzo 1989. No han sido aprobadas aún por el Parlamento, o sea, convertidas en Ley, las intese con los Testigos de Jehová y con los Budistas.

Ya antes de existir, las intese habían dado mucho que decir a los autores[34], desde 1984 las cuestiones se han multiplicado y hecho más realistas: naturaleza de estos acuerdos y ordenamiento al que pertenecen[35], negociación y relación entre las intese con sus respectivas leyes ‘de aprobación’[36], la colocación de éstas en el sistema de fuentes y las condiciones para su modificación o derogación, etc. son algunos de los problemas técnicos más discutidos en los que no nos podremos detener en esta ocasión[37].

3.- Los acuerdos con las confesiones cristianas

Muchos puntos en común tienen todos estos acuerdos con las confesiones cristianas no católicas, como sucede en España con los de las confesiones minoritarias[38]. El primero de ellos es que todos comienzan por establecer (en el n. 1 § 2[39]) que a partir de la entrada en vigor, a la confesión interesada no le serán aplicables las normas del 1929 y 1930 sobre los culti ammessi; y terminan confirmando que cualquier cambio o nueva disposición que se hicieran necesarios sobre las materias de interés para la confesión interesada, se hará siguiendo el camino del acuerdo previo, como requiere el art. 8 de la Constitución.

a) Libertad y autonomía

En el n. 2.1 de todas las intese[40] se contiene una cláusula en la que el Estado reconoce, declara (dà atto) la autonomía[41] de la confesión de que se trate, organizada según su propio ordenamiento y regida por sus propios estatutos. De este modo, el principio de recíproca independencia y libertad, que para la Iglesia católica está directamente expresado en el art. 7 § 1 de la Constitución[42], se asegura también expresamente a todas las confesiones con acuerdo.

La fórmula no puede ser más amplia y refleja el respeto que la Constitución italiana atribuye en general a las formaciones sociales y de modo particular a las confesiones religiosas; a las que se reconoce como colectividades independientes, con subjetividad propia, no derivada de una eventual atribución por el Estado, con capacidad para auto organizarse y darse un ordenamiento originario, para algunos (Finocchiaro) no subordinado al del Estado: fuentes soberanas y autónomas de normas vinculantes en su orden, que necesariamente se reflejan en su actividad y en la de sus miembros en el seno de la sociedad civil. De ahí el deber de los poderes públicos de negociar la normativa particular aplicable a cada una, dentro del marco del ordenamiento estatal, especialmente de los principios de libertad e igualdad jurídica de todas las confesiones.

Corolario de esa mutua independencia y autonomía es que el Estado no intervendrá para nada en la organización, nombramiento de ministros y jurisdicción interna de las confesiones. El acuerdo con la Tavola valdese agrega que, a su vez, las confesiones que la integran tampoco recurrirán, para la ejecución de sus decisiones, a los órganos del Estado (n. 2).

b) Entidades

El reconocimiento de las confesiones implica el de las instituciones, de distintos tipos, que forman parte de su estructura, se crean o surgen en su seno o conectadas con ellas. El sistema para este reconocimiento es similar para todas las confesiones, incluida la católica[43], y está ligado al concepto de ‘ente eclesiástico (o religioso) civilmente reconocido’. Esta calificación (que comporta la personalidad civil y un estatuto específico y ventajoso) se reconoce a los entes a petición de las autoridades religiosas, en cuanto demuestren su regular constitución según las normas confesionales y tengan fines de religión o de culto (adventistas, luteranos, baptistas) o de culto, instrucción y beneficencia conjuntamente (valdenses, evangélicos[44], ADI)[45].

A su vez, se especifica que se consideran fines de religión y culto: el ejercicio del culto, la cura de almas, la formación de ministros, las actividades misioneras, la catequesis y la educación religiosa[46]. No se consideran de religión o culto las actividades de asistencia y beneficencia, de educación, instrucción o cultura[47].

La finalidad de religión y de culto se reconoce directamente a las confesiones mismas, a sus divisiones y entes estructurales. Para las demás entidades, la autoridad administrativa juzga con base en la documentación presentada. Los entes confesionales con finalidades distintas a la religión y culto pueden obtener la personalidad jurídica según el derecho común.

Los entes civilmente reconocidos deben inscribirse en el registro de personas jurídicas; inscripción no constitutiva que tiene las lógicas finalidades de publicidad y tutela de terceros de buena fe, respecto a las normas de la confesión interesada que limiten la capacidad de disposición de sus propios entes o de sus administradores[48].

c) Ministros

Uno de los temas más deficientes de la legislación anterior, era el referente a los ministros de culto. Como hemos visto las normas de 1929 y 1930 exigían la comunicación del nombramiento por parte de la confesión a la autoridad para su aprobación por el Ministerio del Interior, a efectos del reconocimiento de su condición de tal en el orden civil (no en el de la confesión) y de la eficacia de algunos de sus actos. Por eso se encuentra entre los primeros párrafos de las intese[49], como parte integrante de la libertad de las confesiones, la garantía estatal de que el nombramiento de los ministros de culto no sufrirá injerencias estatales, es decir la aprobación gubernativa.

