PONTIFICIA UNIVERSITAS SANCTAE CRUCIS

FACULTAS IURIS CANONICI

 

 

 

 

Enrique Cadelo de Isla

 

La eficacia civil de las sentencias canÓnicas de nulidad matrimonial en la UniÓn Europea:

 el Reglamento 2201/2003

 

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Thesis ad Doctorandum in Iure Canonico

totaliter edita

 

ROMAE 2005

 

ÍNDICE

Introducción

Capítulo I. La eficacia civil de las sentencias canónicas matrimoniales: principios generales

A. El matrimonio canónico desde la perspectiva de la libertad religiosa y de la laicidad del Estado

B.  La jurisdicción en materia matrimonial y la igualdad religiosa

1.  Influencia del Derecho canónico en la concepción del matrimonio en Occidente

2.  Jurisdicción de la Iglesia católica sobre el matrimonio

C.  El derecho a la tutela judicial efectiva como límite al reconocimiento de actos jurídicos eclesiásticos

1.  Procesos matrimoniales canónicos y garantías procesales

2.  Una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Capítulo II. La eficacia civil de las sentencias canónicas de nulidad matrimonial en los países de la Unión Europea

A. Los sistemas matrimoniales

B.  Situación en los Estados miembros de la Unión Europea

1.  Sistemas de matrimonio civil obligatorio

2.  Sistemas de matrimonio facultativo civil o religioso

Capítulo III. Reconocimiento civil de las sentencias matrimoniales canónicas en España, Italia, Malta y Portugal

A. España

1.  El artículo VI.2 del Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos

2.  Estudio del artículo 80 del Código Civil

3.  Procedimiento para declaración de eficacia de resoluciones canónicas

B.  Italia

1.  Evolución histórica

2.  Régimen actual

3.  Procedimiento de homologación de las sentencias canónicas

4.   Efectos patrimoniales del exequatur

5.  La reforma del derecho internacional privado

C.  Malta

1.  Evolución del sistema matrimonial maltés

2.  El Acuerdo con la Santa Sede de 1993

3.  Procedimiento para reconocer las sentencias canónicas

D. Portugal

1.  Evolución histórica de la eficacia civil del matrimonio canónico

2.  El Concordato de 2004

3.  Sistema en vigor para la eficacia civil de las sentencias eclesiásticas

Capítulo IV. El Reglamento 2201/2003 del Consejo de la Unión Europea de 27 de noviembre de 2003

A. Precedentes del Reglamento 2201/2003

1.  El Convenio de Bruselas de 1968

2.  El Convenio de Bruselas II

3.  El Reglamento 1347/2000

B.  Características generales del Reglamento (CE) 2201/2003

1.  Valor de la norma

2.  Ámbito espacial, material y temporal

3.  Rasgos básicos

4.  Modalidades de reconocimiento de las resoluciones

5.  Motivos de denegación del reconocimiento

C.  Análisis del artículo 63 del Reglamento

1.  Las resoluciones incluidas en el artículo 63

2.  El reconocimiento de las  resoluciones del artículo 63

3.  El excepcional control de Italia, España y Malta sobre las resoluciones canónicas homologadas en Portugal

4.  Valoración crítica

Conclusiones

Apéndice

Bibliografía

A.      Fuentes

1.   Eclesiásticas y concordatarias

2.  Civiles europeas

3.  Civiles españolas

4.  Civiles italianas

5.  Civiles maltesas

6.  Civiles portuguesas

B.  Autores

 

Introducción

«El cometido de la Iglesia, y su mérito histórico de proclamar y defender en todo tiempo y lugar los derechos fundamentales del hombre, no la exime —más aún, la obliga— a ser ante el mundo un speculum iustitiae»[1]. Estas palabras de Juan Pablo II, que hemos querido citar al inicio de nuestro trabajo como modestísimo homenaje a su persona, nos sirven para encuadrar el tema que trataremos. Y ello porque la eventual eficacia civil de las decisiones judiciales canónicas tendrá que ser consecuencia de la justicia intrínseca que deben reflejar tales pronunciamientos y que se proyecta más allá del ámbito eclesiástico.

Objeto de nuestro estudio es la eficacia civil de las sentencias canónicas de nulidad matrimonial en un espacio geográfico y político determinado: la Unión Europea. La importancia de un asunto que afecta a algo tan serio como es el estado civil de miles de personas —en Europa, en un solo año, han sido 8.614 las sentencias canónicas pro nullitate[2]— no necesita mayores justificaciones.

Al estudiar el argumento surgen inevitablemente una serie de interrogantes a los que intentaremos dar respuesta. Éstos se refieren fundamentalmente a la naturaleza de las sentencias canónicas, a si es posible asimilarlas a las de los tribunales civiles —nacionales o extranjeros—, al papel que juega la libertad religiosa en su reconocimiento o a las dificultades de tipo práctico que la eficacia civil de tales sentencias conlleva.

La actualidad de la cuestión que afrontamos y, consiguientemente, la caducidad a la que están llamados muchos de los estudios sobre el argumento —de la que, en gran medida, no podrá escapar tampoco este trabajo— se nos pone de manifiesto por la evolución producida desde que iniciamos esta tesis. En los pocos años de investigación sobre el tema han sido muchos los cambios políticos y legislativos que nos han obligado a una continua actualización del trabajo. La firma en Roma, el 29 de octubre de 2004, del Tratado que establece una Constitución para Europa, la sustitución del Reglamento europeo 1347/2000 por el más completo 2201/2003 con sus sucesivas modificaciones, el ingreso de diez nuevos Estados en la Unión Europea en mayo de 2004, la firma de un nuevo Concordato de la Santa Sede con Portugal, o la publicación de la instrucción Dignitas connubii, que ofrece un nuevo instrumento para los procesos canónicos de nulidad matrimonial, son algunos de esos hechos.

Muchas de las fuentes legislativas estudiadas son de reciente publicación y han sido todavía objeto de escasa atención por la doctrina. Esta observación vale, entre otras, para la nueva legislación procesal civil española, para el nuevo Concordato portugués y, especialmente, para el Reglamento europeo 2201/2003. En este sentido, también la jurisprudencia es limitada y, en lo que se refiere al citado Reglamento, hasta el momento inexistente.

Somos conscientes de que la regulación de la recepción de sentencias canónicas supone conocer bien el instituto matrimonial y para ello no basta el estudio de la legislación vigente y de la correspondiente jurisprudencia. No se puede perder de vista, sin embargo, que la esencia del matrimonio impone determinados comportamientos al legislador, ya sea civil o religioso. Por este motivo, no nos parece vano el intento de mejor comprender las disposiciones normativas al respecto, sin perder de vista que la ciencia jurídica trasciende el dato normativo.

Hemos dividido nuestro trabajo en cuatro capítulos. El primero de ellos, de carácter introductivo, lo dedicamos al estudio de los principios generales que intervienen en el reconocimiento por parte del poder civil del matrimonio religioso y, específicamente, del matrimonio canónico y de la consecuente eficacia de las resoluciones matrimoniales de los Tribunales eclesiásticos. De modo particular intentamos hacer ver cómo la libertad y la igualdad religiosas no sólo no constituyen obstáculo para ello sino que, a nuestro entender, en cierto modo lo exigen.

En los capítulos II y III ofrecemos un análisis del estado de la cuestión en los veinticinco países que constituyen la Unión Europea. Entre éstos, dedicamos una especial atención a los cuatro Estados que, por vía concordataria, atribuyen eficacia civil a las resoluciones matrimoniales canónicas. Se estudian las peculiaridades de cada uno de ellos e intentamos señalar posibles soluciones a algunas de las dificultades que se presentan.

El cuarto y último capítulo lo dedicamos al estudio del objeto de nuestro trabajo, no ya desde la perspectiva de los derechos nacionales, sino del Derecho comunitario. Es evidente la importancia, cada vez mayor, que las instituciones europeas van reconociendo a materias íntimamente relacionadas con la dimensión personal y social de sus ciudadanos, en especial en materia matrimonial.

 La deseada libre circulación de resoluciones judiciales en materia civil en el ámbito de la Unión Europea, como consecuencia del objetivo de los Estados miembros de crear un espacio de libertad, seguridad y justicia, plantea la posible extensión por vía indirecta de las sentencias canónicas homologadas en los países concordatarios al resto de la Unión. En este sentido, el texto fundamental, que analizamos y criticamos, es el Reglamento (CE) n° 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, aplicable desde el 1 de marzo de 2005.

El Reglamento 2201/2003 reviste además un particular interés por cuanto constituye una de las primeras normas comunitarias que afectan a cuestiones propias del Derecho eclesiástico. Resulta evidente que, si hasta ahora, el Derecho comunitario apenas ha tenido influencia en el ámbito del Derecho eclesiástico, éste ya no podrá seguir desarrollándose al margen de la normativa europea, cuya relevancia en el futuro no es fácil de prever.

No puedo acabar estas líneas de introducción sin agradecer al Profesor Dr. D. José T. Martín de Agar, bajo cuya dirección se ha realizado este trabajo, sus oportunos consejos y su solícita disponibilidad. Quedo igualmente agradecido a D. Juan José Silvestre que, demostrando una fina formación jurídica, se ha interesado desde el inicio en este estudio. A todos los profesores de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, mi sincero agradecimiento.

 

Capítulo I. La eficacia civil de las sentencias canónicas matrimoniales: principios generales

A. El matrimonio canónico desde la perspectiva de la libertad religiosa y de la laicidad del Estado

Tratar de la eficacia civil de las sentencias canónicas de nulidad matrimonial significa ocuparse, en primer lugar, de la eficacia civil del matrimonio canónico y, más en general, del matrimonio religioso. Esto es lo que intentaremos hacer en este apartado, desde la perspectiva de dos pilares de la sociedad occidental: uno absoluto, la libertad religiosa, y reconocido al menos en teoría en todas las democracias contemporáneas; y otro, la laicidad del Estado, ampliamente aceptado como concreción de aquélla, que supone la autonomía del Estado frente al poder religioso, y dentro de la cual todos los ciudadanos gozan de los mismos derechos con independencia de su credo religioso.

Este modo de afrontar el argumento se debe a que no podemos ignorar que la religión y las creencias ocupan un lugar relevante, tantas veces decisivo, en las opiniones personales sobre el matrimonio y la estructuración de la vida familiar. Resulta así inevitable que, cuando una persona decide ejercer su derecho a contraer matrimonio, lo entienda en el contexto de la propia religión que, en la mayoría de los casos, habrá previsto un rito sagrado para el momento constitutivo; y, más aún, si existe un Derecho sustantivo de la propia confesión religiosa que regula esa institución.

«La garantía del derecho a expresar públicamente y en todos los ámbitos de la vida civil las propias convicciones religiosas constituye un elemento indispensable de la pacífica convivencia entre los hombres»[3]. La libertad religiosa se presenta así como el derecho del hombre a ponerse en relación con Dios según los dictados de la propia conciencia, que tiene también unas manifestaciones externas, sociales y comunitarias, que deben ser protegidas por el poder civil sin más límites que los imprescindibles para salvaguardar el bien común. Pero esa limitación de orden público no puede significar que quede al arbitrio de los Estados, ya que la ley positiva no puede limitar un derecho que se basa en la dignidad misma de la persona humana[4] si no es para proteger el mismo derecho u otro de par importancia.

La libertad religiosa, entendida como un derecho fundamental y un derecho humano, recibe una formulación concreta en las declaraciones y en las convenciones internacionales de derechos de la persona. Baste citar como ejemplos la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU de 1948, el Convenio de Roma de 1950 o la más reciente Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 2000[5]. Especialmente significativa resulta la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y no discriminación fundadas en la religión o las convicciones, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de noviembre de 1981. En este documento se especifican detalladamente algunas consecuencias positivas de este derecho fundamental, teniendo en cuenta no sólo su dimensión individual sino también sus manifestaciones colectivas[6]. Pero en ningún lugar como en la declaración Dignitatis Humanae del Concilio Vaticano II encontramos una tan clara determinación del fundamento y del contenido de dicha libertad. Se trata de un documento, redactado sí desde la doctrina católica, pero con unos postulados que, al menos en su formulación teórica, han sido aceptados por la entera sociedad occidental.

Constituye así la libertad religiosa una de las bases de las actuales sociedades democráticas que implica para cada hombre, además del derecho de adherir o no a una fe determinada y a la correspondiente comunidad confesional, una serie de libertades específicas relativas al cumplimiento de los actos de oración y de culto, a la educación de los hijos, a la atención espiritual en los centros de especial sujeción —cárceles, estructuras sanitarias, fuerzas armadas...—, a la inmunidad de imposiciones en contraste con las propias convicciones religiosas, y a la no discriminación respecto a los demás ciudadanos.

No puede limitarse el respeto de esta libertad por parte del Estado a la simple tolerancia. Su reconocimiento implica una valoración positiva de la dimensión religiosa de la persona: sólo así «se está en condiciones de captar el primado de la libertad religiosa y su fuerza expansiva, al servicio de la cual los demás criterios (neutralidad, laicidad, igualdad) que caracterizan la actividad del Estado, no tienen otro sentido que el de garantizar a todos su más amplio y efectivo ejercicio»[7].

La mayor o menor apreciación del factor religioso por parte del Estado implicará una mayor o menor garantía y posibilidad de ejercer la libertad religiosa que, en el caso del matrimonio, se concretará en tres posibles actitudes frente al matrimonio religioso: el desconocimiento de cualquier tipo de matrimonio confesional, en los Estados poco garantistas, a nuestro entender, de dicha libertad; su reconocimiento, cuando cumpla ciertas condiciones, sólo como forma de celebración; o, donde exista una concepción de la libertad religiosa que no sea de simple tolerancia sino de verdadero derecho fundamental, la consideración del matrimonio religioso, cuando —como es el caso, por ejemplo, del matrimonio canónico— sea una institución regulada por un ordenamiento jurídico distinto, autónomo y soberano que respete el orden público interno, como tal tipo de matrimonio, diferente del civil. La negación absoluta de la libertad religiosa en este campo llevaría a la prohibición, incluso con leyes penales, de las formas religiosas de celebración del matrimonio que no sean contrarias al orden público.

Lo que acabamos de decir nos remite a la cuestión de los sistemas matrimoniales, de la que trataremos en el siguiente capítulo respecto a los Estados de la Unión Europea. En la adopción del correspondiente sistema, el Estado debe compaginar, de una parte, la propia competencia para regular la institución matrimonial y sus efectos y, de otra, el respeto de la libertad religiosa y su ejercicio por parte de los ciudadanos, tanto individual como colectivamente. Un sistema en el que por principio se prohíbe el matrimonio religioso es claro que no respeta el derecho fundamental de libertad religiosa, como tampoco lo respetaría el que obligara a todos sus súbditos a casarse con ceremonia religiosa.

Si una manifestación de la libertad religiosa es el derecho a contraer matrimonio religioso, consecuentemente lo será también el poder acudir posteriormente a los Tribunales confesionales, caso de que existan, para solventar los eventuales problemas de crisis matrimonial. Puede sostenerse que eso no significa necesariamente que haya de otorgarse eficacia civil a ese matrimonio y a la decisiones de esos Tribunales al respecto[8]. Sin embargo, no hacerlo así, supone a nuestro parecer vaciar de contenido ese derecho al obligar al ciudadano a contraer un tipo de matrimonio, el regulado por el Estado, que puede no ser conforme a su conciencia. Es decir, no bastaría un reconocimiento del matrimonio religioso como simple celebración religiosa del único matrimonio civil. Para que un sistema matrimonial respete plenamente la libertad religiosa, nos parece necesario que los matrimonios religiosos de las confesiones que posean un derecho matrimonial propio (concretamente el matrimonio canónico) se consideren como clase de matrimonio y no como forma de celebración, siempre dentro de los límites del orden público[9]. «Es un hecho que hay confesiones, como la Iglesia católica, que tienen un Derecho matrimonial sustantivo, y en estos supuestos la coherencia jurídica parece exigir que no sólo debe tener efectos civiles la simple forma ritual, sino también el derecho material que sigue a esa forma, salvando siempre el orden público»[10].

El otro principio al que hacíamos referencia, la laicidad del Estado, hay que entenderlo en su justo contenido. No se trata de un límite de la libertad religiosa —que, hemos dicho, es un valor absoluto y primario— sino más bien al contrario: encuentra su límite natural en el respeto de aquella libertad. El Estado laico no es un Estado confesionalmente ateo o agnóstico, sino aquél que no se atribuye más competencias en materia de religión que el reconocimiento, garantía y promoción de la libertad religiosa de los ciudadanos y de las confesiones. Vaciar de contenido religioso el matrimonio, considerándolo exclusivamente como contrato civil, no es propio de un Estado laico y por tanto incompetente en materia religiosa, sino de un Estado que ha hecho del laicismo su propia religión[11].

La aconfesionalidad del Estado no puede implicar que las creencias y sentimientos religiosos de la sociedad no sean objeto de protección. «La laicidad, en suma, se actúa cuando existe el sereno y pacífico reconocimiento por parte del Estado de la decisiva y peculiar aportación social que supone el complejo de valores espirituales, éticos y culturales que genera el factor religioso en orden al bien común de toda la sociedad»[12]. No se opone por tanto este principio —y a nuestro modo de ver la reclama— a la eficacia civil del matrimonio religioso, siempre limitado por el orden público, y la consiguiente concesión de efectos civiles a las sentencias que al respecto puedan emitir los Tribunales eclesiásticos.

Desde otra perspectiva, tal eficacia puede ser también considerada como consecuencia del ius connubii, entendido como derecho fundamental de la persona a contraer matrimonio y formar una familia. Se trata de un derecho de carácter universal, basado en la misma naturaleza humana, que debe necesariamente ser reconocido por la sociedad civil y religiosa y sólo puede ser limitado por la defensa de un bien superior. Implicaría el derecho a contraer el matrimonio tal como la propia fe lo concibe y, como consecuencia, el reconocimiento de ese matrimonio por parte del Estado[13].

B.  La jurisdicción en materia matrimonial y la igualdad religiosa

Reconocer efectos civiles a las sentencias matrimoniales eclesiásticas supone, de algún modo, aceptar la jurisdicción de la Iglesia católica sobre el matrimonio canónico. Podría objetarse que ello significa una renuncia del Estado a sus propias competencias y que, además, se violaría el principio de igualdad religiosa si no se reconocieran igualmente todas las decisiones matrimoniales de las distintas confesiones religiosas, lo cual aparece como irrealizable por lesivo de la seguridad jurídica.

En los sistemas únicos de matrimonio civil obligatorio se aduce que, ante la imposibilidad de reconocer todos los matrimonios religiosos, es preferible, en favor de la seguridad jurídica y la neutralidad estatal y de la igualdad y no discriminación de los ciudadanos,  negar toda eficacia a cualquier matrimonio religioso y consecuentemente a las decisiones de las autoridades religiosas al respecto. Se trata, a nuestro modo de ver, de la lógica infantil del “o jugamos todos o pinchamos la pelota” que, cuando se trata de reconocimiento y ejercicio de derechos, no tiene aplicación. No pueden limitarse derechos porque haya quienes no los vean reconocidos, tal vez porque no lo necesitan ni lo piden: habrá de procurarse más bien que todos puedan gozar de esos derechos y libertades, aunque suponga un mayor esfuerzo de discernimiento y comprobación, por parte del Estado, de que en cada caso no se conculcan los principios de orden público. Resulta paradójico que, precisamente en los Estados donde se restringe la posibilidad del matrimonio religioso civilmente válido, haya una tendencia a equiparar en cuanto a sus efectos jurídicos otro tipo de uniones no matrimoniales.

Además, es necesario entender en su justo sentido la igualdad religiosa, que no puede ser nunca uniformidad[14]. Esa igualdad implica, por una lado, la irrelevancia del factor religioso en la consideración por parte del Estado de los derechos civiles y políticos de cada individuo y, por otro, la igual libertad para todas las confesiones religiosas. La concesión de iguales derechos y libertades a los ciudadanos y a las confesiones religiosas significa la no discriminación —por razones religiosas, se entiende— de tales sujetos; es decir, que la desigualdad no sólo no puede estar justificada en razón de opciones confesionales, sino que debe estar debidamente motivada[15].

Exige la justicia que, situaciones de hecho diferentes, sean tratadas de modo diferente, más aún cuando esa diferencia es fruto del ejercicio de la libertad[16]. Como recordaba, a principios del siglo pasado, uno de los grandes eclesiasticistas italianos[17], a menudo crítico con el derecho de la Iglesia, el verdadero principio de igualdad no suena: a cada uno lo mismo, sino a cada uno lo suyo. Y es un hecho que las confesiones religiosas difieren mucho entre sí en cuanto a su naturaleza —entitativa, organizativa, de preceptos morales...— y en cuanto a sus pretensiones frente al Estado[18]. En el caso que nos ocupa, la distinta consideración del matrimonio y de la jurisdicción que cada confesión pretenda tener sobre él, es un dato que no puede no tenerse en cuenta.

Desde esta óptica, la concesión de efectos civiles a las decisiones matrimoniales canónicas no supone una discriminación respecto a la consideración de otros matrimonios religiosos como simple modalidad del matrimonio civil. Discriminatorio podría ser, en cambio, que un católico, que en conciencia acude a los propios tribunales eclesiásticos para que juzguen sobre la nulidad de su matrimonio, no vea reconocida la decisión en ámbito civil, frente a un luterano, cuya religión le lleva a someter a los poderes del Estado sus conflictos matrimoniales y cuyas decisiones tendrán por tanto una eficacia inmediata.

Tratamos a continuación de dos realidades que, sin prejuzgar la posibilidad de que el Estado conceda eficacia a las decisiones matrimoniales de otros tribunales religiosos no católicos, pueden justificar, a nuestro parecer, la concesión de efectos civiles a las sentencias canónicas: la influencia del Derecho canónico en la concepción del matrimonio en Occidente y la jurisdicción que la Iglesia, como poseedora de un verdadero ordenamiento jurídico autónomo, reclama sobre el matrimonio de los católicos. Otros datos que colocan a la Iglesia católica en una situación peculiar, respecto a otras iglesias o confesiones, son el número de sus fieles, su vasta organización y extensión universal, su especial arraigo en algunas naciones y la personalidad jurídica internacional de su órgano supremo, la Santa Sede. La posibilidad de reconocimiento civil de pronunciamientos matrimoniales de otro tipo de tribunales religiosos requeriría un estudio de la doctrina, los procesos, las garantías, etcétera, de cada concreta confesión, en el que no nos podemos adentrar pues nos llevaría demasiado lejos del objeto del presente estudio.

 

1.  Influencia del Derecho canónico en la concepción del matrimonio en Occidente

Al desarrollar el enunciado de este epígrafe no pretendemos sino mostrar una realidad que no debe ser olvidada, al margen de la valoración que de ella se haga, y que necesariamente debe influir en la actitud actual de la comunidad civil frente al matrimonio canónico. «Nuestra sociedad se funda sobre el reconocimiento de los derechos del individuo, pero también sobre la defensa de un conjunto de valores, tradiciones, memorias e instituciones que la transforman en lo que es. La defensa de estos valores justifica la razonabilidad de no otorgar idéntico tratamiento jurídico a  situaciones desiguales»[19].

Probablemente es el derecho matrimonial el ámbito dónde se hace más evidente la influencia del Derecho canónico en los ordenamientos occidentales. Es ésta una consecuencia de la historia y, sobre todo, de que el matrimonio que propone la Iglesia no es una institución eclesiástica, ni un producto religioso elaborado ab intra, sino que tiene una vocación universal como manifestación de la unión conyugal según la verdad de la naturaleza humana.

Desde los siglos XI y XII, para la mayoría de las materias matrimoniales era determinante, al menos en Occidente, el Derecho canónico. Al mismo tiempo se había desarrollado un entero sistema de derecho matrimonial propio de la Iglesia, así como una jurisdicción eclesial en las causas matrimoniales, ambos sustancialmente aceptados por el poder civil, que verá en ello un refuerzo institucional para restablecer el orden en Europa después del desorden del primer milenio. El modelo matrimonial presentado por los textos legales se impondrá, en sus líneas generales, en las costumbres, delineando un tipo de familia que asumirá gran parte de las funciones de base[20]. El panorama comenzará a cambiar a partir de la nueva visión del matrimonio y de la Iglesia aportada por Lutero, y de su asentamiento en los países que apoyan las ideas reformadoras. Pero, para entonces, las decretales de los papas y la obra de los canonistas medioevales habían construido ya una completa doctrina jurídica matrimonial que marcaría profundamente la legislación de aquellos países donde el matrimonio pasaba a ser contemplado como institución civil[21].

Es así como se reconocen en los matrimonios occidentales una serie de elementos comunes, que son influencia del matrimonio cristiano. Nos referimos, por ejemplo, al vínculo monogámico que, aunque no puede considerarse stricto sensu una aportación del Derecho canónico, sí lo será en cuanto a la tipificación del delito de bigamia orientada a garantizar la unidad como elemento esencial del matrimonio. O a la heterosexualidad que, aunque no exigida legalmente en algunas naciones, continúa siendo parte del concepto tradicional de matrimonio entendido como la unión conyugal entre un hombre y una mujer, como se observa en el fondo incluso en las legislaciones que han equiparado los efectos jurídicos de las uniones homosexuales y el matrimonio.  O a la formalización del momento constitutivo, que, desde el Concilio de Trento, es una de las constantes del derecho matrimonial europeo-americano. Así mismo, la indisolubilidad, por alguno considerada como auténtico «redescubrimiento»[22] cristiano, se refleja en el elemento natural de perdurabilidad de todo matrimonio. Una notable influencia del Derecho canónico se percibe igualmente en la trascendencia del consentimiento de las partes y en la consiguiente configuración de sus vicios, así como en la capacidad para contraer matrimonio y la regulación de los impedimentos matrimoniales. Podríamos todavía añadir otros elementos que manifiestan esa influencia: ser objeto de consideración por parte del Derecho, dando lugar a una serie de derechos y obligaciones, ser el núcleo que genera el grupo familiar, etc.

Es innegable que se está produciendo un progresivo distanciamiento entre las legislaciones matrimoniales de muchos países occidentales y la concepción del matrimonio propia del cristianismo y del Derecho canónico. Pero, aparte el hecho de que muchas de esas leyes no responden a una realidad social sino a una concesión de los Estados frente a determinados grupos de presión, existen también señales de una tendencia contraria en otros países y, en cualquier caso, no impide que se perciba el aroma del Derecho canónico en las construcciones matrimoniales occidentales.

Una consecuencia importante de lo señalado es, a nuestro modo de ver, que en líneas generales no será admisible la excepción de orden público, entendido como el conjunto de reglas básicas y fundamentales sobre las que se articula el ordenamiento positivo, frente a las decisiones matrimoniales de los Tribunales canónicos pues, aunque no exista identidad normativa, el sustrato informador es común.

2.  Jurisdicción de la Iglesia católica sobre el matrimonio

Podría pensarse que la Iglesia no tenga una competencia directa sobre la regulación social y jurídica del matrimonio sino sólo sobre sus aspectos religiosos, litúrgicos y sacramentales. Hay que tener en cuenta que, en la doctrina católica, el matrimonio ocupa un lugar singularísimo entre los demás sacramentos[23]: mientras éstos fueron instituidos por Cristo de un modo completo, la alianza matrimonial, ya existente como realidad natural, «fue elevada por Cristo Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados»[24].

La institución social y jurídica del matrimonio es elevada, pues, en su totalidad a la categoría de sacramento, de modo que éste no es un accidente que perfecciona o completa el contrato, no es una realidad extrínseca[25]. Al contrario, el acto jurídico válido está intrínsecamente inserido en el sacramento: es el propio sacramento. Así se entiende el significado del canon 1055 §2: «entre bautizados no puede haber contrato matrimonial válido que no sea por eso mismo sacramento».

De ahí se desprende, por un lado, la importancia que la regulación puramente jurídica del contrato tiene para la existencia del sacramento, y, por otro, la imposibilidad de afirmar que al Estado compete el contrato y a la Iglesia sólo la ceremonia religiosa. Por ser el contrato válido, de por sí, un sacramento, compete a la Iglesia ipso iure, la regulación del propio contrato.

Este principio trae consigo las siguientes consecuencias para la Iglesia católica:

a) El matrimonio meramente civil entre bautizados no es considerado por el Derecho canónico como matrimonio válido.

b) Las segundas nupcias, tras el divorcio civil —de no mediar declaración canónica de nulidad de la primera unión— son consideradas inválidas por la ley eclesiástica.

c) La Iglesia no puede reconocer el derecho del Estado para anular un vínculo matrimonial canónico entre bautizados.

La Iglesia, por tanto, reclama para sí la competencia sobre el matrimonio dentro de los márgenes señalados y exige del Estado el debido respeto a su jurisdicción, al mismo tiempo que reconoce y acepta los derechos del Estado en su propio orden. La pretensión de la Iglesia no es, pues, obtener un superfluo reconocimiento de su forma de celebración del matrimonio, sino ver asegurado para sus fieles, en el ordenamiento secular, el propio régimen sustancial del matrimonio y, donde ello no sea posible, conseguir para ellos un régimen civil de matrimonio que, en sus líneas fundamentales, se aleje lo menos posible del suyo[26].

C.  El derecho a la tutela judicial efectiva como límite al reconocimiento de actos jurídicos eclesiásticos

La inviolabilidad del derecho a la defensa en cualquier estado y grado del procedimiento, como manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva, constituye uno de los principios procesales básicos del Estado de Derecho. Se trata de uno de los principios jurídico-naturales[27] o necesarios del proceso, estrechamente ligado al principio de audiencia, es decir, aquél que exige otorgar al sujeto jurídico la posibilidad de actuar, dentro del proceso de que se trate, en defensa de sus derechos e intereses legítimos, ya sea personalmente o por medio de un defensor[28].

Es frecuente que las constituciones de los Estados democráticos enuncien la inviolabilidad del derecho de defensa. Tal derecho viene también reconocido en las declaraciones internacionales de derechos y, por citar un ejemplo reciente, en la naciente Constitución europea[29].

La importancia de estos principios para garantizar la justicia lleva a que los Estados occidentales exijan habitualmente, para el reconocimiento de resoluciones judiciales procedentes de otros ordenamientos jurídicos, la certeza moral de que no han sido violados en el relativo proceso. Nótese que lo que habitualmente se requiere, en el llamado juicio de exequatur, no es una identidad normativa, ni sustancial ni procesal, sino la garantía de que no se han violado las exigencias del derecho a un proceso justo.

Un buen ejemplo de lo que acabamos de señalar lo encontramos en el Reglamento europeo 2201/2003, que será objeto de atención en el capítulo IV de este trabajo. Entre los motivos de denegación del reconocimiento de resoluciones en materia de divorcio, separación judicial o nulidad matrimonial, en el ámbito de la Unión Europea, se recoge la violación del derecho de defensa[30].

Esta exigencia se extiende al reconocimiento por parte del Estado de resoluciones eclesiásticas, en los países donde se contempla esa posibilidad. Es lógico que sea así, pues el respeto de tal derecho señala un límite de orden público a ese reconocimiento. En esto, además, coinciden orden público civil y eclesiástico. Describiremos brevemente a continuación cómo se desarrollan los procesos canónicos de nulidad matrimonial, para constatar cómo se asegura el respeto de la tutela jurisdiccional.

1.  Procesos matrimoniales canónicos y garantías procesales

Las causas canónicas para declarar la nulidad de un matrimonio son procesos de naturaleza judicial, regulados en el Libro VII, Parte III, Título I del Código de Derecho Canónico de 1983 (De processibus matrimonialibus), que pueden revestir dos formas: el proceso declarativo de nulidad y el proceso documental. El 25 de enero de 2005, el Pontificio Consejo para los Textos Legislativos ha emanado la instrucción Dignitas connubii, que presenta de forma unitaria todo lo referente a los procesos canónicos de nulidad matrimonial, integrando interpretaciones auténticas, aclaraciones y ulteriores disposiciones.

El proceso declarativo de nulidad de matrimonio es un proceso especial, que sigue las reglas del proceso contencioso ordinario con las especialidades señaladas en los cánones 1671 a 1691 del CIC[31]. La opción del legislador por este tipo de proceso se debe a que es el contencioso ordinario el que ofrece mayores garantías de justicia.

La búsqueda de la verdad objetiva sobre la validez o nulidad de una unión matrimonial debe satisfacer dos objetivos: consentir la defensa y discusión de los argumentos a favor y en contra de la nulidad, así como la recogida de pruebas en un sentido y otro; y asignar la tarea de juzgar a un juez imparcial. Estos dos requisitos son precisamente los del proceso judicial. En el caso de los procesos de nulidad matrimonial se ha introducido una figura específica para mantener esas características: el defensor del vínculo, a quien corresponde aportar cuanto se pueda aducir a favor de la validez del vínculo conyugal. Se garantiza así, incluso en los casos en que ambos cónyuges coinciden en afirmar que su matrimonio fue nulo, que se mantenga el contradictorio procesal.

Se trata de un proceso plenario porque el debate entre las partes, las solemnidades de las actuaciones y las pruebas, son plenas, no existiendo el carácter concentrado y expeditivo de los procesos documental y oral, que son en este sentido sumarios. Está regido por el  principio de escritura y despliega su actividad procesal a lo largo de un tiempo que, en primera instancia no debería exceder de un año y, en segunda, de seis meses.

El proceso se desarrolla en las siguientes fases: fase instructoria, fase probatoria, fase discusoria y fase decisoria.

La demanda[32], es decir, la súplica que el actor hace al juez para que éste ampare su derecho, da inicio a la fase instructoria que se extiende hasta la litiscontestatio, que se produce cuando, mediante decreto del juez, quedan fijados los límites de la controversia, esto es, los capítulos de nulidad que han de ser tratados en el proceso. Se caracteriza esta fase por el predominio de los actos procesales de parte de naturaleza declarativa (alegaciones de hecho y razones jurídicas) y pretensiones o peticiones que configuran el contenido objetivo del proceso. Termina esta primera fase con la fijación del dubium, que precisa el contenido del juicio.

El período probatorio está destinado a la proposición y la práctica de los diversos medios de prueba dirigidos a llevar al tribunal al convencimiento y veracidad de los hechos alegados en la fase anterior. Es a través de los medios de prueba admitidos en las causas matrimoniales, como son las declaraciones de las partes y de los testigos, los documentos, las pericias y las presunciones, que el juez puede alcanzar la certeza necesaria para decidir sobre la causa.

Durante la fase discusoria, las partes o sus abogados exponen ordenadamente ante el juez el valor que les merece la prueba practicada, con el fin de fundar sus defensas in iure et in facto, a la vez que refutan las alegaciones o fundamentos jurídicos de la parte contraria.

El proceso termina normalmente por la sentencia, que es el pronunciamiento legítimo en virtud del cual el juez resuelve la causa propuesta por los litigantes y tratada judicialmente. Se exige certeza moral en el ánimo del juez para que pueda declarar la nulidad del matrimonio. Cuando después de un diligente examen de la causa, el juez no ha podido conseguir esa certeza, debe declarar que no consta la nulidad del matrimonio[33].

El principio de legalidad se muestra especialmente exigente con la sentencia[34], acto procesal de capital importancia y de graves consecuencias que, por estas razones, se ve sometida a severos controles garantizadores de que se acomoda, externa e internamente, a las prescripciones de la ley. De ahí que el proceso pueda volverse a examinar total o parcialmente por causas diversas (fase impugnatoria).

Una especial consideración merece el sistema de apelación en las causas matrimoniales canónicas que, al diferir sustancialmente de los ordenamientos estatales, podría producir alguna perplejidad. Y es que, para que los cónyuges queden libres de contraer nuevo matrimonio, se requieren dos pronunciamientos conformes, es decir, que dos tribunales de distinto grado declaren la nulidad de su matrimonio basándose en las mismas causas[35]. Por este motivo, el derecho establece la apelación automática de toda primera sentencia afirmativa de nulidad al tribunal de grado superior[36]. Se trata de una ulterior garantía —que no se exige en los ordenamientos civiles— en la búsqueda de la verdad objetiva. Tal sistema reserva al tribunal de apelación la posibilidad de confirmar mediante decreto motivado, sin demora y sin repetir la fase instructoria, la sentencia de primer grado, o bien admitir la causa para que sea examinada con trámite ordinario de apelación en la nueva instancia[37]. Las dificultades pueden proceder de la primera posibilidad, por cuanto la confirmación de la sentencia de primera instancia mediante decreto excluye todos los actos procesales propios de la instructoria, incluidos los interrogatorios de las partes, aun cuando haya apelado también la parte que se considera perjudicada.

En primer lugar hay que recordar que la mente del legislador, al introducir esa posibilidad, va dirigida a garantizar al fiel una más rápida, y por consiguiente más justa, tutela jurisdiccional. Por otro lado, la parte demandada —única que podría considerarse lesionada por el eventual decreto que confirma la nulidad afirmada en la instancia precedente— ha podido también apelar comunicando al juez ad quem los motivos de la apelación y todo aquello que se considere oportuno, incluida la petición de nuevos interrogatorios, la indicación de nuevos testigos, o la presentación de nuevas pruebas documentales. Ha tenido también la posibilidad de elevar la causa al tribunal de la Rota Romana[38]. En esta situación, si el juez de segundo grado opta por el decreto de confirmación sin la adecuada valoración de las observaciones de las partes y de las del defensor del vínculo, su pronunciamiento —asimilable a una sentencia— adolecería del vicio de nulidad insanable del canon 1627, 7º por negación del derecho a la defensa. En cualquier caso, conserva la parte que se considere perjudicada la posibilidad de la nova causae propositio[39].

Por todo lo dicho, coincidimos con Gherro en que en el proceso matrimonial canónico al pronunciamiento de primer grado se suma el de un juez diverso,  que tiene, respecto al otro, absoluta autonomía de juicio; que vuelve a examinar el caso y que debe valorar la sentencia previa haciendo, de algún modo, referencia a las reiteradas argumentaciones defensivas de las partes o de sus patronos. La fase de la apelación canónica puede por tanto considerarse informada por disposiciones que reflejan principios de efectivo garantismo y concretan el respeto de la tutela jurisdiccional mediante medios diversos de los del proceso civil, pero no por características de orden cualitativo[40].

Las solemnidades del proceso ordinario, que acabamos de resumir, pueden simplificarse cuando «por un documento al que no pueda oponerse ninguna objeción ni excepción consta con certeza la existencia de un impedimento dirimente o el defecto de forma legítima, con tal de que conste con igual certeza que no se concedió la dispensa, o que el procurador carece de mandato válido»[41]. Se trata del llamado proceso documental, de naturaleza especial y sumaria, en el que la cognitio veri sobre el objeto litigioso se limita a la apreciación de la causa de nulidad alegada y documentalmente probada, pues en el caso de que no se logre tal acreditamiento, el juez habrá de disponer que la causa siga el trámite legal ordinario para el proceso de nulidad matrimonial, absteniéndose, por tanto, de resolver sobre el objeto del proceso[42].

