LOS PRINCIPIOS DE PERSONALIDAD Y TERRITORIALIDAD Y LAS CIRCUNSCRIPCIONES ECLESIÁSTICAS PERSONALES*

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Miquel Delgado Galindo

Consejo Pontificio para los Laicos

Ciudad del Vaticano

E-mail: mnmiquel@yahoo.es

 

 

SUMARIO: I. Personalidad y territorialidad en el Derecho Canónico. II. La delimitación del pueblo y la potestad de gobierno en las circunscripciones eclesiásticas personales: a) Diócesis personales; b) Ordinariatos militares; c) Prelaturas personales; d) Ordinariatos latinos para fieles de rito oriental.

I. PERSONALIDAD Y TERRITORIALIDAD EN EL DERECHO CANÓNICO

Desde los primeros tiempos, la Iglesia sintió la necesidad de adoptar un modelo de organización propia, debido a las necesidades de la creciente expansión de su actividad apostólica por el mundo[1]. Las primeras comunidades cristianas, surgidas como fruto de una constante acción del Espíritu Santo, secundada por la predicación de los Apóstoles y la colaboración de los primeros cristianos, fueron identificándose por el territorio donde se encontraban situadas. De todos modos, como se puede comprobar en las Epístolas del Nuevo Testamento, había entre ellas una continua circulación de ministros[2]. Se puede afirmar que el criterio básico que ha seguido la Iglesia durante siglos ha sido el principio territorial[3].

Por otra parte, como ha puesto de relieve d'Ors, la Iglesia por su catolicidad no es territorial, sino personal, precisamente por ser universal. El mismo hecho de la pronta formación de agrupaciones religiosas supranacionales vino a reforzar su carácter eminentemente no territorial. En cierto modo, en esto era también continuadora del Imperio Romano, que no tenía verdaderas fronteras como las del estado moderno, cuyo territorialismo es esencial[4].

Territorialidad y personalidad del derecho son dos sistemas jurídicos que, aunque esencialmente distintos, no resultan incompatibles entre sí, pese a que aparentemente lo pudiera parecer. En el derecho de la Iglesia estos principios no actúan a la manera de los compartimentos estancos, perfectamente divisibles y aislados unos de otros, sino que obran más bien como los vasos comunicantes, influyéndose y complementándose recíprocamente. Por decirlo con otras palabras: constituyen las dos caras de una misma moneda.

Por otra parte, el principio de personalidad se aplica mucho mejor en el derecho canónico que en los derechos estatales, teniendo en cuenta los fines propios que caracterizan ambos ordenamientos jurídicos.

Resulta obvio que la personalidad y la territorialidad de las leyes suponen dos formas diversas de aplicar el derecho, si bien en última instancia son convergentes porque su fin último es un servicio a la persona. En efecto, el derecho está profundamente vinculado con el espacio porque el hombre habita en un lugar determinado y lo convierte en el centro de sus relaciones jurídicas. Pero la ordenación de la vida social que lleva a cabo el derecho no tiene por objeto las relaciones de una persona con un territorio, sino las relaciones de una persona con otras, con quienes forma comunidades y grupos sociales.

En 1912, cuando en aquellos momentos el derecho canónico estaba casi exclusivamente regido por el principio de territorialidad, Mons. Pacelli, futuro Pío XII, afirmaba que este criterio no es un elemento esencial o necesario de la ley eclesiástica, aunque de hecho ésta sea siempre territorial, pues el domicilio o cuasidomicilio determinan la sujeción de las personas a la autoridad local y quedan sometidas a las leyes que emana[5].

Es sabido que el emperador Diocleciano dividió el Imperio Romano en cuatro grandes prefecturas -dos en Oriente y dos en Occidente- y doce diócesis, al frente de las cuales estaba un vicarius imperii. Éstas, a su vez, estaban divididas administrativamente en provincias, hasta llegar a un total de ochenta y siete.

La tradición jurídica romana, sin embargo, no era absolutamente territorialista. Incluso se podría afirmar que prevalecía el elemento personal sobre el territorial. De ahí la distinción entre cives y peregrini y entre el ius civile y el ius gentium. La civilización griega, en cambio, constituía el paradigma del territorialismo que ha imperado hasta nuestros días[6].

El principio de la personalidad tiene una honda raigambre histórica en el derecho germánico. Conforme iban asentándose en el Occidente romano, estos pueblos admitieron sin dificultad que distintos grupos sociales sometidos a una misma autoridad política, en lugar de regirse por un ordenamiento único y vinculante para todos, pudieran regularse en sus relaciones jurídicas por sus leyes propias, que eran las de la etnia a la que pertenecían y cuyo derecho llevaban siempre consigo allí donde fueran, como decía Calasso, pegado a sus huesos[7].

Los pueblos germánicos respetaron la libertad civil de los que eran sometidos para que estos pudieran elegir el derecho por el que deseaban regirse: el propio o el de la nación dominadora. En una Constitución del año 824, Lotario I reconoce a Roma esta facultad: Volumus ut omnis Senatus et populus Romanus interrogetur quali vult lege vivere, ut sub ea vivat[8].

Para aplicar este sistema se recurrió en el alto medioevo a la professio iuris, fórmula por la cual la persona que realizaba un negocio jurídico declaraba formalmente vivir de acuerdo con una determinada ley. Con Carlomagno, funcionarios públicos se encargaban de realizar una investigación previa para reconocer la ley de las partes que debía regular el negocio jurídico. Esta declaración solemne de la ley personal era transcrita posteriormente en un registro público. La única excepción a este principio general la constituía el clero, que debía regirse en todo caso de acuerdo con el derecho romano[9].

La Iglesia organizó sus propias circunscripciones similarmente a la división administrativa del Imperio Romano, agrupando el territorio en diócesis y provincias eclesiásticas. Siglos después surgirían las Regiones Eclesiásticas[10].

La Edad Media, con la feudalización de la sociedad, marca el triunfo de la territorialidad, con la consiguiente decadencia del principio de la personalidad del derecho. Contribuyeron a ello las costumbres feudales, la sujeción de la población a la tierra con vínculos cada vez más intensos, la creciente uniformidad de la población y la práctica ausencia de movimientos migratorios, la paulatina integración normativa de los reinos medievales, la aparición de incipientes núcleos urbanos con sus propios estatutos que se aplican a todos los habitantes de la ciudad medieval, la generalización de nuevas relaciones jurídicas que requieren disposiciones homogéneas, etc.

La organización eclesiástica también se va territorializando progresivamente. El rigor con que se aplica este sistema hacía absolutamente inconcebible que en un misma diócesis hubiera dos Obispos con igual jurisdicción. El Concilio de Nicea (325) ya lo había prohibido taxativamente. Nueve siglos más tarde, el Concilio Lateranense IV (1215) volvía a proscribirlo en el c. 9, con una expresiva frase: tanquam unum corpus diversa capita, quasi monstrum[11].

Otra manifestación de este fenómeno se observa en el hecho de que las iglesias lleven un título que revela su conexión con un territorio: iglesia catedralicia, iglesia parroquial, iglesia abacial, etc. A estas iglesias se les asignan los clérigos y los fieles, y no al contrario. Por eso, el Cardenal Hostiense (1210-1271), llegó a definir la parroquia como locus in quo degit populus alicui ecclesiæ deputatus certis finibus limitatus[12].