La condición de ministro de culto, oficialmente nombrado por cada confesión, es reconocida por el ordenamiento civil con determinadas consecuencias[50]. La primera es la libertad en el ejercicio de sus funciones religiosas, que se garantiza expresamente a los adventistas[51] y a los luteranos. Esta libertad se extiende, con características particulares, a la asistencia a los miembros pertenecientes a las fuerzas armadas o de policía, a los detenidos, hospitalizados, etc. También es relevante la condición de ministro para la celebración del matrimonio religioso.

Por lo que respecta al servicio militar obligatorio (mientras lo sea) todos los ministros de culto que lo soliciten pueden ser reconocidos como objetores de conciencia y ser asignados al servicio civil sustitutivo según la legislación común, y si prestan el servicio militar se les dará la posibilidad de ejercer su ministerio conjunta y compatiblemente con las obligaciones militares[52]. Los ministros adventistas tienen derecho, si lo piden, a la exención del servicio militar o a elegir el servicio civil[53].

El secreto ministerial, está protegido en el código de procedimiento penal italiano (art. 200, 1, a), pero de modo semejante a como sucede en el acuerdo con la Iglesia católica (art. 4.4), el acuerdo con la Iglesia luterana (n. 4.3), incluye expresamente el derecho de sus ministros de “mantener el secreto de oficio sobre cuanto hayan sabido en el ejercicio de su ministerio”.

Asimismo, los ministros de culto, católicos o no, están incluidos en el “Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica”, encuadrado en el Instituto nacional de Previsión social. De los datos de inscripción en este Fondo se puede tener una idea aproximada del número de ministros de cada confesión que se dedican enteramente al ejercicio del ministerio[54].

d) Matrimonio

Se reconoce como forma del matrimonio civil, la celebración religiosa de todas las confesiones con acuerdo, según procedimiento y con requisitos similares a los establecidos para la eficacia del matrimonio canónico[55], es decir: presentación de los esposos al funcionario del estado civil declarando su intención de casarse y pidiendo que se hagan las proclamas civiles; hechas éstas, el oficial comprueba que nada se opone al matrimonio según el derecho vigente, de lo cual expide certificado en el que conste además el rito religioso de la celebración, el municipio en que tendrá lugar y que se ha explicado a los esposos los derechos y deberes conyugales mediante lectura de los correspondientes artículos de Código civil. Celebrado el matrimonio, el ministro levanta acta en doble ejemplar y envía uno de ellos al encargado del estado civil junto con el certificado civil que le presentaron las partes, recibido lo cual el encargado lo inscribe y notifica la inscripción al ministro celebrante, que debe ser ciudadano italiano[56].

Diferentes son, sin embargo, las consecuencias del reconocimiento civil del matrimonio pues, como es sabido, las sentencias canónicas de nulidad que sean ejecutivas, pueden alcanzar eficacia civil con el procedimiento llamado de delibazione[57]. Se trata de una necesidad específica de la Iglesia católica que no tienen las demás confesiones cristianas, pues no consideran el matrimonio como sacramento; de hecho, en el acuerdo con los luteranos se dice que la Iglesia Luterana reconoce al Estado jurisdicción exclusiva sobre los efectos del matrimonio.

e) Escuelas confesionales

El art. 33 de la Constitución reconoce a entes y particulares el derecho de fundar escuelas y centros de educación sin que ello implique una carga para el Estado, lo que no quiere decir que esté prohibida la ayuda estatal. Los requisitos establecidos por la ley para el reconocimiento de las escuelas no oficiales no pueden menoscabar la libertad de esas escuelas y a sus alumnos se les garantiza un trato escolar equivalente al de las escuelas públicas. Sobre estas bases cualquier confesión o ente confesional puede fundar y dirigir colegios o centros educativos. Estas garantías de derecho común se recogen de todos modos, en los mismos términos de la Constitución, en las intese con los adventistas (n. 13) y los luteranos (n. 12), como hace el Acuerdo con la Santa Sede (art. 9.1).

f) Enseñanza religiosa

Al contrario de la Iglesia católica, ninguna otra confesión cristiana ha pedido la enseñanza de su religión en las escuelas públicas. Al respecto la Tavola valdese (n. 9), las Iglesias adventistas (preámbulo) y las Asambleas de Dios (preámbulo) han declarado su convicción de que la educación religiosa compete a las familias y a las iglesias y por tanto no piden que se imparta en las escuelas oficiales. En sentido negativo, todos los acuerdos recogen las normas de garantía contra posibles coacciones en la materia. Esas normas, de orden común, garantizan el derecho a no recibir enseñanza religiosa, a no participar en actos de culto o en actividades religiosas, sin que el ejercicio de tal derecho pueda dar lugar a discriminación alguna. Además, se previene la enseñanza difusa de una religión en los programas de las otras asignaturas.