No hay que confundir las solemnidades del procedimiento con la exigencia ineludible de que haya de nacer la relación procesal con la demanda y sucesiva citación de las partes y el defensor del vínculo ante el juez, a efectos de ofrecerles no sólo información de lo pedido, sino posibilidades de oponerse formulando las objeciones y  excepciones que estimen pueden afectar al documento representativo de la causa de nulidad alegada. Existe por tanto un contradictorio procesal en el que no sólo cabe oponerse en la comparecencia con objeciones a la certeza que ofrezca el documento, sino también con excepciones, tanto procesales como perentorias, que puedan afectar al documento mismo[43].

Podemos concluir que con la promulgación de Código de Derecho Canónico de 1983, la Iglesia ha introducido en su ordenamiento algunas reglas que son propias de un Estado moderno constitucional y democrático en la administración de la justicia. La intención de promover una mayor protección de los derechos y una mayor seriedad de la actividad judicial lo demuestran algunas novedades del Código del 83: la exigencia para el Vicario judicial, para los Vicarios judiciales adjuntos y para los defensores del vínculo y promotores de justicia, además de otras cualidades, del doctorado o al menos la licenciatura en Derecho canónico[44]; la desaparición de la norma según la cual las sentencias de la Signatura Apostólica podían no expresar los motivos[45]; la introducción de normas para algunas causas que no se contemplaban en el Código anterior, etc. Es principalmente el análisis de las mismas normas procesales el que revela la voluntad expresada en ellas de que los derechos de los fieles y el bien público sean tutelados con la debida seriedad[46].

En efecto, se modificaron numerosas disposiciones que podían dificultar la tutela procesal de las partes. El actual Código impone notificar a la parte demandada el escrito que contiene el objeto de la controversia, la indicación del juez, la norma sobre la que se basa la controversia, los hechos alegados y las pruebas presentadas. La parte en causa podrá contar con la presencia del propio defensor de confianza, ya que en líneas generales los patronos tendrán el derecho de asistir al examen de las partes, de los testigos y de los peritos, así como a conocer las actas judiciales, aun cuando no estén publicadas, y a examinar los documentos presentados por las partes[47]. Sobre los testigos[48], no se establecen más limitaciones que las exigidas por la justicia[49] o por la necesidad de respetar principios superiores que se sitúan en el ámbito de la libertad de conciencia y de su tutela[50].

2.  Una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Aunque nos estemos moviendo todavía en el ámbito de los principios generales, nos parece necesario hacer ahora referencia a la sentencia, de 20 de julio de 2001, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la causa 30882/96 Pellegrini contra Italia[51], por cuanto pueda contradecir lo afirmado sobre la tutela del derecho de defensa en el proceso matrimonial canónico.

En dicha sentencia, el Tribunal de Estrasburgo condena al Estado italiano a una indemnización por el daño moral sufrido por la parte actora, como consecuencia del exequátur de la doble sentencia canónica de nulidad a la que se llegó por un proceso documental canónico en el que se habría violado el derecho a un proceso justo.

Según la Corte europea, los tribunales italianos están obligados a comprobar que los tribunales eclesiásticos hayan observado las exigencias del derecho a un proceso justo, que derivan del artículo 6 §1 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (Roma, 4 de noviembre de 1950)[52]: unir el escrito de demanda a la citación de la parte demandada, informar del derecho a ser asistido por un abogado antes de llamar a la parte demandada a declarar ante el tribunal, dar a conocer todas las pruebas presentadas por la otra parte (en este caso, las declaraciones de tres testigos presentados en primera instancia por la parte actora) y el parecer del defensor del vínculo.

Es irrelevante, según la sentencia, que la causa de nulidad del matrimonio proceda de un hecho objetivo y no refutado por la parte demandada, ya que ésta no se hubiera podido oponer en cualquier caso. Corresponde sólo a las partes en causa decidir si una declaración de la otra parte o de los testigos merezca ser rebatida. La confianza de las partes en los tribunales exige, entre otras cosas, que les sea asegurada la posibilidad de manifestar su parecer sobre todos los actos de la causa.

No basta, continúa el Tribunal, que el ordenamiento canónico conceda el derecho de ser asistido por un abogado en el proceso documental; la parte demandada debería haber sido informada, ya que los tribunales eclesiásticos podían presumir que no conocía ese derecho. La parte demandada debía haber sido informada de tal derecho y del objeto del contencioso en el momento de la citación, antes de la declaración de tal parte ante el tribunal.

Todas estas circunstancias, concluye la Corte de Estrasburgo, son exigidas por el derecho al proceso justo y, en cambio, no han sido suficientemente consideradas por los tribunales italianos que, al homologar la sentencia canónica, han violado el artículo 6 §1 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales.

Para un análisis y rigurosa crítica de esta sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, nos remitimos al comentario de J. Llobell[53], del que proceden la mayoría de las ideas que procuraremos resumir a continuación, así como al volumen de actas de la jornada de estudio celebrada en Roma en abril de 2002 sobre el principio del contradictorio[54].

Al margen de la perplejidad que podría producir la sentencia en cuanto interferencia indebida en las relaciones bilaterales entre el Estado italiano y la Iglesia[55], el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al afirmar la violación del derecho a un proceso justo, ha aplicado de un modo formalista principios que no son propios del proceso documental canónico. No ha considerado la naturaleza peculiar de ese proceso, que tiene un objeto procesal limitado a la constatación documental de la nulidad del matrimonio en pocos casos bien precisos y constatables documentalmente. Como ha señalado Finocchiaro, la Corte ha privilegiado un aspecto meramente formal del instituto del contradictorio[56].

 Se basa el Tribunal en el artículo 6 §1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en el que, sin embargo, no se concreta, como parece entender la Corte, la presencia necesaria del abogado ni la obligación de informar a la parte sobre su derecho a servirse de él —derecho que conservó la parte recurrente en todo momento—. Sí que concreta, en cambio, el citado artículo la necesidad de que la causa sea examinada «en un plazo razonable»: en el caso que nos ocupa, el juicio eclesiástico (en sus dos grados) se ha concluido en poco más de cinco meses, mientras que el juicio italiano de exequátur (también en dos grados) y el llevado a cabo ante el Tribunal Europeo (en un único grado) se han llevado a cabo, cada uno, durante más de cinco años.

Aparece como un poco forzado afirmar que la falta formal en la citación canónica de la declaración del derecho a servirse de un abogado haya comprometido irremediablemente el derecho de defensa de la recurrente. Aun cuando pudiera ser deseable que los tribunales eclesiásticos informen a ambas partes de su derecho a un abogado, hay que tener en cuenta que la mera diferencia de regulación procesal no puede ser un obstáculo al exequátur si no consta una violación del derecho de defensa en sus aspectos y requisitos esenciales.

No ha tenido en cuenta además el Tribunal la reciente normativa europea. Nos referimos al Reglamento 1347/2000, en vigor en la fecha de publicación de la sentencia, que ha sido sustituido por el Reglamento 2201/2003 que analizaremos en el capítulo IV. Se establecía en aquél la necesidad de respetar los Tratados internacionales firmados con la Santa Sede y se incluyen, como tendremos ocasión de ver, entre las decisiones matrimoniales que tendrán eficacia en los demás países europeos, las sentencias canónicas de nulidad homologadas civilmente. No existe en dichos Reglamentos ninguna referencia a las garantías de defensa tal como las ha concretado el Tribunal entre los motivos para denegar el reconocimiento de resoluciones[57].

Se hacía por tanto necesario profundizar en la naturaleza y peculiaridades del proceso documental canónico[58], cuya resolución puede ser sólo a favor de la nulidad pues, como hemos dicho, si el documento no provoca la evidencia en el ánimo del juez, éste debe abstenerse de juzgar y enviar la causa al examen ordinario al tribunal de primera instancia, el cual deberá aplicar todas las formalidades procesales. La ley canónica limita por tanto el  objeto del proceso y simplifica las formalidades, respetando el contradictorio que queda limitado al objeto típico de este proceso: la existencia del documento por el que consta con certeza la causa de nulidad que, en el caso que dio lugar a la sentencia que comentamos, fue plenamente confirmado por las partes (impedimento de consanguinidad y ausencia de dispensa).

 

Capítulo II. La eficacia civil de las sentencias canónicas de nulidad matrimonial en los países de la Unión Europea

El régimen jurídico del matrimonio religioso presenta, en los países de la  Unión Europea, una tal diversidad de planteamientos que hace difícil hablar de un ámbito europeo cuando se trata de referirse a un tema con él relacionado. Se haría por tanto necesario recorrer uno a uno los ordenamientos de los veinticinco Estados que, en la actualidad, constituyen la Unión, para poder tratar el tema que nos ocupa. Es lo que procuraremos hacer en este capítulo, aunque brevísimamente y limitándonos a los aspectos que interesan al reconocimiento de las sentencias canónicas. Una mayor atención se prestará en el siguiente capítulo a los cuatro países concordatarios (España, Italia, Malta y Portugal) que son objeto de especial consideración en el Reglamento europeo al que dedicaremos el capítulo IV.

A. Los sistemas matrimoniales

En este punto se hace necesario hablar de los llamados sistemas matrimoniales, entendidos como las distintas posiciones que adoptan las legislaciones estatales frente a la celebración del matrimonio religioso. No nos referimos ahora al concepto amplio de sistema matrimonial en cuanto «criterio que cada ordenamiento jurídico adopta para reconocer como matrimonio, con sus efectos jurídicos, los modos de comunidad de vida establecidos entre hombre y mujer»[59], sino al más restringido, referido a las relaciones entre el matrimonio religioso —particularmente, el matrimonio canónico— y el matrimonio civil.

La clasificación de estos sistemas matrimoniales admite ser realizada en función de distintos criterios[60], entre los cuales el más importante es el del momento constitutivo. Es éste el criterio que seguiremos como base de nuestra clasificación, sin olvidar, sin embargo, que «la cuestión central es precisar el grado de reconocimiento del matrimonio religioso por parte de la legislación estatal»[61] y que, por tanto, deberán ser tenidos en cuenta los aspectos registrales, jurisdiccionales y disolutorios del matrimonio.

Suele distinguirse, en primer lugar, entre sistemas matrimoniales unitarios o monistas, que solamente reconocen un tipo de matrimonio, y sistemas matrimoniales mixtos —dualistas o pluralistas—, que admiten, además del matrimonio civil, uno o más tipos de matrimonios religiosos[62]. Entre los primeros se encuentran los sistemas de matrimonio religioso obligatorio, en los que no existe matrimonio civil; y los sistemas de matrimonio civil obligatorio, en los que el matrimonio celebrado conforme a las normas de la propia Iglesia o confesión religiosa es irrelevante en el Derecho civil, llegando incluso en algunos casos a prohibirse su celebración con anterioridad al civil.

En los sistemas dualistas o pluralistas se incluyen los de matrimonio de libre elección por los contrayentes, y los de matrimonio civil subsidiario, de manera que el Estado, en principio, prohíbe que contraigan matrimonio civil a quienes están obligados a una forma religiosa de celebración. Entre los sistemas de matrimonio religioso o civil facultativo, hay que distinguir entre aquellos en los que la elección de los cónyuges recae simplemente sobre la modalidad de la forma de celebración[63], y aquellos otros en los que se reconoce el matrimonio religioso, en particular el matrimonio canónico, como una institución distinta del matrimonio civil[64].

Las otras posibles clasificaciones, en función de los aspectos registrales[65], disolutorios[66] o jurisdiccionales[67], están estrechamente relacionadas con la distinción señalada más arriba.

Como toda clasificación, la que acabamos de hacer adolece de una cierta rigidez que impide que pueda ser aplicada sin más matices a los sistemas matrimoniales del Derecho comparado. Lo que importa, en cualquier caso, no es etiquetar el concreto sistema vigente en un Estado sino descubrir su real contenido, independientemente de su denominación.

B.  Situación en los Estados miembros de la Unión Europea

En los países europeos encontramos dos sistemas fundamentales: el del matrimonio civil obligatorio, que desconoce toda eficacia al matrimonio religioso, y el del matrimonio religioso o civil facultativo. Un tercer sistema, el del matrimonio religioso obligatorio, ha desaparecido en todo el continente europeo hace ya decenios[68], con la única excepción del Estado de la Ciudad del Vaticano, donde rige el ordenamiento matrimonial de la Iglesia católica.

Por lo que se refiere a la eficacia civil de las resoluciones matrimoniales canónicas, obviamente éstas son ignoradas civilmente en los países del primer grupo, mientras que, en los del segundo grupo, sólo en pocos casos y, como veremos, en diversa medida, se produce una cierta aplicación de la norma religiosa por lo que se refiere a las causas matrimoniales canónicas de nulidad y de dispensa super rato.

Aunque no son unívocos los criterios para agrupar los Estados de la Unión Europea por lo que a la eficacia jurídica del matrimonio religioso se refiere, Santos Díez[69] distingue tres grandes zonas de naciones europeas con similares características, dejando fuera los diez países de reciente incorporación:

Países de Europa Norte: Dinamarca, Finlandia, Gran Bretaña, Irlanda y Suecia, cuyas legislaciones ofrecen el sistema de matrimonio con forma optativa religiosa o civil. Se refiere fundamentalmente a la forma de celebración del matrimonio, ya que el resto de la legislación matrimonial, formalidades anteriores al matrimonio y sus efectos y otras consecuencias, es regulado por la legislación civil del país.

Países de Europa Sur: España, Grecia, Italia, Portugal, cuyas legislaciones también ofrecen sistema matrimonial con forma optativa civil o religiosa ya que el matrimonio religioso goza de eficacia civil; pero, a diferencia de los anteriores, que mantienen al menos de manera formal una cierta confesionalidad estatal o Iglesia de Estado, éstos han abandonado después de varios siglos el sistema confesional y proclaman en sus textos constitucionales la separación de Iglesia y Estado. Sitúan el matrimonio civil y la celebración religiosa a efectos civiles prácticamente en plano de igualdad jurídica, aunque el resto de la legislación matrimonial se hace depender del ordenamiento estatal. A excepción de Grecia, tienen además en común que han firmado acuerdos o concordatos con la Santa Sede, en los que se regula la eficacia civil del matrimonio canónico.

Países de Europa Centro: Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, con sistema único de matrimonio civil, y donde el matrimonio religioso carece de eficacia civil.

Esta relativa homogeneidad geográfica se ha visto alterada con el ingreso, en mayo de 2004, de diez nuevos Estados en la Unión Europea: República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia. Preferimos por ello seguir una exposición en base a los sistemas matrimoniales fundamentales antes mencionados.

1.  Sistemas de matrimonio civil obligatorio

Como hemos visto, se trata de que el Estado reconoce sólo el matrimonio contraído civilmente. La celebración religiosa carece de relevancia civil, aunque paradójicamente en algunos ordenamientos se prohíbe que se lleve a cabo si no se ha contraído antes en forma civil.

Este sistema, que ya hemos examinado en el primer capítulo, se introdujo en Europa en tiempos de la Revolución francesa y como consecuencia de la influencia del Código napoleónico de 1803[70]. En otros casos ha sido resultado de los avatares políticos de la segunda guerra mundial y se generalizó en los países comunistas, algunos de los cuales lo han mantenido al tornar a la democracia. En general, es aceptado por las comunidades religiosas protestantes, pues consideran la institución matrimonial competencia exclusiva del poder civil, mientras que la Iglesia católica, en el respeto de la legislación vigente, lo considera insuficiente, especialmente donde se prohíbe la ceremonia religiosa previa a la civil, debido a que el único matrimonio válido para los católicos es el canónico.

Hay que añadir a lo señalado el fenómeno secularizador, que ha invadido las instituciones públicas estatales en los últimos decenios, con el deseo continuado de reducir al ámbito privado el sentir religioso de los pueblos, aunque su religiosidad haya sido intensa[71].

a)  Alemania[72]

El derecho matrimonial alemán se encuentra regulado en el Código Civil (BGB) de 1900, con las importantes y numerosas modificaciones introducidas a lo largo de este más de un siglo de vigencia[73].

Se debe celebrar el matrimonio ante el oficial del Registro civil y dos testigos —no requeridos para la validez de la forma—, con la presencia necesaria de los dos contrayentes, pues no se admite el matrimonio por procurador. Cualquier otra forma de celebración carece de efectos legales.

La celebración religiosa del matrimonio no puede llevarse a cabo antes del matrimonio civil, con los consiguientes problemas que tal prohibición plantea sobre el respeto del derecho de libertad religiosa, aunque no existe sanción penal por su incumplimiento. La única excepción contemplada es la enfermedad grave o la situación moral de emergencia[74]. En el ámbito del derecho internacional privado es posible encontrar matrimonios religiosos con eficacia en el ordenamiento civil alemán: el del ciudadano alemán con persona extranjera o el de extranjeros, que hayan contraído matrimonio religioso en el extranjero con validez civil en el país de celebración[75].

Por lo que se refiere a la extinción del matrimonio, cabe tanto la nulidad como la anulabilidad y, cumpliendo pocos  requisitos más que la constatación del fracaso matrimonial, el divorcio, que es la vía más habitual. No está regulada legalmente la separación conyugal[76]. En coherencia con el desconocimiento del matrimonio religioso, no se contempla posibilidad de eficacia alguna de las decisiones matrimoniales de los tribunales eclesiásticos.

b)  Austria[77]

La evolución del sistema matrimonial en Austria puede considerarse atípica pues, hasta la ocupación nazi, había sido tradicionalmente admitido el matrimonio canónico con plena eficacia civil, incluido el reconocimiento de las decisiones matrimoniales de los Tribunales canónicos.

El Código civil austriaco de 1811 remitía la regulación del matrimonio a los diferentes ordenamientos confesionales de las religiones reconocidas[78]. El Concordato de 1934 reconocía efectos civiles al matrimonio canónico y la competencia de los tribunales y dicasterios eclesiásticos en las causas matrimoniales de nulidad y de disolución de matrimonio no consumado[79]. Sin embargo, desde la ocupación alemana, la normativa concordataria matrimonial permaneció sin llevarse a la práctica y dio un giro sustancial a la tradicional receptividad austriaca en cuanto a la normativa matrimonial canónica[80].

La ley matrimonial de 1938, todavía en vigor con sus sucesivas modificaciones, introducida en Austria por la Alemania nazista, fue plenamente asumida en la Constitución de la nueva República. Quedó así eliminada en Austria la concepción profundamente católica del matrimonio, que es regulado, en la forma y en la sustancia, por principios estrictamente laicos, introduciendo el matrimonio civil obligatorio, admitiendo el divorcio por motivos numerosos y elásticos y aboliendo la separación personal[81].

Las causas matrimoniales son, como consecuencia, de competencia exclusiva de los tribunales del Estado. El matrimonio religioso, que carece en cualquier caso de efectos civiles, puede ser celebrado antes o después de la forma civil pues, con sentencia del Tribunal Constitucional del 19 de diciembre de 1955, se consideró inconstitucional prohibir la celebración religiosa antes de la civil.

c)   Bélgica[82]

La regulación del matrimonio se contiene en el Código Civil que, aunque ha sufrido sucesivas modificaciones[83], es todavía el napoleónico de 1804. Se establece desde entonces el matrimonio civil como el único válido ante el Estado y prescribe la celebración pública del mismo ante el oficial del Registro civil, previo el correspondiente expediente y publicaciones.

Los matrimonios celebrados ante la autoridad religiosa no tienen efectos civiles. Si las partes desean contraer matrimonio religioso, podrán hacerlo, salvo en caso de peligro de muerte, sólo con posterioridad a la celebración civil[84]. Se trata de un precepto señalado a nivel constitucional[85], y se determina una sanción penal para el ministro de culto en caso de incumplimiento[86].

En derecho internacional privado belga se aplica generalmente el principio de la lex loci. Por tanto, el matrimonio religioso celebrado en país extranjero en el que tiene eficacia civil, será también civilmente válido en Bélgica. Por el mismo principio, el matrimonio de contrayentes extranjeros entre sí o con contrayente belga en Bélgica, para obtener eficacia civil, ha de celebrarse en forma civil, a no ser que se celebre ante la propia autoridad diplomática[87].

La declaración de nulidad matrimonial, así como las decisiones sobre divorcio y sobre separación de los cónyuges, son también de exclusiva competencia de la legislación y jurisdicción civil. No se reconocen por tanto las resoluciones matrimoniales de los tribunales confesionales.

d)  Eslovenia[88]

Ninguna dificultad ofrece situar Eslovenia entre los países de matrimonio civil obligatorio, pues ya la Constitución de 23 de diciembre de 1991 establece en el primer párrafo de su artículo 53:

 «El matrimonio está basado en la igualdad de ambos cónyuges. La ceremonia del matrimonio será celebrada ante la autoridad civil competente»[89].

Se trata de un sistema heredado de la antigua República Federal de Yugoslavia que, con ley de 3 de abril de 1946, introdujo el sistema de matrimonio civil obligatorio y prohibía la celebración religiosa que no fuera precedida por la civil. Tal sistema pasó a la Ley matrimonial eslovena de 26 de mayo de 1976. Antes de la proclamación de la «República Federal Socialista», en Eslovenia era aplicable exclusivamente el derecho matrimonial religioso de la Iglesia correspondiente: se admitía sólo el matrimonio religioso, con la sola excepción de los casos de cónyuges sin religión[90].

En la actualidad es por tanto competencia exclusiva del Estado tanto la constitución como la extinción del matrimonio, por lo que carecen de toda eficacia civil las sentencias matrimoniales emanadas por los tribunales canónicos.

e)  Francia[91]

La regulación relativa al matrimonio se incluye en el Título V del Código civil napoleónico de 1803 y, aunque no ofrece una definición, la doctrina reconoce que es una unión heterosexual y un acto jurídico solemne, además de una institución social, familiar y política de sumo interés[92].

El Código Civil está impregnado de un absoluto carácter laico, con la consiguiente sustracción a la Iglesia de toda la materia relativa al matrimonio. Se impone el deber de contraer matrimonio civil ante el encargado o funcionario del Registro civil[93] y se prohíbe la celebración del matrimonio religioso, al que no se reconoce eficacia jurídica, antes del civil[94].

En el ámbito del derecho internacional privado, se admite cierta eficacia del matrimonio religioso, pues en virtud de la regla lex loci,  cuando éste es celebrado en un país extranjero en el que tuviera validez civil, será también válido ante el ordenamiento francés[95].

En coherencia con el sistema de matrimonio civil obligatorio, también la nulidad, el divorcio y la separación judicial son de exclusiva competencia de los tribunales civiles. Por tanto, no son reconocidas las resoluciones eclesiásticas relativas a la nulidad o disolución del matrimonio.

 

f)    Hungría[96]

La protección constitucional de que goza el matrimonio en la República húngara[97], se limita a su celebración civil, único matrimonio reconocido por el Estado. La legislación civil y eclesiástica del matrimonio están separadas en Hungría desde la introducción del matrimonio civil obligatorio en 1895. Debido a la estricta interpretación de la separación del artículo 60 §3 de la Constitución magiar[98], el matrimonio religioso, así como la jurisdicción eclesiástica en asuntos matrimoniales, son ignorados por el Estado. No parece, sin embargo, que tal precepto impida un eventual sistema matrimonial diverso[99], como no ha impedido una colaboración concordataria con la Iglesia católica.

 Con base en la libertad religiosa, proclamada en la misma Carta Magna[100], no se prohíbe la celebración religiosa, que, sin embargo, carece de toda eficacia civil. El Código penal de 1961 abrogó las sanciones que con anterioridad se establecían para el ministro que preside el matrimonio religioso antes del civil[101].

Ciertamente, como materia de derecho internacional privado, el matrimonio religioso celebrado bajo la jurisdicción de Estados que lo reconocen, será también reconocido por el Estado húngaro[102].

g)  Luxemburgo[103]

El matrimonio en el Gran Ducado está disciplinado por el código napoleónico de 1903/1907, con las sucesivas modificaciones relativas a la adopción (leyes de 13.7.1959 y de 22.2.1974), al matrimonio de menores (leyes de 4.7.1967 y de 6.2.1975) y al divorcio (leyes de 5.12.1978 y de 27.7.1997). El sistema establecido es el de matrimonio civil obligatorio[104], con prohibición de celebrar el matrimonio religioso con anterioridad al civil[105], sin que se admitan excepciones al respecto.

Las críticas que suscita esa regulación, que son sustancialmente las mismas que ya hemos recogido referidas a las legislaciones de los países que siguen el mismo sistema, han llevado a algún sector doctrinal a proponer la revisión del artículo 21[106] de la Constitución, por suponer una cierta limitación en el ejercicio de los derechos humanos garantizados en la propia Carta Magna[107].

Obviamente, en este sistema de matrimonio civil único, las cuestiones relativas a la nulidad, al divorcio y a la separación legal son de exclusiva competencia estatal y, por tanto, las resoluciones matrimoniales canónicas carecen de efectos civiles.

h)  Países Bajos[108]

Se regula la institución matrimonial en el Código Civil de 1958, modificado por ley del 3 de abril de 1969 y, más recientemente, por la ley de 21 de diciembre de 2001[109]. Se considera el matrimonio sólo en sus aspectos civiles[110]. Ninguna ceremonia religiosa puede tener lugar si antes los contrayentes no prueban al ministro de culto que el matrimonio ha sido celebrado precedentemente ante el oficial del Registro civil[111].

Dado el sistema de matrimonio civil obligatorio, las causas de nulidad, de divorcio y de separación legal están reservadas a los tribunales estatales. No se reconocen las sentencias matrimoniales canónicas, aunque sí indirectamente cuando han sido civilmente homologadas por una corte extranjera, cuya decisión cumple las normales condiciones[112].

2.  Sistemas de matrimonio facultativo civil o religioso

Podemos afirmar que es el sistema acogido en las legislaciones civiles de la mayoría de los Estados de la Unión Europea, que admiten el reconocimiento de diversas formas de celebración del matrimonio, dejando a los contrayentes la libertad de elegir la forma religiosa o la civil.

La elección no sólo de la forma sino del tipo de matrimonio, con su propia regulación en lo referente a la capacidad de las partes y a las condiciones de validez (lo que se ha llamado tipo latino o católico, para diferenciarlo del tipo anglosajón), no subsiste en estado puro en ningún país de la Unión. En general, existe un solo tipo de matrimonio (el regulado por el Estado), con una pluralidad de formas de celebración. Una clara excepción a lo señalado es el caso de Chipre que, aunque lo hemos incluido en este apartado, limita la facultad de elegir entre el matrimonio civil y el religioso a aquellos ciudadanos no sometidos a un derecho matrimonial en virtud del propio estatuto personal.

Un cierto reconocimiento del Derecho sustantivo matrimonial canónico se da en aquellos países en que se prevé que las resoluciones eclesiásticas de nulidad matrimonial puedan obtener efectos civiles. En esos casos, junto a la aceptación de las normas canónicas sobre capacidad, impedimentos, requisitos de validez, etc., se exige igualmente el cumplimiento de ciertos requisitos civiles para que los matrimonios canónicos puedan ser celebrados y se les otorguen efectos jurídicos. Por eso, el sistema de estas naciones ha sido calificado como de tipo latino híbrido o mixto[113].

No haremos por tanto una subdivisión dentro de este sistema, pues nos parece más práctico señalar las peculiaridades de cada legislación sin necesidad de encasillarla en un tipo determinado. Además, en algunos casos se ha abierto, mediante la celebración de nuevos concordatos, la posibilidad de conceder efectos a las resoluciones matrimoniales canónicas, aunque no se ha concretado en la práctica. Como ya hemos adelantado, prestaremos especial atención a la concesión de efectos civiles a las sentencias canónicas en España[114], Italia[115], Malta[116] y Portugal[117], pues a esos cuatro países se refiere el artículo 63 del Reglamento europeo 2201/2003, que analizaremos posteriormente. Por este motivo, les dedicaremos un capítulo aparte, dejando constancia de su inclusión entre los países con sistemas de matrimonio facultativo civil o religioso que ahora analizamos.

a)  Chipre[118]

El derecho matrimonial chipriota no está codificado en modo unitario sino que está regulado por el estatuto personal de las comunidades étnicas y religiosas. En este sentido, el primer párrafo del artículo 111 de la Constitución de la República de Chipre de 1990, establece una norma sin parangón en la Unión Europea:

«Con sujeción a lo dispuesto en la presente Constitución, toda materia relativa a esponsales, matrimonio, divorcio, nulidad de matrimonio, separación judicial o restitución de derechos conyugales (...) se regirá por la ley de la Iglesia Ortodoxa Griega o la de la Iglesia de cada grupo religioso, según los casos, y será enjuiciable por un tribunal de dicha Iglesia, sin que ninguna de las Cámaras comunitarias pueda actuar de modo incompatible con lo dispuesto en dicha ley»[119].

Por tanto, las condiciones de sustancia y de forma del matrimonio, la nulidad y el divorcio de los ciudadanos chipriotas pertenecientes a las comunidades religiosas reconocidas en el Estado –que son, además de la Iglesia griega ortodoxa, la Iglesia católica oriental de los Maronitas, la Iglesia latina, la Iglesia armena y la comunidad musulmana– están regulados por el respectivo derecho religioso. Los ciudadanos pertenecientes a grupos religiosos no reconocidos en Chipre y los extranjeros son libres de celebrar el matrimonio o en forma civil o en forma religiosa, con la condición de que el ministro de la religión a la que pertenecen esté autorizado por el gobierno[120].

Como consecuencia, el régimen matrimonial para los ciudadanos católicos chipriotas es el regulado por el Derecho canónico, con la correspondiente competencia judicial eclesiástica en las causas de separación y nulidad.

b)  Dinamarca[121]

El Derecho matrimonial danés se recoge en el Texto refundido de 3 de marzo de 1999 de la Ley de formación y regulación del matrimonio, que establece un sistema facultativo, civil o religioso, limitado a la forma de celebración del matrimonio[122].

Se permite la celebración del matrimonio ante el ministro de la Iglesia evangélico-luterana, que es la Iglesia de Estado[123], y también ante el ministro de otras comunidades religiosas reconocidas en el Estado (la Iglesia católica, la comunidad ruso-ortodoxa, la comunidad calvinista reformada, los metodistas, la comunidad judía...)[124].

Toda persona tiene igualmente derecho al matrimonio civil, que se lleva a cabo ante un miembro del consejo municipal, normalmente el alcalde. En esos casos, es posible para los recién casados recibir a continuación la bendición de un ministro de la Iglesia nacional[125].

A pesar de la confesionalidad estatal, el derecho danés sigue sus propios cauces a la hora de legislar sobre las instituciones y, en concreto sobre el matrimonio. Reconoce el divorcio y, desde 1989, las uniones homosexuales con determinados efectos civiles, no totalmente equiparables al matrimonio, mediante la llamada Ley de parejas registradas 372/1989, de 7 de junio[126]. También se reconoce la nulidad matrimonial que, junto a las separación legal y al divorcio, es competencia exclusiva de los órganos estatales. Ninguna eficacia se otorga, por tanto, a las resoluciones matrimoniales eclesiásticas.

c)   Eslovaquia[127]

La materia matrimonial se encuentra regulada en la Ley sobre la familia de 4 de diciembre de 1963, con las posteriores modificaciones. Desde 1950 estuvo en vigor en la antigua Checoslovaquia el matrimonio civil obligatorio[128]. En este sentido, la reforma más importante es la que se llevó a cabo con la Ley de 28 de abril de 1992, que introdujo la posibilidad de celebrar el matrimonio ante el órgano del Estado o ante el órgano de la iglesia o sociedad religiosa[129], con iguales consecuencias jurídicas. Existen por tanto en Eslovaquia dos formas equiparadas de celebración del matrimonio, una religiosa y otra civil. Las condiciones legales son iguales para una y para otra; ambas tienen idéntica validez e idénticas consecuencias jurídicas[130].

Por lo que al matrimonio canónico se refiere, hay que estar también a lo establecido en el artículo 10 del Acuerdo entre la Santa Sede y la República Eslovaca, firmado el 24 de noviembre de 2000 y ratificado el 18 de diciembre del mismo año[131]. El tenor literal del segundo párrafo del citado artículo, ha llevado a algún autor a afirmar que la nulidad del matrimonio, declarada ante un tribunal eclesiástico, tendrá consecuencias civiles según el orden jurídico civil[132]. La realidad es que el Estado se reserva la plena competencia de regular en su ordenamiento la eventual eficacia de las sentencias canónicas, sin asumir ningún compromiso frente a la Iglesia. Por tanto, aunque no queda excluida la posibilidad, hasta el momento el legislador eslovaco no ha emanado ninguna norma jurídica sobre la cual pudiera fundarse el reconocimiento de sentencias matrimoniales de un tribunal eclesiástico[133].

d)  Estonia[134]

La Constitución de la República de Estonia de 28 de junio de 1992, que proclama la libertad religiosa en su artículo 40[135], a la vez que establece entre sus prioridades la defensa de la familia[136], abrió las puertas a la superación del matrimonio civil obligatorio de matriz soviética.

En lo referente en concreto al matrimonio canónico, el reconocimiento de sus efectos civiles será objeto de los Acuerdos concordatarios estipulados con intercambio de notas el 23 de diciembre de 1998 y el 15 de febrero de 1999[137]. Se atribuye así al matrimonio realizado «en la Iglesia católica», y tras su simple registro, el reconocimiento civil.

Señala Vecchi[138] que, con tal presupuesto, el Estado deberá reconocer la competencia eclesiástica en tema de controversias surgidas sobre la validez del acto y sobre la subsistencia de impedimentos que hagan incapaces a los contrayentes para el matrimonio. Y que, con mayor razón, el reconocimiento jurisdiccional comportará la atribución de efectos civiles al pronunciamiento canónico de nulidad del vínculo, según el usual procedimiento de exequátur, tal como se regula en el código de procedimiento civil estonio.

Aun reconociendo la coherencia de tal razonamiento, nos parece que del texto del Acuerdo no puede deducirse sin más la afirmación de la jurisdicción matrimonial canónica y que el artículo 8 permite ser interpretado como un reconocimiento del matrimonio canónico como simple forma de celebración. Desde luego, no excluye aquélla interpretación y habrá que estar a la evolución legislativa y jurisprudencial, que será necesariamente limitada debido a la presencia muy minoritaria de católicos en el país.

e)  Finlandia[139]

La materia matrimonial se encuentra regulada en la Ley n. 235/1929 de 13 de junio[140], con las sucesivas modificaciones[141]. La estrecha relación legal e institucional entre el Estado y la Iglesia luterana[142] ha llevado a un predominio de la celebración religiosa del matrimonio con eficacia civil, quedando la celebración civil como alternativa para los casos en que los contrayentes carecen de religión, o pertenecen a una confesión cuyos ministros no están autorizados a celebrar matrimonio civilmente válido, o bien desean simplemente contraer matrimonio civil.

Por tanto, el matrimonio puede ser celebrado en forma religiosa  ante el ministro de la Iglesia evangélico-luterana de Finlandia, pero también ante el de la Iglesia ortodoxa griega, que goza asimismo de un estatuto peculiar, y el de otras confesiones admitidas, entre las que figura la Iglesia católica.

El sistema matrimonial finés permite, pues, la celebración opcional del matrimonio civil o religioso, de acuerdo con las normas de la confesión autorizada, y cada Iglesia o confesión puede establecer requisitos adicionales a los civiles para acceder a la celebración religiosa del matrimonio[143].

Respecto al momento extintivo, cabe destacar que no existe en Finlandia la nulidad matrimonial, por lo que, aun en los casos que a ella fueran reconducibles, se deberá acudir al divorcio. Éste es siempre competencia de los tribunales estatales y no producen ningún efecto civil las decisiones matrimoniales eclesiásticas.

f)    Gran Bretaña[144]

Aunque conviven en Gran Bretaña tres sistemas jurídicos distintos (Inglaterra y Gales, Escocia e Irlanda del Norte), en todos ellos el sistema matrimonial es de elección entre ceremonia civil o ceremonia religiosa, siendo siempre regulado el matrimonio por el derecho civil en lo que se refiere a los requisitos, efectos y extinción.

El derecho matrimonial del Reino Unido se contiene fundamentalmente en la Marriage Act 1948-1986, para Inglaterra y Gales[145], la Marriage (Scotland) Act 1977-2002 para Escocia[146], y la Marriage (Ireland) Act 1944-1993 para Irlanda del Norte[147], así como en la abundante jurisprudencia.

La Iglesia anglicana de Inglaterra, como Iglesia de Estado, goza de una especial posición en el derecho matrimonial. Los matrimonios celebrados en ella son enteramente regulados, tanto en lo que se refiere a las formalidades previas, proclamas y licencias, como a la ceremonia, por la propia Iglesia. Otros matrimonios, ya sean civiles o religiosos, requieren la intervención previa del encargado del Registro civil[148]. La ley no enumera las confesiones religiosas autorizadas a contraer según los propios ritos un matrimonio civilmente eficaz, sino que impone que éste venga celebrado en un edificio registrado como lugar de culto religioso (place of religious worship)[149], entre los que se encuentran los de la Iglesia católica, por el ministro de culto autorizado o por el oficial del Registro.

En Escocia pueden apreciarse formalidades muy semejantes en cuanto a la legislación matrimonial, correspondiendo la peculiar posición que en Inglaterra tiene la Iglesia anglicana, a la Iglesia presbiteriana de Escocia.

En todo el Reino Unido quedan reservadas a los tribunales civiles las cuestiones relativas a la validez o nulidad del matrimonio y a su disolución, y no se reconoce eficacia a ninguna sentencia de nulidad o divorcio obtenida en cualquier lugar de las Islas Británicas, que no sea de un tribunal de la jurisdicción civil[150].

Cabe, sin embargo, el reconocimiento de resoluciones matrimoniales obtenidas en procesos religiosos extranjeros —entre ellas, las sentencias canónicas—, si se dan las siguientes condiciones: que la resolución tenga efectos legales en el país en que fue dictada, que una de las partes tenga nacionalidad, domicilio o residencia habitual en aquel país y que no sea manifiestamente contraria al orden público[151].

g)  Grecia[152]

La República griega ha sido el último Estado europeo en suprimir el matrimonio religioso obligatorio. Con la Ley n. 1250/1982 se introdujo el sistema de matrimonio civil o religioso facultativo, a la vez que se abrogaron civilmente algunos impedimentos que eran propios de la Iglesia griego-ortodoxa[153].

Las dos formas de matrimonio, civil o religiosa, no son en el fondo más que un único matrimonio civil con diversa forma de celebración, pues son idénticos sus efectos y quedan igualmente sometidos a la ley civil[154].

La forma religiosa no está reservada a los griegos ortodoxos, sino que puede seguirse por los ciudadanos pertenecientes a cualquier confesión conocida, sin necesidad de específico reconocimiento, con el único límite del orden público constitucional. Es precisa una autorización previa del matrimonio por parte de la autoridad civil (artículo 1368 del Código Civil), que no se exige sin embargo cuando el matrimonio religioso es  celebrado por el rito de la Iglesia ortodoxa[155].