Con pocas variaciones se llega hasta el Código de 1917. Por contrapartida, en los siglos transcurridos se experimenta una evolución social de grandes magnitudes: se pasa de la estática a la dinámica social, caracterizada por ingentes movimientos de población.

Interesa destacar que en estos siglos transcurridos, las estructuras personales no desaparecieron completamente. Algunos ejemplos se pueden encontrar en las jurisdicciones castrense[13] y palatina[14], así como las parroquias personales[15] y las capellanías familiares[16].

El Código Pío-Benedictino continuó impregnado de un profundo sentido territorialista[17], fiel reflejo de la eclesiología imperante por entonces. Se admitió restrictivamente la creación de parroquias personales, siempre y cuando se contara con indulto especial de la Sede Apostólica[18]. Sin embargo, las reticencias en aceptar la delimitación de una comunidad de fieles en función de un criterio diverso del territorial fueron numerosas.

Ante la necesidad apremiante de dar un cauce jurídico adecuado a nuevos fenómenos pastorales que irrumpían en la Iglesia como respuesta a concretas demandas, hubo que agotar hasta el máximo las exiguas posibilidades que permitía el Código de 1917. No puede olvidarse aquella célebre expresión que se atribuye a su principal artífice, el Card. Gasparri: quod non est in Codice non est in mundo.

Algunos de estos fenómenos encontraron cabida en el encorsetado marco de la legislación vigente en ese momento. Por ejemplo, en 1954 hubo que recurrir a la figura de la Prelatura nullius para dar estatuto jurídico a la  Mission de France[19], mediante la cual se permitía que clérigos seculares desarrollasen una pastoral interdiocesana en Francia[20].

No existía un camino abierto para otras necesidades pastorales. Hubo que esperar hasta el Concilio Vaticano II.

¿Cual era la razón fundamental que llevaba a no admitir de modo generalizado las estructuras personales en la Iglesia? La cuestión no era estrictamente canónica, sino eclesiológica. Es suficiente recordar aquí que por aquel entonces el territorio era considerado como un elemento intrínseco y caracterizante de la Iglesia particular[21].

Desde esta óptica, la diócesis era considerada como una porción territorial a la que estaban vinculados un grupo determinado de fieles a través del domicilio o cuasidomicilio, bajo el gobierno de un Obispo. Con el domicilio se determinaba el Pastor propio de los bautizados, así como el ámbito de la jurisdicción de aquél.

La visión de la Iglesia se focalizaba desde el prisma de su configuración externa, es decir, la sociedad visible, como reacción a las posturas que en épocas precedentes negaron duramente su existencia. Por ello, se colocaba más el acento en la dimensión jerárquica que en la comunitaria, quedando ésta relegada a un segundo plano. Esta visión de la Iglesia y de la misión de la Jerarquía llevó a un oscurecimiento de su carácter dinámico[22].

Desde esta perspectiva, las estructuras personales entraban en colisión con los principios de la organización eclesiástica existentes porque no encajaban con la noción de diócesis y parroquia imperante, llegando a ser consideradas como elementos extraños y perturbadores de la potestad del Ordinario del lugar y del párroco.

La Constitución dogmática Lumen gentium marcó un profundo giro al redescubrir el aspecto comunitario de la Iglesia, que es el nuevo Pueblo de Dios[23], y la communitas fidelium, verdadero protagonista del nuevo Cuerpo legislativo de la Iglesia[24].

En la primera Asamblea General del Sínodo de los Obispos, celebrado en 1967, se aprobaron diez directivas que deberían ser tenidas en cuenta por la Comisión para la revisión del Código de Derecho Canónico[25]. La n. 8 (De ordinatione territoriali a Ecclesia) señalaba precisamente la oportunidad de revisar el principio de territorialidad en el ejercicio del gobierno de la Iglesia, teniendo en cuenta los principios contenidos en los documentos del Concilio Vaticano II y las actuales necesidades pastorales.

La profundización eclesiológica y canónica operada por el Concilio Vaticano II ha incidido decisivamente en el principio de territorialidad[26] y ha encontrado un fiel reflejo en la normativa vigente. El territorio ha dejado de considerarse el criterio decisivo para la determinación de una comunidad de fieles. En el iter conciliar de elaboración del n. 11 del Decr. Christus Dominus, la diócesis fue ya definida sin atender al territorio: “Definitionem realem diœcesis potius ex intrinsecis ipsius elementis quam ex territoriali structura conati sumus statuere, unde hæc quæ sequuntur commoda obtineri posse censemus: a) theologia quædam Ecclesiæ particularis, iuxta plurium Patrum postulata, veluti in nuce præbetur, b) clarius episcopalium munerum finis elucescit; c) notio diœcesis etiam ad personales quas vocant diœceses æquo iure extenditur; d) criteria denique quodammodo prænuntiantur, quibus magis rationi consentanea ipsa externa diœcesis compago confici possit”[27].

Consecuentemente, la legislación actual no establece que el territorio sea un elemento constitutivo de la Iglesia particular, es decir, que afecte a su naturaleza y esencia: ésta es una porción del Pueblo de Dios, integrada por el Obispo, el presbiterio y el pueblo[28]. El territorio, en la actualidad, es un criterio extrínseco, simplemente delimitativo de una comunidad de fieles. Es la regla ordinaria o general[29], pero de ningún modo puede considerarse la única y exclusiva. De ahí que el Legislador haya dispuesto que “pueden erigirse dentro de un mismo territorio Iglesias particulares distintas por razón del rito de los fieles o por otra razón semejante”[30]. Por ello, no cabe entender estos criterios de tipo personal como excepcionales a la afirmación del principio general de la territorialidad contenido en el ' 1 del c. 372 CIC, y mucho menos como un privilegio, sino que ambos son complementarios entre sí  y pueden y deben ser conjugados armónicamente.

Con una gran clarividencia, afirmaba Mons. del Portillo en 1969: “no cabe invocar una exclusividad, dentro de un territorio, en el desempeño de las funciones episcopales, parroquiales, etc., ya que es perfectamente posible que en un mismo territorio exista una comunidad eclesial determinada por el criterio del domicilio, y otra u otras comunidades de fieles, con propio clero, determinadas por criterios estrictamente personales: rito, lengua, particulares circunstancias profesionales o asociativas, etc”[31].

Juan Pablo II, en la Const. Ap. Sacræ Disciplinæ Leges, con la que promulgó el Código de 1983, refiriéndose a la eclesiología conciliar como uno de los aspectos más novedosos, afirmaba que “entre los elementos que manifiestan la verdadera y propia imagen de la Iglesia deben apuntarse principalmente (...) la doctrina que muestra a la Iglesia como "comunión" y en virtud de ello establece las mutuas relaciones entre la Iglesia particular y la universal, y entre la colegialidad y el primado...”[32].

Tres años después de la promulgación del Código de Derecho Canónico, podía leerse en el documento conclusivo de la Segunda Asamblea Extraordinaria del Sínodo de los Obispos (1985): “la eclesiología de comunión es la idea central y fundamental en los documentos del concilio. La eclesiología de comunión no puede ser reducida a simples cuestiones organizativas o a problemas que conciernen a los poderes. Sin embargo, la eclesiología de comunión es también fundamento para el orden en la Iglesia y, sobre todo, para una correcta relación entre unidad y pluriformidad en la Iglesia”[33].