Otro capítulo de esta misma materia es el de los centros superiores de enseñanza teológica propios de las confesiones y el reconocimiento civil de los títulos otorgados por ellos; algunos, como la Facultad de teología valdense, gozan de antigua tradición. Esos centros son reconocidos como tales por el Estado; su funcionamiento está en todo (también en lo económico) a cargo de las comunidades religiosas que los crean y sus alumnos gozan de los mismos derechos que los estudiantes universitarios; los títulos son reconocidos por el Estado[58].

g) Asistencia religiosa

A quienes se encuentran en circunstancias que hacen difícil el ejercicio de la libertad religiosa (enfermos, militares, presos, etc.), se les facilita la asistencia espiritual según un doble derecho: el de los interesados de recibirla y el correlativo derecho de los ministros de acceder, para prestarsela, a los lugares donde se encuentren. En correspondencia a estos derechos, las autoridades o directivos de los respectivos centros o instalaciones, tienen el deber de colaborar y facilitar la asistencia espiritual y la práctica religiosa a las personas a su cargo, por ejemplo no poniendo límites de horario o avisando a la comunidad de quien solicita asistencia. En particular se garantiza el derecho de los militares a participar en los cultos festivos, para lo cual se debe facilitar, si es el caso, la celebración de los ritos en los locales militares. Asimismo, se les garantiza el funeral según su religión y, a los ministros que estén cumpliendo el servicio militar, que puedan ejercer su ministerio con los militares de su confesión.

En todo caso, la asistencia religiosa es a cargo de las confesiones. Esta es una diferencia con la Iglesia católica cuyos ministros, si existe demanda suficiente, prestan asistencia en las instituciones públicas mediante un sistema de relación permanente con la institución en la que la prestan y a cargo de la misma (capellanes militares, de cárceles, hospitales y asilos, etc.). Es una diferencia dictada por la necesidad, dada la mayoría de católicos en esas circunstancias, pues no consta que otras confesiones hayan solicitado una posición semejante y les haya sido denegada. Lógicamente, las confesiones acatólicas no tienen deber de organizar de este modo tan activo la asistencia religiosa católica en sus propios hospitales.

h) Régimen patrimonial y ayuda económica estatal

La gestión y administración de los propios bienes y medios materiales es parte integrante de la libertad de organización y autonomía de las confesiones, por tanto se garantiza que éstas y sus entes civilmente reconocidos, podrán realizar actos de administración ordinaria y extraordinaria sin injerencia de los poderes públicos[59], de acuerdo con las normas y bajo el control de las autoridades de la confesión.

En lo que respecta a la ayuda económica a las confesiones el camino seguido para la Iglesia católica ha sido también el adoptado en los acuerdos con las confesiones de minoría, que es muy similar al español. Se basa, como es sabido, en dos modos de coordinación Estado-sociedad a favor de las confesiones.

De una parte, todas las confesiones con acuerdo, excepto las Iglesias baptistas[60], se han incorporado al sistema llamado quota d’imposta o asignación tributaria; es decir concurren, como expresivamente dicen las intese, con el Estado y las demás confesiones, al reparto del 8 por mil (8‰) del rendimiento del IRPEF en proporción a las declaraciones de los contribuyentes en su favor. En Italia -a diferencia de España- las opciones no expresadas se reparten en proporción a las expresas, pero la Tavola valdese y las ADI han renunciado a esta cuota[61]. Las confesiones acatólicas han declarado que emplearán las sumas así percibidas para obras sociales, asistenciales, humanitarias y culturales en Italia o en países de tercer mundo, finalidades a las que también la Iglesia católica dedica buena parte de sus ingresos por este concepto.

En segundo lugar, son deducibles de la base imponible los donativos hechos a las confesiones (o a entidades exponenciales de las mismas) hasta un valor máximo equivalente a 2 millones de Liras. Normalmente las confesiones destinan estos donativos a sus necesidades internas: culto y clero, pastoral[62]. Esto hace que -también a diferencia de España- los donativos, para ser deducibles, deban hacerse a favor de un ente determinado que represente y coordine la satisfacción de tales necesidades y que suele ser la misma confesión che firma la intesa[63]. En el caso de la Iglesia católica, el Instituto Central para el sustento del clero.

4.- Las confesiones sin acuerdo con el Estado

Vista, aunque sea brevemente, la situación jurídica que determinan las intese, es necesario preguntarse por el régimen de las confesiones que no han establecido sus relaciones con el Estado sobre la base de un acuerdo con él, a tenor del art. 8.3 de la Constitución.

A éstas se le aplica el derecho común sobre confesiones distintas de la católica de los años 1929 y 1930, es decir las normas sobre los ‘culti ammessi’. Normas obsoletas y estrechas que en buena medida han sido derogadas por la Constitución misma, o adecuadas a ella por decisiones de la Corte Constitucional, o por otras leyes, y que en cuanto otorgaban una amplia discrecionalidad a las autoridades gubernativas hoy se aplican de una manera reglada y bajo control jurisdiccional. De manera que lo que podía ser en el pasado un régimen casi de tolerancia o de libertad restringida y vigilada, hoy es de amplia libertad protegida por la misma autoridad a quien compete su aplicación. Esto hace más evidente aún la necesidad de sustituirlas.