Por lo que se refiere al divorcio o a la nulidad matrimonial, sólo son competentes los tribunales civiles. Las sentencias civiles extranjeras que se refieren al estado de las personas no están sometidas a procedimiento de exequátur para producir efectos en Grecia, si se cumplen las condiciones establecidas en los artículos 323 y 905 §4 del Código Procesal Civil[156]. Es posible entonces el reconocimiento de sentencias eclesiásticas extranjeras, pero sólo si se cumplen esas mismas condiciones y si la jurisdicción que las ha emitido tiene plena competencia para hacerlo según el derecho del Estado en cuestión[157].

h)  Irlanda[158]

La legislación matrimonial irlandesa es pluralística en cuanto a la forma de celebración. Su regulación se contiene fundamentalmente en la Marriage Act 1844, Marriage Law (Ireland) Amendment Act  1863, Marriage Act 1972, Family Law Act 1981[159] y en la Family Law (Divorce) Act 1996[160].

El matrimonio civil existe en Irlanda como opción al religioso desde 1844, aunque la mayoría de las uniones matrimoniales se llevan a cabo mediante los ritos religiosos –principalmente católicos–, existiendo una compleja normativa para otorgarles efectos civiles[161]. Se exigen ciertas formalidades previas para asegurar que el matrimonio que se va a celebrar sea válido, y que varían según la confesión a la que pertenezcan los esposos.

La legislación irlandesa no reconoce efectos civiles a las decisiones de ningún tribunal eclesiástico en materia matrimonial. Esta afirmación ha de ser matizada si la resolución ha sido dictada por un tribunal eclesiástico extranjero y la ley civil de la relativa jurisdicción reconoce eficacia a tal resolución. En tales casos se sostiene que es posible reconocer esa resolución si ambas partes tienen su domicilio en el país extranjero donde la resolución es efectiva[162].

i)    Letonia[163]

Como las otras Repúblicas bálticas, Letonia ha pasado del sistema soviético de matrimonio civil obligatorio al de matrimonio facultativo civil o religioso. Con la Constitución de 15 de diciembre de 1992, se instauran los principios de libertad religiosa y separación Iglesia-Estado[164], y se otorga protección constitucional al matrimonio[165].

También como las Repúblicas vecinas, ha establecido relaciones concordatarias con la Santa Sede con referencia, entre otros temas, al matrimonio canónico. El Acuerdo fue firmado el 8 de noviembre de 2000 y ratificado el 15 de octubre de 2002[166]. El matrimonio canónico produce efectos civiles desde su celebración, siempre que se cumplan los requisitos exigidos por la ley estatal[167].

Se trata por tanto del reconocimiento de la forma religiosa de celebración de un único tipo de matrimonio, que es el regulado por el Estado. Ninguna eficacia civil, como consecuencia, viene otorgada a las decisiones matrimoniales procedentes de los tribunales eclesiásticos.

j)    Lituania[168]

El abandono del sistema de matrimonio civil único para pasar a un sistema de matrimonio facultativo civil o religioso, ha sido recogido en la República de Lituania a nivel constitucional. Así, el párrafo 4 del artículo 38 de la Constitución de 25 de octubre de 1992 establece:

«El Estado registrará los matrimonios, nacimientos y defunciones. El Estado también reconocerá los matrimonios registrados en la Iglesia»[169].

Obsérvese que, en principio, tal reconocimiento no está sujeto a ninguna actividad por parte de la autoridad civil, no estando previsto ningún tipo de trascripción u otro acto formal necesario para la producción de efectos civiles del vínculo religioso. El texto constitucional induce a pensar que el matrimonio religioso no es considerado una mera forma de celebración sino un tipo de matrimonio.

El 5 de mayo de 2000, la República de Lituania firmó un Acuerdo concordatario con la Santa Sede, ratificado el 16 de septiembre de 2000[170]. En su artículo 13 se refiere al reconocimiento y efectos civiles del matrimonio canónico[171]. Desde luego, la regulación parece no limitarse a considerarlo como una simple forma de celebración de un único tipo de matrimonio civil, aunque se exija que no concurran impedimentos civiles. Así, se establece que las sentencias de nulidad matrimonial de los tribunales eclesiásticos y los decretos pontificios de disolución del matrimonio rato y no consumado, se transmitan a las autoridades civiles competentes «con el objeto de regular las consecuencias legales de tales decisiones de acuerdo con las leyes de la República de Lituania». Se abre con ello la posibilidad de conceder efectos civiles a las decisiones matrimoniales eclesiásticas, que queda sin embargo sujeta a las leyes de la República.

k)  Polonia[172]

El matrimonio civil obligatorio, que ha estado en vigor desde 1945, ha dejado paso a un sistema desconocido en Polonia hasta el Concordato firmado el 28 de julio de 1993 y ratificado el 25 de marzo de 1998[173]: el reconocimiento de efectos civiles al matrimonio canónico. Tal reconocimiento se ha extendido posteriormente a otros matrimonios religiosos, mediante la remisión en el Código de familia y de tutela a las leyes que disciplinan la situación jurídica de cada confesión religiosa[174].

El artículo 10 del Concordato[175] se puede decir que inaugura un nuevo sistema matrimonial concordatario porque queda abierto (o vago) sobre todo en lo que se refiere a la eficacia civil de las sentencias de nulidad canónica[176].

Como consecuencia de la ratificación del Concordato, se han producido cambios en el derecho matrimonial interno, principalmente con la Ley de 24 de julio de 1998 que reforma el Código familiar y tutelar[177]. Dada la vaguedad del texto concordatario, la doctrina se ha dividido sobre si las reformas internas reflejan el sistema matrimonial esbozado en el Concordato o si son incoherentes con aquél[178].  En cualquier caso, lo que puede afirmarse es que el ordenamiento polaco contempla un solo modelo de matrimonio y una pluralidad de formas para contraerlo.

Desde esta perspectiva, de la afirmación de la exclusiva competencia de la autoridad eclesiástica sobre los efectos canónicos del matrimonio concordatario y de la civil sobre los efectos civiles, hay que deducir que las sentencias matrimoniales de los tribunales eclesiásticos no pueden producir efectos en el ordenamiento civil (como tampoco las decisiones civiles en el ordenamiento canónico). Y ello a pesar de la cierta propensión de las partes a la colaboración que se establece en el artículo 10 §5 del Concordato[179].

l)    República Checa[180]

El sistema matrimonial checo es sustancialmente el mismo que hemos visto en Eslovaquia, ya que procede de la legislación de la antigua Checoslovaquia que, en este tema, no ha sufrido ninguna modificación desde la constitución de la República Checa el 1 de enero de 1993.

Existe por tanto, desde 1992[181], la posibilidad del matrimonio religioso como simple forma de celebración del único matrimonio civil. La única diferencia entre ambas formas es la autoridad ante la que el hombre y la mujer declaran su voluntad matrimonial[182]. Ninguna eficacia civil, por consiguiente, tienen las resoluciones matrimoniales de los tribunales eclesiásticos.

En los últimos años se ha abierto un debate sobre la modificación del citado sistema facultativo en vista de la reforma de la Ley de libertad religiosa. Las propuestas van desde la vuelta al sistema de matrimonio civil obligatorio (Hrušákova), al del sistema de licencias (Němec), de modo que sólo se pueda celebrar el matrimonio religioso ante las confesiones expresamente reconocidas por el Estado como modo de garantizar que tal matrimonio será válido también civilmente[183].

m)Suecia[184]

El sistema matrimonial sueco se regula en la Ley sobre matrimonio de 1987. En 1994 se promulgó la Ley de parejas homosexuales que, sin embargo, no son homologables al matrimonio[185]. Existe la alternativa, limitada a la forma de celebración, entre matrimonio civil y matrimonio religioso con efectos civiles. El resto de la normativa matrimonial se rige por el ordenamiento civil: capacidad, efectos, separación y divorcio.

Los matrimonios religiosos reconocidos no son sólo los celebrados ante el ministro luterano (tradicionalmente Suecia ha sido un Estado confesional y la Iglesia evangélico-luterana goza, todavía hoy, de una estrecha relación con el Estado), sino también ante el de otras confesiones autorizadas. La lista de estas últimas, en la que se incluye la Iglesia católica, es muy amplia y contiene no sólo las principales confesiones cristianas, y comunidades judías y musulmanas, sino también diversas sectas. Las iglesias y comunidades religiosas reconocidas podrán exigir, además de las condiciones mínimas establecidas por la ley civil, otros requisitos adicionales de acuerdo con sus propias normas o Derecho[186].

Por lo que se refiere a la extinción del matrimonio, que es competencia exclusiva del Estado, cabe destacar que no existe en el Derecho sueco la nulidad matrimonial. Los casos en que se haya celebrado matrimonio con defecto invalidante se resolverán por medio del divorcio. Ninguna eficacia civil se otorga, como consecuencia, a las sentencias matrimoniales de los tribunales eclesiásticos.

 

Capítulo III. Reconocimiento civil de las sentencias matrimoniales canónicas en España, Italia, Malta y Portugal

El sistema matrimonial de estos cuatro países, como hemos apuntado,  es de elección entre matrimonio civil y matrimonio religioso con efectos civiles. Que se trate de dos tipos de matrimonio o simplemente de dos formas de celebración de un único matrimonio civil no es cuestión pacífica en la doctrina.

Parece claro que, en lo referente a la celebración religiosa no canónica del matrimonio, ésta debe considerarse como mera forma de prestación del consentimiento, quedando sometida en todo lo demás a la ley civil, sin que se produzca ninguna remisión a las normas de esas confesiones ni se les atribuya competencia jurisdiccional.

En el caso de la celebración canónica, el reconocimiento se produce desde el momento inicial y se extiende al momento extintivo, admitiendo la competencia de los Tribunales eclesiásticos para declarar la nulidad y, salvo en el caso de Italia, la disolución del matrimonio super rato. Esto nos lleva a pensar en un tipo de matrimonio, regido por el Derecho canónico: de lo contrario, no sería congruente reconocer competencia, si bien no exclusiva, a los Tribunales canónicos.

Puede hablarse, por tanto, de dos clases de matrimonio: civil y canónico, y de tres formas de prestación del consentimiento: civil, canónica y en la forma religiosa distinta de la anterior, legalmente reconocida. Sin embargo, cuando al introducirse el divorcio, se permite que los tribunales civiles puedan disolver el matrimonio canónico, cabría pensar que es porque tal realidad se entiende únicamente como forma de celebración y no como una institución con su propio régimen jurídico. Es una señal más de la dificultad de encasillar los sistemas matrimoniales en un tipo concreto y de la incoherencia del legislador en el diseño del propio sistema matrimonial.

Un punto común de los cuatro países a los que ahora nos referimos es que han establecido acuerdos o concordatos con  la Santa Sede en los que se admite, en diversa medida, una cierta aplicación de la norma religiosa por lo que se refiere a las causas matrimoniales canónicas de nulidad y de dispensa de matrimonio no consumado. Tales acuerdos han sido incluidos en el artículo 63 del Reglamento europeo 2201/2003, permitiendo que las sentencias canónicas matrimoniales homologadas en estos Estados puedan obtener eficacia en el resto de la Unión Europea.

Aunque nuestro análisis se limita a los Estados que actualmente forman parte de la Unión Europea, es interesante mencionar la situación de uno de los países candidatos, Croacia, por cuanto nos parece la más asimilable a la de los que ahora analizaremos. Si bien no se ha establecido aún una fecha para su ingreso, no parece arriesgado afirmar que éste se producirá a no largo plazo y deberá suponer la inclusión en el artículo 63 del Reglamento de las sentencias matrimoniales canónicas homologadas en aquel país. En efecto, aunque el Acuerdo sobre cuestiones jurídicas firmado entre la Santa Sede y Croacia el 19 de diciembre de 1996[187] mantiene la vaguedad que caracteriza también los concordatos polaco, lituano y eslovaco en tema de eficacia civil de las sentencias de nulidad eclesiásticas, al contario de lo que hasta ahora sucede en esos países, en la práctica se está otorgando eficacia a tales sentencias ante el Derecho del Estado.

Nos detendremos en este capítulo en cómo se ha regulado la materia en los cuatro países citados actuales miembros de la Unión y cómo se lleva a la práctica esa eficacia civil de las resoluciones canónicas, con  no pocos problemas y peculiaridades en cada uno de ellos.

A. España

La posibilidad de conceder eficacia en el orden civil a las sentencias eclesiásticas de nulidad matrimonial o a los rescriptos pontificios de disolución del matrimonio rato y no consumado está contenida principalmente en el artículo 80 del Código Civil, según la redacción dada por la Ley 30/81, de 7 de julio[188]:

«Las resoluciones dictadas por los Tribunales eclesiásticos sobre nulidad de matrimonio canónico o las decisiones sobre matrimonio rato y no consumado tendrán eficacia en el orden civil, a solicitud de cualquiera de las partes, si se declaran ajustadas al Derecho del Estado en resolución dictada por el juez civil competente conforme a las condiciones a las que se refiere el artículo 954 de la Ley de Enjuiciamiento Civil».

Este artículo 80 encuentra su fundamento en el Acuerdo firmado, en fecha 3 de enero de 1979, entre la Santa Sede y el Estado español sobre Asuntos Jurídicos, cuyo artículo VI, n. 2, dice literalmente:

«Los contrayentes a tenor de las disposiciones de Derecho Canónico, podrán acudir a los tribunales eclesiásticos solicitando declaración de la nulidad o pedir decisión pontificia sobre matrimonio rato y no consumado. A solicitud de cualquiera de las partes, dichas resoluciones eclesiásticas, tendrán eficacia en el orden civil si se declaran ajustadas al Derecho del Estado en resolución dictada por el tribunal civil competente».

1.  El artículo VI.2 del Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos

El Acuerdo sobre asuntos Jurídicos halla su precedente en el Concordato de 1953. En aquel Concordato se reconocía la competencia exclusiva de los Tribunales eclesiásticos en las causas matrimoniales sobre matrimonio canónico, y concedía efectos civiles no sólo a las sentencias que se dictaran en dichas causas, sino también a cuantas decisiones y decretos se dictaminaran, no quedando al Juez civil otra misión que la de ejecutar lo que la Autoridad eclesiástica le mandara y la de adoptar las medidas provisionales, es decir la separación provisional, en cuanto fuese admitida a trámite una causa matrimonial por los Tribunales Eclesiásticos[189].

El transcurso del tiempo y la evolución social del país llevaron a una progresiva reacción contra ese automatismo de las sentencias eclesiásticas[190]. Las negociaciones sobre la modificación del Concordato coincidieron con el cambio de régimen político en España, lo cual introdujo nuevos elementos a considerar, entre otros la aconfesionalidad del Estado. Promulgada la Constitución el 31 de octubre de 1978, quedó claro que los acuerdos sobre la eficacia civil de las sentencias canónicas tenían que ser muy distintos a los recogidos por el artículo XXIV del Concordato de 1953[191].

La comparación del artículo VI del Acuerdo Jurídico de 1979 cuya naturaleza de Tratado internacional resulta indudable[192] con el artículo XXIV del Concordato de 1953, pone en evidencia que el actual Acuerdo sustituye el antiguo sistema de reconocimiento automático de las resoluciones canónicas por un sistema caracterizado por la revisión que el juez civil debe hacer de dichas resoluciones eclesiásticas, confrontándolas con el Derecho del Estado, para decidir si las declara ajustadas al mismo, confiriéndoles de este modo efectos en el ámbito civil[193].

A este control estatal se refiere el ya citado artículo VI.2 del Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos cuando señala que «dichas resoluciones eclesiásticas tendrán eficacia en el orden civil si se declaran ajustadas al Derecho del Estado en resolución dictada por el Tribunal civil competente». Con él se introduce en el ordenamiento español un nuevo elemento y mecanismo jurídico: el exequatur civil de las sentencias canónicas, por el que los Tribunales civiles declaran el ajuste o no de las sentencias de los Tribunales canónicos al Derecho del Estado. Para obtener la eficacia civil es requisito necesario que las sentencias canónicas de nulidad sean revisadas por la jurisdicción estatal.

La revisión o juicio de homologación que implica el exequatur se emite por declaración judicial de ajuste al Derecho español, creándose un sistema intermedio entre la eficacia directa e inmediata de las sentencias y resoluciones canónicas y el del desconocimiento de su eficacia civil por parte del ordenamiento estatal. Con todo, este segundo inciso del artículo VI.2 del Acuerdo, en palabras de Ferrer[194], produjo una gran perplejidad, desconcierto e inseguridad en la doctrina, pues condiciona la eficacia civil de las resoluciones canónicas de nulidad y de disolución de rato y no consumado a que se declaren ajustadas al Derecho del Estado en resolución dictada por el tribunal civil competente, pero no precisa nada más. Esto explica la división de opiniones en torno al significado del ajuste y a la calificación del procedimiento en que éste se declara.

Ciertamente, como hace notar Vega Sala[195], la expresión «ajustadas al Derecho del Estado», permite toda clase de doctrinas, desde la de la «causa admitida», es decir que la nulidad canónica se hubiese otorgado por una causa de nulidad existente en el Código civil, hasta la de la simple exigencia de una verificación de los requisitos formales, pasando por la de identificar Derecho del Estado con los principios constitucionales o con los principios del orden público.

Efectivamente la interpretación del término ajuste al Derecho del Estado, ha dado lugar a diferentes interpretaciones doctrinales así como a una notable confusión en la práctica jurisdiccional, si bien en la actualidad la jurisprudencia de los Tribunales Supremo y Constitucional ha delimitado considerablemente este concepto. El Tribunal Constitucional ha tenido varios pronunciamientos sobre este procedimiento que declare el ajuste al Derecho del Estado. Entre ellos destacamos una sentencia que afirma:

 «El régimen español del exequátur aparece configurado, tanto en sus fuentes normativas como por la doctrina y la jurisprudencia, (...) como un procedimiento autónomo de homologación o reconocimiento, respecto al cual la revisión de fondo se presenta, en principio, como antitética a la función homologadora o de reconocimiento, la cual resultaría desvirtuada, de operar aquella revisión por un proceso de interiorización (...) y no propiamente de reconocimiento»[196].

 Podemos decir, siguiendo la jurisprudencia de estos Tribunales, que no cabe considerar el ajuste como un control sobre el fondo de la sentencia canónica[197], ni defender una concepción de la homologación que supusiera la no divergencia sustancial de la resolución canónica con el derecho estatal.

La interpretación más adecuada la da el propio Tribunal Supremo cuando afirma el carácter procesalista del artículo 80 del Código Civil —pues su alusión al artículo 954 de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil nos conduce al ámbito del Derecho procesal—, pero que no olvida el control del juez sobre la licitud de la resolución a homologar, con el fin de salvar el orden público[198].

2.  Estudio del artículo 80 del Código Civil

El artículo 80 del Código civil permite, a cualquiera de los cónyuges, instar ante los Tribunales del Estado la homologación o declaración de eficacia en el orden civil de determinadas sentencias y resoluciones canónicas que afectan a la validez del vínculo matrimonial, dando con ello cumplimiento al artículo VI del Acuerdo alcanzado entre el Estado español y la Santa Sede el 3 de enero de 1979, ratificado en Instrumento de 4 de diciembre de 1979.

El precepto del Código civil, aunque consta de un único párrafo, es susceptible de división en dos partes diferenciadas. Un primer inciso, donde sienta el criterio de que «las resoluciones dictadas por los Tribunales eclesiásticos sobre nulidad de matrimonio canónico o las decisiones pontificias sobre matrimonio rato y no consumado tendrán eficacia en el orden civil, a solicitud de cualquiera de las partes»; y un segundo inciso, donde subordina la aplicación del principio anterior de reconocimiento a un control civil: «si se declaran ajustadas al Derecho del Estado en resolución dictada por el Juez civil competente conforme a las condiciones a las que se refiere el artículo 954 de la Ley de Enjuiciamiento Civil».

Los requisitos para que proceda su aplicación serán los siguientes:

a)  Legitimación

Sólo están legitimados para ejercitar la acción los cónyuges, configurando la norma su ejercicio como un derecho o facultad, no como obligación, sin que ninguna otra persona pueda arrogarse el derecho ni siquiera cuando sea su sucesor y trate de instar lo que el fallecido contrayente no quiso o pudo pedir en vida[199].

 

b)  Ajustadas al Derecho del Estado

El ajuste al Derecho del Estado como condición para la eficacia civil de las sentencias canónicas de nulidad de matrimonio y de las decisiones pontificias de disolución de matrimonio rato y no consumado aparece por primera vez en el ordenamiento español, como hemos visto antes, en el artículo VI.2 del Acuerdo sobre asuntos jurídicos de 1979, firmado entre la Santa Sede y el Estado español. El artículo 80 y la Disposición adicional 2ª de la Ley 30/1981, de 7 de julio, lo reprodujeron con pequeñas pero significativas adiciones. La expresión «ajustada a Derecho» no ha resultado feliz, por cuanto la doctrina ha discutido durante largo tiempo el significado exacto de dicha fórmula.

El tema plantea una primera duda de aplicación pues, en materia de nulidad matrimonial, las causas previstas en el artículo 73 del Código civil[200] y la interpretación que de ordinario se hace por los Tribunales del Estado sobre las causas 4ª y 5ª es muy restrictiva, lo cual implicaría que en la mayoría de los supuestos en que la resolución canónica se somete al trámite para declarar su eficacia, no existe ajuste pleno al Derecho civil estatal. Así, nunca sería causa para anular civilmente el matrimonio que uno de los cónyuges descartara tener hijos aunque lo ocultara a su pareja, o la inmadurez de juicio, etc.

Sin embargo, la finalidad del procedimiento no es ajustar de tal manera la resolución canónica a la legislación del Estado hasta el punto de identificarlas y declarar sólo la eficacia de aquellas fundadas en motivos tales que hubiera podido dictarlas un tribunal civil[201].

El Tribunal Supremo abordó con profundidad, en su sentencia de 23 de noviembre de 1995, el alcance del ajuste al Derecho del Estado, y constituye una pieza fundamental para precisar su correcto significado.

En primer lugar, el Tribunal señala que «el tema del ajuste no impone una revisión del fondo y contenido sustantivo de la decisión pontificia». Explica después cómo la interpretación del artículo 80 del Código civil, conforme a los preceptos constitucionales, debe centrarse partiendo del respeto a la jurisdicción eclesiástica que actúa con sujeción a sus propias normas. Y continúa la sentencia:

«No resulta permitido, por tanto, entrar en el tema de desautorizar la resolución pontificia —ello siempre supondría intromisión—, y sí únicamente estimarla ajustada o no a la legalidad estatal, lo que no representa que concurra una precisa, literal y férrea identidad entre las causas de disolución canónica y las civiles.

»La necesaria identidad total de causas —coincidencias en concreto— ha de ser inmediatamente rechazada, (...) no cabe imponer, conforme a los Tratados vigentes, que la Iglesia católica haya de acomodar su normativa y actos jurídicos a la nuestra positiva.

»Resulta más adecuado y conforme al sentido de los preceptos y tratados bilaterales vigentes, que no sólo se proceda a la comprobación de la concurrencia de los requisitos formales del artículo 954 de la LEC, pues esta actividad no satisface por sí sola la función de examen a cargo de los Tribunales del ajuste legal que el precepto civil 80 impone, lo que se alcanza si partiendo de darse como positivos los controles de forma, también se produce la licitud de las resoluciones a homologar y que implica necesariamente que la nulidad matrimonial decretada eclesiásticamente no se presenta como plenamente desajustada para generar un rechazo total, sino que exige determinar si viola o no el orden público interno para denegar la homologación.

»Al resultar acomodado al orden público interno la celebración del matrimonio canónico, que el Código civil prevé en sus artículos 49 y 60 con reconocimiento de efectos civiles —y consiguiente reenvío a las normas canónicas—, los particulares que en uso de su libertad de conciencia acceden libre y conjuntamente a dicha forma de unión sacramental, lo hacen con la plenitud de sus efectos y consecuencias, lo que se traduce en que la voluntad respetada de los cónyuges para optar por la forma religiosa se proyecte también al momento de extinción del matrimonio, cuando es decretado con las debidas garantías y formalidades por la autoridad religiosa.

»A falta de pruebas acreditativas de que la decisión contraría abiertamente al orden público interno, o resulte atentatoria contra el Derecho Constitucional, la homologación resulta estimable, pues el referido orden ha de estar no sólo al servicio del Estado, sino preferentemente al de los ciudadanos y sus derechos inviolables, uno de los cuales es el matrimonio canónico, por estar expresa y legalmente reconocido.

»En consecuencia, el ajuste al Derecho del Estado se produce sobre la base de concurrencia de las condiciones formales para el reconocimiento de sentencias extranjeras, con el plus que presenta su no contradicción a los principios jurídicos públicos y privados de nuestro Ordenamiento de Estado y con el cumplimiento necesario del derecho a la tutela judicial que acoge el artículo 24 de la Constitución»[202].

Por todo ello, podemos concluir que el ajuste debe entenderse como la conformidad con las condiciones del artículo 954 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Si bien a simple vista podríamos pensar que este reenvío nos conduce exclusivamente a normas de carácter procesal, en realidad también lo hace a normas de Derecho sustantivo y, en todo caso, se identifica con la no contradicción con el orden público español.

c)   Cumplimiento de los requisitos establecidos en al artículo 954 de la Ley de Enjuiciamiento Civil

La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil[203] de 7 de enero de 2000 dice en su artículo 52:

«Para que las sentencias firmes y demás títulos ejecutivos extranjeros lleven aparejada ejecución en España, se estará a lo dispuesto en los Tratados internacionales y a las disposiciones sobre cooperación internacional».

Desaparece, por tanto toda mención en la Ley Procesal a los requisitos que ha de cumplir la resolución extranjera para obtener el reconocimiento en España. Pero esto no significa que el artículo 954 de la antigua Ley de 1881 haya quedado derogado de manera automática pues la disposición derogatoria única, apartado primero, excepción tercera, lo mantiene vigente, si bien con carácter provisional:

«los artículos 951 a 958, sobre eficacia en España de sentencias dictadas por tribunales extranjeros, que estarán en vigor hasta la vigencia de la Ley sobre cooperación jurídica internacional en materia civil (...)» [204].

Por otro lado, la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 sólo contiene un artículo dedicado al exequatur canónico: el artículo 778 del Capítulo IV, en el Libro I, al que nos referiremos más adelante y que recoge la regulación del procedimiento para declaración de eficacia de resoluciones canónicas.

Algunos autores sostienen que si bien la nueva LEC no procede a modificar el párrafo segundo del artículo 80 del Código Civil, la remisión que éste hace a la Ley de Enjuiciamiento Civil debería entenderse referida a los artículos 778 y 523 de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil y a la futura Ley sobre Cooperación jurídica internacional en materia civil, cuya aprobación se está retrasando considerablemente.

Por nuestra parte, nos inclinamos a pensar que durante el periodo de vigencia provisional del artículo 954 de la antigua LEC, la remisión que a éste hace el precepto 80 del Código Civil sigue siendo válida[205].

El artículo 954 de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil  dice:

«Si no estuviere en ninguno de los casos de que hablan los tres artículos que anteceden, las ejecutorias tendrán fuerza en España, si reúnen las circunstancias siguientes:

        1ª Que la ejecutoria haya sido dictada como consecuencia del ejercicio de una acción personal.

        2ª Que no haya sido dictada en rebeldía.

        3ª Que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido sea lícita en España.

        4ª Que la carta ejecutoria reúna los requisitos necesarios en la nación en que se haya dictado para ser considerada como auténtica, y los que las leyes españolas requieran para que se haga fe en España»[206].

La segunda y tercera de las condiciones han sido tema de clara controversia jurídica. Por lo que se refiere a la segunda de ellas —que la ejecutoria no haya sido dictada en rebeldía—, señalamos que gran parte de la doctrina sostiene que el propio concepto es técnicamente incorrecto y su exigencia por parte del artículo 954.2 es anacrónica y fraudulenta[207], debiendo sustituirse por el principio procesal de bilateralidad y contradicción, en virtud del cual nadie puede ser condenado en juicio sin previa oportunidad de audiencia. Así lo establecen diversos convenios internacionales sobre reconocimiento y ejecución de sentencias suscritos por España, como también la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina dominante.

No habrá rebeldía en el ordenamiento civil si se ha respetado el principio de que nadie puede ser condenado en juicio si antes no ha podido defenderse en audiencia. De manera que siempre que tal oportunidad haya sido ofrecida a la parte ausente, aunque de hecho ésta no concurra en el proceso para defenderse, la rebeldía no debe repercutir en la homologación civil, no debe influir en el reconocimiento de la resolución eclesiástica por el exequatur.

Tal afirmación, que ha sido dominante en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, ha sufrido una quiebra con la sentencia de 27 de junio de 2002. En esta ocasión, el Tribunal Supremo considera que la sentencia canónica se habrá dictado en rebeldía —y, por tanto, no es homologable— si la parte no comparece en el proceso, ya sea por defecto de citación, amparada en ese caso en el principio de la tutela judicial efectiva, o por voluntad propia, en cuyo caso estaría amparada en la libertad religiosa del artículo 16 de la Constitución[208]. Nos parece que hace el Supremo en esta sentencia una interpretación que desvirtúa la institución de la rebeldía, convirtiéndola en un instrumento para derogar el derecho del cónyuge que acude a la jurisdicción canónica. No vemos además conculcación de la libertad religiosa para el cónyuge que eligió la rebeldía en el proceso canónico[209], por el hecho de que él mismo ha reconocido la competencia de los tribunales eclesiásticos al contraer matrimonio en forma canónica.

La «doctrina iusinternacionalista más avanzada»[210] sostiene que la nota de rebeldía no se debería tomar como elemento obstativo para la declaración de ajuste en aquellos casos en que se demuestre que se ha dado al demandado la oportunidad de defenderse en el proceso canónico. Derecho a la defensa que se encuentra plenamente garantizado, como hemos tenido ocasión de recordar en el primer capítulo de este trabajo, en el ordenamiento canónico.

Podemos decir que según la condición segunda del vigente artículo 954 de la antigua Ley de Enjuiciamiento civil, debe interpretarse que no existe la posibilidad de la invocación del recurso de amparo ante el exequátur civil de una sentencia canónica por rebeldía cuando se ha dado la oportunidad a las partes para intervenir en el proceso canónico de nulidad, por medio de citación probada, cierta y legítimamente emplazada.

Respecto a la tercera de las condiciones que viene recogida por el artículo 954, refiriéndose a la concurrencia de licitud, se ha interpretado por la doctrina científica y jurisprudencial en el sentido de que no ha de contravenir el orden público[211] del Estado. Éste, por su propia naturaleza, se presenta variable y flexible, conforme a las circunstancias y realidades sociales (sentencias de 5.IV.1966 y 31.XII.1979), al conformarse por principios no sólo jurídicos públicos y privados, sino también por políticos, económicos, morales e incluso religiosos y hasta supranacionales, que hay que preservar para el mantenimiento de la paz y orden social en toda su amplitud, y a su vez en atención a su relatividad por causa de la concepción socio-política de cada momento histórico.

Según Albadalejo[212] el orden público matrimonial sólo exige que la causa canónica «no choque, o no se oponga, o no sea inaceptable, o no atente contra el Derecho del Estado, es decir, que éste no la rechace. Es, pues, ilícita sólo la causa de nulidad canónica cuya admisión iría contra el Derecho español».

Esta conclusión, siguiendo a Ferrer[213], es plenamente coherente con la facultad que el Estado reconoce a los cónyuges de elegir entre la jurisdicción civil y la canónica para someter a cualquiera de ellas la decisión sobre la nulidad o la disolución del vínculo matrimonial. Por eso, su eficacia en el orden civil no supone discriminación, ni vulnera el principio de unidad jurisdiccional, ni tampoco el de tutela judicial efectiva, sino que —como ha declarado el Tribunal Constitucional— supone el ejercicio de derechos constitucionales.

En definitiva, podemos concluir el estudio de las condiciones del artículo 954 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y del ajuste al Derecho del Estado, considerando que el artículo 80 del Código civil, «es sólo una exigencia de legalidad en el orden jurídico español para que las sentencias de nulidad puedan tener eficacia civil, sin que el Tribunal competente del Estado pueda entrar en el fondo del asunto, ni conforme a la ley civil, ni tampoco conforme a la ley canónica. Y así se entiende, por lo común, que la resolución del juez civil por la que ha de declararse ajustada al Derecho del Estado la sentencia eclesiástica de nulidad del matrimonio no consiste en una revisión del proceso canónico en cuanto al fondo, sino simplemente en una comprobación de que la sentencia eclesiástica no contradice el Derecho del Estado»[214].

3.  Procedimiento para declaración de eficacia de resoluciones canónicas

El marco normativo del procedimiento de homologación de las resoluciones matrimoniales canónicas venía constituido, hasta su derogación por la Ley 1/2000, por la Ley 30/81 de 7 de julio que modificaba la regulación del matrimonio en el Código civil y determinaba el procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación y disolución. En concreto, la disposición adicional segunda de dicha ley establecía el procedimiento aplicable en caso de demanda de reconocimiento de eficacia civil de las sentencias de nulidad de matrimonio y de dispensa de rato y no consumado.

Esta disposición contenía los criterios sobre la «atribución de competencia territorial a los jueces de Primera Instancia del lugar del domicilio conyugal y si los cónyuges residieran en distintos partidos judiciales, al de la misma clase del último domicilio del matrimonio o del lugar de residencia del otro cónyuge, a elección del demandante»[215].

En los párrafos segundo y tercero[216] se recogía específicamente el procedimiento de homologación[217]. En líneas generales nos encontrábamos ante un procedimiento sencillo[218]. Se iniciaba con la presentación por parte de cualquiera de los cónyuges, ante el Juez de Primera Instancia, de la demanda en solicitud de la eficacia de la resolución eclesiástica recaída sobre su matrimonio. Seguidamente, en un plazo de nueve días, el juez daría audiencia al otro cónyuge y al Ministerio fiscal. Tras lo cual, el juez debía enjuiciar la Resolución presentada, y si resolvía afirmativamente dictar auto acordando su eficacia en el orden civil.

Podemos afirmar que se trataba por tanto de un procedimiento específico que tenía un contenido propio, y también una regulación, aunque incompleta, en la disposición adicional segunda. Tenía carácter declarativo ya que no se trataba de una ejecución, de ahí que el auto que estimaba o desestimaba la pretensión tenía naturaleza declarativa. Finalmente, era inapelable, por lo que gozaba de efectos de cosa juzgada material desde el mismo instante en que se dictaba y, en caso de desestimación, la causa tenía que plantearse mediante otro procedimiento.

Las normas procesales contenidas en las disposiciones adicionales de la Ley 30/81, aunque nacieron con vocación de provisionalidad en tanto no se modificara la Ley de Enjuiciamiento Civil, han estado vigentes casi veinte años a pesar de que la doctrina ha venido denunciando su falta de sistemática, sus contradicciones, reiteraciones y la ausencia de principios rectores.

La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil[219] pone fin a esta situación anómala al derogar las disposiciones adicionales de la Ley 30/81, e incorporar los procesos matrimoniales al capítulo IV, del Libro IV.

Los procesos de reconocimiento de eficacia civil de las resoluciones matrimoniales canónicas pasarán ahora a estar regulados en el artículo 778 de dicho texto legal. Por otra parte también el artículo 954 de la anterior LEC se verá afectado por la reforma, aunque se prevea que continúe vigente, hasta la aprobación de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil[220], que hasta el momento no es más que una promesa incumplida del legislador.

El artículo 778 de la LEC tiene como enunciado: «Eficacia civil de resoluciones de los Tribunales eclesiásticos o de decisiones pontificias sobre matrimonio rato y no consumado»,  y en él se dispone:

«1. En las demandas en solicitud de la eficacia civil de las resoluciones dictadas por los Tribunales eclesiásticos sobre nulidad del matrimonio canónico o las decisiones pontificias sobre matrimonio rato y no consumado, si no se pidiera la adopción o modificación de medidas, el tribunal dará audiencia por plazo de diez días al otro cónyuge y al Ministerio Fiscal y resolverá por medio de auto lo que resulte procedente sobre la eficacia en el orden civil de la resolución o decisión eclesiástica.

2. Cuando en la demanda se hubiere solicitado la adopción o modificación de medidas, se sustanciará la petición de eficacia civil de la resolución o decisión canónica conjuntamente con la relativa a las medidas, siguiendo el procedimiento que corresponda con arreglo a lo dispuesto en el artículo 770».

Si bien no es el caso de entrar a estudiar en detalle la regulación que preveía la Disposición Adicional segunda de la Ley 30/81[221], a la que nos ya hemos referido, considero de interés, siguiendo a Ramírez Navalón[222] trazar un breve análisis comparativo.

a)  La competencia

En la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil las cuestiones relativas a la competencia en los procesos matrimoniales se regulan de manera global en el artículo 769[223]. En esta materia son pocas las novedades introducidas, de modo que el contenido del citado artículo se corresponde casi íntegramente con el apartado primero de la derogada disposición adicional segunda.

La competencia objetiva y funcional sigue correspondiendo al Juez de Primera Instancia o al Juez de Familia donde exista, a pesar de que este hecho ha supuesto una dificultad a la hora de unificar los criterios jurisprudenciales, sobre todo en cuanto a la interpretación del requisito para la homologación del ajuste al derecho del Estado[224].

Por lo que se refiere a la competencia territorial, se sigue observando el mismo criterio establecido en la adicional segunda. Por ello, la verdadera novedad en este punto se encuentra en la determinación del fuero competente para el caso de aquellas personas que no posean domicilio ni residencia fijos. Éstos podrán ser demandados en el lugar donde se encuentren o en el de su última residencia a elección del demandante. Y si finalmente tampoco se pudiera determinar la competencia de esta manera, ésta corresponderá al Tribunal del domicilio del actor.

b)  Los procedimientos

En la Disposición adicional segunda se preveían dos tipos de procedimiento aplicables a la solicitud de eficacia civil de las sentencias canónicas de nulidad de matrimonio o decisiones de disolución de matrimonio rato y no consumado. Uno venía contemplado en la Disposición y el otro era el denominado genéricamente «proceso correspondiente», que tantos problemas causó en la doctrina y la jurisprudencia.

La Disposición adicional segunda, en su párrafo tercero, no determinaba cuál era el procedimiento correspondiente al que remitirse en caso de auto denegatorio o en el supuesto de que se formule oposición. La mayoría de la doctrina consideraba que debía plantearse la misma pretensión pero por lo contencioso; sin embargo, discrepaba sobre cuál era el procedimiento correspondiente. Algunos consideraban que debía ser el de los incidentes, con las modificaciones establecidas en la Disposición adicional quinta. Otros, en cambio, consideraban que el procedimiento correspondiente sería un proceso de menor cuantía, por tratarse de un procedimiento sobre el estado civil, en el que se ventilan los efectos en el orden civil de la decisión eclesiástica sobre el matrimonio canónico. El Tribunal Supremo señala, en dos sentencias[225] que el «procedimiento correspondiente» debe ser el de menor cuantía, donde con toda amplitud se pueden ventilar cuantas cuestiones suscite la ejecución a efectos civiles de la sentencia canónica[226].

En la Ley 1/2000 se contemplan varios procedimientos aplicables en esta materia, pero lo que determina la elección de uno en lugar de otro, ya no es la existencia o no de oposición, sino la solicitud o no de medidas conjuntamente con la demanda de eficacia civil. De esta manera, se prevén dos procedimientos a seguir según se solicite o no, junto con la petición de homologación, las referidas medidas.