El 28 de mayo de 1992, la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó un importante documento eclesiológico: la Carta Communionis notio, sobre algunos aspectos de la Iglesia entendida como comunión[34].

Al tratar de la profunda inmanencia existente entre la Iglesia universal y las Iglesias particulares[35], en el n. 10/b, se señala: “la pertenencia a una Iglesia particular no está nunca en contradicción con la realidad de que en la Iglesia nadie es extranjero. Especialmente en la celebración de la Eucaristía, todo fiel se encuentra en su Iglesia, en la Iglesia de Cristo, pertenezca o no, desde el punto de vista canónico, a la diócesis, parroquia u otra comunidad particular donde tiene lugar tal celebración. En este sentido, permaneciendo firmes las necesarias determinaciones de dependencia jurídica, quien pertenece a una Iglesia particular pertenece a todas las Iglesias; ya que la pertenencia a la Comunión, como pertenencia a la Iglesia, nunca es sólo particular, sino que por su misma naturaleza es siempre universal”.

Entre los ejemplos de determinaciones de dependencia jurídica, el documento cita el c. 107 CIC, indicando como uno de estos criterios el domicilio o cuasidomicilio, pero no de un modo rígido, sino flexible. Por otra parte, la adscripción a una diócesis y a una parroquia no ensombrece de ningún modo la realidad de que el christifideles ha sido incorporado al Cuerpo de Cristo a través del Bautismo y, en consecuencia, es siempre miembro de la Iglesia allí donde se encuentre en cada momento.

El n. 16/a de la Carta, dentro del capítulo IV -Unidad y diversidad en la comunión eclesial-, aborda precisamente un aspecto fundamental de la eclesiología de comunión, elaborada por el Concilio Vaticano II: “Para una visión más completa de ese aspecto de la comunión eclesial -unidad en la diversidad-, es necesario considerar que existen instituciones y comunidades establecidas por la Autoridad Apostólica para peculiares tareas pastorales. Éstas, en cuanto tales, pertenecen a la Iglesia universal, aunque sus miembros son también miembros de las Iglesias particulares donde viven y trabajan. Tal pertenencia a las Iglesias particulares, con la flexibilidad que le es propia, tiene diversas expresiones jurídicas. Esto no sólo no lesiona la unidad de la Iglesia particular fundada en el Obispo, sino que por el contrario contribuye a dar a esta unidad la interior diversificación propia de la comunión”.

A continuación se estudian algunas cuestiones de interrelación entre circunscripciones territoriales y personales, como son la delimitación del cœtus fidelium de estas últimas, así como el ámbito de ejercicio de la potestad de quien ostenta en ellas el oficio capital.

II. LA DELIMITACIÓN DEL PUEBLO Y LA POTESTAD DE GOBIERNO EN LAS CIRCUNSCRIPCIONES ECLESIÁSTICAS PERSONALES

Pueden identificarse cuatro tipos de circunscripciones eclesiásticas personales en la legislación eclesiástica vigente: Diócesis personales, Ordinariatos militares, Prelaturas personales y Ordinariatos latinos para fieles de rito oriental [36].

a) Diócesis personales

La noción de diócesis contenida en la normativa canónica actual posibilita la erección de diócesis atendiendo a criterios personales[37] . Esta figura es una novedad introducida en el Código de 1983. El Código anterior sólo admitía, y con criterio restrictivo, la constitución de parroquias personales. El Concilio Vaticano II, a través del Decr. Presbyterorum ordinis, n. 10/b, previó la posibilidad de establecer diócesis peculiares para la realización de determinadas obras pastorales.

Tratándose en realidad de un Ordinariato militar, cabe mencionar aquí el caso del Vicariato Castrense de España que, según el Acuerdo suscrito entre la Santa Sede y el Estado Español, de 3 de enero de 1979, sobre la asistencia religiosa a las fuerzas armadas y el servicio militar de clérigos y religiosos, viene calificado en el art. II como “diócesis personal, no territorial”[38]. Así configurado, el Vicariato Castrense español era un ente de la estructura jerárquica de la Iglesia de carácter personal, finalizado a la atención pastoral del personal integrante de las Fuerzas Armadas.

La potestad del Vicario castrense era cumulativa con la de los Ordinarios del lugar, aunque en las instalaciones militares la jurisdicción del Vicario general castrense y los capellanes castrenses era primaria y principal, y la de los Ordinarios diocesanos y los párrocos, subsidiaria[39].

Se establecía que el ejercicio de esta jurisdicción sería objeto de regulación mediante acuerdos entre la Jerarquía diocesana y la castrense. Por otra parte, se reconocía el derecho de los fieles del Vicariato a dirigirse a los párrocos para solicitar su ministerio sacerdotal[40].

Las diócesis personales constituyen populi Dei portiones, del mismo modo que las erigidas de acuerdo con el principio de la territorialidad. A la cabeza se encuentra un Obispo diocesano que posee las mismas facultades que los otros que lo son en razón del territorio.

El c. 372, ' 2 CIC ha establecido que pueden constituirse estas circunscripciones eclesiásticas dentro de un mismo territorio por razones del rito de los fieles u otras semejantes[41]. Puede interpretarse que se trata de motivos también personales, como la nacionalidad, la lengua, etc. Hasta el momento presente todavía no ha sido erigida ninguna.

Una característica peculiar de estas estructuras jerárquicas consiste en que el título por el que los fieles se adscriben a ellas no es el domicilio o  cuasidomicilio, sino razones de naturaleza personal. Esto no significa que en las diócesis personales no subsistan elementos de territorialidad, igualmente presentes en todas las circunscripciones personales. Estas diócesis se erigen para un ámbito territorial determinado, con unos límites de espacio precisos que tienen la función de concretar los fieles sujetos a la potestad del ordinario personal la cual, a su vez, puede yuxtaponerse de diverso modo respecto a las circunscripciones territoriales.

El c. 372, ' 2 CIC menciona expresamente el rito de los fieles como circunstancia que posibilita la erección de una diócesis personal. ¿Qué semejanzas y diferencias se pueden encontrar respecto a las eparquías y exarcados apostólicos de las Iglesias orientales, erigidos fuera del territorio patriarcal? Tanto unas como otras son Iglesias particulares, pero estas últimas son, generalmente, circunscripciones territoriales[42]. Los fieles orientales se adscriben a la eparquía o al exarcado a través del domicilio o cuasidomicilio, y la potestad del eparca o del exarca, en su caso, es exclusiva, no cumulativa con la del Ordinario latino. En cambio, los fieles de una diócesis personal constituida en razón del rito no se adscribirían a ella por medio del domicilio o cuasidomicilio, sino en base a esa circunstancia personal.

De todos modos, conviene no perder de vista que las eparquías y los exarcados apostólicos constituidos más allá de los confines del territorio patriarcal se erigen precisamente con el fin de proveer a la cura pastoral de los fieles orientales que se encuentren allí[43].