No tiene sentido la terminología de esas normas que distingue entre religión del Estado y los otros ‘cultos admitidos en el Estado’, mucho menos tras el Acuerdo de 1984 que, como hemos visto, zanja la cuestión de la vigencia del art. 1 del Estatuto Albertino. Por lo mismo, el único límite al ejercicio de la libertad religiosa que contiene la Constitución (art. 19) es el que excluye los “ritos contrarios a la moral”, no tienen pues vigor los más angosto límites de la ley de 1929 (art. 1) que condiciona la libertad a no profesar principios o practicar ritos contrarios al orden público o a la moral, lo que hacía posible un juicio estatal sobre la aceptabilidad de la doctrina.

Asimismo, han sido declaradas inconstitucionales la autorización administrativa para abrir lugares de culto[64] y para celebrar reuniones religiosas fuera de los templos[65].

Aunque la ley 1159 de 24 de junio de 1929, habla de erección por decreto como personas jurídicas de las confesiones (y de sus entes)[66], la terminología que se usa desde la Constitución de 1947 es la de reconocer la personalidad[67]. Actualmente tienen reconocida personalidad unas 35 confesiones o entes representativos de confesiones.

Permanece, sin embargo, la aprobación gubernativa de los nombramientos de ministros que requiere el art. 3 de la ley de 1929. En realidad no se exige para actuaciones internas a la confesión; pero sí como condición para que sus actuaciones ministeriales puedan producir efectos civiles[68].

En relación con esto, el derecho común reconoce la celebración del matrimonio ante el ministro de cualquier culto admitido, pero, lógicamente, ha de tratarse de ministro cuyo nombramiento ha sido aprobado. Las condiciones de reconocimiento del rito matrimonial son las mismas que para las confesiones con intesa, sólo que para las que no la tienen el encargado del registro ‘autoriza’ al ministro religioso concreto que celebrará como tal el matrimonio.

La asistencia religiosa a personas en situaciones especiales por los ministros de su confesión está prevista en las normas comunes, pero sujeta a autorización de los responsables del establecimiento de que se trate. El Decreto Presidencial de ordenación interna de hospitales, establece que todo el personal está obligado a comunicar a la dirección del hospital las peticiones de asistencia religiosa de los enfermos de cualquier religión; la dirección está obligada a ponerse en contacto con los ministros de la religión de que se trate y los gastos son a cargo del hospital[69].

5.- Confesiones ligadas a un Estado extranjero

Un régimen algo más favorable, al menos en cuanto a facilidad de trámites, está reservado a las divisiones establecidas en Italia pertenecientes a una confesión constituida y reconocida en el extranjero, sea con fundamento en la ley italiana sobre derecho internacional privado de 1995, sea con base en el tratados de amistad y cooperación entre Italia y otros países.

La Ley italiana considera que los entes religiosos sujetos a las leyes de su Estado de origen (que no sean contrarias al orden público italiano) son reconocidos por el hecho de serlo en el lugar de origen con tal que no tengan su sede administrativa en Italia.

Por su parte, el tratado con los EEUU de 1949, Sección II, prevé que las “personas jurídicas y asociaciones” creadas y organizadas según la normativa de una Parte serán reconocidas como entes de esa Parte, y su estatuto jurídico será reconocido por la otra Parte, de modo que gocen en ésta de la libertad de acción que élla reconoce a sus entes propios. Con base en esta cláusula han obtenido personalidad jurídica en Italia, entre otras, la Iglesia Evangélica Internacional y el Ejército de Salvación.

El Tratado con la URSS de 1990 es más genérico pero da pie a una cierta cooperación entre entes religiosos y tratamiento de reciprocidad.

III. Conclusión

El marco constitucional italiano de libertad religiosa y de cooperación estatal con la confesiones posee en sí mismo una gran amplitud y equilibrio entre la dimensión personal y colectiva de la religión. Sin embargo, la rigidez de la misma Constitución y de los compromisos que en ella adquieren los poderes públicos han bloqueado de algún modo la renovación de la legislación ordinaria que, por ahora, solo sufre intervenciones derogatorias desde diversas partes pero pocas constructivas.

Efectivamente, la legislación, la jurisprudencia y la praxis administrativa italianas han ido modificando el sistema, pero no basta. De hecho, como es sabido, existe la intención de promulgar una ley de Libertad religiosa en la que encuentre desarrollo y amparo este derecho fundamental, tanto en el plano individual como en el colectivo, independientemente de que se actúen además las posibilidades de acuerdo con las confesiones. Es decir, una ley que desarrolle sobre todo los arts. 8 y 19 de la Constitución[70].

Efectivamente el art. 8 citado consagra, como sabemos, en sus dos primeros párrafos, la igual libertad de todas las confesiones ante la ley, concretamente la de organizarse según sus propias normas, por lo que el hecho de poseer o no una intesa con el Estado no puede ser motivo de discriminación en el goce de dicha libertad. Las intese son modalidades específicas de ejercicio de la misma, adecuadas a cada confesión, pero no la fuente ni la vía para obtenerla. Es de 1958 la sentencia de la Corte Costituzionale que afirma que, en lo que toca a la libertad religiosa, el hecho de tener suscrita o no una intesa con el Estado no puede dar lugar a diferencias[71]. Por otro lado, cualquier intento de legislación unilateral que pretenda definir las relaciones Estado-confesiones no dejará de encontrar problemas de constitucionalidad[72].