(a)  Procedimiento exclusivo de homologación de resolución eclesiástica

El artículo 778.1 establece que «si no se pidiera la adopción o modificación de medidas, el tribunal dará audiencia por el plazo de nueve días al otro cónyuge y al Ministerio Fiscal y resolverá por medio de auto lo que resulte procedente sobre la eficacia en el orden civil de la resolución o decisión eclesiástica».

Este proceso está previsto, por tanto, para aquellos casos en los que únicamente se busque una resolución constitutiva por parte del juez de primera instancia, en la que se declare el reconocimiento de la sentencia canónica de nulidad matrimonial o el rescripto pontificio sobre matrimonio rato y no consumado.

De este modo, este proceso se aplicaría sólo en los casos en que:

        —se solicitase la homologación de sentencia de nulidad de matrimonio canónico y no se quieran modificar las medidas obtenidas previamente de la separación o divorcio civil;

        —en el supuesto de que se demande la homologación de la disolución canónica del matrimonio por inconsumación, conseguida previamente la separación en el ámbito civil, con la adopción de las consiguientes medidas.

Las modificaciones introducidas en el procedimiento previsto en el artículo 778.1 son:

       —desaparece la referencia a la necesidad de que la resolución se declare auténtica y ajustada al derecho del Estado como condición del reconocimiento de la eficacia civil[227];

       —desaparece la referencia a la ejecución, con arreglo a las disposiciones del Código Civil, del auto que declara el reconocimiento de la resolución canónica[228];

       —la modificaciones más importantes se refieren a que en este artículo 778 §1 no se menciona la oposición del otro cónyuge o del Ministerio Fiscal, ni la imposibilidad de recurrir el auto si fuera afirmativo, ni tampoco existe la remisión al procedimiento correspondiente en caso de oposición o denegación[229].

Según la nueva LEC, por tanto, sólo procede dictar la resolución estimatoria o desestimatoria oportuna, sin apertura de periodo alguno de prueba aunque se haya opuesto la parte contraria o el Ministerio fiscal, casos en los que, contrariamente a lo que ocurre en la legislación derogada, no es obligatorio desestimar la pretensión.

La resolución que se dicte será un auto, por así disponerlo expresamente el artículo 778 y, si hubiera oposición de una de las partes, al contrario de lo que sucedía en la legislación anterior, el juez está obligado a entrar a decidir y en su caso estimar la petición.

Por otra parte, contra el auto que dicte el juez ahora sí que cabe recurso, pues al no excluirlo expresamente se aplica el principio general contenido en el artículo 448. El recurso, siendo el auto del juez definitivo ya que pone fin a la primera instancia, no podrá ser el de reposición, pudiendo ir directamente a la apelación tal y como establecen los artículos 455 §1 y 457 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

(b)  Proceso a seguir en el caso de solicitud conjunta de homologación y medidas

En el artículo 778 §2 se establece:

«Cuando en la demanda se hubiere solicitado la adopción o modificación de medidas, se substanciará la petición de eficacia civil de la resolución o decisión canónica conjuntamente con la relativa a las medidas, siguiendo el procedimiento que corresponda con arreglo a lo dispuesto en el artículo 770».

Es una novedad importante porque hasta ahora la disposición adicional 3ª de la Ley 30/81 no preveía ninguna posibilidad formal para adoptar o modificar medidas complementarias en procedimientos sobre eficacia civil de resoluciones eclesiásticas, es más, al tratarse de un verdadero procedimiento de jurisdicción voluntaria que no daba opción alguna a planteamientos contenciosos, ni permitía otro tipo de pronunciamiento judicial que no fuera la declaración de reconocimiento y ejecución de la decisión religiosa, cualquier acción destinada a lograr el establecimiento de medidas relativas a los cónyuges o a los hijos se derivaba hacia otros cauces procesales, precisando la iniciación de otro proceso, con todo lo que ello implica en gasto de tiempo y dinero.

La nueva Ley permite pedir en la misma demanda tanto la declaración de eficacia como la adopción de medidas complementarias, que se discutirán en un solo proceso contencioso, que será el mismo previsto para el conocimiento de las demandas de nulidad, separación y divorcio contenciosas. El procedimiento previsto es el juicio verbal.

Algunos autores[230] han planteado ciertas dudas a este segundo procedimiento. Según éstos la remisión al artículo 954 de la Ley de Enjuiciamiento Civil  por parte del artículo 80 del Código Civil conlleva que las resoluciones eclesiásticas son equiparables a las sentencias extranjeras, pues les aplica la misma normativa del exequátur.

En principio y tras la modificación del artículo 954 de la LEC, la remisión del artículo 80 del Código Civil tendría como punto de llegada la nueva sede del reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras, es decir el artículo 523. Ahora bien este artículo remite a su vez para la ejecución de las sentencias extranjeras al régimen convencional que pueda existir entre ambos países —al tratado internacional—, y a la futura Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil, que no sabemos cuándo verá la luz.

Esta Ley, en sede matrimonial, reformará el marco general sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias extranjeras sobre el matrimonio. Así el artículo 17 del Anteproyecto establece: «las resoluciones que cumplen los requisitos establecidos en un tratado y en esta Ley se reconocerán en España, sin que sea preciso acudir a procedimiento alguno». Aunque el texto del Anteproyecto fue rechazado en su día, puede merecer la pena tomar en consideración sus previsiones en la medida en que expresan un estado de opinión y unas preocupaciones concretas sobre los problemas que venimos tratando.

De modo indirecto también modificará el artículo 107 del Código Civil, —paralelo al artículo 80, pero para las sentencias extranjeras de separación y divorcio—, pues se atribuirá la competencia para el reconocimiento y la ejecución —inscripción— de las sentencias extranjeras sobre separación y divorcio a los Jueces encargados del Registro Civil.

No resulta aventurado pensar que con esta regulación se produciría una discriminación de las resoluciones eclesiásticas sobre matrimonio canónico para su eficacia civil, respecto a las sentencias extranjeras sobre matrimonio. Éstas obtendrían el reconocimiento civil de eficacia ante el Juez encargado del Registro Civil, mediante expediente registral, mientras que las resoluciones eclesiásticas tendrían que obtener la eficacia en el orden civil a través del procedimiento previsto en el artículo 778 §2.

No se debe olvidar que los nuevos principios introducidos como consecuencia de la apertura política e internacional, han modificado el marco normativo, primando el régimen convencional y haciendo cada vez más sencillo el procedimiento para el reconocimiento y ejecución de las resoluciones extranjeras. Por todo ello el artículo VI.2 del Acuerdo podría ser interpretado de acuerdo con estos principios sobre cooperación internacional.

La Santa Sede y el Estado español han acordado que las resoluciones eclesiásticas sobre el matrimonio canónico tengan efectos en el orden civil, si bien no han regulado un procedimiento específico para ello. La autoridad para otorgar los efectos civiles es el Tribunal civil competente, pudiendo el ordenamiento español atribuir tal competencia al Encargado del Registro Civil. El Tribunal civil competente sólo podría denegar los efectos civiles, cuando declare que la resolución eclesiástica no se ajuste al derecho del Estado[231]. Sin embargo, el artículo 778 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en cuanto establece un procedimiento jurisdiccional para el reconocimiento de eficacia civil a las resoluciones eclesiásticas, iría más allá de lo pactado en el Acuerdo, que no establece ningún procedimiento; y contradiría la futura Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil, que admite la solicitud del reconocimiento de las sentencias de nulidad del matrimonio y de disolución matrimonial ante el Encargado del Registro Civil. En el fondo, se produciría una discriminación de las resoluciones eclesiásticas sobre matrimonio canónico respecto a las sentencias matrimoniales extranjeras.

B.  Italia

1.  Evolución histórica

El primer Código civil de Italia del año 1865, estableció como válido ante el Estado sólo el matrimonio civil, negando cualquier eficacia al matrimonio religioso y a las decisiones de los tribunales eclesiásticos. Esta disciplina obedecía a una precisa orientación ideológica y al deseo de hacer efectivo en la materia matrimonial el ideal de separación entre la Iglesia y el Estado[232].

El sistema separatista fue abandonado por el Estado con la firma, el 11 de febrero de 1929 de los Pactos Lateranenses, que introducen el principio de reconocimiento del matrimonio canónico.

El artículo 34 de dichos Pactos contiene el núcleo del nuevo sistema matrimonial concordatario en estos términos: «El Estado italiano, queriendo restituir al instituto del matrimonio, que es base de la familia, dignidad conforme a las tradiciones católicas de su pueblo, reconoce al sacramento del matrimonio, disciplinado por el derecho canónico, los efectos civiles»[233].

El matrimonio canónico se equipara así por el ordenamiento italiano a todos los efectos con el matrimonio civil. Venía además reconocida la jurisdicción eclesiástica en materia matrimonial, reservando las causas de nulidad de matrimonio y de disolución del matrimonio rato y no consumado a la competencia exclusiva de los tribunales y dicasterios eclesiásticos, concediendo eficacia civil, aunque subordinada a la intervención de un órgano estatal, a las sentencias y decisiones de dichos órganos[234].

El matrimonio debía ser trascrito en el Registro del estado civil por el oficial del municipio y las sentencias debían ser hechas ejecutivas, para alcanzar efectos civiles, por medio de una resolución de la Corte de Apelación. Las intervenciones de los órganos del Estado no comportaban en cualquier caso ningún control sustancial sobre las decisiones de los órganos eclesiásticos, limitándose a dar ejecución a las mismas.

Al promulgarse la Constitución de la República italiana en 1948, se confirmó el régimen del Concordato. Así se recoge en el artículo 7[235], que fue objeto de una larga discusión en su proceso de elaboración y posterior aprobación.

El primer momento de ruptura con el sistema concordatario se produjo con la aprobación de la Ley 898, de 1 de diciembre de 1970, que implantó el divorcio en Italia, y que resultaba también aplicable al matrimonio canónico. La reserva de competencia a la jurisdicción eclesiástica quedó así afectada por la posibilidad de que la jurisdicción civil incidiera eficazmente en matrimonios canónicos.

En cuanto al reconocimiento de la jurisdicción eclesiástica, se vio sensiblemente limitada la atribución automática de efectos civiles a las sentencias de nulidad de matrimonio, con la sentencia de la Corte de Casación que reconoce a las partes el derecho a intervenir en el procedimiento ante el Tribunal de apelación, para hacer valer eventuales motivos de disenso y oponerse al reconocimiento civil de la decisión canónica[236]. En la misma sentencia, realizó la Corte otras claras afirmaciones: la primera, que el procedimiento por el que el Tribunal de apelación reconoce la sentencia, aunque se la llame ordenanza, es una verdadera sentencia. En segundo lugar, esta ordenanza tiene un carácter jurisdiccional porque no es meramente administrativa, ya que atribuye efectos civiles a la sentencia eclesiástica de nulidad del matrimonio y a su vez ordena la anotación en el registro del estado civil. Es, a su vez, constitutiva de una nueva situación jurídica y, finalmente, este procedimiento tiene naturaleza de juicio de exequatur, lo cual conlleva su naturaleza jurisdiccional.

En este contexto, se hicieron numerosas las sentencias de la Corte Constitucional que llevaban a modificar gradualmente el sistema originario: el juez italiano debería confirmar que la sentencias canónicas no contuvieran disposiciones contrarias al orden público y que hubieran respetado los derechos de defensa del ciudadano. Declaró asimismo la inconstitucionalidad de la concesión de efectos civiles a la dispensa pontificia de matrimonio rato y no consumado[237]. Se trata, en palabras de Botta[238], de unas sentencias extremadamente importantes y que han condicionado en mucho la revisión de los Pactos Lateranenses[239], al atribuir a la Corte de Apelación italiana un notable control sobre la sentencia eclesiástica, pues su ejecución se vería denegada si contuviera disposiciones contrarias al orden público[240] o si en el procedimiento ante el Tribunal eclesiástico no se hubiera asegurado a las partes el derecho de actuar y resistir en juicio en defensa de los propios derechos.

El procedimiento dirigido a conferir efectos civiles a las sentencias eclesiásticas de nulidad del matrimonio perdía así el automatismo del sistema concordatario original y se acercaba, en sus líneas generales, al procedimiento previsto para las sentencias extranjeras. Todo esto llevó a dar un notable impulso a las negociaciones para sustituir el Concordato de 1929 y llegar al nuevo Pacto de 1984.

2.  Régimen actual

Con el Acuerdo de modificación del Concordato Lateranense, estipulado en Villa Madama el 18 de febrero de 1984 entre la Santa Sede y el Gobierno italiano, ratificado por el parlamento italiano por ley de 25 de marzo de 1985 núm. 121 y que entró en vigor con el intercambio de los instrumentos de ratificación por las partes contrayentes el 3 de junio de 1985, se ha mantenido el reconocimiento civil del matrimonio canónico y la relativa jurisdicción eclesiástica.

En el artículo 8 del Acuerdo de 1984 se ha procedido a una ardua y minuciosa regulación que incluye aspectos que en el anterior régimen estaban regulados por la ley de actuación del Concordato (la llamada ley matrimonial, de 27 de mayo de 1929, núm. 847). La materia regulada por medio de este Acuerdo ha sido notablemente ampliada.

Se intenta fundamentalmente instaurar una recíproca colaboración entre Estado e Iglesia, que favorezca los intereses mismos de los ciudadanos por satisfacer sus exigencias religiosas y contribuya —como se lee en el primer artículo del Acuerdo— «a la promoción del hombre y el bien del país».

Pienso que ha recogido numerosos pareceres de aprobación que, en gran parte, se deben al constatar que las innovaciones adoptadas en la materia eran necesarias en cuanto representaban una respuesta lógica a la nueva situación creada, sea por parte de la Iglesia, según los nuevos principios afirmados por el Concilio Vaticano II y recogidos por el nuevo Código de Derecho Canónico, sea por parte del Estado italiano según el artículo 7 de la Constitución y las sentencias de la Corte Constitucional.

Con referencia al tema que nos ocupa, la eficacia civil de las sentencia eclesiásticas de nulidad, si comparamos la regulación que contenía el Concordato de 1929 y la regulación —modificada— del Acuerdo de Villa Madama podemos hablar, siguiendo a Martín García[241], de cuatro diferencias:

—En el Concordato, el control del respeto sobre la competencia del juez y la citación y legítima representación o rebeldía de las partes, se prevé que se realice en sede canónica. En el Acuerdo, por el contrario, ese control sobre la competencia del juez y el respeto al derecho a la defensa de las partes, se hace en sede estatal.

—En el Concordato, las sentencias canónicas eran llevadas de oficio ante el juez de apelación, mientras que en el Acuerdo se dispone que serán llevadas a instancia de parte, por uno o los dos cónyuges.

—Según la expresión del Concordato, el tribunal de apelación reconoce la sentencia canónica por medio de una ordenanza, mientras que el Acuerdo ya prevé expresamente que se reconocerá por medio de una sentencia.

—La regulación de 1984 dispone que se deben cumplir las demás condiciones previstas en la ley italiana para la eficacia de una sentencia extranjera.

Añadimos nosotros a lo señalado que desaparece la reserva de jurisdicción, a favor de los Tribunales eclesiásticos, en las causas de nulidad de matrimonios concordatarios[242] —es decir, de los matrimonios canónicos con efectos civiles—, y que no se prevé en el nuevo Acuerdo la relevancia civil de la dispensa pontificia de matrimonio rato y no consumado[243].

Se podría decir que se pasa de un sistema caracterizado por el práctico automatismo de las sentencias, hacia un sistema de exequatur de la sentencia canónica de nulidad. Este cambio si bien fue similar, en cuanto al paso de un sistema a otro, al español, ha sido resuelto de manera mucho más satisfactoria. Según Navarro-Valls[244], la doctrina italiana no se encontró tan desprevenida por los contrastes entre el Concordato de 1929 y el artículo 8.2 del Acuerdo del 84. Y esto por dos razones: la primera fue que el complejo concordatario de 1929,  había sido ya gradualmente modificado por el Tribunal Constitucional. La segunda, que el texto concordatario contenía una cláusula interpretativa (el protocolo adicional del Acuerdo) que evitaba lo que no supo evitar el Acuerdo español: es decir, la existencia de una norma en blanco que hubiere de ser rellenada en toda su profundidad por la doctrina. No utilizó la  frase ambigua de «ajustadas al Derecho del Estado»; sino que intentó precisar en qué términos había de ser interpretada la referencia a los artículos 796 y 797 del Código procesal italiano[245].

Efectivamente el estudio de la jurisprudencia ofrece los datos necesarios para saber que muchas de las modificaciones se habían consumado en la práctica ya antes del Acuerdo de 1984, como hemos señalado en el apartado anterior.

El artículo 8.2 del nuevo Concordato fija así las condiciones en que las sentencias canónicas de nulidad eclesiásticas pueden tener eficacia civil:

«Las sentencias de nulidad de matrimonio pronunciadas por los tribunales eclesiásticos que estén provistas del decreto de ejecutividad del órgano eclesiástico superior de control, a petición de las partes o de una de ellas, son declaradas eficaces en la República italiana con sentencia del tribunal de apelación competente, cuando éste acredite.

a) que el juez eclesiástico era el juez competente para conocer de la causa en cuanto el matrimonio se hubiera celebrado de conformidad con lo previsto en el presente artículo;

b) que en el procedimiento ante los tribunales eclesiásticos ha quedado asegurado a las partes el derecho de actuar y de defenderse en juicio de manera no divergente con los principios fundamentales del ordenamiento italiano;

c) que concurren las otras condiciones requeridas por la legislación italiana para la declaración de eficacia de las sentencias extranjeras»[246].

3.  Procedimiento de homologación de las sentencias canónicas

El procedimiento para reconocer efectos civiles a la sentencia eclesiástica de nulidad se desarrolla ante el Tribunal de apelación del distrito en el que se encuentra el municipio ante el que se ha inscrito el matrimonio canónico. Este procedimiento se pone en funcionamiento a petición de las partes[247] o de una de ellas[248], y se propone con acto de citación o recurso según las partes sean o no concordes con el reconocimiento de la eficacia civil de la sentencia. Un evidente presupuesto procesal de la demanda es que la sentencia sea ejecutiva, es decir, confirmada en apelación o por un decreto o por una sentencia posterior, según las normas del derecho canónico.

La Corte de apelación deberá constatar la existencia y la autenticidad de los procedimientos eclesiásticos sobre nulidad del matrimonio y del decreto de la Signatura Apostólica, atestiguando la ejecutoriedad de la sentencia; deberá, además, certificar que el matrimonio declarado nulo era un matrimonio canónico inscrito; que el juez era competente para conocer la causa; que las partes hayan podido ejercer su derecho de actuar y resistir en juicio, de modo que no se vulneren los principios fundamentales del ordenamiento italiano[249]; finalmente, que concurran las condiciones exigidas por la legislación italiana para la declaración de eficacia de las sentencias extranjeras.

Existe, por tanto, el reconocimiento en Italia de un acto jurisdiccional de los Tribunales eclesiásticos, pero se requiere un previo control por parte de la autoridad judicial italiana. Especial interés tiene en ese control la constatación de que se haya asegurado el derecho de defensa de las partes en el proceso canónico y la no contradicción de la sentencia que se quiere homologar con el orden público italiano, cuestiones a las que nos referimos a continuación.

a)  Respeto del derecho de defensa

Por lo que se refiere a este «control sobre el proceso», el Tribunal de apelación debe verificar el respeto del principio del contradictorio, circunscrito al análisis de la actividad que en concreto se desarrolla por las partes en el juicio de quo. La Corte de Casación ha confirmado en más de una ocasión la irrelevancia de la «mera diversidad de regulación procesal»[250].

Será por tanto el comportamiento de las partes lo que tendrá especial importancia a la hora de ejecutar o no una sentencia canónica. Por cuanto hace referencia a este derecho de las partes a obrar y resistir en juicio, se entiende relevante a la hora de verificar la tutela de este derecho, no sólo la constitución en juicio de ambas partes o el nombramiento de un procurador; sino también el hecho que comparezca personalmente, participando a la audiencia de contestación o llevando a cabo el interrogatorio ante el juez[251].

Como señala Finocchiaro[252], el derecho a la defensa es respetado cuando el demandado haya sido correctamente citado para comparecer y haya dispuesto de un plazo suficiente para preparar la propia defensa, de modo que su eventual contumacia dependa de una libre elección y, en cualquier caso, no de obstáculos interpuestos por los órganos eclesiásticos.

Es difícil considerar que las resoluciones dictadas por Tribunales eclesiásticos vulneren derechos y principios fundamentales recogidos en la Constitución italiana, como es el derecho de defensa, ya que el contenido del Acuerdo ha de considerarse totalmente conforme a tales principios y en él se reconoce el derecho de los contrayentes a acudir a esta jurisdicción, garantizando la eficacia civil de las mismas. Consecuentemente, se debe partir de que «salvo que se demuestre lo contrario, los actos jurisdiccionales eclesiásticos se han constituido respetando el contenido mínimo del derecho a de todos a la tutela jurisdiccional proclamado, para su propio ámbito, por el ordenamiento estatal»[253]. La carga de la prueba deberá por tanto corresponder a la parte que considere lesionado su derecho.

En este punto, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 20 de junio de 2001, en la causa Pellegrini contra Italia, aparece, en palabras de Botta[254], como «excepcional» en cuanto «interfiere» con la disposición de las relaciones pacticias entre la Iglesia y el Estado. Nos remitimos aquí a lo dicho en el primer capítulo sobre el respeto del derecho a la defensa en el proceso canónico y la crítica de la citada sentencia.

 

b)  El límite del orden público

Mayores problemas ha introducido el control, delegado al Tribunal de apelación, de la no contrariedad de la sentencia eclesiástica a ejecutar con el orden público italiano, que es una de las condiciones incluidas en el punto c) del citado artículo 8.2 del Acuerdo, en relación con el artículo 797 del Código de procedimiento civil[255]. La propia Corte de Casación vaciló en sus primeras sentencias sobre todo a propósito de la concreción del límite del orden público. Finalmente tras diferentes opiniones[256] se concluyó que la declaración de ejecutabilidad de una sentencia canónica sólo podría negarse en presencia de una contradicción con las reglas fundamentales en las que se inspira en un momento determinado el Derecho del Estado al definir la estructura del instituto matrimonial, no considerándose contraste con el orden público las simples diferencias de régimen existentes entre derecho matrimonial civil y derecho canónico[257].

Tema de abundante discusión en la doctrina y en la jurisprudencia ha sido, sin embargo, si procede reconocer la eficacia civil de las sentencias canónicas declarativas de la nulidad del matrimonio si su fundamento entroncaba con los casos de «reserva mental» —por exclusión de uno de los bona matrimonii—, en aras a proteger la buena fe del cónyuge que desconocía tal reserva[258]. Al respecto, cabe señalar que la compatibilidad de las causas de nulidad típicas del derecho canónico con el orden público italiano ha de ser valorada a la luz del artículo 4 b) del Protocolo adicional del Acuerdo de Villa Madama. Según dicho artículo, en la aplicación a las sentencias canónicas de los artículos 796 y 797 del Código italiano de procedimiento civil, hay que tener en cuenta la especificidad del ordenamiento canónico que regula el vínculo matrimonial. Como consecuencia, la mera diversidad entre las causas de nulidad matrimonial en los dos ordenamientos, aunque sintomática de la elección de diversos valores a los que se concede tutela privilegiada, no podrá ser considerada lesiva del orden público[259].

En este sentido, la Corte de Casación ha excluido la contrariedad con el orden público de las sentencias canónicas de nulidad, aun cuando, a diferencia del derecho civil, que no admite la impugnación del matrimonio si los cónyuges han convivido como tales durante cierto tiempo después de la boda, la acción canónica se haya propuesto después de que los cónyuges hayan convivido durante varios años[260]. Con esta sentencia, la Corte se separa de una cierta jurisprudencia que se inclinaba a tutelar el cónyuge más débil, el cual, una vez homologada la sentencia canónica de nulidad de matrimonio, quedaba insuficien­temente protegido por los artículos 129 y 129 bis del Código civil, que disciplinan las consecuencias económicas de la nulidad, allí donde, con el divorcio, tendría derecho a un mejor tratamiento. Ya que tal diferencia de trato no se debe a las normas de origen concordatario, las Secciones Unidas de la Corte de Casación han propuesto al legislador de asimilar en lo posible los efectos de la nulidad del matrimonio con los del divorcio. Esto nos remite al tema que trataremos en el siguiente epígrafe.

En conclusión, hay que tener en cuenta la voluntas legis, expresada en la estipulación del Concordato, de reconocer en el ordenamiento estatal las sentencias canónicas, sabiendo que éstas otorgan distinto relieve a los vicios del consentimiento, por la particular naturaleza del ordenamiento canónico. Por lo que respecta al límite del orden público, salvo prueba concreta en contrario, se presume que las sentencias canónicas están en consonancia con aquél, aun cuando se basen en motivos que no tienen acogida en el derecho civil.

 

4.   Efectos patrimoniales del exequatur

Uno de los aspectos más delicados de las sentencias eclesiásticas de nulidad matrimonial es el que se refiere a las consecuencias patrimoniales que se derivan de su reconocimiento en ámbito civil. Es evidente el interés, tanto para el Estado como para la Iglesia, de una correcta regulación de tales efectos, ya sea por obvios motivos de justicia, como por razones de economía procesal. Una normativa que no proteja suficientemente a la parte económicamente más débil, puede llevar a que acudan a los Tribunales eclesiásticos, y consecuentemente a los civiles para obtener el exequatur de la sentencia canónica, no sólo quienes en conciencia ponen en duda la validez de su matrimonio sacramento, sino también quienes buscan evitar o suavizar obligaciones económicas hacia el otro cónyuge respecto a las que se derivarían de la eventual sentencia civil de divorcio.

Al contemplar los efectos patrimoniales de la sentencia de nulidad civilmente reconocida en relación con los que se derivan de la sentencia de divorcio, una primera cuestión que hay que dilucidar es la posibilidad de obtener el reconocimiento civil de la sentencia eclesiástica de nulidad en presencia de una sentencia civil de divorcio del mismo matrimonio, con efectos de cosa juzgada. Puesto que la sentencia de divorcio tiene una causa petendi y un petitum distinto de los de la sentencia de nulidad, hay que concluir que la sentencia de divorcio no impide el exequatur de la sentencia canónica que haya declarado la nulidad de ese matrimonio[261]. Asunto distinto es si la homologación de tal sentencia deba modificar las obligaciones económicas que había establecido la precedente de divorcio. Al respecto señala Finocchiaro que sólo puede afectar a las materias no protegidas por la cosa juzgada de la sentencia de divorcio, por lo que deben mantenerse firmes las medidas relativas a las relaciones personales y patrimoniales, fijadas por la sentencia de divorcio pasada a cosa juzgada, y que no son objeto de la sentencia de nulidad: el pronunciamiento sobre el divorcio disciplinaría el fin de la convivencia entre las partes, materia distinta de la que se debate en sede de nulidad[262].

No parece ofrecer dudas, en principio, que en caso de nulidad de matrimonio declarada por el juez eclesiástico y reconocida por el Estado italiano —no precedida por una sentencia civil de divorcio—, son de aplicación los artículos 129 y 129 bis del Código Civil, que regulan los efectos de la nulidad civil, incluso cuando tal nulidad haya sido declarada tras una consolidada comunión de vida —situación que, recordamos, no puede producirse en la nulidad civil—. Así lo ha confirmado la Corte Constitucional en la sentencia n. 329, del 24 de septiembre de 2001[263], señalando que la diferencia entre nulidad y divorcio impide aplicar a aquélla el régimen económico de éste, y que corresponde sólo al legislador el poder de modificar el sistema vigente en la perspectiva de un acercamiento entre la disciplina de la nulidad del matrimonio concordatario y la del cese de efectos civiles por efecto del divorcio.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia han repetido este llamamiento al legislador a una asimilación, en lo posible y teniendo en cuenta la diversidad de las situaciones, entre las consecuencias económicas de la nulidad y las del divorcio[264].  Un tal reforma, además de depurar la intención de quienes acuden a la nulidad canónica, conseguiría una aplicación de buena fe por parte del Estado del artículo 8.2 del Acuerdo, evitando alambicadas argumentaciones para no homologar sentencias que causarían un gravamen a la parte económicamente débil.

Mientras no se realice esa reforma legislativa, debe mantenerse, en consonancia con la jurisprudencia de los últimos años de la Corte de Casación, que no se puede tratar del mismo modo el caso en que la declaración de nulidad del matrimonio canónico se produce cuando el juez del Estado no se había pronunciado con sentencia pasada a cosa juzgada en materia de medidas económicas y el caso en el que existe ya una sentencia con valor de cosa juzgada emitida por el juez italiano[265]. En este último caso, como ya hemos apuntado, el exequatur de la sentencia eclesiástica no puede prejuzgar lo que el juez del Estado, único competente, ya había decidido con sentencia pasada a cosa juzgada sobre las relaciones entre los ex-cónyuges.

5.  La reforma del derecho internacional privado

Un último problema que afrontamos será el de la posible aplicación de la Ley núm. 218, de 31 de mayo de 1995, que regula la eficacia de las sentencias y actos extranjeros en sus artículos 64 al 71, a las sentencias canónicas.

Los principios de reconocimiento ex lege de los pronunciamientos jurisdiccionales extranjeros, así como la distinción entre reconocimiento y ejecutividad[266], aparecen recogidos en la Ley de reforma del sistema italiano de Derecho internacional privado. Esta reforma eleva a principio general el reconocimiento automático de las sentencias extranjeras; principio que, por tanto, encuentra aplicación también frente a los pronunciamientos hechos por autoridades judiciales de Estados no pertenecientes a la Unión Europea y por tanto no afectados por el Reglamento europeo 2201/2003 relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental.

El artículo 64 de la Ley de reforma sanciona la regla según la cual una sentencia extranjera es reconocida en Italia sin que sea necesario el recurso a ningún procedimiento. La sentencia extranjera será por tanto reconocida automáticamente en el ordenamiento italiano con tal que satisfaga determinadas condiciones, que se recogían, si bien parcialmente, en el derogado artículo 797 del Código Procesal italiano y coinciden grosso modo con las exigidas en el capítulo IV del Reglamento (CE) 2201/2003[267].

La Ley prevé el caso en el que no se hayan observado los requisitos a que antes aludíamos, o que éstos sean discutidos por alguna de las partes, o bien que sea necesario proceder a la ejecución forzosa. En estas situaciones se deberá proceder con el normal juicio de exequatur.

El interrogante que surge de inmediato es si a la sentencias eclesiásticas de nulidad matrimonial se puede aplicar la nueva legislación que se refiere, más específicamente, a la eficacia de las sentencias y actos extranjeros. En el actual debate jurídico la extensibilidad a las sentencias eclesiásticas del procedimiento de reconocimiento simplificado aparece como un problema discutido. Si bien la Corte de Casación se muestra firme en la no extensibilidad, algunas Cortes de apelación y parte de la doctrina se muestran favorables.

 La cuestión es particularmente compleja pues implica resolver la relación que existe entre la normativa concordataria y esta ley; y en concreto, si el reconocimiento automático de las sentencias extranjeras, tal y como viene introducido por el artículo 64 de la Ley de reforma, puede entenderse operante, también para las sentencias eclesiásticas de nulidad matrimonial, aun existiendo la expresa remisión del Acuerdo de 1984 a la disciplina prevista en el Código Procesal.

Existen otros problemas previos, anejos a la cuestión, como señala Lacroce[268], que llevan a interrogarse, en primer lugar, sobre la naturaleza jurídica del Acuerdo de 1984. Tal problema implica afrontar la espinosa cuestión de la naturaleza jurídica de los Concordatos. Al mismo tiempo, el Acuerdo de 1984 reenvía a los artículos 796 y 797 del Código Procesal, que hoy con la entrada en vigor de la reforma del Derecho internacional privado, han quedado derogados[269].

La naturaleza de Tratado internacional del Acuerdo de Villa Madama y del Protocolo, que establecen el procedimiento de exequatur para las sentencias canónicas, impide su abrogación mediante una ley ordinaria como es la 218/1995. Asimismo, el artículo 2 de esta ley establece que no se prejuzga la aplicación de las convenciones internacionales en vigor para Italia, entre las que deberá contarse el Acuerdo de 1984 con la Santa Sede. En estos dos motivos se basa fundamentalmente la doctrina y la jurisprudencia para negar la extensión del reconocimiento automático a las sentencias canónicas[270].

Otros autores insisten en lo avanzado del proceso de asimilación entre el exequatur de las sentencias eclesiásticas y el reconocimiento de eficacia de las sentencias extranjeras. A su vez señalan que un sistema de relevancia civil diferenciado podría dificultar la libertad de circulación de los valores jurídicos considerados entre los dos ordenamientos. Añaden, finalmente, que se corre el riesgo de introducir una discriminación en relación al ciudadano-fiel, el cual se ve obligado a recurrir a procedimientos de control de las sentencias canónicas más complicados que los previstos para las sentencias extranjeras.

A este respecto, coincidimos con Botta en que la vuelta a un sistema diferenciado para el exequatur de las sentencias eclesiásticas respecto a las extranjeras, en el nuevo cuadro normativo introducido con la ley del 1995, supone una inversión de la situación existente antes de la revisión del Concordato. La relevancia civil de las sentencias eclesiásticas pasaría de privilegiada in melius a privilegiada in peius, en contradicción con la «mayor disponibilidad» que, según la jurisprudencia de la Casación y de la Corte Constitucional[271] caracteriza al ordenamiento italiano frente al canónico, en tema de circulación de valores jurídicos[272].

El propio Finocchiaro que, basándose en el tenor literal del Acuerdo de 1984, había negado la extensión del reconocimiento automático a las sentencias canónicas, parece revisar su posición cuando afirma que aquél fue redactado en un momento en que las sentencias extranjeras en materia matrimonial, para asumir eficacia en Italia, debían nece­sa­ria­men­te pasar a través del juicio de exequatur. Ahora que se ha agilizado el reco­no­cimiento de sentencias extranjeras, no habría ningún motivo serio para dejar necesariamente sujeto a complicaciones el reconocimiento de las sentencias eclesiásticas[273].

No han faltado pronunciamientos de los Tribunales de apelación a favor de la extensión de los principios de la Ley de reforma del derecho internacional privado respecto a las sentencias canónicas de nulidad. Destaca en este sentido la Corte de apelación de Florencia[274] que, basándose en la apreciación internacionalista de las sentencias canónicas de nulidad, ha fundado la extensión a las mismas del régimen previsto en la Ley 218/1995.

Compartiendo los razonamientos del Tribunal toscano, señala Folliero que tal consideración de la Ley 218 no puede considerarse una violación del contenido primario del Acuerdo y por tanto una lesión del principio constitucional de la inviolabilidad de los pactos. Basa su afirmación en que la obligación primara asumida por el Estado con el artículo 8.2 del Acuerdo fue la de la equiparación de las sentencias eclesiásticas a las extranjeras. A este compromiso primario se unió el de la modalidad instrumental y complementaria para darle actuación, representado por el entonces vigente juicio de exequatur, que no constituiría materia inmodificable. Lo confirmaría el hecho de que la Iglesia no ha denunciado violación del Tratado cuando la equiparación del derecho canónico al derecho extranjero ha sido actuada por la jurisprudencia[275].

En cualquier caso, nos parece que, a fin de disipar posibles dudas, la mejor solución sería una modificación del texto concordatario, o una conjunta interpretación de la extensión a las resoluciones eclesiásticas  de los principios de automaticidad aplicables a las sentencias extranjeras, que podría llevarse a cabo mediante un intercambio de notas diplomáticas entre la Santa Sede y el Estado italiano.

C.  Malta

1.  Evolución del sistema matrimonial maltés

La evolución del sistema matrimonial maltés resulta interesante por los sucesivos cambios que se han producido, pasando de un sistema a otro, no siempre en el pleno respeto de la libertad religiosa, hasta llegar finalmente a la situación actual.

Desde la independencia de la República de Malta, que se produce con la Constitución del 21 de septiembre de 1964, y hasta 1975, el matrimonio de los católicos malteses, a todos los efectos civiles, estaba regulado exclusivamente por el Derecho canónico. Como consecuencia, el matrimonio de los católicos celebrado en la sola forma civil, incluso el que se llevaba a cabo en un Estado extranjero, no era reconocido en Malta. Esta regulación, en la que la única ley que disciplinaba el matrimonio en el país era el Derecho canónico, llevaba a situaciones anómalas[276], de modo que, por ejemplo, no existía posibilidad para los católicos que se hubieran separado de la fe de contraer matrimonio en ninguna forma que no fuera la canónica.

 Con la Ley número 37, de 30 de julio de 1975, se puede decir que se pasa de un extremo a otro. Esta Ley, aunque admitió que el matrimonio pudiera ser celebrado ante el oficial civil o ante el ministro competente de la Iglesia católica o comunidad religiosa civilmente reconocida, llevó a que todas las condiciones necesarias para la validez, los efectos y la nulidad pasaran a ser reguladas exclusivamente por la legislación civil[277]. De este modo, se había introducido subrepticiamente un sistema de matrimonio civil obligatorio, en el que la forma religiosa facultativa no era otra cosa que una de las posibles modalidades de acceso al régimen civil[278].

Se pasaba así a una absoluta reserva de jurisdicción a favor del Estado en los juicios sobre la validez del matrimonio, cualquiera que hubiera sido su forma de celebración, negándose toda relevancia al Derecho canónico y no reconociendo alguna eficacia civil a las decisiones matrimoniales de los Tribunales eclesiásticos[279].

2.  El Acuerdo con la Santa Sede de 1993

El 3 de febrero de 1993, la Santa Sede y la República de Malta firmaron un Acuerdo[280], ratificado el 25 de marzo de 1995, que tiene como objeto específico el reconocimiento de los efectos civiles de los matrimonios canónicos y de las decisiones de las autoridades y tribunales eclesiásticos al respecto. Tal Acuerdo concordatario, único en su género, ha implicado una sucesiva reforma del Marriage Act de 1975, mediante Ley del 3 de marzo de 1995, poniendo fin a lo que algunos consideraban una discriminación hacia los ciudadanos católicos de Malta —la inmensa mayoría de la población— cuya única posibilidad de contraer matrimonio válido no era reconocida por el Estado a efectos civiles[281]. Se ha pasado así a un sistema matrimonial de tipo concordatario latino —limitado al matrimonio católico—, en el sentido de que los ciudadanos pueden elegir entre el matrimonio civil o el religioso y, en este último caso, se produce un remisión normativa y jurisdiccional al derecho de la confesión[282].

La República de Malta reconoce los efectos civiles de los matrimonios canónicos cuando no subsista entre los contrayentes un impedimento que, según la ley civil, produzca la nulidad del matrimonio y que la misma ley civil considere inderogable y no dispensable. En un Protocolo adicional, las partes firmantes del Acuerdo, declaran como impedimentos considerados indispensables por la ley civil la edad inferior a 16 años, la enfermedad mental, la consanguinidad en línea recta o, hasta el segundo grado, en línea colateral y la subsistencia de un matrimonio precedente válido a efectos civiles[283].