¿Se podría considerar que el Ordinario de una diócesis configurada según lo dispuesto en el c. 372, ' 2 CIC gozaría de jurisdicción exclusiva y, por tanto, exenta de la potestad del Ordinario del lugar? Viana se inclina por esta postura, aduciendo que “la limitación territorial permite que la potestad del Obispo sea exclusiva sobre los fieles que integran la portio Populi Dei[44].

Junto con esta posibilidad no puede descartarse la existencia de diócesis personales con jurisdicción cumulativa si así se prevé en el acto de erección de la circunscripción. Téngase en cuenta en este sentido que la jurisdicción del Ordinario ritual de Francia para los fieles orientales -aun tratándose de circunscripciones personales diversas- es cumulativa con la de los Ordinarios locales.

En el supuesto de que estas diócesis estuvieran circunscritas atendiendo a razones de lengua o nacionalidad, hay que recordar aquí las reiteradas respuestas afirmativas de la Santa Sede a los Obispos norteamericanos acerca del derecho de los emigrantes que conocieran la lengua inglesa a elegir libremente entre la parroquia personal lingüística y la territorial de su domicilio o cuasidomicilio[45]. Cabe entender que la potestad del párroco personal sería principal, mientras que la del párroco territorial subsidiaria.

b) Ordinariatos militares

Con la denominación de Vicariatos castrenses, estas estructuras jerárquicas fueron reguladas por primera vez con una normativa universal a mediados de este siglo mediante la Instrucción Sollemne semper[46]. Este tipo de circunscripciones eclesiásticas personales tienen la finalidad de prestar atención espiritual a todos aquellos fieles que de algún modo -varía según los Estatutos de cada Ordinariato- están vinculados con las Fuerzas Armadas de una nación[47].

La adscripción al Ordinariato castrense se realiza atendiendo a criterios personales, con independencia del territorio en donde se encuentre el fiel en cada momento, dentro o fuera del respectivo país de pertenencia.

Si bien es cierto que los Ordinariatos militares hasta el momento sólo tienen ámbito nacional, algunos Estatutos admiten también que fieles de otros Estados pertenezcan al Ordinariato[48].

La Instrucción Sollemne semper establecía en sus nn. I y II que la potestad del Vicario castrense era ordinaria -aunque añadía también el calificativo de especial-, personal, no exclusiva, sino cumulativa o compartida con el Obispo diocesano, así como principal en los establecimientos militares. Disponía también que esta jurisdicción no suprimía la potestad del Ordinario del lugar en relación con las personas pertenecientes al Vicariato y a los lugares militares.

La norma ponía especial énfasis en que la jurisdicción castrense no suponía de ningún modo la exención de la jurisdicción territorial. Por otra parte, los capellanes militares no quedaban excardinados de sus diócesis de procedencia.

La Instrucción disponía expresamente en el n. III/a que no se admitía otro domicilio canónico que el diocesano o parroquial. Los fieles del Ordinariato no dejaban de ser fieles de su diócesis, es decir, no eran sustraídos de la potestad de los Ordinarios locales, según las normas comunes de adquisición del domicilio o cuasidomicilio canónico.

El n. II/a de la Instrucción reenviaba a la legislación particular la determinación de los fieles que quedarían adscritos al Vicariato. Asimismo, la erección del Vicariato de cada país debía realizarse con decreto de la Congregación Consistorial.

La importancia de la Instrucción Sollemne semper reside en tratarse de la primera norma canónica que establece a nivel universal que un fiel puede pertenecer simultáneamente a una circunscripción territorial -la diócesis - y a otra de naturaleza personal -Vicariato castrense-.

La Constitución Apostólica Spirituali militum curæ (en adelante, SMC), promulgada por Juan Pablo II el 21 de abril de 1986[49], es la vigente ley-marco que regula los Ordinariatos militares. El proemio de esta norma remite al Decr. Presbyterorum ordinis, n. 10, en cuanto los Ordinariatos militares constituyen una vía para la realización de peculiares obras pastorales. 

Esta norma, a su vez, debe ser integrada por los Estatutos aprobados por la Sede Apostólica para cada Ordinariato militar, que constituyen su normativa propia o lex particularis del Ordinariato.

La potestad del Ordinario militar viene delineada en el n. IV como personal, ordinaria, propia y, a la vez, cumulativa con la jurisdicción del Obispo diocesano, pues, como se señala en el parágrafo 3: “personæ ad Ordinariatum pertinentes esse pergunt fideles etiam illius Ecclesiæ particularis cuius populi portionem ratione domicilii vel ritus efformant[50].

La SMC vuelve a establecer el mismo criterio de doble pertenencia del fiel: a la diócesis, por razón del domicilio -hay que considerar aquí también implícito el cuasidomicilio- y al Ordinariato militar, por la condición personal de militar o por los demás motivos, también de naturaleza personal, previstos tanto en la normativa general como particular.

Los fieles del Ordinariato, en consecuencia, no pierden su condición de diocesanos y parroquianos que adquirieron por medio del domicilio o cuasidomicilio en sus respectivas diócesis y parroquias. Continúan, por tanto, teniendo un Ordinario y un párroco territorial de cuya jurisdicción no están exentos. Por otra parte, su condición de fieles del Ordinariato militar les faculta para elegir libremente el lugar donde recibirán los medios de santificación.

El n. V SMC, al igual que la Instrucción Sollemne semper, establece que en las guarniciones y lugares militares, la jurisdicción del Ordinario militar es principal y la del Obispo diocesano, subsidiaria.

El n. X SMC dispone con carácter general, y sin perjuicio de lo que establezcan los propios Estatutos, que están sujetos a la jurisdicción del Ordinario militar los fieles miembros de las Fuerzas Armadas y los adscritos a ellas, sus cónyuges e hijos, así como los parientes y empleados domésticos que conviven con ellos; los que pertenecen a institutos militares; los que estén hospitalizados en centros sanitarios de las Fuerzas Armadas o viven en residencias de ancianos y el personal adscrito a su servicio. También los fieles -religiosos o laicos- que desempeñan un oficio eclesiástico conferido por el Ordinario o contando con su consentimiento.

Algunos Estatutos han ampliado el coetus fidelium del Ordinariato militar. Los Estatutos de Francia incluyen a todos los ascendientes y descendientes de los militares[51]. Los de España, a las viudas de los militares, mientras conserven este estado[52]. Otros Estatutos han incluido a los familiares católicos de los militares no católicos[53].

Los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de Ecuador, España, Paraguay, Portugal, Perú y Estados Unidos han sido integrados también en el Ordinariato militar [54].

Otros Estatutos prevén la pertenencia al Ordinariato de los alumnos de las academias militares y centros docentes pertenecientes a las Fuerzas Armadas. Son los de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, España, Filipinas, Italia, Polonia y Portugal[55].

Algunos Estatutos incluyen también a los funcionarios civiles de la administración militar[56].

El personal civil que habita en acuartelamientos o en casas militares también está incluido por algunos Estatutos[57], así como aquellos que prestan sus servicios en centros militares[58].

Los Estatutos de Canadá disponen expresamente la pertenencia al Ordinariato de los militares católicos de las Iglesias orientales[59].

Los Estatutos de Italia comprenden como fieles del Ordinariato a quienes prestan sus servicios en el Palacio del Quirinal y en las demás residencias del Presidente de la República[60], y los de España a los miembros de la Casa Real[61].