* in S. Catalá Rubio (coord.), «Comunidades Cristianas no católicas», Cuenca 2004, p. 113-131.

[1] El tema ha sido ampliamente estudiado por D. García-Pardo, El sistema de acuerdos con las confesiones minoritarias en España e Italia, Madrid 1999.

[2] Lo cual estaba ya establecido en el Código civil de 1837.

[3] Trattato di Diritto ecclesiastico italiano2, Milano 1978, p. 329.

[4] Sobre esta fórmula y su autor vid. F. Ruffini, Relazioni tra Stato e Chiesa, Bologna 1974, p. 155-172.

[5] L. Luzzatti, La libertà di Coscienza e di Scienza, Milano 1909, p. 14, vid. et nota 1. Cf. P.A. d’Avack, Trattato di Diritto ecclesiastico…, p. 313-314.

[6] Cf. p.e. las leyes n. 777de 25 agosto 1848, n.1013 de 9 de abril de 1850, n. 1037 de 5 de junio de 1850, n. 878 de 29 de mayo 1855 cuyo único art. pasó a ser el 17 del Cod. civ., recientemente abrogado por el art. 13 de la Ley 127 de 15 de mayo 1997.

[7] Diritto ecclesiastico6, Bologna 1997, p. 47-48. Vid. L. Spinelli, Diritto ecclesiastico2, Torino 1987, p. 121-138.

[8] Ley n. 735 de 19 de junio de 1848.

[9] Vid. G. Dalla Torre, Azione cattolica e fascismo, Nuova ed., Roma 1964.

[10] El margen de discrecionalidad era muy amplio y las soluciones concretas variadas, así p.e. mientras el 14 de noviembre de 1929 fue erigida la Iglesia Ortodoxa Rusa en Roma y aprobados sus estatutos, como ente asociativo que representa esa Iglesia en Roma i rige la parroquia existente, el 9 de abril de 1935 fueron prohibidas las actividades del Culto Pentecostal, que fue estimado contrario al orden social y nocivo a la raza (Circular Ministerio del Interior n 600/158). Sobre la praxis de la época en esta materia, vid. A.C. Jemolo, Le libertà garantite dagli artt. 8, 19, 21 della Costituzione, en «Il Diritto Ecclesiastico», (1952) P. I, p. 408-413. Las entidades católicas, para obtener la personalidad jurídica civil (por real decreto) debían demostrar su necesidad o utilidad y que poseían medios suficientes para cumplir sus fines.

[11] Cf. A. Vitale, Corso di diritto ecclesiastico8, Milano 1996, p. 20-22.

[12] Por su parte el art. 21 afirma que. “tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione…”

[13] “Tutti hanno il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”.

[14] Un reciente resumen de las diferentes opiniones, en la constituyente y en la doctrina, sobre esta cuestión, en R. Botta, Tutela del sentimiento religioso ed appartenenza confessionale nella società globale, Torino 2002, p. 56-58 y 63-71.

[15] La Ordinanza de la Corte Cost. n. 160 de 24 de junio 1986, precisa que los arts. 8 y 19 de la Costituzione “garantiscono eguale libertà di culto ma non identità di regolamento dei rapporti delle varie confessioni religiose con lo Stato”.

[16] Las recientes vicisitudes de este tema en L. Lacroce, Riconoscimento della personalità giuridica degli enti: fra concordato, intese e nuove forme di diritto comune, en «Il Diritto Ecclesiastico», (2002) P. I, p. 517-558.

[17] Sobre esta problemática, vid. L. De Luca, La qualifica dello Stato in materia religiosa, en Id., «Scritti vari di diritto ecclesiastico e canonico», vol. I, Padova 1997, p. 259-296. Con otra perspectiva Vitale resume “possiamo dire che l’interesse della Costituzione per la religione s’inquadra nell’intento di quest’ultima di tutelare e favorire tutti i fattori che contribuiscono allo svolgimento della personalità dell’uomo ed al perseguimento dei suoi diritti inviolabili” (Corso di…, cit., p. 31).

[18] Téngase en cuenta que las propuestas, presentadas en fase constituyente, de incluir en la Carta alguna frase de sabor confesional, aun de mera constatación sociológica, siendo mucho más moderadas que el mencionado art. 1 del Estatuto albertino, no prosperaron.

[19] Vid. p. e. el Decr. de 24 febrero 1956 que reconoce la personalidad jurídica a la “Comunidad Armena de los Fieles de rito Armeno-Gregoriano”.

[20] Italia ratifica la CEDH en 1955 y se somete al control de la Corte EDH en 1973.

[21] Protocollo Addizionale, n. 1 “In relazione all’Art. 1.- Si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano”. Como puede observarse, esta ‘declaración’ conjunta es complicada: se hace en el protocolo adicional relativo al art. 1 del Acuerdo de 1984 que modifica el Concordato Lateranense, pero se refiere al art. 1 del Tratado (que el Acuerdo de 1984 no intenta modificar directamente), que a su vez se remontaba al art. 1 del Estatuto albertino de 1848.