Las sentencias de nulidad de los tribunales eclesiásticos y las dispensas pontificias super rato, son reconocidas eficaces a efectos civiles a condición que, al menos una de las partes, lo solicite ante el Tribunal civil de apelación. Por lo que se refiere al concurso de jurisdicción, se establece[284]:

a) desde el momento en que se notifica al «Registrar of Courts» la aceptación, por parte de la cancillería de los tribunales eclesiásticos, de la demanda presentada por al menos una de las partes para obtener la declaración de nulidad de un matrimonio canónico, se reconoce exclusivamente a esos tribunales eclesiásticos la competencia para conocer la causa, siempre que los tribunales civiles no hayan emanado un sentencia pasada a cosa juzgada, basada sobre los mismos motivos de nulidad;

b) cuando resulte que haya sido admitida por el juez eclesiástico la renuncia a una causa iniciada ante los tribunales eclesiásticos, o que haya caducado canónicamente la instancia, los tribunales civiles podrán retomar el examen de la causa eventualmente iniciada ante ellos y suspendida en virtud de lo señalado en el punto a).

Como señala Bettetini, es en tal peculiar concurrencia de jurisdicción donde encuentra justificación la estipulación del segundo Protocolo adicional al Acuerdo de 1993, llevada a cabo el 6 de febrero de 1995[285]. Con tal protocolo se ha aclarado uno de los puntos más controvertidos en tema de reconocimiento de sentencias matrimoniales canónicas, es decir, si pueden ser declaradas eficaces en el ordenamiento estatal no sólo las sentencias pro nullitate sino también aquellas pro validitate matrimonii. Quedó así establecido que los pronunciamientos canónicos pro validitate, que no han sido apelados o que han sido confirmados en sede de apelación, pueden ser reconocidos a todos los efectos de la ley en Malta, y se considerarán res iudicata y por tanto no revisables por los tribunales civiles.

3.  Procedimiento para reconocer las sentencias canónicas

Como hemos señalado, las sentencias de nulidad matrimonial de los Tribunales canónicos y las dispensas eclesiásticas de matrimonio super rato no adquieren efectos civiles automáticamente, sino que deben ser anotadas por orden del Tribunal civil de apelación, tras la demanda presentada por al menos una de las partes acompañada de copia auténtica de la sentencia o decreto y de una declaración del tribunal que ha emanado la decisión de que ésta es ejecutiva según el Derecho canónico.

La legitimación para iniciar el proceso de reconocimiento ante el Tribunal civil corresponde exclusivamente a los cónyuges, como se establece en la sección 27 de la Ley matrimonial que remite a la acción para la nulidad civil del matrimonio, igualmente reservada a los esposos. En principio, por tanto, habría que negar la posibilidad de que alcance efectos civiles la sentencia canónica a la que se ha llegado en un proceso no iniciado por los cónyuges según los cánones 1674, 2) o 1675 §1 del Código de Derecho Canónico[286].

Para que el Tribunal de apelación pueda declarar que la sentencia eclesiástica es ejecutiva en Malta, debe constatar[287]: que al menos uno de los cónyuges es ciudadano maltés o tiene su domicilio en Malta; que el tribunal eclesiástico era competente según el derecho canónico para conocer el caso; que han sido respetados los derechos de acción y de defensa de las partes en el proceso; que —cuando se trate de matrimonios celebrados después del 11 de agosto de 1975— se transmitió al Registro Público el acta de matrimonio prescrito por la ley civil; y, finalmente, que no existe una sentencia civil contraria con eficacia de cosa juzgada, que se base en los mismos capítulos de nulidad.

En ningún caso se lleva a cabo una revisión del caso ante el Tribunal de apelación[288]. Éste se limita a comprobar que se cumplen las citadas condiciones, de las que el respeto del derecho de defensa en el proceso canónico es la única que puede presentar alguna dificultad. Sobre este punto, hay que señalar que la Corte civil de apelación sólo puede negar la homologación en caso de que la no observancia de las normas procesales que tutelan el derecho de defensa esté en substancial oposición con la Constitución de Malta, no siendo relevantes las meras diferencias del derecho procesal canónico respecto al civil[289].

El reconocimiento de las dispensas pontificias de matrimonio rato y no consumado tiene en cuenta la naturaleza administrativa de esos procesos, por lo que se regula de modo distinto al de las sentencias de nulidad[290], obviándose así las dificultades que pueden presentarse en España y Portugal —recordamos que en Italia no se contempla su eficacia civil— al exigirles garantías procesales propias de las causas judiciales. El único control que corresponde al Tribunal civil de apelación es el de verificar que el rescripto de dispensa tenga como objeto un matrimonio celebrado según las normas canónicas. En estos casos, curiosamente, el reconocimiento de la dispensa no tendrá consecuencias ex nunc, como correspondería a su efecto de disolución del vínculo, sino que es equiparado a la nulidad, desplegando sus eficacia ex tunc[291]. Esto se debe a que la nulidad es el único supuesto de patología matrimonial reconocido por el Estado, por lo que no es posible su asimilación al divorcio.

Nos parece interesante señalar, por último, cómo, a diferencia de lo que hemos visto en España e Italia[292], no hay ninguna remisión a las condiciones exigidas para la declaración de eficacia de las sentencias extranjeras. Se ha entendido así que no existe asimilación de las sentencias de los Tribunales eclesiásticos con las sentencias extranjeras, debido a la consideración por parte del Estado de la específica natura­leza del Derecho canónico[293].

Con el ingreso de Malta en la Unión Europea, y la consiguiente aplicación del Reglamento (CE) 2201/2003, se observa sin embargo que el Estado maltés exigiría mayores garantías respecto a las sentencias canónicas que frente a las sentencias extranjeras en tema matrimonial. Y ello no sólo en relación a los demás Estados europeos para los que el citado Reglamento prevé, como veremos, el reconocimiento automático de las sentencias matrimoniales, sino también frente a las decisiones procedentes de otros países, en virtud de la sección 33 de la Ley matrimonial[294]. En estos casos, el reconocimiento es también automático y el recurso al Tribunal de apelación se llevaría a cabo sólo en la situación en que el encargado del Registro civil se negara a reconocer la sentencia extranjera.

D. Portugal

1.  Evolución histórica de la eficacia civil del matrimonio canónico

Ya en el primer Código civil portugués de 1867, se reconocían los efectos civiles del matrimonio religioso de los católicos, así como la competencia exclusiva de los tribunales eclesiásticos en las causas de nulidad del matrimonio canónico. Con anterioridad a dicho Código no había en Portugal matrimonio meramente civil; sólo existía el matrimonio canónico, regulado por las leyes de la Iglesia y que producía efectos civiles. La Iglesia establecía sus presupuestos de celebración, juzgaba sobre su validez y sobre la separación de los cónyuges, y las relativas sentencias y las dispensas de matrimonio rato y no consumado tenían valor exclusivo en el foro civil[295].

La novedad que introduce el Código de 1867 no se refiere, por tanto, al reconocimiento del matrimonio religioso, sino a la admisión del matrimonio civil, hasta entonces inexistente. Se pasa así a un sistema de matrimonio civil facultativo, prevaleciendo la opinión de que, a pesar del tenor literal de la norma[296], tal facultad de elección se extendía también a los católicos.

Al proclamarse la República, el gobierno provisional promulgó, el 3 de noviembre de 1910, un decreto que admitía el divorcio, hasta entonces inexistente en Portugal, y que era aplicable tanto a los matrimonios civiles como a los celebrados en la Iglesia católica, que constituían casi la totalidad de los matrimonios lusitanos. Pocas semanas después se estableció el sistema de matrimonio civil obligatorio: el matrimonio canónico pasó a ser considerado como ceremonia meramente privada, sin ninguna relevancia civil, llegándose a prohibir, bajo graves penas, su celebración con anterioridad a la ceremonia civil, en manifiesta oposición con el principio de libertad religiosa.

El Concordato firmado con la Santa Sede, de fecha 7 de mayo de 1940, vino a dar respuesta, en sus artículos XXII a XXV, a estos problemas, retomando la línea que se había interrumpido con la instauración de la República[297].

El sistema de matrimonio facultativo reintroducido por el Concordato fue recibido por el Código Civil de 1966[298], que establece que el matrimonio puede ser católico o civil y que la ley civil reconoce al matrimonio católico el valor jurídico y los efectos del matrimonio. Se admiten por tanto en el Código Civil dos formas de celebración del matrimonio: una forma civil[299] y una forma canónica[300],  que se regula por las disposiciones aplicables del Código de Derecho Canónico. De todas formas, se imponen no pocas condiciones civiles al matrimonio canónico, que debe someterse al expediente prematrimonial civil y se requiere que los contrayentes carezcan de impedimentos tanto civiles como canónicos.

Esta configuración del matrimonio canónico, entendida no como simple forma de prestar el consentimiento sino como un tipo de matrimonio sometido, en líneas generales, a su propia regulación canónica, llevaba a que una de sus propiedades esenciales —la indisolubilidad— fuera reconocida también ante la ley civil. Así, el matrimonio de los católicos incluía la renuncia a solicitar el divorcio, según el artículo XXIV del Concordato[301]. Este artículo, basado en la doctrina católica de la indisolubilidad de todo matrimonio que, en el matrimonio cristiano, alcanza «una particular firmeza por razón del sacramento»[302], fue sin duda el más contestado desde la firma de ese documento y según algunos autores[303] no estuvo exento de motivaciones de estrategia política.

Con la llamada Revolución de los claveles, del 25 de abril de 1974, se intensificaron las presiones para extender el divorcio civil al matrimonio canónico. Ante la propuesta por parte del Estado portugués de revisión del artículo XXIV, con la insinuación de, en caso contrario, denunciar dicho artículo o incluso todo el Concordato, la Santa Sede se vio obligada a transigir en este punto para poder mantener el resto del Concordato, de gran importancia para la Iglesia. Se modificó así el artículo XXIV[304] con la firma del Protocolo adicional de 1975, silenciando la renuncia al divorcio por parte de los católicos. La Santa Sede recuerda a éstos la responsabilidad de atenerse a los principios del matrimonio canónico y de no valerse de la facultad civil para pedir el divorcio.

2.  El Concordato de 2004

El 18 de mayo de 2004 se firmó un nuevo Concordato entre la Santa Sede y la República de Portugal, que sustituye al de 1940, y no aporta grandes novedades a las relaciones Iglesia-Estado tal como estaban reguladas en el anterior. Ha entrado en vigor el 18 de diciembre de 2004, con el intercambio de instrumentos de ratificación. En el tema que nos ocupa, prácticamente se transcriben los artículos de 1940, con las modificaciones señaladas del año 1975 respecto a la posibilidad de divorcio para los matrimonios canónicamente celebrados, con algunas variaciones que, en general y como veremos enseguida, no suponen una gran mejora técnica del texto.

Los factores y circunstancias que han llevado al nuevo Concordato, en opinión de Saturino Gomes[305], han sido, entre otros: las transformaciones a nivel social, cultural, político y económico que han marcado mucho la sociedad portuguesa; la celebración del Concilio Ecuménico Vaticano II; las alteraciones políticas, producidas desde la Revolución del 25 de abril de 1974, y la transición hacia un régimen democrático; el ingreso en la Unión Europea; la promulgación de la Ley de Libertad Religiosa en 2001, que vino a poner en realce el principio constitucional de igualdad de derechos entre todas las confesiones religiosas y de libertad religiosa para todos los ciudadanos[306].

Es cierto que el contenido de ciertos artículos del Concordato de 1940 precisaba de una actualización, ya sea porque habían perdido actualidad, o porque fueron extrapolados en su interpretación y aplicación. Nos referimos especialmente a los relativos a la enseñanza de la religión, al derecho patrimonial y fiscal, a las instituciones sociales, etc. Pero sobre todo, como señala Alonso[307], el nuevo Concordato supone un intento por parte del Estado portugués y de la Iglesia de evitar las críticas que, justificadamente o no, algunos hacían del Concordato de 1940 sobre todo por el hecho de que éste había sido estipulado con un Estado con bases, entonces, no democráticas.

Los artículos 13 a 16 se ocupan del matrimonio canónico y de sus efectos civiles, siguiendo casi textualmente los artículos XXII a XV del Concordato de 1940 y el texto del Protocolo adicional de 1975. Entre las novedades, hay que señalar que desaparece la referencia a las sanciones penales en que incurrían el párroco o el funcionario público que no cumpliesen sus obligaciones en cuanto al envío del acta y a la trascripción de la misma, respectivamente. Las otras tres novedades, al menos aparentes, se contienen el artículo 16[308], que analizamos a continuación.

Respecto al ya mencionado artículo XXV del Concordato de 1940, no se recoge en el nuevo la reserva de jurisdicción a favor de los tribunales eclesiásticos de las causas de nulidad de matrimonios canónicamente celebrados. Aquí, al contrario de lo que dijimos sobre lo ocurrido en Italia con el Acuerdo de revisión de los Pactos lateranenses[309], tal omisión no puede entenderse automáticamente como abandono de la reserva, pues el propio legislador portugués ha mantenido, y nada hace presagiar un cambio, la norma del Código Civil que recogía el contenido del artículo XXV del antiguo Concordato[310].

La jurisprudencia sobre esta cuestión ha sido en ocasiones sorprendente. Así, el Tribunal de apelación de Lisboa, en vigencia no sólo del artículo 1625 del Código Civil sino también del Concordato de 1940, juzgó en su sentencia 4850/2000[311] que no hubo violación del citado artículo en la sentencia del Tribunal de familia que declaró la nulidad de un matrimonio celebrado en forma canónica. Entendió el Tribunal que tanto el petitum como la causa petendi se situaban en un plano estrictamente civil, sin que nada tuviera que ver con la circunstancia de estar casados católicamente, sino con los efectos civiles de ese matrimonio atribuidos y reconocidos por el Código Civil[312].

El mismo Tribunal, el 23 de noviembre de 2004[313], cuando ya se había firmado por tanto el nuevo Concordato aunque todavía no había entrado en vigor, resolvió por unanimidad que habiéndose celebrado matrimonio canónico, no se puede pedir anulación del matrimonio civil, porque éste no existe entre la partes, ni tampoco la anulación de los efectos civiles del matrimonio católico. Así mismo, declaró el Tribunal que tal reserva de jurisdicción no puede considerarse inconstitucional.

En efecto, algunos autores han cuestionado la constitucionalidad de las normas que admiten la jurisdicción eclesiástica, en relación al artículo 36 de la Constitución[314]. La mayoría de la doctrina la considera perfectamente constitucional, basándose en la naturaleza jurídica de tratado internacional del Concordato y en una equiparación de la jurisdicción eclesiástica de la Iglesia católica y las jurisdicciones extranjeras[315]. Sin duda ésta ha sido la opinión jurisprudencial y doctrinal dominante, y la más acorde con la legislación positiva en vigor[316].

La segunda novedad o diferencia del artículo 16 respecto a su precedente del Concordato de 1940 es meramente formal. Se dice ahora que las sentencias canónicas, para producir efectos civiles, serán previamente verificadas «por el órgano eclesiástico de control superior». A primera vista, podría pensarse que se trata del tribunal eclesiástico de segunda instancia, pero no es así. Hubiera sido más simple hacer referencia al Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica, como hacía el antiguo Concordato.

Sí constituye una total novedad el apartado 2 del artículo 16, norma que se pone en relación con el artículo 1096 del Código de Proceso Civil, que recoge los requisitos necesarios para la confirmación de las sentencias extranjeras[317]. No se hace ninguna remisión explícita a tales requisitos, pero podría interpretarse como una asunción de esas condiciones teniendo en cuenta las peculiaridades del Derecho canónico, especialmente respecto a lo dispuesto en la línea b) de la norma procesal, porque la cosa juzgada nunca tiene lugar en las causas canónicas sobre el estado de las personas[318]. No por ello ha estado exenta de crítica la nueva normativa concordataria en cuanto a la poca o nula utilidad de sus disposiciones. Y esto porque si, como se establece, las decisiones canónicas que se quiere obtengan efectos civiles deben ir acompañadas por el decreto del Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica, éste constituye ya prueba de su autenticidad, de la competencia del juez que las emitió y del respeto de los principios del contradictorio y de igualdad, que son también dos principios básicos del derecho procesal canónico.

3.  Sistema en vigor para la eficacia civil de las sentencias eclesiásticas

El Código Civil, en su artículo 1626[319], que tiene su origen en el ya citado artículo XXV del Concordato de 1940, establece la eficacia interna inmediata —sin necesidad por tanto de procedimiento de exequatur—  de las decisiones de los tribunales eclesiásticos sobre la nulidad de matrimonios católicos y de las decisiones pontificias de dispensa de matrimonios ratos y no consumados.

Por las razones señaladas anteriormente, nos parece que la redacción del artículo 16 del nuevo Concordato puede llevar a una equiparación entre las sentencias extranjeras y las canónicas, sometiendo ambas a idénticos requisitos para otorgarles eficacia interna, superando así el automatismo propio del Concordato de 1940. Sin embargo, la firma del nuevo Acuerdo con la Santa Sede no ha supuesto hasta el momento ningún cambio en aquella norma del Código Civil, quizá porque se considera que el sistema no ha cambiado sustancialmente, aunque habrá que dar tiempo a la posible elaboración, revisión y publicación de legislación complementaria que puede llevarse a cabo por las partes sin que se excluyan las consultas recíprocas.

En cualquier caso, también en Portugal se aprecia una tendencia a aceptar las sentencias de Tribunales extranjeros sin acudir a ningún procedimiento, ya sea por vía convencional o como resultado de la aplicación del Reglamento (CE) 2201/2003 respecto a los otros Estados de la Unión Europea. Por tanto, si se realiza esa equiparación entre sentencias eclesiásticas y sentencias extranjeras, habría que evitar que llevara a procedimientos más complicados para la homologación de unas respecto a las otras.

Para que las decisiones eclesiásticas sean civilmente reconocidas es preciso el control interno del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica, su trasmisión por vía diplomática y el reconocimiento del tribunal de apelación competente territorialmente, que no puede someter la sentencia a una revisión en cuanto al fondo. No se aplicaría, en principio, el procedimiento al que han de someterse las sentencias extranjeras para la concesión o no del exequatur, aunque «al no haberse hecho las previsiones legales oportunas para adaptar el procedimiento a la especialidad que representa la teóricamente sencilla vía de homologación, los tribunales de apelación vienen aplicando el cauce procesal-aunque no exigiendo los requisitos de fondo- del exequatur normal de sentencias extranjeras y ello hace que se acumulen trámites superfluos»[320]. Habrá que estar de todas formas, como decíamos, a la evolución legislativa y jurisprudencial, que se produzca como consecuencia del nuevo Concordato[321].

El proceso de revisión de sentencias extranjeras es un proceso especial, regulado en los artículos 1094 a 1102 del Código de Proceso Civil. Si se entiende que es éste el proceso a aplicar para la revisión y confirmación de las decisiones relativas a la nulidad y a la dispensa pontificia de matrimonio rato y no consumado, será competente el Tribunal de apelación del distrito correspondiente al registro civil donde se haya hecho la trascripción del asiento parroquial de matrimonio católico[322]. Los tramites del proceso serían, esquemáticamente los siguientes: 1º, petición inicial, con el documento en el que consta la decisión que se quiere confirmar; 2º, citación a las partes; 3º, oposición, en el plazo de 15 días; 4º, respuesta, en 10 días; 5º, diligencias de prueba que el ponente del proceso considere indispensables; 6º, discusión, con las alegaciones de las partes y del Ministerio Público; 7º, decisión, según las reglas propias del llamado recurso de agravio. Contra la decisión del Tribunal de apelación que conceda o niegue la confirmación, cabe recurso ante el Supremo Tribunal de Justicia.

Lo que parece quedar claro que se mantiene es el control previo de la sentencia canónica por parte del Supremo Tribunal de la Iglesia, que se estableció para dar mayores garantías al Estado, aunque supone en la práctica una demora importante. Así, las sentencias o decisiones de los tribunales u organismos eclesiásticos vienen enviadas a Roma para que la Signatura Apostólica verifique que el proceso se llevó a cabo en conformidad con las leyes canónicas y que existen dos sentencias conformes en favor de la nulidad.

Para que estas sentencias tengan efectos civiles son enviadas junto con los decretos de la Signatura Apostólica por vía diplomática al Tribunal de apelación territorialmente competente  que, tras comprobar que se cumplen los requisitos del artículo 16 §2 del Concordato, las manda anotar al margen del asiento de matrimonio y de nacimiento de los cónyuges en el Registro civil. Esa comunicación se ha venido haciendo por medio de la Nunciatura Apostólica en Lisboa, que envía aquellos documentos al Ministerio de Asuntos Exteriores, el cual a su vez los remite al Tribunal de apelación competente.

Cuando surgen problemas sobre los demás efectos meramente civiles, como los relativos a los bienes patrimoniales,  en los que las partes no consiguen llegar a un acuerdo[323], compete a los tribunales civiles resolver tales conflictos, que aplican por analogía las normas relativas a la nulidad civil, a la separación o incluso a la misma disolución por divorcio[324].

 

Capítulo IV. El Reglamento 2201/2003 del Consejo de la Unión Europea de 27 de noviembre de 2003

Una vez analizado el sistema matrimonial de los veinticinco países comunitarios y, especialmente, el procedimiento para reconocer eficacia civil a las sentencias canónicas en los pocas naciones donde ello resulta posible, nos planteamos la posible extensión de tal eficacia al resto de países de la Unión Europea, con base en la creación del deseado espacio judicial común y la libre circulación de las personas.

Resulta evidente que no existe una unidad europea en lo referente al derecho de familia, y en particular al matrimonio, como hemos tenido ocasión de considerar. No nos parece realizable una similar unidad legislativa, pues no se puede pretender que los Estados renuncien a las propias tradiciones en instituciones tan  inalienables como son la familia y el matrimonio. Además, en algunos casos, la competencia en estas materias no está reservada a la potestad exclusiva estatal: piénsese en Gran Bretaña, con los distintos regímenes nacionales, o en Chipre, donde cada comunidad religiosa tiene su propio derecho matrimonial.

A la dificultad señalada se une que, durante años, el derecho de familia ha sido descuidado por la Unión Europea que, especialmente cuando era Comunidad Económica, ha dirigido sus esfuerzos hacia una integración económica  sin atención a otros aspectos. Sólo recientemente se ha tomado conciencia de que una efectiva Unión Europea puede llevarse a cabo solamente mediante una integración y una cooperación en todos los campos, incluido por tanto el derecho de familia. De tal consideración se ha hecho eco el Tratado que establece una Constitución para Europa, firmado en Roma el 29 de octubre de 2004.

Así, en el tema que nos ocupa, el principio de la libre circulación de las personas[325] —y con las personas circulan muchas veces los capitales— presupone la libre circulación de las decisiones en materia matrimonial. En caso contrario, la libertad de un ciudadano de trasladarse de una nación a otra dentro de la Unión Europea se vería comprometida si no viera reconocido su estado civil y los derechos de los que es titular en el país de origen.

Instrumento de especial importancia para la regulación de este fin de la Unión Europea lo constituye el Reglamento (CE) n° 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental[326], aplicable desde el 1 de marzo de 2005.

Un artículo específico de este Reglamento, al que dedicaremos especial atención, se destina a regular la situación de los países en los que existe concordato o acuerdos con la Santa Sede para el reconocimiento civil de las resoluciones matrimoniales canónicas, permitiendo que tales sentencias canónicas relativas a la nulidad matrimonial homologadas en estos Estados puedan obtener eficacia en los demás Estados miembros de la Unión Europea en los que se aplica el Reglamento.

A. Precedentes del Reglamento 2201/2003

1.  El Convenio de Bruselas de 1968

El Reglamento 2201/2003 tiene su precedente remoto en el denominado Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil que concluyeron en Bruselas el 27 de septiembre de 1968 los seis Estados miembros que inicialmente constituían la Comunidad Económica Europea.

Esta Convención de Bruselas de 1968, trajo consigo una radical transformación en la orientación dada al reconocimiento de sentencias extranjeras, si bien limitada a las relaciones entre los Estados pertenecientes a la Comunidad Europea[327] y a determinadas materias[328], cuando introdujo el principio en base al cual las decisiones judiciales tomadas por un Estado, firmante del Convenio, son reconocidas en los otros Estados firmantes sin que sea necesario el recurso a otro procedimiento. En el caso en que ese reconocimiento automático sea contestado, la parte interesada en la eficacia de la sentencia extranjera puede hacer que se compruebe —mediante un procedimiento puramente declarativo— la insuficiencia de los motivos que impiden su reconocimiento.

Se debe mencionar, no obstante, que este principio recogido por la Convención de Bruselas, es válido para el reconocimiento de los procedimientos jurisdiccionales, pero no se extiende a su ejecución, pues en el artículo 31 se prevé que la ejecución no puede iniciarse, si en el Estado en que debe tener lugar, el órgano jurisdiccional competente no ha dispuesto previamente, por medio de petición de parte, la aposición de la fórmula ejecutiva. La declaración de ejecutividad por tanto se llevará a cabo a través de un procedimiento simplificado, que se resolverá en un plazo breve tras la petición de la parte interesada, buscando siempre la mayor efectividad y agilidad en tales pronunciamientos.

Señalamos finalmente que si bien el Convenio de Bruselas de 1968 excluyó de su campo de aplicación, entre otras materias, las resoluciones judiciales referentes al estado y capacidad de las personas físicas, los regímenes matrimoniales y las sucesiones —en base a las diferencias legislativas que afectan al estatuto personal y al dispar modo con que los países resuelven los conflictos de leyes—, significó y significa «una importantísima pieza en el ámbito de la construcción de las actuaciones comunitarias en el marco de lo que con acierto, se puede llamar el escenario de la coordinación internacional de las soluciones, pues al tiempo que establece unas unificadoras y concretas reglas directivas de competencia internacional, ha supuesto liberar del trámite del exequátur a determinadas resoluciones dictadas en materia civil y mercantil por los tribunales de los Estados miembros»[329].

2.  El Convenio de Bruselas II[330]

A las limitaciones a que nos referíamos al hablar del Convenio de Bruselas de 1968 intentó dar solución el instrumento elaborado el 28 de mayo de 1998. Este Convenio, en palabras del Informe Borrás[331], «constituye un primero, positivo y decisivo paso», que puede abrir camino para otros textos que en el ámbito del derecho familiar y sucesorio sirvan para avanzar en la integración europea.

Como este instrumento de 1998 seguía los principios, estructura general y, a veces, reproducía muchos de los preceptos del Convenio de Bruselas de 1968, ha venido a ser conocido como Bruselas II.

Considerando que el Convenio Bruselas II no ha entrado en vigor y que el Reglamento 1347/2000, después sustituido por el 2201/2003, al que nos referiremos con mayor profundidad, lo reproduce en lo fundamental[332], únicamente señalaremos algunas notas generales[333] de este Convenio de 1998.

Podemos considerar este Convenio como un Tratado internacional multilateral pero de ámbito limitado a los quince países integrantes, en aquel momento, de la Unión Europea. El Convenio no establecía una inclusión automática en su ámbito de cualquier otro Estado que pasase en lo sucesivo a formar parte de la Unión, si bien permitía la adhesión del o de los Estados que en lo sucesivo se integrasen[334].

Su fundamento jurídico se encontraba en el que fue inicialmente el artículo K.3 del Tratado de Maastrich[335], por el que se atribuye al Consejo la posibilidad de celebrar Convenios, recomendando su adopción a los Estados miembros, sobre materias consideradas de interés común para la realización de los fines de la Unión. Elemento integrante de este interés común lo constituye el establecimiento de un gran espacio sin fronteras para las personas y ahí encuentra su fundamento el Convenio Bruselas II. Este fundamento resulta distinto al que sirvió de base para la elaboración del Convenio de Bruselas pues en aquel caso[336] las negociaciones entre los Estados miembros buscarían asegurar a sus nacionales la simplificación de las formalidades a que están sometidos el reconocimiento y la ejecución recíproca de las decisiones judiciales y de los laudos arbitrales.

Por lo que se refiere a los objetivos específicos del convenio, en términos globales y en la misma línea que el precedente Convenio de Bruselas de 1968 —si bien con las diferencias que implican las materias objeto de cada uno de los Tratados— el Bruselas II buscaba proporcionar una efectiva herramienta que hiciese realidad la libre circulación de las resoluciones matrimoniales dictadas por los tribunales de los Estados miembros en los procedimientos civiles de divorcio, nulidad y separación matrimonial.

Si nos centramos en el tratamiento que se da a las resoluciones matrimoniales, podemos hablar de un reconocimiento cuasiautomático de esta clase de resoluciones. No se hacía necesario ni exequatur ni otro proceso sustitutivo para lograr que las resoluciones pronunciadas en un Estado miembro fuesen reconocidas en otro Estado[337]. Finalmente las resoluciones canónicas matrimoniales de los tribunales eclesiásticos, que encuentran su cobertura en los Concordatos suscritos por la Santa Sede y tres de los países que configuran la Unión Europea —Portugal, España e Italia—, venían contempladas en el artículo 42 del Convenio.

La entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, el 1 de mayo de 1999, supuso la comunitarización de ciertos aspectos hasta entonces comprendidos en el denominado tercer pilar de la política de la Unión Europea. Esto implicaba que algunas materias debían ser asumidas plenamente por las instituciones Europeas competentes, reemplazando éstas a los Estados miembros. En lo que a nosotros nos interesa, nos referimos al Título IV del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea —sobre visados, asilo, inmigración y otras políticas relacionadas con la libre circulación de personas—, en donde se regulan las medidas en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil[338].

Un año antes, se había gestado el Convenio que regulaba específicamente estas mismas cuestiones matrimoniales y las relativas a la responsabilidad parental sobre los hijos. Sin embargo, a pesar del consenso logrado en su elaboración, el Convenio de Bruselas II todavía no había entrado en vigor el 1 de mayo de 1999, por lo que el Tratado de Ámsterdam lo abocó a una prematura desaparición. Ésta se produjo por la inclusión de la materia regulada por este convenio entre los preceptos del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, ámbito en el que no es posible la celebración de nuevos Tratados o Acuerdos por los Estados miembros, sino en el que las normas adoptadas habrán de tener el carácter de Derecho Comunitario (Directivas, Reglamentos, Recomendaciones...).

El Consejo de la Unión Europea, a propuesta de la Comisión, elaboró un Reglamento relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental de los hijos comunes. El primero de marzo de 2001 entraba en vigor este Reglamento (CE) número 1347/2000 del Consejo de la Unión Europea, de 29 de mayo de 2000.

3.  El Reglamento 1347/2000

Se trata del precedente inmediato del 2201/2003, que lo sustituye integrando las disposiciones del Reglamento derogado con las relativas a la ejecución mutua de resoluciones judiciales en materia de derecho de visita a los hijos.

En realidad, ha pasado casi íntegramente al Reglamento de 2003, con algunas modificaciones que afectan a las disposiciones en materia de responsabilidad parental, mientras que todo lo relativo al reconocimiento de sentencias matrimoniales queda prácticamente inalterado.

El Reglamento 1347/2000 es aplicable a las acciones judiciales ejercitadas con posterioridad al 1 de marzo de 2001 y a aquellas dictadas en procedimientos que se iniciaron anteriormente pero que se decidieron después del 1 de marzo, siempre que las normas de competencia aplicadas se hayan ajustado a lo previsto en el Reglamento. Desde su derogación, cualquier referencia a esa norma habrá de ser interpretada como referida al Reglamento 2201/2003, según un cuadro de correspondencias contenido en éste[339].

En lo que nos interesa, por tanto, no hay diferencias sustanciales entre ambos Reglamentos, por lo que no nos detenemos en un análisis de la norma derogada, que coincidiría casi exactamente con el que haremos del Reglamento en vigor.

B.  Características generales del Reglamento (CE) 2201/2003

1.  Valor de la norma

Conviene resaltar en primer lugar, dadas las diferencias entre los términos y esquemas utilizados por el Derecho comunitario y el Derecho interno, el carácter de especial fuerza jurídica que tiene la norma comunitaria «Reglamento»[340].

Los Reglamentos son —después del Tratado constitutivo, norma única a la que quedan supeditados— la manifestación normativa más intensa y decisiva que hay en Derecho Comunitario. Los Reglamentos resultan obligatorios en todos sus elementos y son de directa aplicación, teniendo primacía sobre cualquier norma de Derecho interno de los Estados miembros[341]. Desde su entrada en vigor, cualquier particular puede invocarlos directamente ante los Tribunales de los Estados miembros de la Unión Europea. La naturaleza de la norma comunitaria determina por sí sola la posible intervención del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, sin necesidad de interponer un instrumento adicional[342].

El tratarse de un Reglamento presenta, por tanto, evidentes ventajas en relación al Convenio, tradicionalmente empleado en el Derecho internacional privado, entre otras, «que elimina los problemas de la aplicación del Derecho de los Tratados, o que su entrada en vigor se produce de manera más rápida, o la relativa a su interpretación, o fundamentalmente la ventaja de que introduce una unificación inmediata, dada su obligatoriedad derivada del instrumento empleado, ya que, tras su entrada en vigor, el Reglamento es obligatorio en todos sus términos y directamente aplicable en los Estados miembros»[343].

2.  Ámbito espacial, material y temporal

Este Reglamento es aplicable en todos los países miembros de la Unión Europea, excepto en Dinamarca, que en el Tratado de Ámsterdam goza de una peculiar situación. Por lo que respecta al Reino Unido e Irlanda, que tienen también una posición especial en el Tratado, han manifestado expresamente su opción positiva para que este Reglamento les sea aplicable[344]. Los diez países que han ingresado en la Unión Europea después de la promulgación del Reglamento están también afectados por él, pues forma parte del llamado «acervo comunitario» que se han obligado a asumir con el acta de adhesión.

En cuanto a la materia que regula este Reglamento, como indica su propio título, ésta atiende básicamente a dos ámbitos de aplicación: por un lado aquellos procedimientos relativos al matrimonio —separación legal, divorcio y nulidad—; y por otro, a los asuntos relativos a la responsabilidad parental sobre los hijos comunes de los cónyuges con ocasión de acciones matrimoniales que entre ellos interpongan[345].

La entrada en vigor del Reglamento, por expresa previsión del mismo, ha sido, no a los 20 días de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, como es regla habitual, sino concretamente el 1 de agosto de 2004. Es aplicable a las acciones judiciales ejercitadas con posterioridad a esa fecha[346] y a aquellas dictadas en procedimientos que se iniciaron anteriormente pero que se decidieron después de la entrada en vigor del Reglamento (CE) 1347/2001, siempre que las normas de competencia aplicadas se hayan ajustado a lo previsto en el Reglamento[347].

3.  Rasgos básicos

Este Reglamento 2201/2003 comparte los rasgos básicos del de 2000, que a su vez profundiza en los que caracterizaron el Convenio de Bruselas de 1968, y siguiendo a Rodríguez Chacón[348] podemos sintetizarlos en tres ideas:

a)   La presencia del que puede llamarse principio de confianza

Destaca en el Reglamento el hecho de que en muy diversas sedes se omiten controles clásicos del Derecho internacional privado. Estas omisiones no obedecen a debilidad sino más bien a una confianza en que los Estados miembros aplicarán las normas del Reglamento sin necesidad de establecer posteriormente un específico control de cumplimiento[349].

b)  La fijación de unas reglas directas de competencia judicial internacional

Cuando hablamos de reglas directas nos referimos a las reglas de competencia que fija el Reglamento. Quedan recogidas en el artículo 3 del Reglamento y resultan obligatorias para todos los Estados miembros, los cuales han de aplicar tales reglas de oficio[350], excluyéndose la posibilidad de sumisión expresa o tácita de los cónyuges para acudir a un Tribunal cuya competencia no resulte de las reglas establecidas[351]. Los foros en cuestión, que presuponen que existe un vínculo real entre la persona y el Estado miembro ante el que se plantee la demanda, se caracterizan como exclusivos[352].

c)   La especial amplitud y facilidad con que se configura el reconocimiento de las resoluciones

Como sucedía en el Convenio de Bruselas de 1968, y en el anterior Reglamento, el 2201/2003 consagra la distinción de los conceptos reconocimiento y ejecución. Por una parte el reconocimiento de las resoluciones de los demás Estados se produce de manera cuasiautomática sin necesidad de recurrir a ningún procedimiento. Para la ejecución, sin embargo, se establece un cauce que busca ser ágil y simple, y en el que no se oye a la parte ejecutada que, no obstante, una vez ordenada la ejecución, podrá recurrir a un Tribunal superior.

4.  Modalidades de reconocimiento de las resoluciones

Vienen recogidas en el Capítulo III del Reglamento, que lleva por título Reconocimiento y ejecución.

a)  El reconocimiento sin sujeción a procedimiento previo como regla básica

El Reglamento recoge en el primer párrafo del artículo 21, que no es necesario procedimiento alguno para lograr el reconocimiento de las resoluciones que son su objeto.

En el tema que nos ocupa, este principio resulta de particular importancia pues conlleva que una sentencia matrimonial dictada en un Estado miembro de la Unión Europea  produce el efecto constitutivo —o, en el caso de nulidad matrimonial, el efecto declarativo— propio de la resolución, desde el mismo momento en que ésta haya sido eficaz en el Estado de origen, sin que tal efecto dependa de la obtención de un exequatur.

Este principio también conlleva el acceso directo al Registro civil de la resolución extranjera firme sin exigirse ningún procedimiento previo[353]. A su vez los requisitos que el Reglamento fija para obtener la inscripción son mínimos[354], y ésta, si bien dotará al reconocimiento de una publicidad de innegable trascendencia, no tiene carácter constitutivo.

b)  El posible reconocimiento incidental

Se refiere a él el artículo 21.4: «Cuando el reconocimiento de una resolución se plantee de forma incidental ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, dicho órgano jurisdiccional podrá pronunciarse al respecto».

Este precepto implica que, ante el caso de que una de las partes alegase en un proceso la existencia de una resolución extranjera que no ha sido antes objeto de una declaración judicial de específico reconocimiento, el órgano jurisdiccional de que se trate quedaría facultado para calificar la resolución extranjera como reconocible —o no susceptible de serlo— a pesar de que no haya existido un previo exequatur.

c)   La declaración judicial de reconocimiento o de que concurren motivos obstativos al reconocimiento de una resolución matrimonial

Si bien no se hace necesario trámite alguno para obtener el reconocimiento de una resolución con cobertura en el Reglamento —y ésta es la situación normal y preferente—, esto no implica que no pueda lograrse un reconocimiento judicial vinculante y con efectos erga omnes.

Como señala el artículo 21.3, «cualquiera de las partes interesadas podrá, de conformidad con los procedimientos previstos en la sección 2, solicitar que se resuelva sobre el reconocimiento o no reconocimiento de una resolución». Este reconocimiento expreso, según el cual concurren los requisitos establecidos por el Reglamento —o que no concurren y por tanto no debe reconocerse[355]— puede producirse como consecuencia de la actuación del encargado del Registro civil que haya admitido o no la anotación, o incluso antes de que la decisión extranjera haya sido sometida al registrador, en cuyo caso éste deberá obviamente atenerse a la decisión[356].