El personal militar extranjero que se encuentra en el territorio nacional está incluido dentro de los fieles de algunos Ordinariatos[62].

Los Estatutos de Ecuador prevén, por su parte, la pertenencia al Ordinariato de los religiosos y religiosas que colaboran con la pastoral castrense[63].

Un caso particular presentan los Estatutos de Bolivia. Existe una parroquia que tiene una doble función: la atención religiosa de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como de los fieles de la Archidiócesis. Se trata de la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios, situada en el barrio de Miraflores, de La Paz[64]. En consecuencia, pertenecen a esta parroquia los fieles tanto por su domicilio o cuasidomicilio, como los fieles del Ordinariato militar, según los criterios personales propios de adscripción.

Los Estatutos del Ordinariato belga contienen en el n. VI, 3 una disposición destacable. Tras señalar el carácter cumulativo de la jurisdicción del Ordinario militar, se establece explícitamente como corolario: “les fidèles sont donc libres de choisir entre l'Eglise territoriale et le Diocèse aux Forces Armées”.

 Igual disposición se contiene en el n. 4/c de las Dispositions à l'occasion de la création d'un diocèse aux Forces armées belges, publicadas en el boletín “Pastoralia”[65]. Los fieles que pertenecen al Ordinariato militar pueden escoger libremente que los medios de santificación les sean administrados en la parroquia del territorio donde son feligreses, o bien en el Ordinariato. Aunque sólo se ha recogido expresamente esta norma en los Estatutos de Bélgica, puede concluirse que el derecho de elección del fiel que pertenece a un Ordinariato militar es la consecuencia que se desprende de su pertenencia a la diócesis y a esta estructura jurisdiccional personal. Como ha señalado Hervada, al ser cumulativa la jurisdicción, el fiel tiene la posibilidad de elegir entre una u otra estructura para recibir los sacramentos y los demás medios de santificación y formación”[66]. Se trata del reconocimiento de un derecho fundamental del fiel que enriquece su condición como miembro activo de la Iglesia.

c) Prelaturas personales

Las prelaturas personales son circunscripciones erigidas por la Sede Apostólica para la realización de específicas tareas pastorales o misionales[67].

La porción del Pueblo de Dios de estos entes de la estructura constitucional de la Iglesia está integrada por el Prelado, que es el Ordinario propio, el presbiterio y los fieles para los que se ha erigido la Prelatura. Al igual que la SMC, en el n. X, 41, prevé que haya fieles que trabajen establemente en el Ordinariato, el can. 296 CIC establece que los fieles laicos pueden dedicarse a la tarea apostólica de la Prelatura mediante vínculos de naturaleza contractual[68].

Estas estructuras pastorales constituyen un instrumento de la Iglesia para llevar a cabo los fines auspiciados por el Concilio Vaticano II[69], y son una respuesta a las necesidades de la Iglesia en el mundo contemporáneo, en el que el principio de territorialidad como único criterio de adscripción a un coetus fidelium se revela claramente insuficiente.

Los cc. 294-297 CIC contienen el régimen jurídico general de esta circunscripción eclesiástica personal, que constituye la ley-marco de la institución y que requiere un desarrollo normativo en los estatutos que aprueba la Santa Sede para cada prelatura personal en el acto de erección. Estos estatutos son la ley particular de la prelatura.

El Legislador ha establecido en el Código de 1983 una regulación abierta respecto a las prelaturas personales. De ahí se sigue que dentro de esta normativa general puedan tener cabida diversos tipos de prelaturas personales según su extensión, fines, ámbito de la potestad del Prelado, etc, cuya determinación debe realizarse en los propios estatutos[70].

Entre las características comunes de las prelaturas personales que hacen referencia al tema que nos ocupa, interesa destacar aquí que la pertenencia a estas estructuras se verifica por medio de una circunstancia de tipo personal. Como ha puesto de relieve Fuenmayor, sería un error entender que las prelaturas territoriales de las que trata el Código en el c. 370 y las prelaturas personales se distinguen solamente por el modo de incorporación: el domicilio o cuasidomicilio y un determinado hecho personal, respectivamente, para concluir que las prelaturas personales son una manifestación de jurisdicción exenta de la potestad del Ordinario local. Las prelaturas personales deben ser incluidas dentro de la jurisdicción cumulativa o mixta[71].

Durante las sesiones celebradas en la quinta Asamblea Plenaria de Cardenales, que revisó el Schema Codicis de 1980, se trató de las prelaturas personales[72].

Entre las diversas cuestiones que se trataron, se objetó que la adscripción a las prelaturas personales se realiza según un criterio voluntario o subjetivo, a través de un acto de voluntad de adhesión del fiel a la prelatura, mientras que la pertenencia a una Iglesia particular se verifica de acuerdo con un criterio objetivo y necesario: el domicilio, el rito, el servicio militar, etc, con independencia del deseo del fiel[73].

Frente a esta observación, se hizo notar que la cuestión no podía plantearse en estos términos, pues el elemento voluntario se encuentra también presente en la adscripción a una Iglesia particular, ya que cada uno puede escoger libremente el propio domicilio y modificarlo, o pertenecer a un vicariato castrense por haber elegido el ejercicio de la profesión militar, cambiar de rito, etc.[74]

Efectivamente, la libertad que gozan los fieles para adquirir, multiplicar y extinguir sus domicilios se manifiesta con la intención o bien con la simple residencia prolongada durante el tiempo que establecen los cc. 102 CIC y 912 CCEO. El elemento subjetivo en la adscripción a una Iglesia particular está siempre presente, puesto que la adquisición del domicilio depende de la voluntad de los fieles. Cada uno de ellos puede quedar sustraído de la jurisdicción de su Ordinario propio o de su párroco simplemente por la transferencia del domicilio o cuasidomicilio, y esto además sin consultarles ni solicitarles su autorización[75].

d) Ordinariatos latinos para fieles de rito oriental

Estos Ordinariatos son estructuras personales erigidas para la atención pastoral de todos aquellos fieles orientales que habitan en países donde no se halla constituida la jerarquía de la propia Iglesia sui iuris. Se encuentran bajo la dependencia orgánica y funcional de la Congregación para las Iglesias Orientales.

El criterio de delimitación de estas circunscripciones es igualmente personal. No se atiende al domicilio o cuasidomicilio de los fieles. Lo que es determinante es la pertenencia a una Iglesia oriental católica sin jerarquía propia en una nación para quedar adscrito ipso iure al Ordinariato.

De los ocho Ordinariatos erigidos por la Santa Sede hasta el momento a través de decreto singular, siete tienen ámbito nacional: Argentina, Austria (para los fieles de rito bizantino), Brasil, Francia, Polonia, Grecia (para los católicos de rito armenio residentes en Grecia) y Rumanía (para los católicos de rito armenio residentes en Rumanía). Por regla general, el Ordinario suele ser el Obispo diocesano de la capital del país. El Ordinariato para los armenios católicos de Europa Oriental, erigido el 13 de julio de 1991[76], tiene ámbito plurinacional: Armenia, Georgia, Ucrania y Rusia meridional[77].