[22] Vid. los que cita Jemolo en el artículo antes citado, Le libertà garantite …, p. 415-417.

[23] Sent. de la Corte Costituzionale n. 203 del 11 de abril de 1989, en «Giurisprudenza Costituzionale», 34 (1989) p. 890-903). Sobre el significado de este principio en la jurisprudencia constitucional italiana, C. Mirabelli, Prospettive del principio di laicità dello Stato, en «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», (2001/2), p. 331-335.

[24] F. Finocchiaro, Diritto ecclesiastico6, Bologna 1997, p. 70-77; R. Botta, Tutela del sentimento…, p. 72-73. Cf. S. Ferrari, La nozione giuridica di confessione religiosa, en V. Parlato, G.B. Varnier (cur.), «Principio pattizio e realtà religiose minoritarie», Torino 1995, p. 36-41.

[25] P.A. d’Avack, Trattato di Diritto ecclesiastico…, p. 334; G. Barberini, Lezioni di diritto ecclesiastico2, Torino 2001, p. 254-258. Cf. R. Botta, Manuale di diritto ecclesiastico, Torino 1994, p. 105-109; C. Cardia, Stato e confessioni religiose, Bologna 1988, p. 129. Sobre la doctrina, estructura y ordenamiento interno de las confesiones minoritarias, V. Parlato, G.B. Varnier (cur.), Normativa ed organizzazione delle minoranze confessionali in Italia, Torino 1992, 167-355.

[26] Sent. Corte Cost. n. 43 de 21 de enero 1988.

[27] C. Cardia, Stato e confessioni…, p. 149. Mientras puede decirse que los autores concuerdan en que las relaciones Estado-confesiones deben regularse por ley, sobre la obligación constitucional para el Estado de legislar sobre la base de intese, la doctrina no es unánime. Las opiniones van desde considerar el principio de bilateralidad una garantía de libertad para las confesiones (que pueden o no pedir la convención con el Estado, y éste debe respetar la opción que hagan: Botta, Cardia), a opinar que sólo en cuanto el Estado decida reglamentar sus relaciones con las confesiones tiene la obligación de hacerlo mediante intese (Finocchiaro) o, en fin, que la bilateralidad (arts. 7 y 8 de la Const.) es una simple posibilidad que el Estado puede elegir si lo considera políticamente oportuno (Onida).

[28] M. Ricca, Legge e intesa con le confessioni religiose, Torino 1996, p. 11; G. Barberini, Lezioni di diritto…, p. 260; F. Finocchiaro, Diritto ecclesiastico6, Bologna 1997, p. 129.

[29] Vid. P. Barile, Appunti sulla condizione dei culti acattolici in Italia, en «Il Diritto Ecclesiastico», (1952) P. I, p. 342-355. Vid. et el Memorandum del Consiglio federale delle Chiese evangeliche sul problema della libertà religiosa in Italia del 17 enero 1955, en «IDE» (1956) I, p. 92-95.

[30] La comisión mixta creada a ese fin había terminado sus trabajos en 1981, pero el acuerdo se firmó el 21 de febrero de 1984 y dio lugar a la ley n. 449 de 11 agosto 1984. La historia de los textos en G. Dalla Torre, La riforma della legislazione ecclesiastica. Testi e documenti per una ricostruzione storica, Bologna 1985. Un acuerdo de modificación de 1986 no ha sido convertido en ley, en cuanto resuelto con la ley 281 de 11 de junio de 1986. Una ‘Integrazione d’intesa’ del 25 de enero de 1993 ha incluido a las Comunidades comprendidas en la Tavola Valdese en el sistema de desgravaciones y de financiación con una cuota tributaria del IRPEF.

[31] Ambas del 26 de diciembre de 1986 base respectivamente de las leyes 516 (Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7ºgiorno) y 517 (Assemblee di Dio in Italia), ambas de 22 de noviembre de 1988. Elementos doctrinales y organizativos de estas tres confesiones cristianas que habían firmado intese antes de 1991, en V. Parlato, Le intese con le confessioni acattoliche, Torino 1991, p. 7-13.

[32] De 29 de marzo base de la Ley 116 de 12 de abril de 1995.

[33] De 20 de abril, recogida en la Ley 520 de 29 de noviembre de 1995. Los estatutos de la CELI en V. Parlato, G.B. Varnier (cur.), Normativa ed organizzazione…, p. 336-343. Un breve comentario de estas dos convenciones: F. Boschi, Brevi osservazioni sulle intese con le chiese battiste e luterana, en V. Parlato, G.B. Varnier (cur.), «Principio pattizio e…», Torino 1995, p. 277-283.

[34] La doctrina sobre las intese del periodo precedente a las intese, en. C. Mirabelli (a cura di), Le intese tra Stato e confessioni religiose, Milano 1978.

[35] De derecho público interno (D’Avack, Gismondi, Barberini) o externo (Finocchiaro, Botta, Lariccia).