La tramitación de este tipo de reconocimiento, positivo o negativo, viene remitida a los procedimientos que el Reglamento arbitra para obtener la declaración de ejecutividad de las decisiones relativas al ejercicio de la potestad sobre los hijos.

5.  Motivos de denegación del reconocimiento

Los motivos de denegación del reconocimiento, en lo referente a las resoluciones matrimoniales, vienen recogidos en el artículo 22 del Reglamento. Conviene ante todo hacer notar que, con esta formulación negativa, más bien que establecer condiciones que deba cumplir la sentencia extranjera para ser reconocida, la presunción es a favor del reconocimiento, en coherencia con el objetivo del Reglamento de facilitar la libre circulación de decisiones.

Sin embargo, el legislador europeo no se ha considerado capacitado, ni siquiera en nombre de la recíproca confianza, para hacer prescindir a los Estados miembros de la tradicional cláusula de salvaguardia que representa la excepción de orden público. Se han establecido así, como únicas causas taxativas en virtud de las cuales el reconocimiento de una decisión procedente de un Estado miembro puede denegarse por el Estado miembro requerido, las tres siguientes:

a)  «Si el reconocimiento fuere manifiestamente contrario al orden público del Estado miembro requerido».

Del texto del Reglamento se deduce que la excepción de orden público tendrá que aplicarse con carácter especialmente restringido. El adverbio manifiestamente, que no venía recogido en el artículo 27.1 del Convenio de Bruselas de 1968, permite enfatizar claramente este carácter restrictivo.

A su vez el concepto de orden público se tomará en la acepción más restringida posible. El carácter de excepcionalidad con que ha de operar este motivo de denegación, se desprende del resto del articulado del Reglamento, que busca evitar posibles excesos en su aplicación. Así:

—No podrá procederse al control de la competencia del órgano jurisdiccional del Estado de origen, ni podrá aplicarse el criterio de orden público a las normas de competencia[357].

—«No podrá negarse el reconocimiento de una resolución de divorcio, de separación judicial o de nulidad del matrimonio alegando que el Derecho del Estado miembro requerido no autorizaría el divorcio, la separación judicial o la nulidad del matrimonio basándose en los mismos hechos»[358]. Es decir, no puede llevarse a cabo el llamado control de competencia legislativa.

—Desde luego «no cabe la revisión en cuanto al fondo», expresamente prohibida en los artículos 26 y 31.3.

b)  La rebeldía cualificada del demandado.

Esta segunda causa viene recogida en el artículo 22 b), que dice literalmente que no procede que sea reconocida la resolución extranjera  «si, habiéndose dictado en rebeldía del demandado, no se hubiere notificado o trasladado al mismo el escrito de demanda o un documento equivalente de forma tal y con la suficiente antelación para que el demandado pueda organizar su defensa, a menos que conste de forma inequívoca que el demandado ha aceptado la resolución».

Del tenor literal del artículo queda excluida la llamada «rebeldía por conveniencia». A su vez, y dada la estructura del precepto, se supone que otras restricciones del derecho de defensa distintas a las aquí contempladas sólo podrán solventarse en el Tribunal de origen, a través de los medios y recursos que el ordenamiento del mismo reconozca.

Dada la presunción de regularidad que debe existir a favor de las decisiones emanadas en los otros Estados miembros, hay que entender[359] que la carga de la prueba de la violación del propio derecho de defensa, recae sobre la parte que se opone al reconocimiento de la decisión emitida en el proceso en el que se ha mantenido en contumacia. Además, el inciso «a menos que conste de forma inequívoca que el demandado ha aceptado la resolución» hace ver la intención de agilizar el reconocimiento, dejando cierto margen al Tribunal del Estado requerido en la apreciación de la aceptación de la resolución por el demandado[360].

c)   La inconciliabilidad de la resolución a reconocer con otras resoluciones del mismo grado o preferentes.

Se trata de los supuestos de denegación del reconocimiento contemplados en los apartados c) y d) del artículo 22. La resolución no se reconocerá si fuera inconciliable con otra dictada en un litigio entre las mismas partes en el Estado requerido, o si lo fuera con otra dictada con anterioridad en otro Estado miembro o en un Estado no miembro en un litigio entre las mismas partes, siempre que la primera resolución reúna las condiciones para su reconocimiento en el Estado miembro requerido.

La incompatibilidad habrá de apreciarse «en función del igual o más intenso rango de las resoluciones de que se trate»[361]. Así se desprende del informe Borrás, que pone el ejemplo de un pronunciamiento de separación en un Estado A y de una sentencia de divorcio en un Estado B, entre los mismos cónyuges. Por un lado, hay que entender que esta última sentencia es reconocible en el Estado A, puesto que no puede constituir obstáculo para el reconocimiento la previa sentencia de separación, que se puede considerar como un estadio preliminar respecto al divorcio. Por otra parte, en cambio, se deberá excluir el reconocimiento del pronunciamiento de separación del Estado A en el Estado B, puesto que incidiría sobre un vínculo matrimonial que ya no existe en el ordenamiento de ese Estado[362]. Con esta lógica, y aunque el «Informe explicativo» no hace expresa mención, pensamos que no podrá negarse el reconocimiento de una sentencia de nulidad matrimonial por la existencia de una sentencia de divorcio o de separación legal[363], a la vez que éstas últimas no podrán reconocerse donde exista un pronunciamiento de nulidad[364].

C.  Análisis del artículo 63 del Reglamento

Dentro del Reglamento 2201/2003, y en el marco generado por él que hemos descrito brevemente, encuentran su lugar las resoluciones canónicas matrimoniales de los Tribunales eclesiásticos que hallan cobertura en los Concordatos suscritos con la Santa Sede por Portugal, España, Italia y Malta. Presidido por el respeto a los compromisos internacionales que los Estados miembros hubieran adquirido en la materia, incluyéndose ente éstos los Concordatos firmados por los distintos Estados europeos con la Santa Sede, el Reglamento posibilita que las resoluciones canónicas puedan adquirir eficacia civil más allá de los Estados concordatarios. Son contempladas en el artículo 63 del Reglamento que, bajo el título Tratados con la Santa Sede, dice[365]:

«1. El presente Reglamento será aplicable sin perjuicio del Tratado internacional (Concordato) celebrado entre la Santa Sede y Portugal, firmado en el Vaticano el 7 de mayo de 1940.

2. Cualquier resolución relativa a la nulidad de un matrimonio regulado por el Tratado indicado en el apartado 1 se reconocerá en los Estados miembros en las condiciones previstas en la sección 1 del capítulo III.

3. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 serán también aplicables a los siguientes Tratados (Concordatos) con la Santa Sede.

a) «Concordato lateranense» de 11 de febrero de 1929 entre Italia y la Santa Sede, modificado por el Acuerdo, y su Protocolo adicional, firmado en Roma el 18 de febrero de 1984;

b) Acuerdo de 3 de enero de 1979 entre la Santa Sede y España sobre asuntos jurídicos;

c) Acuerdo entre la Santa Sede y Malta sobre el reconocimiento de efectos civiles a los matrimonios canónicos y las resoluciones de las autoridades y tribunales eclesiásticos sobre dichos matrimonios, de 3 de febrero de 1993, incluido el Protocolo de aplicación de la misma fecha, junto con el segundo Protocolo adicional, de 6 de enero de 1995.

4. El reconocimiento de las resoluciones a las que se refiere el apartado 2 podrá someterse en Italia, en España o en Malta a los mismos procedimientos y comprobaciones aplicables a las resoluciones dictadas por los tribunales eclesiásticos con arreglo a los Tratados internacionales celebrados con la Santa Sede a los que se refiere el apartado 3.

5. Los Estados miembros afectados transmitirán a la Comisión:

a) copia de los Tratados a los que se refieren los apartados 1 y 3;

b) toda denuncia o modificación de dichos Tratados».

La compleja formulación del artículo, cuya redacción refleja los distintos compromisos concordatarios entre la Santa Sede y Portugal, España, Italia y Malta, y cómo cada uno de esos países ha planteado la defensa de su propia regulación, no deja sin embargo lugar a dudas para afirmar que se ha querido extender el reconocimiento y ejecución en ámbito europeo a las sentencias canónicas homologadas en Portugal, España, Italia y Malta. Intentaremos determinar a continuación cuáles son las resoluciones que se deben reconocer y cómo se llevará a cabo tal reconocimiento.

Antes de la entrada en vigor del artículo 63 del Reglamento —y del artículo 40 del derogado Reglamento 1347/2000—, cada Estado miembro daba su respuesta a la cuestión de saber si una sentencia canónica de nulidad, que goza de efectos civiles en algún país de la Unión, puede producirlos igualmente en el propio foro. Al respecto no parecía haber dificultades de principio para admitir los efectos de las resoluciones de tribunales religiosos, siempre que éstos sean competentes desde el punto de vista de algún Derecho estatal. No se introduce por tanto una novedad absoluta sino más bien una homogeneización en los criterios de reconocimiento.

1.  Las resoluciones incluidas en el artículo 63

A pesar del tenor literal del parágrafo segundo del artículo 63, ha de entenderse que se refiere a los pronunciamientos canónicos que hayan obtenido homologación civil en la aplicación de cualquiera de los cuatro textos concordatarios. Es decir, las eventuales resoluciones civiles homologadoras de los tribunales portugueses, españoles, italianos o malteses constituyen una condición sine qua non para la eficacia en el resto de la Unión de la sentencia canónica que homologan.

Es más, serán en general las sentencias civiles homologadoras, y no las canónicas homologadas, las que, en nuestra opinión, habrán de ser reconocidas con base en este artículo. Tales sentencias homologadoras tendrán la misma consideración que cualquier otra sentencia matrimonial de esos países basada exclusivamente en preceptos civiles[366]. En algún caso podría no tratarse de una sentencia sino de otro tipo de acto asimilable —auto, ordenanza...—, pues cada país puede establecer el sistema para otorgar eficacia a las decisiones canónicas que quiera.

Habla el Reglamento, como hemos visto, de «resolución relativa a la nulidad de un matrimonio», por lo que cabría entender que quedan excluidas del reconocimiento las sentencias que homologan un rescripto pontificio de disolución de matrimonio rato y no consumado[367]. Como hemos tenido ocasión de advertir, los Concordatos o Acuerdos de la Santa Sede con Portugal, España y Malta —a diferencia del italiano— incluyen tales rescriptos entre las resoluciones canónicas susceptibles de alcanzar efectos civiles en los respectivos ordenamientos. Como el objetivo primordial del artículo 63 es el de respetar los Acuerdos de esos Estados europeos con la Santa Sede[368] y pretende el Reglamento homogeneizar el estado civil de los ciudadanos en todo su ámbito de aplicación, no nos parece que se deban excluir las resoluciones que, en cumplimiento de tales Acuerdos, dan eficacia civil a las dispensas super rato. Por ese motivo, y aunque no se mencionen expresamente, pensamos que han de entenderse incluidas en las disposiciones del artículo que nos ocupa[369]. Por otra parte la disolución del matrimonio existe en los países y cada vez se concede de modo más automático y menos contencioso, aunque siga siendo mediante sentencia.

2.  El reconocimiento de las  resoluciones del artículo 63

Remite el artículo, para el reconocimiento de tales resoluciones, a «las condiciones previstas en la sección 1 del capítulo III». Es decir, las resoluciones matrimoniales canónicas contempladas en los Concordatos portugués, italiano, español y maltés —o, como nos parece más adecuado, las resoluciones de tales Estados que otorgan eficacia civil a las canónicas— tendrán la misma eficacia en el resto de la Unión que cualquier otra resolución enteramente «civil».

Las condiciones para el reconocimiento son, pues, las que ya hemos analizado y a las que nos remitimos. No será necesario procedimiento alguno y los motivos de denegación quedan reducidos al mínimo imprescindible, debiendo interpretarse restrictivamente. Las únicas dudas que se podrían presentar se refieren a cuál es la resolución que se reconoce y sobre la que  se podrían invocar los motivos de denegación.

Como ya hemos dicho que, a nuestro parecer, las resoluciones que se reconocen son las civiles homologadoras, es sobre éstas que deberá recaer la comprobación de los motivos de denegación. Así, la excepción de orden público, con las restricciones inherentes al principio de confianza que informa el Reglamento y a las previsiones del mismo[370] —no aplicable a la competencia del órgano jurisdiccional, irrelevancia de las diferencias en el Derecho aplicable y prohibición de revisión en cuanto al fondo— tendrá el mismo limitado alcance respecto a las resoluciones que se basan en una sentencia canónica que respecto a cualquier otra resolución matrimonial.

Igualmente por lo que se refiere a la protección de los derechos de defensa, entiendo que la previsión del Reglamento ha de considerarse referida al proceso civil de exequatur de la sentencia canónica y no al proceso canónico. Sólo en el caso —inexistente actualmente en los países a los que nos referimos— de que no existiera proceso alguno de exequatur y las sentencias canónicas fueran directamente eficaces, cabría entenderse referido al proceso canónico. Hay que tener en cuenta además que la resolución civil homologadora habrá debido ya constatar que se hayan respetado tales derechos en el proceso canónico, ya que de otra forma no se admitiría la eficacia civil de la decisión canónica en ninguno de los cuatro países concordatarios. Por tanto, alegar la rebeldía en el proceso canónico como motivo para denegar el reconocimiento de la sentencia civil homologadora, supondría entrar en el fondo de tal sentencia, lo cual está expresamente prohibido por el propio Reglamento[371].

Por último, los motivos de denegación de las letras c) y d) del artículo 22, que se refieren a la inconciliabilidad de resoluciones, sólo serán  oponibles frente a las sentencias canónicas de nulidad, civilmente homologadas en alguno de los cuatro Estados en cuestión, en presencia de una sentencia que se pronuncie sobre la validez o nulidad del vínculo, pero no podrá ser nunca inconciliable con un pronunciamiento de separación o de divorcio, según cuanto dijimos en su momento.

3.  El excepcional control de Italia, España y Malta sobre las resoluciones canónicas homologadas en Portugal

Uno de los aspectos más discutibles del artículo 63 es la disposición de su número 4, que introduce la posibilidad de un excepcional control por parte de los tribunales de Italia, España o Malta respecto a las sentencias canónicas homologadas en Portugal. Se podría decir que estos tres países reciben las resoluciones matrimoniales canónicas portuguesas como eclesiásticas, y no como extranjeras[372].

El origen de este parágrafo lo encontramos en la declaración efectuada por Italia al Convenio de Bruselas II, precedente del Reglamento, con la que pretendía cautelarse ante la perspectiva de que un sistema concordatario tan trabajosamente elaborado y matizado fuera ahora a quedar inesperadamente ineficaz, al tener que reconocerse acríticamente en Italia una sentencia reconocida de forma casi automática por el Concordato portugués de 1940. Al pasar al Reglamento, se ha incluido la posibilidad de ese mismo control por parte de España y Malta.

Nos parece evidente la disfunción que introduce este inciso, que produce que mientras una sentencia canónica homologada en Portugal tendrá eficacia de forma prácticamente automática, por ejemplo, en Francia —que en principio no reconoce eficacia alguna a esas sentencias—, para adquirir esa misma eficacia en España, Italia o Malta, debe someterse al exequatur regulado en los correspondientes Acuerdos de esos países con la Santa Sede.

Como hemos visto, el nuevo Concordato firmado entre la Santa Sede y Portugal el 18 de mayo de 2004 sustituye al de 1940 y supondrá pasar del actual reconocimiento automático de las sentencias canónicas a un sistema similar al establecido en los otros tres países europeos que otorgan eficacia civil a las sentencias canónicas por vía concordataria. Podrá ser la ocasión propicia para suprimir este párrafo del artículo 63, que parece violar el principio de la confianza mutua en el que se inspira el Reglamento e introduce diferencias difícilmente justificables.

4.  Valoración crítica

Las disposiciones del artículo 63, que prácticamente reproducen las del artículo 40 del anterior Reglamento y, en líneas generales, las del artículo 42 del Convenio de Bruselas II, son denominadas por Rodríguez Chacón vertiente pasiva y vertiente activa de actuación, según se trate del primer o segundo apartado del precepto que nos ocupa[373].

La vertiente pasiva la encontramos en la resistencia que ofrece la exclusividad de la jurisdicción canónica en aquellos procesos en los que, en virtud de los respectivos Acuerdos mencionados, exista reserva legal a favor de tal jurisdicción. Así ocurre esencialmente en Portugal, donde las causas de nulidad de los matrimonios canónicos resultan materia inaccesible a los jueces y tribunales civiles, según hemos examinado en el capítulo correspondiente. Por ello, en estos casos, Portugal no admite la declaración de invalidez de esos matrimonios si ésta ha sido declarada civilmente, pero sí si proviene de una resolución eclesiástica homologada en España, Italia o Malta. La vigencia de esta disposición podría quedar en entredicho con el nuevo Concordato que, como vimos, no contiene ninguna disposición en que se reserve en exclusiva el conocimiento de las causas de nulidad de matrimonio canónico a los tribunales eclesiásticos.

Por su parte, la vertiente activa de los efectos concordatarios deriva de la previsión de que, en cualquier Estado miembro distinto a los cuatro en los que existe Tratado con la Santa Sede al respecto, se reconozcan las resoluciones relativas a la nulidad matrimonial reguladas por los Concordatos señalados, siempre que se cumplan las condiciones genéricas para el reconocimiento de cualquier incidencia conyugal previstas en el capítulo III del Reglamento.

La que hemos llamado vertiente pasiva no presenta problemas, pues resulta lógico que el Reglamento respete de modo explícito compromisos internacionales previos cuales son los adquiridos por estos cuatro países con la Santa Sede en virtud de los Concordatos, a la vez que se reconoce el derecho a la propia tradición matrimonial.

Aunque hasta el momento la doctrina no ha prestado gran atención al Reglamento que nos ocupa, alguna crítica ha suscitado la vertiente activa que recoge el artículo 63 en su parágrafo segundo. Así Rodríguez Chacón, aun admitiendo la indudable buena intención del artículo,  señala que nada imponía instaurar la exigencia comunitaria de que los demás países no concordatarios de la Unión Europea vengan obligados a reconocer también ellos esas resoluciones canónicas. Por otra parte, afirma que constituye una auténtica excepción a los principios establecidos en el propio Reglamento que expresamente hablan de «materias civiles»[374] con la pretensión, en su opinión, de subrayar precisamente la irrelevancia de las posibles resoluciones de carácter religioso. En definitiva, le parece contrario a los principios inspiradores de la Unión el hacer partícipes a países no concordatarios —muchos de ellos Estados laicos o de mayoría religiosa no católica— de lo que son compromisos peculiares de cuatro de ellos[375].

No compartimos estas críticas, aun reconociendo la compleja formulación del artículo y la difícil justificación del párrafo 4 al que nos acabamos de referir en el apartado precedente. Pero nos parece que una auténtica vocación europeísta exige que cualquier ciudadano europeo, también los de los países concordatarios, pueda ver reconocido su estado civil en cualquier otra  nación de la Unión Europea. Lo contrario constituiría un atentado a la verdadera libertad religiosa.

En relación a la posible contradicción interna del Reglamento, que el artículo 63 establezca una excepción a lo que se establece con carácter general en el propio Reglamento no nos parece problemático, pues está plenamente justificada. En efecto, de no existir tal artículo, los ciudadanos de los países concordatarios europeos que hayan obtenido una sentencia canónica de nulidad civilmente eficaz no podrían ver reconocido su estado civil en el resto de la Unión Europea. Es decir, quienes, en el ejercicio de su libertad religiosa tal como viene tutelada en el propio país, eligieron el matrimonio canónico y se sometieron a la  correspondiente jurisdicción eclesiástica civilmente reconocida, se verían discriminados en ámbito europeo respecto a quienes, ejerciendo esa misma libertad, eligieron el matrimonio civil.

Otra posible objeción, en esa misma línea, es que el artículo 63 contradice el principio general de no aceptar un doble exequatur. Pensamos que, si lo que se pretende es crear un espacio judicial europeo, no existe ese segundo exequatur, de modo que resulta lógico que las sentencias eficaces en un Estado lo sean también en los otros, sin necesidad de procedimiento alguno. Además, no es una institución ajena al derecho internacional privado el reconocimiento de resoluciones matrimoniales extranjeras que homologan una sentencia canónica[376]; así ocurría, por ejemplo, ya antes de la existencia de los Reglamentos y del Convenio de Bruselas II, en Holanda[377], a pesar de que en ese país no se reconoce la jurisdicción eclesiástica.

No se debe olvidar además que las sentencias canónicas una vez homologadas no son ya meras resoluciones eclesiásticas, sino que han sido hechas propias por el ordenamiento estatal. Como hemos dicho antes no se trata de conceder eficacia directa a pronunciamientos canónicos sino a verdaderos efectos civiles que derivan de esas mismas sentencias una vez homologadas por estos Estados.

No nos parece por otro lado que con la vertiente activa del artículo 63 se trate de imponer la regulación concordataria a terceros Estados, pues esos Acuerdos han pasado a formar parte del propio ordenamiento interno de Portugal, España, Italia y Malta. Consideramos, por ejemplo, que del mismo modo que en España deben venir reconocidas las sentencias de divorcio de un tribunal sueco basadas en un determinado artículo de su ordenamiento interno —con independencia de que exista o no un equivalente en España y de cuál sea su origen—, no existe motivo para denegar eficacia en Suecia a resoluciones españolas basadas en el artículo 80 del Código Civil. Como señala el artículo 25 del Reglamento, las diferencias en el Derecho aplicable no pueden ser motivo para negar el reconocimiento.

Por otra parte, no hay que excluir que quizá otros derechos matrimoniales religiosos —y resoluciones con base en ellos— se acaben reconociendo en Europa. Podría ser el caso del derecho judío o del derecho musulmán en caso de llevarse a cabo el ingreso en la Unión Europea, por ejemplo, de Turquía o del Estado de Israel.

En definitiva, nos parece perfectamente lícita y justificada la presencia del artículo 63 «pues intenta dar un trato de igualdad a todos los ciudadanos europeos de los Estados miembros, en búsqueda de aquel espacio de libertad, seguridad y justicia que implica la cooperación judicial en materia civil»[378].

 

Conclusiones

El reconocimiento de la eficacia civil de las resoluciones canónicas de nulidad del matrimonio constituye, a nuestro parecer, un bien tanto para los católicos como para la entera sociedad civil. Debería ser además una consecuencia del principio de libertad religiosa, proclamado en todas las constituciones de las naciones que constituyen la Unión Europea, por cuanto los cónyuges que acceden libremente y en conciencia a esta forma de unión sacramental, lo hacen con la voluntad de aceptar todos sus efectos y consecuencias, que se extienden también al momento de extinción del matrimonio cuando la nulidad es declarada con las debidas garantías y formalidades por la autoridad eclesiástica.

El papel que se atribuye a la jurisdicción eclesiástica dentro de la organización jurisdiccional de los Estados se encuentra íntimamente relacionado con el tipo de sistema matrimonial que cada país haya constitucionalizado, de modo que se hace ineludible el estudio de tales sistemas.

El análisis de los sistemas matrimoniales vigentes en los veinticinco países de la Unión Europea lleva a la conclusión de una manifiesta divergencia tanto en el momento constitutivo como en el extintivo, al que nos hemos referido principalmente. Así, junto a Estados que desconocen, o incluso en determinadas condiciones prohíben el matrimonio religioso, hay otros que lo reconocen como forma de prestación del consentimiento del único matrimonio civil y otros, en fin, que parecen considerar el matrimonio canónico como algo más que una simple forma de celebración.

En lo referente a la consideración por parte del Estado de las decisiones matrimoniales de los Tribunales eclesiásticos, éstas carecen de cualquier eficacia en los Estados con sistema de matrimonio civil obligatorio y en gran parte de los que siguen sistemas de matrimonio religioso facultativo. Si hasta hace unos años, se podría decir que tal eficacia tenía un carácter residual en Europa y aparentemente en vías de extinción, la ampliación de la Unión Europea y los recientes convenios y reglamentos analizados parecen otorgarles nuevas perspectivas de futuro.

Los cuatro países que de forma clara, en las condiciones que hemos estudiado y con base en los respectivos concordatos, otorgan eficacia civil a las decisiones matrimoniales canónicas no son los únicos en los que es hipotizable tal eficacia, ya sea por la posibilidad de llegar a situaciones parecidas en muchos de los Estados de reciente incorporación —la mayoría de los cuales ha establecido acuerdos o concordatos de diferente alcance con la Santa Sede—, ya sea por la proyección europea que el Reglamento analizado en el último capítulo otorga a las resoluciones canónicas civilmente homologadas.

En España, la eficacia de las resoluciones de nulidad de los Tribunales canónicos y de las dispensas pontificias de matrimonio rato y no consumado, queda condicionada a la petición de parte y a que se declaren ajustadas al Derecho del Estado, que es el requisito más problemático y se suele identificar con la no contradicción con el orden público español. No parece adecuarse perfectamente la regulación civil al compromiso concordatario o, al menos, iría más allá de lo pactado en el Acuerdo, que no establece ningún procedimiento.

En Italia se reconoce eficacia sólo a las sentencias canónicas de nulidad —no a los rescriptos de dispensa super rato—, en condiciones parecidas: que la resolución sea ejecutiva, verse sobre matrimonio concordatario, no contradiga el orden público italiano y quede garantizado el derecho de defensa en el proceso canónico. Pensamos que el principio de automaticidad en el reconocimiento, que ha guiado la reforma del derecho internacional privado italiano, deberá extenderse al reconocimiento de las sentencias canónicas de nulidad.

En Malta gozan de eficacia civil tanto las sentencias canónicas matrimoniales —ya sean pro nullitate como a favor del vínculo— y las dispensas super rato. Las condiciones son prácticamente las mismas que acabamos de mencionar aunque, a diferencia de lo que ocurre en España e Italia, no hay ninguna remisión a las condiciones exigidas para la declaración de eficacia de las sentencias extranjeras.

En Portugal ha existido hasta ahora una reserva de jurisdicción a favor de los Tribunales de la Iglesia para las causas de nulidad de los matrimonios celebrados canónicamente. La eficacia de las sentencias canónicas y de las dispensas pontificias queda condicionada a un simple control interno por parte del Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica y a su transmisión por vía diplomática. El Concordato firmado en 2004 parece acercar la regulación a la existente en los tres países anteriores, aunque habrá que esperar a los eventuales cambios en el Derecho interno portugués.

Por lo que se refiere a otros países, especial mención merecen Eslovaquia, Lituania y Polonia,  en cuyos concordatos no se produce un reconocimiento explícito de la eficacia de las resoluciones canónicas de nulidad de matrimonio pero se prevén ulteriores concreciones por parte del ordenamiento interno o de futuros acuerdos sobre la forma de llevar a cabo tal eficacia. Situación distinta y peculiar es la de Chipre, donde el matrimonio se regula, tanto en sus aspectos constitutivos como extintivos, por el respectivo derecho religioso según el estatuto personal de los ciudadanos.

Con la Unión Europea, los Estados que la constituyen se han fijado, entre sus objetivos, el de mantener y desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia en el que esté garantizada la libre circulación de las personas, adoptando las necesarias medidas en el ámbito de cooperación judicial en materia civil. En este contexto, se hace necesario el reconocimiento, en todo el espacio de la Unión, de las resoluciones en materia de disolución del vínculo matrimonial, que se ha concretado en el Reglamento (CE) n° 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, aplicable desde el 1 de marzo de 2005.

Se trata de un Reglamento que constituye un hito importante, pues afecta a la vida familiar del ciudadano europeo, superando una integración meramente económica, atendiendo ahora al derecho de familia en el ámbito del «espacio judicial europeo».

Este Reglamento incluye de manera expresa, entre las resoluciones que gozarán de eficacia directa en todos los países de la Unión, las sentencias matrimoniales canónicas homologadas en Portugal, Italia, España y Malta. De este modo, de manera indirecta y en el tema que nos ocupa, se amplían las consecuencias de esos Concordatos a toda la Unión.

Nos parece una regulación congruente con la creación de un espacio judicial común europeo y respetuosa del principio de libertad religiosa, por cuanto los ciudadanos de estos cuatro países que han optado libremente por ese tipo de matrimonio no se ven discriminados en la aplicación de los efectos del Reglamento. Pensamos que no se vulnera el principio de libertad religiosa de los países terceros, no firmantes de los diferentes acuerdos con la Santa Sede, porque cada Estado hace valer su derecho ante los demás: no se puede decir, al menos en el ámbito matrimonial, que lo laico sea lo común y lo religioso la excepción. No se debe olvidar además que el ordenamiento canónico es un verdadero ordenamiento jurídico y sus procesos no son simples procedimientos de naturaleza puramente religiosa.

Resultaría incongruente, y supondría un costo procesal no indiferente, no conceder eficacia a estas resoluciones ya homologadas, obligando a iniciar un nuevo proceso para conseguir esos mismos efectos en un tercer país. En una sociedad en que se facilita hasta el extremo la disolución del matrimonio a través del divorcio, no tiene sentido dificultar la concesión de eficacia a una sentencia de nulidad, resultado de un largo y completo proceso con todas las garantías.

La mayor dificultad, tanto en ámbito interno como en ámbito europeo, que suele plantearse a la eficacia civil de sentencias de nulidad canónicas se refiere a las consecuencias patrimoniales que puedan suponer. En este sentido, se está llevando a cabo un esfuerzo en los países concordatarios por llegar a una equiparación de efectos entre nulidad y divorcio, que nos parece deseable —en la medida que la distinta realidad de las cosas lo permita— para que el acudir a uno u otro procedimiento no dependa de intereses económicos.

No parece un criterio adecuado dar a la parte que se opone a la ejecución de los efectos meramente civiles la posibilidad de lograrlo oponiéndose al reconocimiento de la sentencia o resolución. En este sentido, consideramos un acierto del Reglamento 2201/2003 la distinción entre el reconocimiento, que tiene carácter automático, y la ejecución, que se perfila como un trámite en el que la intervención jurisdiccional es siempre necesaria.

En nuestra opinión, este Reglamento significa también una llamada a los países concordatarios para que acomoden sus respectivos procedimientos de exequatur de las sentencias canónicas a los principios de sencillez y rapidez que el mismo establece. Es difícilmente explicable que se pongan más dificultades a la concesión de eficacia de las resoluciones canónicas —objeto de un Acuerdo que buscaba precisamente facilitarla— que a las sentencias matrimoniales extranjeras.

Cabe esperar, por tanto, que el Reglamento europeo redunde en beneficio de una mejor ejecución de las sentencias y resoluciones canónicas. Y, aunque lógicamente el Derecho comunitario no afecta al ordenamiento canónico, esa situación supondrá a su vez una ulterior llamada a la responsabilidad de los operadores de los Tribunales eclesiásticos, de modo que el proceso canónico responda siempre a las exigencias de la justicia en la búsqueda de la verdad objetiva sobre la validez o no de una unión matrimonial.

 

Apéndice

Reglamento (CE) n° 2201/2003 del Consejo

de 27 de noviembre de 2003

relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n° 1347/2000 (extracto)

(Diario Oficial n° L 338 de 23/12/2003 p. 1-29)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular la letra c) de su artículo 61 y el apartado 1 del artículo 67,

Vista la propuesta de la Comisión[379],

Visto el dictamen del Parlamento Europeo[380],

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo[381],

Considerando lo siguiente:

(1) La Comunidad Europea se ha fijado el objetivo de crear un espacio de libertad, de seguridad y de justicia, en el que se garantiza la libre circulación de personas. Con este fin debe adoptar, entre otras cosas, las medidas de cooperación judicial en materia civil necesarias para el correcto funcionamiento del mercado interior.

(2) El Consejo Europeo de Tampere corroboró el principio del reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales como piedra angular de la creación de un verdadero espacio judicial, y destacó el derecho de visita como prioritario.

(3) El Reglamento (CE) n° 1347/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000[382], establece normas que regulan la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental sobre los hijos comunes, dictadas con ocasión de acciones judiciales en materia matrimonial. El contenido de dicho Reglamento coincidía en gran medida con el del Convenio de 28 de mayo de 1998 sobre el mismo tema[383].

(4) El 3 de julio de 2000, Francia presentó una iniciativa con vistas a la adopción del Reglamento del Consejo relativo a la ejecución mutua de resoluciones judiciales en materia de derecho de visita de los hijos[384].

(5) Con ánimo de garantizar la igualdad de todos los hijos, el presente Reglamento se aplica a todas las resoluciones en materia de responsabilidad parental, incluidas las medidas de protección del menor, con independencia de que estén vinculadas o no a un procedimiento en materia matrimonial.

(6) Dado que la aplicación de las disposiciones en materia de responsabilidad parental se produce a menudo en el marco de acciones judiciales en materia matrimonial, resulta más apropiado tener un único instrumento en materia de divorcio y de responsabilidad parental.

(7) El presente Reglamento se aplica a las materias civiles, con independencia de cuál sea la naturaleza del órgano jurisdiccional.

(8) Por lo que se refiere a las resoluciones judiciales relativas al divorcio, la separación judicial o la nulidad matrimonial, el presente Reglamento sólo debe aplicarse a la disolución del matrimonio, sin ocuparse de problemas tales como las causas de divorcio, las consecuencias patrimoniales del matrimonio u otras posibles medidas accesorias.

(9) En lo que respecta a los bienes del menor, el presente Reglamento se aplica únicamente a las medidas de protección del menor, es decir: i) a la designación y las funciones de la persona u organismo encargado de administrar los bienes del menor, de representarlo y de prestarle asistencia, y ii) a las medidas relativas a la administración, conservación o disposición de los bienes del menor. En este contexto y a título de ejemplo, el presente Reglamento debe aplicarse a los casos en los que exista un litigio entre los progenitores a propósito de la administración de los bienes del menor. Las medidas relativas a los bienes del menor que no se refieran a la protección del mismo deben seguir rigiéndose por el Reglamento (CE) n° 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil[385].

(10) No se pretende que el presente Reglamento se aplique a asuntos tales como los relativos a la seguridad social, a las medidas de Derecho público de carácter general en materia de educación y salud, ni a las resoluciones relativas al derecho de asilo y a la inmigración. No se aplica, por lo demás, al establecimiento de la filiación, que es una cuestión distinta de la atribución de la responsabilidad parental, ni a las demás cuestiones ligadas al estado de las personas. Tampoco se aplica a las medidas adoptadas a consecuencia de infracciones penales cometidas por menores.

(11) Las obligaciones alimentarias, al estar ya reguladas en el Reglamento (CE) n° 44/2001, están excluidas del ámbito de aplicación del presente Reglamento. Los órganos jurisdiccionales competentes en virtud del presente Reglamento tendrán generalmente competencia para pronunciarse en materia de obligaciones alimentarias en aplicación de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 5 del Reglamento (CE) n° 44/2001.

(12) Las normas de competencia que establece el presente Reglamento en materia de responsabilidad parental están concebidas en función del interés superior del menor, y en particular en función del criterio de proximidad. Esto significa por lo tanto que son los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el cual el menor tiene su residencia habitual los que deben ser competentes en primer lugar, excepto en ciertos casos de cambio de residencia del menor o en caso de acuerdo entre los titulares de la responsabilidad parental.

(13) Para atender al interés del menor, el presente Reglamento permite al órgano jurisdiccional competente, con carácter excepcional y en condiciones determinadas, remitir el asunto al órgano jurisdiccional de otro Estado miembro que esté mejor situado para conocer del asunto. Ahora bien, en este caso no se debe autorizar al órgano jurisdiccional al que se remitió el asunto a remitirlo a su vez a un tercer órgano jurisdiccional.

(14) Los efectos del presente Reglamento no deben afectar a la aplicación del Derecho internacional público en materia de inmunidad diplomática. Si el órgano jurisdiccional competente en virtud del presente Reglamento no puede ejercer su competencia debido a la existencia de una inmunidad diplomática con arreglo al Derecho internacional, la competencia debe determinarse en el Estado miembro en el que la persona de que se trate no goce de inmunidad, con arreglo a la legislación de ese Estado.

(15) El Reglamento (CE) n° 1348/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil[386] es de aplicación a la notificación o traslado de documentos en los procesos incoados en virtud del presente Reglamento.

(16) En caso de urgencia, las disposiciones del presente Reglamento no impedirán que los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro adopten medidas provisionales, incluidas las protectoras, por lo que se refiere a las personas o a los bienes que se encuentren en ese Estado.

(17) En caso de traslado o retención ilícitos de un menor, es importante que su restitución se produzca sin demora y con este fin debe seguir aplicándose el Convenio de la Haya de 25 de octubre de 1980 tal y como queda completado mediante las disposiciones del presente Reglamento y, en particular, del artículo 11. Con todo, conviene que, en casos concretos y debidamente justificados, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro al que haya sido trasladado o en el que esté siendo retenido ilícitamente el menor puedan oponerse a su restitución. Sin embargo, semejante resolución debe poder ser sustituida por otra posterior del órgano jurisdiccional del Estado miembro en el que el menor tenía su residencia habitual antes de su traslado o retención ilícitos. En caso de que esta última resolución implique la restitución del menor, ésta debería realizarse sin necesidad de procedimiento alguno para el reconocimiento y la ejecución de dicha resolución en el Estado miembro en el que se encuentra el menor sustraído.

(18) En caso de que se dicte una resolución de no restitución en virtud del artículo 13 del Convenio de la Haya de 1980, el órgano jurisdiccional debe informar de ello al órgano jurisdiccional competente o a la autoridad central del Estado miembro en el que el menor tenía su residencia habitual antes de su traslado o retención ilícitos. Este órgano jurisdiccional, si aún no se ha interpuesto demanda ante él, o la autoridad central deben dirigir una notificación a las partes. Esta obligación no debe impedir que la autoridad central dirija asimismo una notificación a las autoridades públicas pertinentes de conformidad con el Derecho nacional.

(19) La audiencia del menor desempeña un papel importante en la aplicación del presente Reglamento, sin que éste tenga por objeto modificar los procedimientos nacionales aplicables en la materia.

(20) La audiencia de un menor en otro Estado miembro puede realizarse por los procedimientos establecidos en el Reglamento (CE) n° 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil[387].

(21) El reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales dictadas en un Estado miembro deben basarse en el principio de confianza mutua, y los motivos del no reconocimiento deben limitarse al mínimo necesario.

(22) A efectos de la aplicación de las normas sobre reconocimiento y ejecución, los documentos públicos y los acuerdos entre las partes que sean ejecutivos en un Estado miembro deben asimilarse a "resoluciones judiciales".

(23) El Consejo Europeo de Tampere consideró en sus conclusiones (punto 34) que las resoluciones dictadas en el ámbito de los litigios familiares "se reconocerían automáticamente en toda la Unión sin que se interpusieran procedimientos intermedios o motivos para denegar la ejecución". Por ello, las resoluciones relativas al derecho de visita y a la restitución del menor que hayan sido certificadas en el Estado miembro de origen de conformidad con las disposiciones del presente Reglamento deben ser reconocidas y gozar de fuerza ejecutiva en todos los demás Estados miembros, sin necesidad de procedimiento adicional alguno. Las modalidades de ejecución de estas resoluciones siguen rigiéndose por el Derecho nacional.