Solamente han sido publicados en Acta Apostolicæ Sedis los decretos de erección de los Ordinariatos de Brasil[78], Francia[79] y Argentina[80]. En los Ordinariatos de Brasil y Argentina se establece que la potestad del Ordinario latino para fieles orientales es exclusiva. En el caso de Brasil, el decreto establece que el Ordinario latino para fieles orientales es el único Ordinario para los fieles orientales que residen en Brasil[81]. Se prevé que si en algunos lugares faltase el clero propio para estos fieles, el párroco del lugar debe proveer al bien espiritual de ellos, contando con las facultades concedidas por el Ordinario latino para fieles orientales.

El decreto de erección del Ordinariato de Argentina dispone expresamente que la potestad de jurisdicción del Ordinario sobre los fieles orientales es exclusiva[82]. También señala que en los lugares donde falte la parroquia propia para estos fieles, el párroco latino proveerá a la cura pastoral, habiendo recibido previamente las facultades del Ordinario latino para fieles orientales.

A diferencia de los anteriores, la potestad del Ordinario latino para fieles orientales que habitan en Francia, de acuerdo con el decreto de erección del Ordinariato francés, es cumulativa con la de los Ordinarios del lugar[83]. El decreto contiene la misma disposición de suplencia del párroco personal cuando no exista una parroquia para estos fieles. La norma establece también que este Ordinario debe oír al Ordinario del lugar -cuyo parecer es preceptivo, pero no vinculante- cuando se trate de erigir parroquias, edificar iglesias, asuntos relativos a la formación de los seminaristas, obras sociales y educativas, así como cualquier otra que juzgue oportuno promover.

La Congregación para las Iglesias Orientales publicó en 1986 una Declaración interpretativa del Decreto de 27 de julio de 1954[84]. El preámbulo de este documento señala que razones de conveniencia pastoral aconsejan no sustraer a los fieles orientales de la jurisdicción individual de los Ordinarios de Francia, como sucede también respecto al Ordinario castrense.

En la parte dispositiva de la declaración se reafirma que la jurisdicción del Ordinario para los fieles orientales que residen en Francia es cumulativa con la de los Obispos diocesanos.

Como novedad, la Declaratio afirma que la jurisdicción del Ordinario latino para fieles orientales es principal, mientras que la de los Ordinarios del lugar es subsidiaria. Asimismo, se establece que el Ordinario latino para fieles orientales no adoptará ninguna medida sin contar con el parecer favorable -que en este caso es ad validitatem-, de los Obispos diocesanos interesados en la cuestión. Se entiende, obviamente, que son materias que afectan a la jurisdicción de los Obispos diocesanos.

En el supuesto de que en Francia faltase el párroco propio para la atención pastoral de los fieles orientales, el párroco latino puede recibir las facultades necesarias tanto del Ordinario latino para fieles orientales como del Obispo diocesano. Sin embargo, por razones de oportunidad, conviene que se dirija en primer lugar al Ordinario latino para fieles orientales.



* Publicado en «Ius Canonicum», XLI, 82, 2001, pp. 607-629.

[1] Para un estudio acerca de los orígenes de las circunscripciones eclesiásticas, cfr. L. DUCHESNE, Origines du culte chrétien: étude sur la liturgie latine avant Charlemagne, Paris 1920, pp. 1-46.

[2] Cfr. Ibid., p. 14.

[3] Cfr. J. HERVADA, Significado actual del principio de territorialidad, en Fidelium Iura, 2 (1992), pp. 221-239, ID., Derecho Constitucional Canónico, Pamplona 1987, pp. 293-295.

[4] A. d'ORS, Los principios orientadores del nuevo Código de Derecho Canónico, en La Ley (Buenos Aires) 134 (1983), p. VIII.

[5] Cfr. E. PACELLI, La personalité et la territorialité des lois particulièrement dans le droit canon (traducción del artículo original, publicado en italiano en 1912), en Ephemerides Iuris Canonici, 1 (1945), pp. 13-14. En el mismo sentido, cfr. también G. ONCLIN, De territoriali vel personali legis indole: historia doctrinæ et disciplina Codicis iuris canonici, Gemblaci 1938, pp. 312-313.

[6] Cfr. R. DOMINGO, Los principios de territorialidad y de personalidad en el concepto de diócesis, en AA.VV., Iglesia Universal e Iglesias Particulares, IX Simposio Internacional de Teología, Universidad de Navarra, Pamplona 1989, pp. 273-278.

[7] F. CALASSO, Medio Evo del Diritto, Milano 1954, p. 112. Cfr. el clásico estudio histórico-jurídico de E. de HINOJOSA, El elemento germánico en el derecho español, Madrid 1914; así como la refutación de su tesis: el Código de Eurico rigió para los visigodos y el Breviario de Alarico para los hispanoromanos, llevada a cabo por A. GARCÍA GALLO en su artículo Nacionalidad y territorialidad del Derecho en la época visigoda, en Anuario de Historia del Derecho Español, 13 (1936-1941), pp. 168-264. Este iushistoriador sostenía que ambos textos legales tuvieron una vigencia territorial y sucesiva en el tiempo.

[8] Citado por E. SALVI, Il Domicilio, Milano 1909, p. 18.

[9] Cfr. E. SALVI, Il Domicilio, op. cit., p. 16.

[10] Cfr. c. 433, § 1 CIC. Sobre el tema, cfr. M. COSTALUNGA, L'organizzazione in provincie e regioni ecclesiastiche, en Ius Canonicum, 22 (1982), pp. 749-762.

[11] Cfr. A. GARCÍA Y GARCÍA, Constitutiones Concilii quarti Lateranensis una cum Commentariis glossatorum, Città del Vaticano 1981, pp. 57-58.

[12] H. DE SUSE, Summa Aurea, Lyon 1537 (reproducida en Darmstadt 1962), Lib. III, fol. 169.

[13] Acerca de la jurisdicción militar, cfr. A. VIANA, Territorialidad y personalidad en la organización eclesiástica, el caso de los Ordinariatos castrenses, Pamplona 1992, pp. 17-131.

[14] Cfr. P.A. D'AVACK, Le Chiese palatine, Roma 1929; E. BAZÁN, La jurisdicción palatina en España, (pro manuscripto), Pamplona 1985.

[15] Cfr. J. GARCÍA DE CÁRDENAS, Las parroquias personales (linguísticas) en la pastoral de la inmigración en los Estados Unidos durante el s. XIX. Estudio teológico de los documentos relativos a su aprobación por la S.C. de Propaganda Fide (1887), Roma 1991; A. SOBCZAK, Las parroquias para los emigrantes en el derecho canónico latino, en Ius Canonicum, 34 (1994), pp. 227-278.

[16] Cfr. J.M. VÁZQUEZ GARCÍA-PEÑUELA, Las Capellanías colativo-familiares (régimen legal vigente), Pamplona 1992.

[17] Cfr., entre otros, los cc. 198, 216, 217, 319 y passim CIC 17.

[18] Cfr. c. 216, § 4 CIC 17.

[19] Cfr. PÍO XII, Const. Ap. Omnium ecclesiarum sollicitudo: AAS 46 (1954) 567-574.