[36] Así, ‘de aprobación’ se califica a estas leyes en las disposiciones finales de las intese; aunque la doctrina habla refiriéndose a ellas de leyes de ejecución o de conversión en ley de una intesa.

[37] Por otra parte la bibliografía sobre nuestro tema es amplísima, me remito al reciente estudio de B. Randazzo, La legge “sulla base” di intese tra Governo, Parlamento e Corte Costituzionale, en «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», (2001/1), p. 213-231.

[38] Tantos que, para evitar la proliferación de negociaciones y de textos prácticamente iguales, y para solucionar la situación de las confesiones sin intesa, se ha propuesto (bien que tardíamente) la elaboración de una intesa-ley genérica a la que puedan adherir las confesiones. El modelo español de confederaciones de comunidades es considerado interesante, entre otras cosas porque parte del estatuto común delineado por la precedente Ley Orgánica de Libertad Religiosa. Cf. P. Lillo, Il regime delle confessioni di minoranza nell’ordinamento spagnolo, en «Il Diritto Ecclesiastico», (1995) P. I, p.1032-1047; F. Finocchiaro, Riflessioni introduttive, en V. Parlato, G.B. Varnier (cur.), «Principio pattizio e…», Torino 1995, p. 198-199; respuestas de Berlingò, Botta, Ferrari, Lariccia, Onida y Varnier en Las relaciones entre el Estado y las confesiones minoritarias: los derechos religiosos de los emigrantes, ADEE (1998), 53-117.

[39] Al contrario de las ‘intese’, que están divididas en artículos y casi siempre también en epígrafes temáticos, las leyes que las recogen no están divididas en artículos sino en números y sólo las dos últimas (con la UCEBI y la CELI) recogen los epígrafes de leas correspondientes intese.

[40] Bajo el título, ‘Libertà in tema di religione’ (acuerdo valdense), ‘Libertà religiosa’ (UCEBI), ‘Riconoscimento dell’autonomia della CELI’.

[41] E independencia del ordenamiento, en el caso de los Valdenses.

[42] “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani”. Este principio se enuncia en el art. 1 del Acuerdo de 1984 como marco del de “reciproca collaborazione per la promozione dell’uomo e del bene del Paese”; como es sabido ha sido recogido en varios acuerdos concordatarios recientes.

[43] Sobre las similitudes entre los acuerdos con la Iglesia católica y con las demás confesiones, R. Botta, Tutela del sentimiento…, p. 88-89, y especialmente 116-131, donde trata conjuntamente la cuestión del reconocimiento civil de todos los entes religiosos.

[44] En el caso de los entes evangélicos se especifica que deben tener fines de culto, sólo o conjuntamente con los de instrucción o asistencia (11.2). Citamos entre paréntesis los números de la intesa correspondiente.

[45] La doctrina suele señalar varias vías de reconocimiento o adquisición de la personalidad civil: la antigua posesión de estado que se refiere a las entidades que existen desde antes de la unificación del Estado italiano; el reconocimiento directo (por ley o por decreto del Presidente de la República); y el reconocimiento administrativo según dos procedimientos distintos, el ordinario y el abreviado, que consiste en comprobar que el ente ha sido “constituido según un particular esquema previsto por la ley” (F. Finocchiaro, Diritto ecclesiastico6, Bologna 1997, p. 250). Cf. R. Botta, Tutela del sentimiento…, p. 119-132, D. García Hervás, C. Garcimartín, Régimen jurídico de los Entes Eclesiásticos en el Derecho italiano, Madrid 2000, p. 73-98.

[46] Estas actividades se equiparan, a efectos fiscales, a las de beneficencia o instrucción.

[47] Estas actividades están sometidas, también en lo fiscal, a la legislación común.

[48] Vid. el Decr. del Presidente de la República n. 361 del 10 de febrero 2000 “recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private”, arts. 3, 4 y 9, en G.U. n. 286 del 7 de diciembre 2000. Sobre las consecuencias de la no inscripción vid. F. Finocchiaro, Diritto ecclesiastico6, Bologna 1997, p. 258-261; R. Botta, Tutela del sentimiento…, p. 132; D. García Hervás, C. Garcimartín, Régimen jurídico de…, p. 95-98.

[49] Normalmente en el n. 2 § 2.

[50] Se da por supuesto que cada confesión lleva un registro de los ministros que están a su servicio y dependencia y emite el certificado oportuno a efectos civiles. Así en las respectivas intese se habla de “pastori iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese” (5); “ministri di culto liberamente nominati dall’Unione delle Chiese cristiane avventiste” y “missionari avventisti alle dipendenze di comunità o enti dell’Unione” (4); “ministri di culto, pastori e laici, nominati dalla CELI” (4.2). Expresamente se dice que evangélicos pentecostales de las ADI proveerán a los suyos de certificado de la condición de ministro o de diácono, en orden a la atención espiritual a miembros de las ADI en situaciones especiales: militares, enfermos… (5); igualmente procederán los luteranos para sus pastores, diáconos o presbíteros (8). Por su parte los baptistas, “dada la existencia de una pluralidad de ministerios” en la Unión Cristiana Evangélica Batista d’Italia, han preferido comunicar a los órganos estatales competentes quiénes son sus ministros (3). Cf V. Parlato, Le intese…, p. 76-81.