(24) El certificado que se expide para facilitar la ejecución de la resolución judicial no debe ser susceptible de recurso. Contra él sólo debe caber un procedimiento de rectificación en caso de error material, es decir, si el certificado no refleja correctamente el contenido de la resolución judicial.

(25) Las autoridades centrales deben cooperar, tanto en términos generales como en casos particulares, con ánimo, entre otras cosas, de facilitar la solución amistosa de conflictos familiares en el ámbito de la responsabilidad parental. Con este fin las autoridades centrales deben participar en la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil creada por la Decisión 2001/470/CE del Consejo, de 28 de mayo de 2001, por la que se crea una Red Judicial Europea en materia civil y mercantil[388].

(26) La Comisión debe hacer públicas y actualizar las listas de órganos jurisdiccionales y de vías de recurso que le notifiquen los Estados miembros.

(27) Las medidas necesarias para la aplicación del presente Reglamento deben adoptarse con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión[389].

(28) El presente Reglamento sustituye al Reglamento (CE) n° 1347/2000, que, por consiguiente, queda derogado.

(29) Es importante para el buen funcionamiento del presente Reglamento que la Comisión examine su aplicación para proponer, si ha lugar, las modificaciones oportunas.

(30) El Reino Unido e Irlanda han manifestado, con arreglo al artículo 3 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido e Irlanda anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, su deseo de participar en la adopción y aplicación del presente Reglamento.

(31) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, este país no participa en la adopción del presente Reglamento, que por consiguiente no le vincula ni le es aplicable.

(32) Dado que los objetivos del presente Reglamento no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, pueden lograrse mejor a escala comunitaria, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(33) El presente Reglamento reconoce los derechos fundamentales y observa los principios consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Concretamente, pretende garantizar el respeto de los derechos fundamentales del menor enunciados en el artículo 24 de dicha Carta.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

CAPÍTULO I

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES

Artículo 1

Ámbito de aplicación

1. El presente Reglamento se aplicará, con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional, a las materias civiles relativas:

a) al divorcio, la separación judicial y la nulidad matrimonial;

b) a la atribución, el ejercicio, la delegación, la restricción o la finalización de la responsabilidad parental.

2. Las materias consideradas en la letra b) del apartado 1 se refieren en particular:

a) al derecho de custodia y al derecho de visita;

b) a la tutela, la curatela y otras instituciones análogas;

c) a la designación y las funciones de toda persona u organismo encargado de ocuparse de la persona o de los bienes del menor, de representarlo o de prestarle asistencia;

d) al acogimiento del menor en una familia o en un establecimiento;

e) a las medidas de protección del menor ligadas a la administración, conservación o disposición de sus bienes.

3. El presente Reglamento no se aplicará:

a) a la determinación y a la impugnación de la filiación;

b) a las resoluciones sobre adopción y medidas que la preparan, ni a la anulación y revocación de la adopción;

c) al nombre y apellidos del menor;

d) a la emancipación;

e) a las obligaciones de alimentos;

f) a los fideicomisos y las sucesiones;

g) a las medidas adoptadas a consecuencia de infracciones penales cometidas por los menores.

Artículo 2

Definiciones

A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

1) órgano jurisdiccional, todas las autoridades de los Estados miembros con competencia en las materias que entran en el ámbito de aplicación del presente Reglamento de conformidad con el artículo 1;

2) juez, el juez o la autoridad con competencias equivalentes a las del juez en las materias reguladas por el presente Reglamento;

3) Estado miembro, todos los Estados miembros a excepción de Dinamarca;

4) resolución judicial, las resoluciones de divorcio, separación judicial o nulidad matrimonial y las relativas a la responsabilidad parental dictadas por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, independientemente de cómo se denomine dicha resolución, incluidos los términos de sentencia o auto;

5) Estado miembro de origen, el Estado miembro en el que se dictó la resolución judicial que hay que ejecutar;

6) Estado miembro de ejecución, el Estado miembro en el que se solicita la ejecución de una resolución judicial;

7) responsabilidad parental, los derechos y obligaciones conferidos a una persona física o jurídica en virtud de una resolución judicial, por ministerio de la ley o por un acuerdo con efectos jurídicos, en relación con la persona o los bienes de un menor. El término incluye, en particular, los derechos de custodia y visita;

8) titular de la responsabilidad parental, cualquier persona que tenga la responsabilidad parental sobre un menor;

9) derechos de custodia, entre otros, los derechos y obligaciones relativos al cuidado de la persona de un menor y, en especial, el derecho a decidir sobre su lugar de residencia;

10) derecho de visita, en particular, el derecho de trasladar a un menor a un lugar distinto al de su residencia habitual durante un período de tiempo limitado;

11) Traslado o retención ilícitos de un menor, el traslado o retención de un menor cuando:

a) se haya producido con infracción de un derecho de custodia adquirido por resolución judicial, por ministerio de la ley o por un acuerdo con efectos jurídicos de conformidad con la legislación del Estado miembro en donde el menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o retención,

y

b) este derecho se ejercía, en el momento del traslado o de la retención, de forma efectiva, separada o conjuntamente, o se habría ejercido de no haberse producido dicho traslado o retención. Se considera que la custodia es ejercida de manera conjunta cuando, en virtud de una resolución judicial o por ministerio de la ley, uno de los titulares de la responsabilidad parental no pueda decidir sin el consentimiento del otro titular sobre el lugar de residencia del menor.

CAPÍTULO II

COMPETENCIA

SECCIÓN 1

Divorcio, separación judicial y nulidad matrimonial

Artículo 3

Competencia general

1. En los asuntos relativos al divorcio, la separación judicial y la nulidad matrimonial, la competencia recaerá en los órganos jurisdiccionales del Estado miembro:

a) en cuyo territorio se encuentre:

- la residencia habitual de los cónyuges, o

- el último lugar de residencia habitual de los cónyuges, siempre que uno de ellos aún resida allí, o

- la residencia habitual del demandado, o

- en caso de demanda conjunta, la residencia habitual de uno de los cónyuges, o

- la residencia habitual del demandante si ha residido allí durante al menos un año inmediatamente antes de la presentación de la demanda, o

- la residencia habitual del demandante en caso de que haya residido allí al menos los seis meses inmediatamente anteriores a la presentación de la demanda y de que sea nacional del Estado miembro en cuestión o, en el caso del Reino Unido e Irlanda, tenga allí su "domicile";

b) de la nacionalidad de ambos cónyuges o, en el caso del Reino Unido y de Irlanda, del "domicile" común.

2. A efectos del presente Reglamento, el término "domicile" se entenderá en el mismo sentido que tiene dicho término con arreglo a los ordenamientos jurídicos del Reino Unido y de Irlanda.

Artículo 4

Demanda reconvencional

El órgano jurisdiccional ante el que se sustancien los procedimientos con arreglo al artículo 3 también será competente para examinar la demanda reconvencional, en la medida en que ésta entre en el ámbito de aplicación del presente Reglamento.

Artículo 5

Conversión de la separación judicial en divorcio

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3, el órgano jurisdiccional del Estado miembro que hubiere dictado una resolución sobre la separación judicial será asimismo competente para la conversión de dicha resolución en divorcio, si la ley de dicho Estado miembro lo prevé.

Artículo 6

Carácter exclusivo de las competencias definidas en los artículos 3, 4 y 5

Un cónyuge que:

a) tenga su residencia habitual en el territorio de un Estado miembro, o bien

b) sea nacional de un Estado miembro o, en el caso del Reino Unido y de Irlanda, tenga su "domicile" en el territorio de uno de estos dos Estados miembros,

sólo podrá ser requerido ante los órganos jurisdiccionales de otro Estado miembro en virtud de los artículos 3, 4 y 5.

Artículo 7

Competencia residual

1. Si de los artículos 3, 4 y 5 no se deduce la competencia de ningún órgano jurisdiccional de un Estado miembro, la competencia se determinará, en cada Estado miembro, con arreglo a las leyes de dicho Estado.

2. Todo nacional de un Estado miembro que tenga su residencia habitual en el territorio de otro Estado miembro podrá, al igual que los nacionales de este último, invocar en dicho Estado las normas sobre competencia que sean aplicables en el mismo contra una parte demandada que no tenga su residencia habitual en el territorio de un Estado miembro y que no tenga la nacionalidad de un Estado miembro o, en lo que respecta al Reino Unido e Irlanda, no tenga su "domicile" en el territorio de uno de estos dos Estados.

SECCIÓN 2

Responsabilidad parental

(...)

SECCIÓN 3

Disposiciones comunes

Artículo 16

Iniciación del procedimiento

1. Se considerará iniciado un procedimiento ante un órgano jurisdiccional:

a) desde el momento en que se le presente el escrito de demanda o documento equivalente, a condición de que posteriormente el demandante no haya dejado de realizar lo necesario para que la notificación o traslado de dicho escrito o documento al demandado,

o bien

b) si dicho escrito o documento ha de ser objeto de notificación o traslado antes de su presentación al órgano jurisdiccional, en el momento en que lo reciba la autoridad encargada de la notificación o traslado, a condición de que posteriormente el demandante no haya dejado de realizar lo necesario para la presentación del documento al órgano jurisdiccional.

Artículo 17

Comprobación de la competencia

El órgano jurisdiccional de un Estado miembro ante el que se inicie un procedimiento respecto del cual el presente Reglamento no establezca su competencia y del que sea competente en virtud del mismo un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro, se declarará de oficio incompetente.

Artículo 18

Comprobación de la admisibilidad

1. Cuando una parte demandada con residencia habitual en un Estado distinto del Estado miembro en el que se hubiera presentado la demanda no compareciere, el órgano jurisdiccional competente suspenderá el procedimiento hasta que se tenga constancia de que dicha parte demandada ha estado en condiciones de recibir, con suficiente antelación para defenderse, el escrito de demanda o documento equivalente o de que se han practicado todas las diligencias a tal fin.

2. Se aplicará el artículo 19 del Reglamento (CE) n° 1348/2000 en lugar del apartado 1 del presente artículo, si el escrito de demanda o documento equivalente hubiera de transmitirse de un Estado miembro a otro de acuerdo con dicho Reglamento.

3. Cuando no sean aplicables las disposiciones del Reglamento (CE) n° 1348/2000, se aplicará el artículo 15 del Convenio de La Haya de 15 de noviembre de 1965 relativo a la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o comercial, si el escrito de demanda o documento equivalente hubiera de transmitirse al extranjero de acuerdo con dicho Convenio.

Artículo 19

Litispendencia y acciones dependientes

1. Cuando se presentaren demandas de divorcio, separación judicial o nulidad matrimonial entre las mismas partes ante órganos jurisdiccionales de distintos Estados miembros, el órgano jurisdiccional ante el que se hubiere presentado la segunda demanda suspenderá de oficio el procedimiento en tanto no se establezca la competencia del órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la primera.

2. Cuando se presentaren demandas relativas a la responsabilidad parental sobre un menor que tengan el mismo objeto y la misma causa ante órganos jurisdiccionales de distintos Estados miembros, el órgano jurisdiccional ante el que se hubiere presentado la segunda demanda suspenderá de oficio el procedimiento en tanto no se establezca la competencia del órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la primera.

3. Cuando se establezca que es competente el primer órgano jurisdiccional, el segundo se inhibirá en favor de aquél.

En este caso, la parte actora ante el segundo órgano jurisdiccional podrá presentar la acción ante el primero.

Artículo 20

Medidas provisionales y cautelares

1. En caso de urgencia, las disposiciones del presente Reglamento no impedirán que los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro adopten medidas provisionales o cautelares previstas en su propia legislación en relación con personas o bienes presentes en dicho Estado miembro, aun cuando, en virtud del presente Reglamento, un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro fuere competente para conocer sobre el fondo.

2. Las medidas tomadas en virtud del apartado 1 dejarán de aplicarse cuando el órgano jurisdiccional del Estado miembro competente en virtud del presente Reglamento para conocer del fondo del asunto haya adoptado las medidas que considere apropiadas.

CAPÍTULO III

RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN

SECCIÓN 1

Reconocimiento

Artículo 21

Reconocimiento de una resolución

1. Las resoluciones dictadas en un Estado miembro serán reconocidas en los demás Estados miembros sin necesidad de recurrir a procedimiento alguno.

2. En particular, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, no se requerirá ningún procedimiento especial para la actualización de los datos del registro civil de un Estado miembro sobre la base de las resoluciones en materia de divorcio, separación judicial o nulidad matrimonial dictadas en otro Estado miembro y que ya no admitan recurso con arreglo a la legislación de este último.

3. Sin perjuicio de la sección 4, cualquiera de las partes interesadas podrá, de conformidad con los procedimientos previstos en la sección 2, solicitar que se resuelva sobre el reconocimiento o no reconocimiento de una resolución.

La competencia territorial del órgano jurisdiccional indicado en la lista que cada Estado miembro ha de comunicar a la Comisión de conformidad con el artículo 68 se determinará en virtud del Derecho interno del Estado miembro en el que se inicie el procedimiento de reconocimiento o de no reconocimiento.

4. Cuando el reconocimiento de una resolución se plantee de forma incidental ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, dicho órgano jurisdiccional podrá pronunciarse al respecto.

Artículo 22

Motivos de denegación del reconocimiento de resoluciones en materia de divorcio, separación judicial o nulidad matrimonial

Las resoluciones en materia de divorcio, separación judicial o nulidad matrimonial no se reconocerán:

a) si el reconocimiento fuere manifiestamente contrario al orden público del Estado miembro requerido;

b) si, habiéndose dictado en rebeldía del demandado, no se hubiere notificado o trasladado al mismo el escrito de demanda o un documento equivalente de forma tal y con la suficiente antelación para que el demandado pueda organizar su defensa, a menos que conste de forma inequívoca que el demandado ha aceptado la resolución;

c) si la resolución fuere inconciliable con otra dictada en un litigio entre las mismas partes en el Estado miembro requerido, o bien

d) si la resolución fuere inconciliable con otra dictada con anterioridad en otro Estado miembro o en un Estado no miembro en un litigio entre las mismas partes, siempre y cuando la primera resolución reúna las condiciones necesarias para su reconocimiento en el Estado miembro requerido.

Artículo 23

Motivos de denegación del reconocimiento de resoluciones en materia de responsabilidad parental

(...)

Artículo 24

Prohibición del control de la competencia del órgano jurisdiccional de origen

No podrá procederse al control de la competencia del órgano jurisdiccional del Estado miembro de origen. El criterio de orden público a que se refieren la letra a) del artículo 22 y la letra a) del artículo 23 no podrá aplicarse a las normas de competencia establecidas en los artículos 3 a 14.

Artículo 25

Diferencias en el Derecho aplicable

No podrá negarse el reconocimiento de una resolución de divorcio, de separación judicial o de nulidad matrimonial alegando que el Derecho del Estado miembro requerido no autorizaría el divorcio, la separación judicial o la nulidad matrimonial basándose en los mismos hechos.

Artículo 26

No revisión en cuanto al fondo

La resolución no podrá en ningún caso ser objeto de una revisión en cuanto al fondo.

Artículo 27

Suspensión del procedimiento

1. El órgano jurisdiccional de un Estado miembro ante el que se hubiere solicitado el reconocimiento de una resolución dictada en otro Estado miembro podrá suspender el procedimiento si dicha resolución fuere objeto de un recurso ordinario.

2. El órgano jurisdiccional de un Estado miembro ante el que se hubiere solicitado el reconocimiento de una resolución dictada en Irlanda o en el Reino Unido podrá suspender el procedimiento si la ejecución estuviere suspendida en el Estado miembro de origen como consecuencia de la interposición de un recurso.

SECCIÓN 2

Solicitud de declaración de ejecutoriedad

Artículo 28

Resoluciones ejecutivas

1. Las resoluciones dictadas en un Estado miembro sobre el ejercicio de la responsabilidad parental con respecto a un menor que fueren ejecutivas en dicho Estado miembro y hubieren sido notificadas o trasladadas se ejecutarán en otro Estado miembro cuando, a instancia de cualquier parte interesada, se hayan declarado ejecutivas en este último Estado.

2. No obstante, en el caso del Reino Unido estas resoluciones sólo se ejecutarán en Inglaterra y el País de Gales, en Escocia o en Irlanda del Norte cuando, a instancia de cualquier parte interesada, hayan sido registradas con vistas a su ejecución en una de estas partes del Reino Unido, según corresponda.

Artículo 29

Competencia territorial de los órganos jurisdiccionales

1. La solicitud de declaración de ejecutoriedad se presentará ante uno de los órganos jurisdiccionales indicados en la lista que cada Estado miembro ha de comunicar a la Comisión de conformidad con el artículo 68.

2. La competencia territorial se determinará por el lugar de residencia habitual de la persona contra la que se solicite la ejecución o por el lugar de residencia habitual del menor o menores a quienes se refiera la solicitud.

Cuando ninguno de los lugares de residencia a los que se refiere el párrafo primero se encuentre en el Estado miembro de ejecución, la competencia territorial se determinará por el lugar de ejecución.

Artículo 30

Procedimiento

1. Las modalidades de presentación de la solicitud se determinarán con arreglo a la legislación del Estado miembro requerido.

2. El solicitante deberá elegir domicilio para notificaciones en la circunscripción del órgano jurisdiccional que conozca de la solicitud de ejecución. No obstante, si la legislación del Estado miembro de ejecución no prevé la elección de domicilio, el solicitante designará un representante procesal.

3. Se adjuntarán a la solicitud de ejecución los documentos mencionados en los artículos 37 y 39.

Artículo 31

Resolución del órgano jurisdiccional

1. El órgano jurisdiccional ante el que se presente la solicitud se pronunciará en breve plazo. En esta fase del procedimiento, no podrán presentar alegaciones ni el menor ni la persona contra la cual se solicite la ejecución.

2. La solicitud sólo podrá ser denegada por alguno de los motivos previstos en los artículos 22, 23 y 24.

3. La resolución no podrá en ningún caso ser objeto de una revisión en cuanto al fondo.

Artículo 32

Notificación de la resolución

El funcionario público a quien corresponda notificará de inmediato la resolución al solicitante de la ejecución de conformidad con las modalidades determinadas por la legislación del Estado miembro requerido.

Artículo 33

Recurso

1. La resolución sobre la solicitud de declaración de ejecutoriedad podrá ser recurrida por cualquiera de las partes.

2. El recurso se presentará ante uno de los órganos jurisdiccionales indicados en la lista que cada Estado miembro ha de comunicar a la Comisión de conformidad con el artículo 68.

3. El recurso se substanciará según las normas que rigen el procedimiento contradictorio.

4. Si presentara el recurso el solicitante de la declaración de ejecutoriedad, la parte contra la que se solicitare la ejecución será citada a comparecer ante el órgano jurisdiccional que conociere del recurso. En caso de incomparecencia se aplicarán las disposiciones del artículo 18.

5. El recurso contra la declaración de ejecutoriedad deberá interponerse en el plazo de un mes a partir de la fecha de su notificación. Si la parte contra la que se solicitare la ejecución tuviera su residencia habitual en un Estado miembro distinto de aquel en el que se hubiere expedido la declaración de ejecutoriedad, el plazo será de dos meses y correrá a partir de la fecha de la notificación, tanto si ésta se hizo en persona como en su residencia. Dicho plazo no admitirá prórroga en razón de la distancia.

Artículo 34

Apelación y recurso ulterior

Sólo cabrá oponerse a la resolución dictada sobre el recurso mediante los procedimientos enumerados en la lista que cada Estado miembro ha de comunicar a la Comisión de conformidad con el artículo 68.

Artículo 35

Suspensión del procedimiento

1. El órgano jurisdiccional que conozca del recurso en virtud de los artículos 33 o 34 podrá, a instancia de la parte contra la que se solicite la ejecución, suspender el procedimiento si la resolución extranjera es objeto de un recurso ordinario en el Estado miembro de origen o si el plazo para interponerlo no ha expirado. En este último caso, el órgano jurisdiccional podrá fijar un plazo para la interposición del recurso.

2. Si la resolución hubiere sido dictada en Irlanda o en el Reino Unido, todo recurso previsto en el Estado miembro de origen será considerado como un recurso ordinario a efectos del apartado 1.

Artículo 36

Ejecución parcial

1. Cuando la resolución se hubiere pronunciado sobre varias pretensiones de la demanda y la ejecución no pudiere otorgarse para la totalidad de ellas, el órgano jurisdiccional concederá la ejecución para una o varias.

2. El solicitante podrá instar una ejecución parcial de la resolución.

SECCIÓN 3

Disposiciones comunes a las secciones 1 y 2

Artículo 37

Documentos

1. La parte que invocare o se opusiere al reconocimiento de una resolución o solicitare la expedición de una declaración de ejecutoriedad deberá presentar:

a) una copia de dicha resolución que reúna los requisitos necesarios para determinar su autenticidad,

y

b) el certificado contemplado en el artículo 39.

2. Además, en el caso de las resoluciones dictadas en rebeldía, la parte que solicite el reconocimiento o la expedición de una declaración de ejecutoriedad deberá presentar:

a) el original o una copia auténtica del documento que acredite la notificación o traslado del escrito de demanda o documento equivalente a la parte rebelde,

o bien

b) cualquier documento que acredite de forma inequívoca que el demandado ha aceptado la resolución.

Artículo 38

Ausencia de documentos

1. De no presentarse los documentos mencionados en la letra b) del apartado 1 o en el apartado 2 del artículo 37, el órgano jurisdiccional podrá fijar un plazo para la presentación de los mismos, aceptar documentos equivalentes o dispensar de ellos si considerase que dispone de suficiente información.

2. Si el órgano jurisdiccional lo exigiere se presentará una traducción de los documentos. La traducción estará certificada por una persona habilitada a tal fin en uno de los Estados miembros.

Artículo 39

Certificado relativo a resoluciones en materia matrimonial y a resoluciones en materia de responsabilidad parental

El órgano jurisdiccional o autoridad competente del Estado miembro de origen expedirá, a instancia de cualquier parte interesada, un certificado conforme al modelo de formulario que figura en el anexo I (resoluciones en materia matrimonial) o en el anexo II (resoluciones en materia de responsabilidad parental).

SECCIÓN 4

Fuerza ejecutiva de determinadas resoluciones relativas al derecho de visita y de determinadas resoluciones que ordenan la restitución del menor

(...)

SECCIÓN 5

Documentos públicos y acuerdos

Artículo 46

Los documentos públicos con fuerza ejecutiva formalizados o registrados en un Estado miembro, así como los acuerdos entre las partes que tengan fuerza ejecutiva en el Estado miembro de origen, serán reconocidos y se dotarán de fuerza ejecutiva en las mismas condiciones que las resoluciones judiciales.

SECCIÓN 6

Otras disposiciones

Artículo 47

Procedimiento de ejecución

1. El procedimiento de ejecución se regirá por la ley del Estado miembro de ejecución.

2. Cualquier resolución dictada por el órgano jurisdiccional de otro Estado miembro y declarada ejecutiva de conformidad con la sección 2, o certificada con arreglo al apartado 1 del artículo 41 o al apartado 1 del artículo 42, deberá ejecutarse en el Estado miembro de ejecución en las mismas condiciones que si hubiese sido dictada en dicho Estado miembro.

En particular, no podrán ejecutarse las resoluciones certificadas de conformidad con el apartado 1 del artículo 41 o el apartado 1 del artículo 42 que sean incompatibles con una resolución ejecutiva dictada con posterioridad.

Artículo 48

Modalidades prácticas de ejercicio del derecho de visita

1. Los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de ejecución podrán adoptar las modalidades prácticas para organizar el ejercicio del derecho de visita si la resolución dictada por los órganos jurisdiccionales del Estado miembro competentes para conocer del fondo del asunto no hubiera establecido las modalidades necesarias, o lo hubiera hecho de manera suficiente, y siempre y cuando se respeten los elementos esenciales de dicha resolución.

2. Las modalidades prácticas adoptadas de conformidad con el apartado 1 dejarán de ser aplicables una vez haya recaído una resolución posterior dictada por los órganos jurisdiccionales del Estado miembro competentes para conocer del fondo.

Artículo 49

Costas

Las disposiciones del presente capítulo, con la salvedad de las recogidas en la sección 4, se aplicarán asimismo a la fijación del importe de las costas de los procesos substanciados en virtud del presente Reglamento y a la ejecución de cualquier resolución relativa a dichas costas.

Artículo 50

Asistencia jurídica gratuita

El solicitante que, en el Estado miembro de origen, hubiere obtenido total o parcialmente el beneficio de asistencia jurídica gratuita o de una exención de costas judiciales gozará también, en el procedimiento previsto en los artículos 21, 28, 41, 42 y 48, del beneficio más favorable o de la exención más amplia prevista por el Derecho del Estado miembro de ejecución.

Artículo 51

Caución o depósito

No se podrá alegar ninguno de los motivos siguientes para exigirle caución o depósito alguno a la parte que instare en un Estado miembro la ejecución de una resolución dictada en otro Estado miembro:

a) el hecho de que no tenga su residencia habitual en el Estado miembro en el que se solicitare la ejecución, o bien

b) su condición de nacional de otro país o, si la ejecución se solicitare en el Reino Unido o en Irlanda, el no tener su "domicile" en uno de estos Estados.

Artículo 52

Legalización y formalidades análogas

No se exigirá legalización ni formalidad análoga alguna en lo que se refiere a los documentos mencionados en los artículos 37, 38 y 45, como tampoco para el poder para pleitos.

CAPÍTULO IV

COOPERACIÓN ENTRE AUTORIDADES CENTRALES EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD PARENTAL

(...)

CAPÍTULO V

RELACIONES CON OTROS ACTOS

Artículo 59

Relaciones con otros actos

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 60, 63 y 64 y en el apartado 2 del presente artículo, el presente Reglamento sustituirá para los Estados miembros a los convenios existentes en el momento de la entrada en vigor del mismo celebrados entre dos o más Estados miembros y relativos a materias que en él se regulan.

2. a) Finlandia y Suecia tendrán la facultad de declarar que el Acuerdo nórdico, de 6 de febrero de 1931, entre Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, relativo a determinadas disposiciones de Derecho internacional privado en materia de matrimonio, adopción y custodia, junto con su Protocolo final, es de aplicación, total o parcialmente, en sus relaciones mutuas, en lugar de las normas del presente Reglamento. Estas declaraciones se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea como anexo al presente Reglamento. Dichos Estados miembros podrán retirar sus declaraciones, total o parcialmente, en cualquier momento.

b) Se respetará el principio de no discriminación por razón de nacionalidad entre ciudadanos de la Unión.

c) En todo acuerdo que se celebre entre los Estados miembros mencionados en la letra a) que se refiera a las materias reguladas por el presente Reglamento, las normas sobre competencia se ajustarán a las establecidas en el presente Reglamento.

d) Las resoluciones adoptadas en uno de los Estados nórdicos que haya presentado la declaración mencionada en la letra a), en virtud de un foro de competencia que corresponda a alguno de los considerados del capítulo II del presente Reglamento, serán reconocidas y ejecutadas en los demás Estados miembros de conformidad con las normas previstas en el capítulo III del presente Reglamento.

3. Los Estados miembros transmitirán a la Comisión:

a) una copia de los acuerdos y de las leyes uniformes de aplicación de los acuerdos a que se refieren las letras a) y c) del apartado 2;

b) cualquier denuncia o modificación de dichos acuerdos o de dichas leyes uniformes.

Artículo 60

Relación con determinados convenios multilaterales

En las relaciones entre los Estados miembros, primará el presente Reglamento, en las materias reguladas por el mismo, frente a los Convenios siguientes:

a) Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961 sobre competencia de las autoridades y ley aplicable en materia de protección de menores;

b) Convenio de Luxemburgo de 8 de septiembre de 1967 sobre el reconocimiento de resoluciones relativas a la validez de los matrimonios;

c) Convenio de La Haya de 1 de junio de 1970 relativo al reconocimiento de divorcios y separaciones legales;

d) Convenio europeo de 20 de mayo de 1980 relativo al reconocimiento y ejecución de decisiones en materia de custodia de menores, así como al restablecimiento de dicha custodia,

y

e) Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores.

Artículo 61

Relaciones con el Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños

En las relaciones con el Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños, el presente Reglamento se aplicará:

a) cuando el menor afectado tenga su residencia habitual en el territorio de un Estado miembro;

b) en lo que respecta al reconocimiento y ejecución en el territorio de un Estado miembro de una resolución dictada por el órgano jurisdiccional competente de otro Estado miembro, aun cuando el menor afectado tenga su residencia habitual en un Estado no miembro que sea parte contratante del citado Convenio.

Artículo 62

Alcance de los efectos

1. Los acuerdos y convenios mencionados en el apartado 1 del artículo 59 y en los artículos 60 y 61 seguirán surtiendo efectos en las materias que no estén reguladas en el presente Reglamento.

2. Los convenios mencionados en el artículo 60, y en particular el Convenio de La Haya de 1980, seguirán surtiendo efectos entre los Estados miembros que sean partes contratantes de los mismos, respetando el artículo 60.

Artículo 63

Tratados con la Santa Sede

1. El presente Reglamento será aplicable sin perjuicio del Tratado internacional (Concordato) celebrado entre la Santa Sede y Portugal, firmado en el Vaticano el 7 de mayo de 1940.

2. Cualquier resolución relativa a la nulidad de un matrimonio regulada por el Tratado indicado en el apartado 1 se reconocerá en los Estados miembros en las condiciones previstas en la sección 1 del capítulo III.

3. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 serán también aplicables a los siguientes Tratados (Concordatos) con la Santa Sede:

a) "Concordato lateranense" de 11 de febrero de 1929 entre Italia y la Santa Sede, modificado por el Acuerdo, y su Protocolo adicional, firmado en Roma el 18 de febrero de 1984;

b) Acuerdo de 3 de enero de 1979 entre la Santa Sede y España sobre asuntos jurídicos.

4. El reconocimiento de las resoluciones a las que se refiere el apartado 2 podrá someterse en Italia o en España a los mismos procedimientos y comprobaciones aplicables a las resoluciones dictadas por los tribunales eclesiásticos con arreglo a los Tratados internacionales celebrados con la Santa Sede a los que se refiere el apartado 3.

5. Los Estados miembros transmitirán a la Comisión:

a) copia de los Tratados a los que se refieren los apartados 1 y 3;

b) toda denuncia o modificación de dichos Tratados.

CAPÍTULO VI

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 64

1. Lo dispuesto en el presente Reglamento sólo será aplicable a las acciones judiciales ejercitadas, a los documentos públicos con fuerza ejecutiva formalizados o registrados y a los acuerdos entre partes celebrados con posterioridad a la fecha de su entrada en vigor de conformidad con el artículo 72.

2. Las resoluciones judiciales dictadas después de la fecha de aplicación del presente Reglamento como consecuencia de acciones ejercitadas con anterioridad a esta fecha pero después de la entrada en vigor del Reglamento (CE) n° 1347/2000 serán reconocidas y ejecutadas con arreglo a las disposiciones del capítulo III del presente Reglamento, si las normas de competencia aplicadas se ajustaren a las previstas en el capítulo II del presente Reglamento o del Reglamento (CE) n° 1347/2000 o en un convenio en vigor entre el Estado miembro de origen y el Estado miembro requerido al ejercitarse la acción.

3. Las resoluciones judiciales dictadas antes de la fecha de aplicación del presente Reglamento como consecuencia de acciones ejercitadas con posterioridad a la entrada en vigor del Reglamento (CE) n° 1347/2000 serán reconocidas y ejecutadas con arreglo a las disposiciones del capítulo III del presente Reglamento, a condición de que se trate de resoluciones relativas al divorcio, la separación judicial o la nulidad matrimonial o a la responsabilidad parental sobre los hijos comunes dictadas con motivo de estos procedimientos matrimoniales.

4. Las resoluciones judiciales dictadas antes de la fecha de aplicación del presente Reglamento, pero después de la fecha de la entrada en vigor del Reglamento (CE) n° 1347/2000 como consecuencia de acciones ejercitadas con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del Reglamento (CE) n° 1347/2000 serán reconocidas y ejecutadas con arreglo a las disposiciones del capítulo III del presente Reglamento, a condición de que se trate de resoluciones relativas al divorcio, la separación judicial o la nulidad matrimonial o a la responsabilidad parental sobre los hijos comunes dictadas con motivo de estos procedimientos matrimoniales y de que las normas de competencia aplicadas se ajusten a las previstas en el capítulo II del presente Reglamento o del Reglamento (CE) n° 1347/2000 o en un convenio en vigor entre el Estado miembro de origen y el Estado miembro requerido al ejercitarse la acción.

CAPÍTULO VII

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 65

Revisión

A más tardar el 1 de enero de 2012, y a continuación cada cinco años, la Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo un informe basado en la información proporcionada por los Estados miembros y relativo a la aplicación del presente Reglamento, acompañado, si ha lugar, de propuestas encaminadas a su adaptación.

Artículo 66

Estados miembros con dos o más ordenamientos jurídicos

Por lo que se refiere a un Estado miembro en el que se apliquen en entidades territoriales diferentes dos o más ordenamientos jurídicos o conjuntos de normas relativos a las cuestiones reguladas por el presente Reglamento:

a) toda referencia a la residencia habitual en ese Estado miembro se entenderá como una referencia a la residencia habitual en una unidad territorial;

b) toda referencia a la nacionalidad, o en el caso del Reino Unido al "domicile", se entenderá como una referencia a la unidad territorial designada por la legislación de ese Estado;

c) toda referencia a la autoridad de un Estado miembro se entenderá como una referencia a la autoridad de la unidad territorial en cuestión de ese Estado;

d) toda referencia a las normas del Estado miembro requerido se entenderá como una referencia a las normas de la unidad territorial en la que se pretende la competencia, el reconocimiento o la ejecución.

Artículo 67

Información relativa a las autoridades centrales y lenguas

Los Estados miembros comunicarán a la Comisión en el plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento:

a) los nombres, direcciones y medios técnicos para las comunicaciones de las autoridades centrales designadas de conformidad con el artículo 53;

b) las lenguas aceptadas en las comunicaciones dirigidas a las autoridades centrales de conformidad con el apartado 2 del artículo 57,

y

c) las lenguas aceptadas para el certificado relativo al derecho de visita de conformidad con el apartado 2 del artículo 45.

Los Estados miembros comunicarán a la Comisión cualquier cambio de esta información.

La Comisión hará pública esta información.

Artículo 68

Información relativa a los órganos jurisdiccionales y a las vías de recurso

Los Estados miembros comunicarán a la Comisión las listas de los órganos jurisdiccionales y de las vías de recurso a que se hace referencia en los artículos 21, 29, 33 y 34, así como sus modificaciones.

La Comisión mantendrá actualizada esa información y la hará pública mediante su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea y por cualquier otro medio adecuado.

Artículo 69

Modificaciones de los anexos

Cualquier modificación de los modelos de formularios que figuran en los anexos I a IV será adoptada de conformidad con el procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 70.

Artículo 70

Comité

1. La Comisión estará asistida por un comité (denominado en lo sucesivo el Comité).

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 3 y 7 de la Decisión 1999/468/CE.

3. El Comité aprobará su reglamento interno.

Artículo 71

Derogación del Reglamento (CE) n° 1347/2000

1. El Reglamento (CE) n° 1347/2000 quedará derogado a partir de la fecha de aplicación del presente Reglamento.

2. Cualquier referencia al Reglamento (CE) n° 1347/2000 será interpretada como referencia al presente Reglamento según el cuadro de correspondencias del anexo V.

Artículo 72

Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de agosto de 2004.

El presente Reglamento será aplicable a partir del 1 de marzo de 2005, a excepción de los artículos 67, 68, 69 y 70, que se aplicarán a partir del 1 de agosto de 2004.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en los Estados miembros de conformidad con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

Hecho en Bruselas, el 27 de noviembre de 2003.

Por el Consejo

El Presidente

R. Castelli

 

Reglamento (CE) nº 2116/2004 del Consejo

de 2 de diciembre de 2004

por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 2201/2003 relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1347/2000, en lo que respecta a los Tratados con la Santa Sede

(Diario Oficial n° L 367 de 14/12/2004 p. 1-2)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Vista el Acta de adhesión de la República Checa, de Estonia, de Chipre, de Letonia, de Lituania, de Hungría, de Malta, de Polonia, de Eslovenia y de Eslovaquia, y, en particular, el apartado 2 de su artículo 57,

Vista la propuesta de la Comisión,

Considerando lo siguiente:

(1) El artículo 40 del Reglamento (CE) nº 1347/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental sobre los hijos comunes[390], establece que las resoluciones relativas a la nulidad de un matrimonio regulado por los Tratados entre la Santa Sede y Portugal, Italia y España (Concordatos) se han de reconocer en los Estados miembros en las condiciones previstas en el capítulo III de dicho Reglamento.

(2) El artículo 40 del Reglamento (CE) nº 1347/2000 fue modificado por el anexo II del Acta de adhesión de 2003 para que se mencione el Acuerdo entre la Santa Sede y Malta sobre el reconocimiento de efectos civiles a los matrimonios canónicos y las resoluciones de las autoridades y tribunales eclesiásticos sobre dichos matrimonios, de 3 de febrero de 1993, junto con el segundo Protocolo adicional, de 6 de enero de 1995.

(3) El Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1347/2000[391], entró en vigor el 1 de agosto de 2004 y se aplicará a partir del 1 de marzo de 2005 en todos los Estados miembros, excepto Dinamarca.

(4) Malta ha pedido que el artículo 63 del Reglamento (CE) nº 2201/2003, que corresponde al artículo 40 del Reglamento (CE) nº 1347/2000, se modifique para que se mencione su Acuerdo con la Santa Sede.

(5) El artículo 57 del Acta de adhesión de 2003 establece que los actos adoptados antes de la adhesión que requieran una adaptación como consecuencia de ésta podrán adaptarse con arreglo a un procedimiento simplificado en el que el Consejo decide por mayoría cualificada y a propuesta de la Comisión.

(6) Está justificado tener en cuenta la petición de Malta y modificar en consecuencia el Reglamento (CE) nº 2201/2003.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El artículo 63 del Reglamento (CE) nº 2201/2003 queda modificado como sigue:

1) en el apartado 3 se añade el texto siguiente:

"c) Acuerdo entre la Santa Sede y Malta sobre el reconocimiento de efectos civiles a los matrimonios canónicos y las resoluciones de las autoridades y tribunales eclesiásticos sobre dichos matrimonios, de 3 de febrero de 1993, incluido el Protocolo de aplicación de la misma fecha, junto con el segundo Protocolo adicional, de 6 de enero de 1995.";

2) el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

"4. El reconocimiento de las resoluciones a las que se refiere el apartado 2 podrá someterse en Italia, en España o en Malta a los mismos procedimientos y comprobaciones aplicables a las resoluciones dictadas por los tribunales eclesiásticos con arreglo a los Tratados internacionales celebrados con la Santa Sede a los que se refiere el apartado 3.".