[20] Cfr. J. DENIS, La prélature nullius de la Mission de France, en L'Année Canonique, 3 (1954-55), pp. 27-36; ID., La loi propre de la Mission de France, en L'Année Canonique, 4 (1956), pp. 21-29; J. FAUPIN, La Mission de France. Historie et Institution, Tournai 1960; D. PERROT, Les fondations de la Mission de France, Paris 1987; P. VALDRINI, La nouvelle Loi propre de la Mission de France. Quelques aspects canoniques, en L'Année Canonique, 31 (1988), pp. 269-289; D. LE TOURNEAU, La Mission de France: passé, présent et avenir de son statut juridique, en Studia Canonica, 24 (1990), pp. 357-382; J. CANOSA, La legge propria della Mission de France, en Ius Ecclesiae, 3 (1991), pp. 767-780.

[21] Cfr. J. HERVADA, Significado actual del principio de territorialidad, op. cit., pp. 229-239.

[22] Cfr. A. DEL PORTILLO, Dinamicidad y funcionalidad de las estructuras pastorales, en Ius Canonicum 9 (1969), pp. 315-317.

[23] Cfr. CONC. ECUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, Cap. 2.

[24] Cfr. J. HERRANZ, Studi sulla nuova legislazione della Chiesa, Milano 1990, pp. 37-41.

25 Cfr. Principia quæ Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant, en Communicationes, 1 (1969), p. 84. Cfr. también Communicationes, 18 (1986), ad c. 4, 2, p. 63. Para un estudio sobre este particular, cfr. J. CANOSA (a cura di), I principi per la revisione del Codice di Diritto Canonico, Milano 2000, pp. 547-666.

[26] CONC. ECUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 23/b; Decr. Christus Dominus, nn. 11/a; 23, 3/b y 3/c; Decr. Orientalium ecclesiarum, n. 4 y passim.

[27] Acta Synodalia, III/VI, p. 156. Cfr. también III/VI, p. 163; y III/II, pp. 49 y 62.

[28] Cfr. c. 369 CIC y 177, § 1 CCEO.

[29] Cfr. c. 372, § 1 CIC.

[30] c. 372, § 2 CIC. Sobre esta cuestión, cfr. A. VIANA, Organización del gobierno en la Iglesia según el derecho canónico latino, Pamplona 1995, pp. 132-138.

[31] A. DEL PORTILLO, Dinamicidad y funcionalidad de las estructuras pastorales, op. cit., p. 326.

[32] AAS 75 (1983), Pars II, XII.

[33] Synodus Episcoporum, Relación final Ecclesia sub verbo Dei mysteria Christi celebrans pro salute mundi, II, C, 1, 7-XII-1985: Enchiridion Vaticanum, 9, pp. 1761 y 1763, n. 1800. La misma idea era también considerada en la Exhortación Ap. post-sinodal Christifideles Laici, 30-XII-1988: AAS 81 (1989) 422-424, n. 19.

[34] Cfr. Congregación para la Doctrina de la Fe, Litteræ ad Catholicæ Ecclesiæ episcopos de aliquibus aspectibus Ecclesiæ prout est communio: AAS 85 (1993) 838-850. La Libreria Editrice Vaticana publicó en 1994 este documento dentro de la colección Documenti e studi, n. 15, con un prefacio de A. BOVONE -Secretario de la Congregación-, una introducción a cargo del Card. J. RATZINGER -Prefecto de la Congregación-, y los comentarios de S. NAGY, A.M. SICARI, L. BOYER, F. OCÁRIZ y M. THURIAN. A modo de balance, el libro se cerraba con el artículo La Chiesa come comunione. A un anno dalla pubblicazione della Lettera Communionis notio, firmado con tres asteriscos y publicado en L'Osservatore Romano el 23-V-1993. Entre los comentarios a este texto de la Santa Sede, cfr. P. RODRÍGUEZ, La Comunión en la Iglesia. Un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en Scripta Theologica, 24 (1992), pp. 559-567; A. VIANA, Las circunscripciones personales al servicio de la comunión, en AA.VV., Ius in vita et in missione Ecclesiæ. Acta symposii internationalis iuris canonici occurrente X anniversario promulgationis Codicis Iuris Canonici, Ciudad del Vaticano 1993, pp. 353-365.

[35] Cfr. A.M. ROUCO VARELA, Iglesia Universal-Iglesia Particular, en Ius Canonicum, 22 (1982), pp. 221-239; E. CORECCO, Iglesia particular e Iglesia universal en el Vaticano II, en AA.VV., Iglesia Universal e Iglesias Particulares, op. cit., pp. 89-90; P. RODRÍGUEZ, Iglesias particulares y Prelaturas personales, Pamplona 1986, pp. 161-168; A. d'ORS, Iglesia universal e Iglesia particular, en Ius Canonicum, 28 (1988), pp. 295-303; J.R. VILLAR, Teología de la Iglesia particular, Pamplona 1989.

[36] Cfr. J.I. ARRIETA, Le circoscrizioni personali, en Fidelium Iura, 4 (1994), pp. 207-243; ID., Chiesa particolare e circoscrizioni ecclesiastiche, en Ius Ecclesiæ, 6 (1994), pp. 3-40; ID., Dirtitto dell’organizzazione ecclesiastica, Milano 1997, pp. 358-366; G. DALLA TORRE, Le strutture personali e le finalità pastorali, en J. CANOSA (a cura di), I principi per la revisione del Codice di Diritto Canonico, op. cit., pp. 577-581; N. LODA, Le missioni e l’evangelizzazione nel contesto organizzativo ecclesiastico territoriale e personale: L’enclave delle Chiese Cattoliche Orientali, en Commentarium pro religiosis et missionariis 81 (2000), p. 365; A. VIANA, Organización del gobierno en la Iglesia, op. cit., pp. 202 y 215-226. En el Anuario Pontificio de 2000 aparecen: 33 Ordinariatos militares, 1 Prelatura personal, 8 Ordinariatos latinos para fieles de rito oriental y ninguna diócesis personal.

[37] Cfr. cc. 369 CIC y 177, § 1 CCEO.

[38] AAS 72 (1980) 47.

[39] Cfr. Anexo I, art. IV: AAS 72 (1980) 52-53.

[40] Cfr. Anexo I, art. IV, 3: AAS 72 (1980) 53.

[41] Cfr. Communicationes, 4 (1972), pp. 41-42.

[42] El c. 311, § 1 CCEO especifica que el exarcado es una porción del pueblo de Dios que, por razones especiales, no se erige en eparquía y está circunscrita por un territorio o con cualquier otro criterio, bajo la cura pastoral de un Exarca.

[43] Cfr. A. VIANA, Territorialidad y personalidad en la organización eclesiástica, op. cit., p. 261.

[44] Ibid., p. 263.

[45] Cfr. Sagrada Congregación de Propaganda Fide, Respuesta de 26-IV-1897: ASS 30 (1897-1898), p. 256; Sagrada Congregación del Concilio, Notificación Particular de 15-I-1938: X. OCHOA, Leges Ecclesiæ, vol. I, n. 1414, col. 1852-1853.

[46] Cfr. Sagrada Congregación Consistorial, Instrucción Sollemne semper, 23-IV-1951: AAS 43 (1951) 562-565 y la correspondiente nota de A. PUGLIESE, en Monitor Ecclesiasticus, 76 (1951), pp. 581-598.