[51] A los ‘colportori’ que tienen como misión y modo de vida la venta a domicilio de publicaciones adventistas, se les asegura la licencia y la inscripción en el registro municipal de vendedores ambulantes (4.2).

[52] Valdenses 5 § 4; ADI 3.5; UCEBI 5.4; luteranos (CELI) 5.5.

[53] Y todos los adventistas, por el hecho de serlo, pueden optar por cumplir el servicio civil como objetores, pues el Estado toma nota de que la Iglesia cristiana adventista es contraria, por motivos de fe, al uso de las armas (6).

[54] Cf. R. Botta (cur.), Codice di diritto ecclesiastico, Milano 1990, p. 822-864.

[55] Un análisis general comparativo de los distintos sistemas concordados en A. Albisetti, Verso un modello di matrimonio religioso civilmente valido, en V. Parlato, G.B. Varnier (cur.), «Principio pattizio e…», Torino 1995, p. 201-212.

[56] Este requisito no se exige expresamente en el acuerdo valdense.

[57] Accordo de 1984 con la Santa Sede, art. 8.2 y Protocollo addizionale (in relazione all’art. 8), n. 4, b).

[58] Valdenses 15; Adventistas 14.1; ADI 10.1.

[59] Hasta hace poco se requería la autorización gubernativa previa para adquisición de inmuebles y aceptación de herencias y legados por parte de cualquier persona jurídica, también las confesionales (art. 17 Cod. civ.). Este control sigue figurando en las intese y en el acuerdo con la Santa Sede, pero ha sido abolido después por el art. 13 de la Ley 127 de 15 de mayo 1997.

[60] La Tavola valdese, que había en un primer momento renunciado a esta colaboración estatal, ha concluido el 25 de enero de 1993 una ‘integración de la intesa’ de 1984 (convertida en la ley n. 409 de 5 de octubre de 1993) por la que se suma al sistema diseñado para las otras confesiones con acuerdo. De hecho se citan en esta ‘integración’ los relativos artículos de los acuerdos con la Iglesia católica (la Ley sobre entes y bienes eclesiásticos), con las iglesias adventistas y con las Asambleas de Dios en Italia.

[61] Cf. acuerdo valdense citado en nota anterior n. 4.3 y acuerdo con las ADI n. 23.2.

[62] En el caso de la Tavola Valdese y de la UCEBI “a los fines de culto, instrucción y beneficencia que le son propios”.

[63] La Tavola valdense, la Unión de las Iglesias cristianas adventistas, la UCEBI, la CELI y comunidades conectadas con élla.

[64] Sentencia de la Corte Costituzionale n. 59, de 18-24 de noviembre de 1958.

[65] Sentencia de la Corte Costituzionale n.45, de 8-18 de marzo de 1957; que impone, a todos, el deber de preavisar, no de pedir permiso.

[66] Art. 2, y. arts 10-13 del Decr. n. 289 de 28 de febrero de 1930 que la desarrolla. Así se dice, por ejemplo, en el Decreto de erección como ente moral de la Iglesia ortodoxa Rusa en Roma del 14 noviembre 1929.

[67] P.e. los Decr. n. 681 de 24 de febrero de 1956 en el que se reconoce la personalidad jurídica de la Comunidad Armena de los fieles de rito armeno gregoriano de Milán, el n. 1349 de 5 de diciembre 1959 que reconoce a las Asambleas de Dios en Italia, y sucesivos.

[68] Suele emplearse una fórmula semejante esta: ‘si se desea atribuir eficacia civil a sus actos [del ministro], es necesario pedir la aprobación de su nombramiento a la Autoridad Gubernativa en los términos y modos prescritos por las disposiciones legales vigentes sobre la materia” (estatuto de la asociación ‘Iglesia del Reino de Dios’ aprobado por el art. 2 del Decreto de reconocimiento de su personalidad jurídica, de 16 de diciembre de 1988). Vid. en el mismo sentido el art. 14 del estatuto de la Iglesia cristiana evangélica misional pentecostal, aprobado por Decr. de 16 diciembre de 1988.

[69] Decr. n. 128 de 27 marzo 1969, art. 35.

[70] Es el Progetto di Legge n. 2531, presentado por el gobierno el 18 de marzo 2002, con el título ‘Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi’. Proyectos del gobierno con el mismo nombre habían sido presentados en 1990 y 1997. El texto en R. Botta, Tutela del sentimiento…, p. 322-326 y en http://www.camera.it/_dati/leg14/lavori/schedela/2531.htm (junto con otros dos proyectos alternativos al del gobierno).

[71] Sent. n. 59 del 18-24 noviembre de 1958.

[72] Cf. N. Colaianni, Intese e legge unilaterale: per una ‘pratica concordanza’, en V. Parlato, G.B. Varnier (cur.), «Principio pattizio e…», Torino 1995, p 156-159. Una breve perspectiva de futuro G.B. Varnier, La prospettiva pattizia, Ibíd., p. 5-8.