[47] Para un estudio en profundidad de esta figura, cfr. A. VIANA, Territorialidad y personalidad en la organización eclesiástica, op. cit.; E. BAURA, Legislazione sugli Ordinariati castrensi, Milano 1992; J.I. GONZÁLEZ ERRÁZURIZ, Iglesia y Fuerzas Armadas, Santiago de Chile, 1994.

[48] Cfr. Estatutos de Gran Bretaña, art. V, 7; Estatutos de Australia, art. VII, d); Estatutos de Canadá, art. 17, 5; Estatutos de Italia, art. 8, f); Estatutos de Holanda, art. 3, 3). Los Estatutos de Francia -art. 3- establecen también la pertenencia al Ordinariato de los militares extranjeros solamente cuando no dispongan de capellán propio.

[49] Cfr. AAS 78 (1986) 481-486.

[50] Cfr. AAS 78 (1986) 483.

[51] Cfr. Estatutos de Francia, art. 3.

[52] Cfr. Estatutos de España, art. 3, a).

[53] Cfr. Estatutos de Australia, art. 7, d); Canadá, art. 17, n. 2; Estados Unidos, art. XV, n. 4.

[54] Cfr. Estatutos de Ecuador, art. 5; España, art. 3, d) (E. BAURA, Legislazione sugli Ordinariati castrensi, op. cit., pp. 50 y 348, nota 3); Paraguay, art. 2, a); Portugal, art. 4, n. 2; Perú, art. 3, a); Estados Unidos, art. XV, n. 3.

[55] Cfr. Estatutos de Argentina, art. 4, a.3); Bolivia, art. 20, e); Chile, art. VII, n. 3; Colombia, art. 21, e); España, art. 3, a); Filipinas, art. 3, 1, f); Italia, art. 8, e); Polonia, art. 3, d); Portugal, art. 4, n. 1, c);

[56] Cfr. Estatutos de Bélgica, art. IV; Bolivia, art. 20, a); Chile, art. VII, 1; Colombia, art. 21, a); Italia, art. 8, b).

[57] Cfr. Estatutos de Canadá, art. 17, 6; Filipinas, art. 3, 1, f); Gran Bretaña, art. IV, 4; Holanda, art. 3, 4); Estados Unidos, art. XV, 6.

[58] Cfr. Estatutos de Argentina, art. 4, a.5); Chile, art. VII, 5; Filipinas, art. 3, 1, d); Polonia, art. 3, c).

[59] Cfr. Estatutos de Canadá, art. 17, 1.

[60] Cfr. Estatutos de Italia, art. 8, d).

[61] Cfr. Estatutos de España, art. 3, b).

[62] Cfr. Estatutos de Argentina, art.4, a.5); Francia, art. 3; Holanda, art. 3, 6; y Estados Unidos, art. XV, 7.

[63] Cfr. Estatutos de Ecuador, art. 5.

[64] Cfr. Estatutos de Bolivia, art. 9.

[65] Bulletin Officiel de l'Archidiocèse de Malines-Bruxelles, febrero 1987/2, p. 21. Estas normas han sido recogidas en E. BAURA, Legislazione sugli Ordinariati castrensi, op. cit., p. 116.

[66] J. HERVADA, La ley del Pueblo de Dios como ley para la libertad, en AA.VV., Persona, Verità e Morale, Roma 1987, p. 391.

[67] Para un estudio exhaustivo de esta figura jurídica, cfr. A. de FUENMAYOR, Escritos sobre Prelaturas personales, Pamplona 1992; G. LO CASTRO, Le Prelature personali. Profili giuridici, Milano 1988; A. de FUENMAYOR - V. GÓMEZ-IGLESIAS - J.L. ILLANES, El itinerario jurídico del Opus Dei. Historia y defensa de un carisma, Pamplona 1989; J.L. GUTIÉRREZ, Le Prelature personali, en Ius Ecclesiæ, 1 (1989), pp. 467-491. Este artículo contiene una extensa reseña bibliográfica sobre la materia.

[68] Cfr. J. HERVADA, La ley del Pueblo de Dios..., op. cit., pp. 391-392. Como ha puesto de relieve este autor, cabe la existencia de prelaturas personales en las que los fieles laicos son simplemente destinatarios de la acción pastoral de la prelatura y aquéllas en las que los fieles se han incorporado a la prelatura por medio de una convención para participar activamente en la realización de esta tarea (como sucede en el caso de la Prelatura del Opus Dei -cfr. Codex iuris particularis Operis Dei, nn. 1, §§ 1 y 2; 6 y 27, § 1-) y aquéllas en las que se dan ambos casos; cfr. ID., Comentario al c. 296, en AA.VV., Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico, vol. II, Pamplona 1996, pp. 410-412. Cfr. JUAN PABLO II, Discurso a los participantes al encuentro sobre la Novo Millennio ineunte, promovido por la Prelatura del Opus Dei, en L’Osservatore Romano, 18-III-2001, p. 6.

[69] Cfr. CONC. ECUM. VAT. II, Decr. Presbyterorum ordinis, n. 10/b; Decr. Ad gentes, n. 20, nota 4 y n. 27, nota 28; PABLO VI, M.p. Ecclesiæ Sanctæ, I, n. 4.

[70] Cfr. J.I. ARRIETA, Le circoscrizioni personali, op. cit., pp. 230-232.

[71] Cfr. A. de FUENMAYOR, Escritos sobre Prelaturas personales, op. cit., p. 60, texto y nota n. 34.

[72] Cfr. Pontificium Consilium de Legum Textibus Interpretandis, Acta et documenta Pontificiæ Commissionis Codici Iuris Canonici Recognoscendo. Congregatio Plenaria Diebus 20-29 octobris 1981 habita, Civitate Vaticana 1991, pp. 376-392 y 399-417.

[73] Cfr. Ibid., Card. J. RATZINGER, pp. 377, 388-389, 403.

[74] Cfr. Ibid., Card. F. KÖNIG, p. 414.

[75] Cfr. J.I. ARRIETA, Le circoscrizioni personali, op. cit., pp. 232-234. Entre los canonistas clásicos, cfr. también A. REIFFENSTUEL, Jus canonicum universum, vol. III, Venecia 1735, fol. 561, n. 11.

[76] Cfr. Annuario Pontificio 2000, p. 1109.

[77] Cfr. Entrevista a Mons. Nerses Der Nersessian, Ordinario para los armenios católicos de Europa Oriental, en Palabra, 361 (enero 1995), pp. 6-10.

[78] Cfr. Sagrada Congregación para la Iglesia Oriental, Decreto Cum fidelium, 14-XI-1951: AAS 44 (1952) 382-383.

[79] Cfr. Sagrada Congregación para la Iglesia Oriental, Decreto Nobilis Galliæ, 27-VII-1954: AAS 47 (1955) 612-613.

[80] Cfr. Sagrada Congregación para la Iglesia Oriental, Decreto Annis præteritis, 19-II-1959: AAS 54 (1962) 49-50.

[81] Cfr. AAS 44 (1952) 382.

[82] Cfr. AAS 54 (1962) 49.

[83] Cfr. AAS 47 (1955) 613. Sobre este particular, cfr. C. SOLER, Jurisdicción cumulativa, en Ius Canonicum, 28 (1988), pp. 166-172.

[84] Cfr. Congregación para las Iglesias Orientales, Declaración de 30-IV-1986: AAS 78 (1986) 784-786.