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será aplicable a partir del 1 de marzo de 2005.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en los Estados miembros de conformidad con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

Hecho en Bruselas, el 2 de diciembre de 2004.

Por el Consejo

El Presidente

J. P. H. Donner

 

Bibliografía

A.      Fuentes

1.   Eclesiásticas y concordatarias

Conventiones inter Sanctam Sedem et Italiae Regnum, de 11 de febrero de 1929 (AAS, 21 (1929), p. 275-294).

Sollemnes Conventiones inter Sanctam Sedem et Rempublicam Lusitanam, de 7 de mayo de 1940 (AAS, 32 (1940), p. 215-244).

Sollemnes Conventiones cum Hispania, de 27 de agosto de 1953 (AAS, 45 (1953), p. 625-649).

Conventio inter Sanctam Sedem et Rempublicam Lusitanam ad immutandum articulum XXIV concordati die VII Maii MCMXL initi, de 15 de febrero de 1975 (AAS, 57 (1975), p. 435-436).

Sollemnes Conventiones cum Hispania, de 3 de enero de 1979 (AAS, 72 (1980), p. 29-62).

Conventiones inter Sanctam Sedem et Italiam, de 18 de febrero de 1984 (AAS, 77 (1985), p. 521-578).

Conventio inter Apostolicam Sedem et Melitensem Rem Publicam de civilibus agnoscendis matrimoniorum canonicorum effectibus necnon sententiarum iisdem super connubiis auctoritatum tribunaliumque ecclesiasticorum, de 3 de febrero de 1993 (AAS, 89 (1997), p. 679-694).

Sollemnis conventio inter Apostolicam Sedem et Poloniae Rem Publicam, de 28 de julio de 1993 (AAS, 90 (1998), p. 310-329).

Conventio inter Apostolicam Sedem et Rem Publicam Estoniae, de 12 de marzo de 1999 (AAS, 91 (1999), p. 414-418).

Conventio inter Sanctam Sedem et Lituaniae Rem Publicam de iuridicialibus rationibus quae respiciunt inter Catholicam Ecclesiam et Civitatem necessitudines, de 5 de mayo de 2000 (AAS, 92 (2000), p. 783-816).

Conventio inter Sanctam Sedem et Slovachiae Rem Publicam, de 24 de noviembre de 2000 (AAS, 93 (2001), p. 136-155).

Conventio inter Sanctam Sedem et Lettoniae Rem Publicam, de 8 de noviembre de 2000 (AAS, 95 (2003), p. 102-111).

Concordata entre a Santa Sé e a República Portuguesa, de 18 de mayo de 2004 (Ius Ecclesiae, XVI (2004), p. 523-532).

Codex Iuris Canonici, auctoritate Ioannis Pauli II promulgatus (AAS, 75 (1983-II), p. 1-318).

Concilio Vaticano II, Declaración Dignitatis Humanae, del 7 de diciembre de 1965 (AAS, 58 (1966), p. 929-941).

Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, Instrucción Dignitas connubii, Ciudad del Vaticano 2005.

2.  Civiles europeas

Convenio sobre la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial, llamado de Bruselas II, de 28 de mayo de 1998 (Diario Oficial de las Comunidades Europeas, serie C, número 221, de 16 de julio de 1998, p. 1-26).

Reglamento (CE) nº 1347/2000 del Consejo, de 29 de mayo del 2000, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental sobre los hijos comunes (Diario Oficial de las Comunidades Europeas, serie L, número 160, de 30 de junio de 2000, p. 19-36).

Reglamento (CE) n° 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003,  relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n° 1347/2000 (Diario Oficial de las Comunidades Europeas, serie L, número 338, de 23 de diciembre de 2003, p. 1-29).

Reglamento (CE) nº 2116/2004 del Consejo, de 2 de diciembre de 2004, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 2201/2003 relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1347/2000, en lo que respecta a los Tratados con la Santa Sede (Diario Oficial de las Comunidades Europeas, serie L, número 367, de 14 de diciembre de 2004, p. 1-2).

3.  Civiles españolas

Código Civil español, de 24 de julio de 1889 (Gaceta de 25 de julio).

Ley de Reforma del Código Civil español, de 24 de abril de 1958 (B.O.E. de 25 de abril de 1958).

Constitución española de 1978, de 27 de diciembre de 1978 (B.O.E. núm. 311, de 29 de diciembre).

Ley 30/1981, de 7 de julio, por la que se modifica la regulación del matrimonio en el Código Civil y se determina el procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación y divorcio (B.O.E. núm. 172, de 29 de julio de 1981).

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (B.O.E. núm. 264, de 4 de noviembre), reformada por Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre (B.O.E. núm. 130, de 9 de noviembre).

Proyecto de Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil (B.O.C.G., VI Legislatura, serie A, núm. 147-1, de 13 de noviembre de 1998).

Ley 1/2000, de 7 enero, de Enjuiciamiento Civil (B.O.E. de 8 de enero).

4.  Civiles italianas

Legge matrimoniale n. 847, de 27 de mayo de 1929.

Codice Civile Italiano, RD 16 de marzo de 1942, n. 262. Publicado en la edición extraordinaria de la Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 de abril de 1942.

Costituzione della Repubblica italiana, de 22 de diciembre de 1947.

Legge n. 121, de 25 de marzo de 1985, por la que entra en vigor el Acuerdo de Villa Madama de 1984.

Legge di Riforma del sistema italiano di Diritto Internazionale Privato, nº 218, de 31 de mayo de 1995 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 de junio de 1995),

5.  Civiles maltesas

Constitution of the Republic of Malta, de 21 de septiembre de 1964.

Ley n. 37 del 30 de agosto de 1975, An Act to regulate marriages and to provide for matters connected therewith or ancillary thereto.

Ley n. 1 del 3 de marzo de 1995, An Act to amend the Marriage Act.

6.  Civiles portuguesas

Código Civil Portugués, aprobado por Decreto-Ley 47 344 de 25 de noviembre de 1966. Actualizado por Ley 59/99 de 3 de julio.

Constituição de Republica Portuguesa, de 2 de abril de 1976.

Lei n. 16/2001 da Liberdade Religiosa, de 4 de junio, en Diário da República de 22 de junio de 2001.

Código de Processo Civil, aprobado por Decreto-Ley n.º 44129, de 28 de diciembre de 1961, actualizado hasta el Decreto-Ley n.º 324/2003, de 27 de diciembre.

B.  Autores

AA.VV., A Concordata de 1940 Portugal-Santa Sé. Jornadas de estudo nos 50 anos da Concordata, Lisboa 1993.

AA.VV., Concordata entre a Santa Sé e a República Portuguesa, Coimbra 2001.

AA.VV., Derecho eclesiástico del Estado español, 4ª ed., Pamplona 2004.

AA.VV., Derecho Procesal. Introducción, Madrid 1999.

AA.VV., Il processo matrimoniale canonico, 2ª ed., Ciudad del Vaticano 1994.

AA.VV., Tratado de Derecho Eclesiástico del Estado, Pamplona 1994.

Albadalejo, M., Curso de Derecho Civil IV, Barcelona 1992.

Alonso, J.I., «Appunti per una prima lettura del Concordato del 18 maggio 2004 tra la Santa Sede e la Repubblica Portoghese», en Ius Ecclesiae, XVI (2004), p. 532-546.

Bamberg, A., «Le mariage religieux et son efficacité civile au Grand-Duché de Luxembourg», en Marriage and Religion in Europe, Milán 1993, p. 75-84.

Berlingò, S., Effetti civili delle sentenze ecclesiastiche in materia matrimoniale, Milán 1985.

Bettetini, A., «L’accordo 3 febbraio 1993 tra Santa Sede e la Repubblica di Malta sul matrimonio: brevi annotazioni», en Il diritto ecclesiastico, CVIII (1997), p. 103-115.

Bonet, J., «Libertad religiosa y matrimonio en los países de sistema facultativo anglosajón», en J. Martínez-Torrón (Ed.), La libertad religiosa y de conciencia ante la justicia constitucional. Actas del VIII Congreso Internacional de Derecho Eclesiástico del Estado, Granada 1998, p. 373-379.

Borrás, A., «Informe explicativo del Convenio celebrado con arreglo al artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, sobre la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial», en Diario Oficial de las Comunidades Europeas, serie C, número 221, de 16 de julio de 1998, p. 27-64.

Botta, R., Materiali di diritto ecclesiastico: matrimonio religioso e giurisdizione dello Stato,  Bolonia 1997.

Botta, R., Tutela del sentimento religioso ed appartenenza confessionale nella società globale, Turín 2002.

Cañamares Arriba, S., El matrimonio canónico en la jurisprudencia civil, Pamplona 2003.

Casey, J., «Religious marriage and its civil effectiveness in Ireland», en Marriage and Religion in Europe, Milán 1993, p. 111-120.

Ciprotti, P., «Il matrimonio religioso nelle legislazioni civili», en Monitor Ecclesiasticus, CV (1980), p. 85-101.

Coppola, R., «Il riconoscimento del matrimonio canonico nell'ordinamento concordatario italiano», en El matrimonio canónico y su expresión canónica ante el III milenio, X Congreso Internacional de Derecho Canónico, Pamplona 2000, p. 1517-1521.

Corral García, R., «Algunas consideraciones sobre la relevancia de la jurisdicción canónica en la Unión Europea: la propuesta de Reglamento 1347/2000 del Consejo de la Unión», en Derecho de Familia y libertad de conciencia en los países de la Unión Europea y el Derecho Comparado. Actas del IX Congreso Internacional de Derecho Eclesiástico del Estado, San Sebastián 2001, p. 411-420.

Corral García, R., «Análisis de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el reconocimiento de efectos civiles a las resoluciones canónicas en materia matrimonial (1981-1999)», en Revista Española de Derecho Canónico, 56 (1999), p. 795-814.

Corral García, R., «La reforma del proceso de homologación de las resoluciones matrimoniales canónicas», en Revista Española de Derecho Canónico, 56 (1999), p. 815-826.

D’Angelo, G., «Giurisdizione ecclesiastica matrimoniale, contrasto tra giudicati e tutela dell’ordine pubblico interno: certezze ed incertezze della più recente giurisprudenza di legittimità», en Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, XI (2003), p. 909-930.

De Bernardis, L.M., «Quale parità?», en AA.VV., Las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Estudios en memoria del Profesor Pedro Lombardía, Madrid 1989, p. 567-575.

De Diego-Lora, C., «Comentario al canon 1686», en Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, obra coordinada y dirigida por A. Marzoa, J. Miras y R. Rodríguez-Ocaña, vol. IV/2, 3ª ed., Pamplona 2002.

De Diego-Lora, C., «El proceso documental del nuevo Codex Iuris Canonici», en Ius Canonicum, XXIII.46 (1983), p. 662-677.

De Luca, L., «Cessazione degli effetti civili e successiva delibazione di sentenza canonica relativa alla invalidità dello stesso matrimonio», en Il diritto ecclesiastico, CXII (2001), p. 1203-1216.

Deliyannis, J., «Le mariage religieux et son efficacité civile en droit hellénique», en Marriage and Religion in Europe, Milán 1993, p. 121-151.

Dübeck, I., «Marriage in Denmark», en Marriage and Religion in Europe, Milán 1993, p. 199-207.

Dübeck, I., «Matrimonial law in Denmark», en The Marriage, Milán 1998, p. 97-115.

Ebben, E.W.J., «Marriage and divorce in Netherlands», en The Marriage, Milán 1998, p. 313-359.

Escrivá Ivars, J., El proceso declarativo de nulidad de matrimonio canónico, Pamplona 1996.

Ezquerra Ubero, J.J., «Las sentencias canónicas de nulidad matrimonial en el Reglamento de la Comunidad Europea de 29 de mayo de 2002» (sic), en AA.VV., Iglesia, Estado y sociedad internacional. Libro homenaje a D. José Giménez y Martínez de Carvajal, Madrid 2003, p. 105-129.

Ferlito, S., «La legge portoghese di libertà religiosa», en Il diritto ecclesiastico, CXIV (2003), p. 70-125.

Ferrari, S.—Ibán, I.C., Diritto e religione in Europa occidentale, Milán 1997.

Ferrer Ortiz, J., «Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 1995. La eficacia civil de las resoluciones matrimoniales canónicas», en Revista de Derecho Privado, VI (1996), p. 480-504.

Ferrer Ortiz, J., «Notas críticas sobre el sistema matrimonial español», Ius Canonicum, XXXII (1992), p. 559-593.

Finocchiaro, F., «Il nuovo ordinamento dello stato civile, la trascrizione delle sentenze straniere e delle sentenze ecclesiastiche», en Il diritto ecclesiastico, CXII (2001), p. 397- 402.

Finocchiaro, F., Diritto ecclesiastico, 8ª ed., Bolonia 2000.

Finocchiaro, M., «Il nostro Paese non può recepire una sentenza raggiunta senza assicurare il diritto delle parti», en Il Sole-24 Ore. Guida al Diritto, 35 (2001), p. 98-101.

Floris, P., «Matrimonio concordatario: le aperture delle corti di legittimità alla rilevanza civile dei contenuti canonici del matrimonio», en Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, X (2002), p. 113-137.

Folliero, M.C., «Cassazione e delibazione matrimoniale: il lungo addio», en Il diritto ecclesiastico, CXI (2000), p. 722-778.

Franceschi, H., «Ius connubii y sistema matrimonial», en El matrimonio y su expresión canónica ante el III milenio, X Congreso Internacional de Derecho Canónico, Pamplona 2000, p. 471-508.

Freeman, M.D.A., «Marriage and divorce in England», en The Marriage, Milán 1998, p. 211-230.

García Cantero, G., «Artículos 42 a 107 del Código civil» en Comentarios al Código civil y Compilaciones Forales, II, Madrid 1982, p. 256-257.

García Ruiz, Y., «La eficacia civil del matrimonio canónico en Italia y España», en Revista Española de Derecho Canónico, 56 (1999), p. 827-839.

Garcimartín, M.C., «Problemas procesales del reconocimiento de eficacia civil de las resoluciones matrimoniales canónicas», en Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, XIX (2003), p. 233-262.

Gatón Lasheras, A., Exequátur civil de las sentencias matrimoniales canónicas en el Reino de España: necesidad de una revisión, Roma 2001.

Gherro S. (a cura di), Il principio del contraddittorio tra l’ordinamento della Chiesa e gli ordinamenti statali, Padua 2003.

Gherro, S., Rapporti tra Stato e Chiesa in tema di matrimonio concordatario, Padua 1983.

Gonçalves de Proença, J.J., Relevância do direito matrimonial canónico no ordenamento estadual: problemas de direito concordatario, Coimbra 1955.

González del Valle, J.M., «El Derecho eclesiástico: denominación, origen, evolución y materias que abarca», en AA.VV., Las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Estudios en memoria del Profesor Pedro Lombardía, Madrid 1989, p. 149-162.

Granet, F., «Le mariage en France», en The Marriage, Milán 1998, p. 117-136.

Grech, M., The Harmonization of the Religious and Civil Dimensions of Canonical Marriages in Malta: an Exegetical Study of the Agreement between The Holy See and the Republic of Malta on the Recognition of Civil Effects to Canonical Marriages, publicado en Forum n. XI, La Valletta 2000.

Grocholewski, Z., «Principios inspiradores del proceso canónico ordinario», en Ius Canonicum, XXXIX.78 (1999), p. 473-501.

Guimezanes, N., «Le mariage religieux et son efficacité civile en France», en Marriage and Religion in Europe, Milán 1993, p. 153-185.

Gutiérrez del Moral, M.J., El matrimonio en los estados de la Unión Europea y la eficacia civil del matrimonio religioso, Barcelona 2003.

Hajdu, T., «L’Accordo base tra la Santa Sede e la Repubblica Slovacca», en Ius Ecclesiae, XIII (2001), p. 524-532.

Hervada, J., «Bases críticas para la construcción de la ciencia del Derecho eclesiástico», en Vetera et nova. Cuestiones de Derecho canónico y afines, Pamplona 1991, p. 1255-1274.

Hervada, J.Zumaquero, J.M., Textos internacionales de derechos humanos, 2ª ed., Pamplona 1992.

Ibán, I.C., «Sistemas matrimoniales», en Ius Canonicum, XVII.34 (1977), p. 213-247.

Juan Pablo II, «Mensaje para la jornada mundial de la paz 1991», 8 diciembre 1990, original italiano en Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XIII, 2, p. 1558-1570.

Kemp, J., Diritto Ecclesiastico della Repubblica Slovacca, Bratislava 2004.

Lacroce, L., «La riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato e l'efficienza delle sentenze dei tribunali ecclesiastici», en Ius Ecclesiae, VIII (1996), p. 677-688.

Lalaguna, E., La reforma del sistema matrimonial español, Valencia 1983.

Lizarraga, A., Discursos pontificios a la Rota Romana, Pamplona 2001.

Llamazares, D., «Libertad de conciencia y matrimonio», en Derecho de Familia y libertad de conciencia en los países de la Unión Europea y el Derecho comparado. Actas del IX Congreso internacional de Derecho Eclesiástico del Estado,  San Sebastián 2001, p. 47-80.

Llobell, J., «Il diritto all’equo processo. Note a proposito di una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sulla delibazione civile della dichiarazione di nullità del matrimonio ex processo documentale canonico», en Ius Ecclesiae, XIII (2001), p. 871-884.

Lo Castro, G.,  Matrimonio, diritto e giustizia, Milán 2003.

Lo Castro, G., «Il matrimonio tra giurisdizione civile e giurisdizione canonica», Ius Ecclesiae, VI (1994), p. 687-707.

Lo Castro, G., Tre studi sul matrimonio, Milán 1992.

López Alarcón, M., «El matrimonio canónico con efectos civiles en el Derecho español», en Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, II (1986), p. 179-192.

López Alarcón, M., «El matrimonio concordatario en el actual proceso legislativo español», en  Ius Canonicum, XVIII (1978), p. 55-80.

López Alarcón, M., «Nuevo régimen de las nulidades matrimoniales», en La Ley, 4 (1981), p. 937-944.

López Alarcón, M., El sistema matrimonial español, Madrid 1991.

López Alarcón, M.—Navarro-Valls, R., Curso de Derecho matrimonial canónico y concordado, 5ª ed., Madrid 1994.

Lyall, F., «Marriage in Scotland», en Marriage and Religion in Europe, Milán 1993, p. 1-23.

Mantecón, J., El derecho fundamental de libertad religiosa. Textos, comentarios y bibliografía, Pamplona 1996.

Martín de Agar, J.T, «Studio comparativo dei Concordati tra la Santa Sede e gli Stati dell'Europa Centrale e Orientale», en Relazioni internazionali giuridiche bilaterali tra la Santa Sede e gli Stati: esperienze e prospettive, Ciudad del Vaticano 2003, p. 61-80.

Martín de Agar, J.T., «Libertà religiosa, uguaglianza e laicità», en Ius Ecclesiae, VII (1995), p. 199-215.

Martín de Agar, J.T., «Tolerancia y libertad», en Escritos en honor de Javier Hervada, volumen especial de Ius Canonicum, Pamplona 1999, p. 931-939.

Martín de Agar, J.T., El matrimonio canónico en el Derecho Civil español, Pamplona 1985.

Martín de Agar, J.T., I Concordati del 2000, Ciudad del Vaticano 2001.

Martín de Agar, J.T., Raccolta di Concordati 1950-1999, Ciudad del Vaticano 2000.

Martín García, M.M., Conflictos de jurisdicción entre la Iglesia y el Estado: el caso italiano, Pamplona 1999.

Martínez-Torrón, J., «La influencia del derecho canónico en la evolución del derecho de familia angloamericano», en El matrimonio y su expresión canónica ante el III milenio, X Congreso Internacional de Derecho Canónico, Pamplona 2000, p. 1539-1548.

McClean, D., «Marriage in England», Marriage and Religion in Europe, Milán 1993, p. 187-198.

Mecacci, C., Effetti civili della sentenza canonica di nullità, Roma 1998.

Mendonça Correia, A., «A quem ler atentamente a concordata entre a Santa Sé e a República Portuguesa, assinada aos 18 dias do mês de maio de 2004, serão talvez dalgum proveito as seguintes reflexões...», en http://www.ucp.pt/site/resources/documents /ISDC/Mendoça_Correira.htm.

Miralles, A., El matrimonio. Teología y vida, Madrid 1997.

Mizzi, F., «Malta-Santa Sede. Accordo sul matrimonio», en Il Regno-Attualità, 6/93, p. 151.

Moneta, P., «Nullità del matrimonio concordatario e rapporti patrimoniali», en Iustitia, LVII (2004), p. 203-222.

Moneta, P., «Riserva di giurisdizione e delibazione delle sentenze ecclesiastiche matrimoniali», en Il diritto ecclesiastico, CVIII (1997), p. 809-832.

Mosconi, F., «Giurisdizione e riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale secondo il Regolamento comunitario del 29 maggio 2000», en Rivista di diritto processuale, LVI (2001), p. 376-408.

Navarro, L., «Dos recientes documentos de las Naciones Unidas sobre la tutela de la libertad religiosa», en AA.VV., Las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Estudios en memoria del Profesor Pedro Lombardía, Madrid 1989, p. 197-209.

Navarro-Valls, R., «El "matrimonio concordatario" ante el derecho español y el derecho italiano: problemas comunes», en Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, II (1986), p. 241-263.

Navarro-Valls, R., «El reconocimiento del matrimonio canónico ante el Derecho del Estado», en Escritos en honor de Javier Hervada, volumen especial de Ius Canonicum, Pamplona 1999, p. 1119-1128.

Navarro-Valls, R., Matrimonio y Derecho, Madrid 1994.

Peña, C., «Eficacia civil de las resoluciones canónicas de nulidad y disolución», en AA.VV., Matrimonio: nulidad canónica y civil, separación y divorcio, Madrid 2001, p. 425-434.

Piega, R., Evoluzione del diritto ecclesiastico in Polonia dopo il 1989, Roma 2001.

Prader, G., Il matrimonio nel mondo, 2ª ed., Padua 1986.

Pullicino, A.S., «The Church-State Agreement on the Recognition of Civil Effects of Marriage and Declarations of Nullity Delivered by Ecclesiastical Tribunals», en Forum, VI (1995), p. 53-83.

Ramírez Navalón, R., «La reforma del proceso de homologación de las resoluciones matrimoniales canónicas», en Revista Española de Derecho Canónico, 56 (1999), p. 815-826.

Rincón-Pérez, T., «La peculiaridad sacramental del matrimonio y sus consecuencias canónicas», en Ius Canonicum, XLIV.87 (2004), p. 281-307.

Robbers, G., «Civil effects of religious marriage in Germany», en Marriage and Religion in Europe, Milán 1993, p. 209-218.

Rodríguez Chacón, R., «Efectos civiles en la Unión Europea de las decisiones canónicas de nulidad matrimonial», en Curso de Derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro, vol. XV, Salamanca 2000, p. 293-388.

Rodríguez Chacón, R., «Reconocimiento de sentencias y resoluciones canónicas (una importante sentencia del Tribunal Cons­titucional)», en Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, V (1989),  p. 227-263.

Rodríguez Chacón, R., «Sentencias matrimoniales canónicas y Unión Europea», en Revista General de Derecho Canónico y de Derecho Eclesiástico del Estado, 7 (2005), en http://www.iustel.com.

Rodríguez Chacón, R., «Unión Europea y eficacia civil de resoluciones matrimoniales canónicas. El artículo 40 del Reglamento (CE) nº 1347/2000 del Consejo de la Unión Europea, de 29 de mayo de 2000», en Laicidad y libertades. Estudios jurídicos, I (2001), p. 137-187.

Rozkrut, T., «Il matrimonio concordatario in Polonia», en Ius Ecclesiae, XII (2000), p. 715-723.

Ruffini, F.,  Corso di Diritto ecclesiastico italiano. La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo, Turín 1924.

Sánchez Jiménez, M.A., «La libre circulación de decisiones de divorcio en la U.E. tras la entrada en vigor del reglamento nº 1347/2000», en Anales de Derecho, 18 (2000), p. 157-204.

Sanciñena Asurmendi, C., «El artículo 778 del borrador de ante­proyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil: eficacia civil de resoluciones de los tribunales eclesiásticos o de decisiones pontificas sobre matrimonio rato y no consumado», en Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, XIV (1998), p. 634-640.

Sanciñena Asurmendi, C., «El procedimiento para el reconocimiento de eficacia civil de las resoluciones matrimoniales canónicas», en Cuadernos Doctorales, Pamplona 1998, p. 13-65.

Sanciñena Asurmendi, C., El reconocimiento civil de las resoluciones matrimoniales extranjeras y canónicas, Madrid 1999.

Santos Díez, J.L., «El matrimonio religioso en los países de la Unión Europea», en Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, XV (1999), p. 195-229.

Satorras Fioretti, R.M., Lecciones de Derecho Eclesiástico del Estado, Barcelona 2000.

Saturino Gomes, M., «A Concordata. Comentário», en http://www. ucp. pt/site/resources/documents/ISDC/Saturino_Gomes.htm.

Schanda, B., (Ed.), Legislation on Church-State Relations in Hungary, Budapest 2002.

Texeira de Sousa, M., «Le mariage religieux et son efficacité civile. Le cas portugais», en Marriage and Religion in Europe, Milán 1993.

Torfs, R., «Le mariage religieux et son efficacité civile en Belgique», en Marriage and Religion in Europe, Milán 1993, p. 221-251.

Ungari, P., Storia del Diritto di famiglia in Italia (1796-1942), Bolonia 1974.

Vecchi, F., «Brevi considerazioni sugli Accordi concordatari del 1998 con la Repubblica baltica dell’Estonia», en Il diritto ecclesiastico, CXIII (2002), p. 1147-1167.

Vega Gutiérrez, A.M. (Coord.), Religión y libertades fundamentales en los países de Naciones Unidas: textos constitucionales, Granada 2003.

Vega Sala, F., «La eficacia civil de las sentencias canónicas. Nueva tendencia en los Concordatos el ejemplo español», en Revista Española de Derecho Canónico, 48 (1991), p. 129-150.

Verheul, J.P., «The religious marriage and its civil effects in the Netherlands», en Marriage and Religion in Europe, Milán 1993, p. 67-74.

Vilalta, A.E., Nulidad del matrimonio civil y demanda de eficacia civil de las resoluciones canónicas, Barcelona 2000.

Zuklínová, M., «Report-Czech Republic», en The Marriage, Milán 1998, p. 415-424.



[1]   Juan Pablo II, Discurso a la Rota Romana, 17 de febrero de 1979, n. 4, original italiano en Acta Apostolicae Sedis, LXXI (1979), p. 422-427, traducción española en A. Lizarraga, Discursos pontificios a la Rota Romana, Pamplona 2001, p. 114.

[2]   La fuente es el Annuario Statistico della Chiesa para el año 2003.

[3]   Juan Pablo II, «Mensaje para la jornada mundial de la paz 1991», 8 diciembre 1990, proemio, original italiano en Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XIII, 2, p. 1558.

[4]   Cfr. Declaración Dignitatis Humanae del Concilio Vaticano II, n. 2.

[5]   Una completa relación de textos internacionales sobre libertad religiosa puede leerse en J. Mantecón, El derecho fundamental de libertad religiosa. Textos, comentarios y bibliografía, Pamplona 1996.

[6]   Cfr. L. NAVARRO, «Dos recientes documentos de las Naciones Unidas sobre la tutela de la libertad religiosa», en AA.VV., Las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Estudios en memoria del Profesor Pedro Lombardía, Madrid 1989, p. 197.

[7]   J.T. Martín de Agar, «Tolerancia y libertad», en Escritos en honor de Javier Hervada, volumen especial de Ius Canonicum, Pamplona 1999, p. 939.

[8]   Cfr., por ejemplo, D. Llamazares, «Libertad de conciencia y matrimonio», en Derecho de Familia y libertad de conciencia en los países de la Unión Europea y el Derecho comparado. Actas del IX Congreso Internacional de Derecho Eclesiástico del Estado,  San Sebastián 2001, p. 57.

[9]   De esta opinión, entre otros, J. Bonet, «Libertad religiosa y matrimonio en los países de sistema facultativo anglosajón», en J. Martínez-Torrón (Ed.), La libertad religiosa y de conciencia ante la justicia constitucional. Actas del VIII Congreso Internacional de Derecho Eclesiástico del Estado, Granada 1998, p. 373-379; I.C. Ibán, «Sistemas matrimoniales», en Ius Canonicum, XVII, n. 34 (1977), p. 236: «¿Cuál sería pues el sistema matrimonial, de entre los posibles, más respetuoso del Derecho Fundamental a la libertad religiosa? Sería aquél en que el ordenamiento estatal reconociese el carácter de matrimonio, y la competencia de regular su contenido, a cualquier unión, y confesión, con la única limitación de la no violación del orden público, entendiendo por orden público el conjunto de condiciones mínimas que permiten la existencia de una sociedad dada». 

[10] M.J. Gutiérrez del Moral, El matrimonio en los estados de la Unión Europea y la eficacia civil del matrimonio religioso, Barcelona 2003, p. 29.

[11] Cfr. J.T. Martín de Agar, «Tolerancia y libertad», en Escritos en honor de Javier Hervada, volumen especial de Ius Canonicum, Pamplona 1999, p. 936. Como observa J. Hervada «el Estado es incompetente en materia religiosa y ello se muestra, si no por otra cosa, por el mismo derecho a la libertad religiosa. Tal como está configurado este derecho significa que la comunidad política no tiene poder de coacción, porque no tiene potestad de regulación de la materia religiosa en sí. Por tanto no se trata de una autolimitación de la soberanía, sino de una soberanía que tiene una inherente limitación. Esta limitación proviene de la naturaleza misma de la comunidad política, a la que no pertenece el fenómeno religioso en sí» («Bases críticas para la construcción de la ciencia del Derecho eclesiástico», en Vetera et nova. Cuestiones de Derecho canónico y afines, Pamplona 1991, p. 1271).

[12] P.J. ViladrichJ. Ferrer Ortiz, «Principios informadores del Derecho eclesiás­tico español», en AA.VV., Derecho eclesiástico del Estado español, 3ª ed., Pamplona 1993, p. 201.

[13] Cfr. H. Franceschi, «Ius connubii y sistema matrimonial», en El matrimonio y su expresión canónica ante el III milenio, X Congreso Internacional de Derecho Canónico, Pamplona 2000, p. 471-508.

[14] «Se costituisce iniuria discriminare giuridicamente situazioni identiche, costituisce altrettanto grave iniuria costringere in norme uniformi situazioni fra loro profondamente diverse» (L.M. De Bernardis, «Quale parità?», en AA.VV., Las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Estudios en memoria del Profesor Pedro Lombardía, Madrid 1989, p. 575).

[15] Cfr. J.M. González del Valle, «El Derecho eclesiástico: denominación, origen, evolución y materias que abarca», en AA.VV., Las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Estudios en memoria del Profesor Pedro Lombardía, Madrid 1989, p. 161.

[16] J.T. Martín de Agar, «Libertà religiosa, uguaglianza e laicità», en Ius Ecclesiae, VII (1995), p. 199-215: «l'uguaglianza è necessariamente relativa al piano dei fatti proprio perché la libertà smette di essere tale se s'impone a tutti l'obbligo di esercitarla allo stesso modo».

[17] F. Ruffini, Corso di Diritto ecclesiastico italiano. La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo, Turín 1924, p. 502 (la referencia es a la edición publicada en 1992 por la editorial Il Mulino, con introducción de S. Ferrari): «Il volere attuare una perfetta parità o uguaglianza di trattamento giuridico verrebbe necessariamente a significare che lo Stato dovrebbe, in omaggio a pure astrazioni o teorie, disconoscere la concreta realtà dei fatti; il che allo Stato non è concesso, dato che la sua vita e la sua azione si svolgono esclusivamente nel mondo della realtà. Dopo tutto, un’assoluta eguaglianza di trattamento, di contro a una dissomiglianza così mostruosa di condizioni concrete, verrebbe a significare non già un’opera di giustizia pratica, ma  semplicemente di giustizia astratta. E vi è da dubitare fortemente che sarebbe giustizia vera. Poiché a quel principio di giustizia assoluta ed astratta, così solennemente invocato in favore di una uguaglianza ad ogni costo, si potrebbe pur sempre e vittoriosamente contrapporre questo altro principio di giustizia pratica e concreta: che il trattare, come già diceva il vecchio Ahrens, in modo uguale rapporti giuridici disuguali è altrettanto ingiusto quanto i trattare in modo disuguale rapporti giuridici uguali».

[18] Cfr. J. Mantecón, «La libertad religiosa como derecho humano», en AA.VV., Tratado de Derecho eclesiástico, Pamplona 1994, p. 116.

[19] R. Navarro-Valls, «El reconocimiento del matrimonio canónico ante el Derecho del Estado», en Escritos en honor de Javier Hervada, volumen especial de Ius Canonicum, Pamplona 1999, p. 1128.

[20] Cfr. R. Navarro-Valls, Matrimonio y Derecho, Madrid 1994, p. 35.

[21] Cfr. J. Martínez-Torrón, «La influencia del derecho canónico en la evolución del derecho de familia angloamericano», en El matrimonio y su expresión canónica ante el III milenio, X Congreso Internacional de Derecho Canónico, Pamplona 2000, p. 1539-1548.

[22] R. Navarro-Valls, Matrimonio y Derecho, Madrid 1994, p. 24-28.

[23] Un completo tratado sobre el matrimonio cristiano, al que nos remitimos para entender las bases teológicas de la jurisdicción de la Iglesia sobre el matrimonio entre bautizados, es A. Miralles, El matrimonio. Teología y vida, Madrid 1997.

[24] Can. 1055 §1 CIC.

[25] No depende esa sacramentalidad de la fe de los contrayentes sino de su condición de bautizados. Véase a este respecto T. Rincón-Pérez, «La peculiaridad sacramental del matrimonio y sus consecuencias canónicas», en Ius Canonicum, XLIV, n. 87 (2004), p. 281-307.

[26] G. Lo Castro, Tre studi sul matrimonio, Milán 1992, p. 58-59: «Se, per la disomogeneità delle concezioni matrimoniali nei due ordinamenti, né la prima ipotesi fosse realizzabile, né la seconda, a poco servirebbe il riconoscimento di una rilevanza della forma di celebrazione. Essa potrebbe, anzi, essere fonte di equivoci».

[27] Como señala A. de la Oliva, «son principios jurídico-naturales del proceso (...) aquéllos que no pueden dejar de informar la legislación y la realidad procesal si se quiere que el instrumento esencial de la Administración de Justicia supere de veras el primitivismo peligroso (como mínimo) de la “justicia privada” o, lo que es igual, si se desea que el proceso resulte elementalmente justo y generalmente considerado como tal» (AA.VV., Derecho Procesal. Introducción, Madrid 1999, p. 48-49).

[28] Hay que hacer notar que lo decisivo es que se conceda la posibilidad real de la audiencia, no que ésta se produzca materialmente, por lo que es posible que muchos tipos de procesos se concluyan sin que en ellos intervenga la parte pasiva.

[29] Artículo II-108 §2: «Se garantiza a todo acusado el respeto de los derechos de la defensa». Corresponde este artículo al 6 §3 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, que especifica el alcance de ese derecho: «a) A ser informado, en el más breve plazo, en una lengua que comprenda y de una forma detallada, de la naturaleza y de la causa de la acusación contra él dirigida; b) a disponer del tiempo y de las facilidades necesarias para la preparación de su defensa; c) a defenderse él mismo o a ser asistido por un defensor de su elección y, si no tiene medios para remunerar a un defensor, poder ser asistido gratuitamente por un abogado de oficio, cuando los intereses de la justicia así lo exijan; d) a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y obtener la convocatoria y el interrogatorio de los testigos de descargo en las mismas condiciones que los testigos de cargo; e) a ser asistido gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla la lengua empleada en el proceso» (cfr. J. Hervada — J.M. Zumaquero, Textos internacionales de derechos humanos I, 2ª ed., Pamplona 1992, p. 190-192). Aunque en estos textos se concreta el derecho de defensa referido fundamentalmente a la justicia penal, por la especialísima importancia que en ese ámbito reviste, resulta evidente que no se limita a ella tratándose de un derecho más amplio que abarca todos los ámbitos de la justicia aunque no con la misma intensidad o extensión.

[30] Artículo 22: «Las resoluciones en materia de divorcio, separación judicial o nulidad matrimonial no se reconocerán: (...)  si, habiéndose dictado en rebeldía del demandado, no se hubiere notificado o trasladado al mismo el escrito de demanda o un documento equivalente de forma tal y con la suficiente antelación para que el demandado pueda organizar su defensa, a menos que conste de forma inequívoca que el demandado ha aceptado la resolución».

[31] Cfr. J. Escrivá Ivars, El proceso declarativo de nulidad de matrimonio canónico, Pamplona 1996; AA.VV., Il processo matrimoniale canonico, 2ª ed., Ciudad del Vaticano 1994.

[32] Los requisitos que ha de cumplir la demanda se establecen en el canon 1504: «1) especificar ante qué juez se introduce la causa, qué se pide y contra quién; 2) indicar en qué derecho se funda el actor y, al menos de modo general, en qué hechos y pruebas se apoya para demostrar lo que afirma; 3) estar firmado por el actor o por su procurador, con indicación del día, mes y año, así como también del lugar donde habitan o dijeran tener la residencia a efectos de recibir documentos; 4) indicar el domicilio o cuasidomicilio del demandado».

[33] Cfr. canon 1608 CIC y artículo 247 de la inst. Dignitas connubii.

[34] Canon 1611: «La sentencia debe: 1º) dirimir la controversia discutida ante el tribunal, dando a cada duda la respuesta conveniente; 2º) determinar cuáles son las obligaciones de las partes derivadas del juicio, y cómo han de cumplirse; 3º) exponer las razones o motivos, tanto de derecho como de hecho, en los que se funda la parte dispositiva de la sentencia; 4º) determinar lo referente a las costas del litigio».

[35] Cfr. canon 1684 CIC.

[36] Cfr. canon 1682 §1 CIC.

[37] Canon 1682: «1. La sentencia que declara por vez primera la nulidad de un matrimonio, junto con las apelaciones, si las hay, y demás actas del proceso, debe transmitirse de oficio al tribunal de apelación dentro del plazo de veinte días a partir de la publicación de la sentencia. 2. Si la sentencia en favor de la nulidad se ha dictado en primera instancia, el tribunal de apelación, vistas las observaciones del defensor del vínculo y, si las hay, también las de las partes, debe, mediante decreto, o confirmar la decisión sin demora o admitir la causa para que sea examinada con trámite ordinario en la nueva instancia».

[38] Cfr. canon 1444 §1, 1º.

[39] Canon 1644 §1: «Si se pronuncian dos sentencias conformes en una causa acerca del estado de las personas, puede recurrirse en cualquier momento al tribunal de apelación, aduciendo nuevas y graves pruebas o razones, dentro del plazo perentorio de treinta días desde que se propuso la impugnación. Y, dentro de un mes a partir de la presentación de las nuevas pruebas y razones, el tribunal de apelación debe decidir mediante decreto si admite o no la nueva proposición de la causa».

[40] S. Gherro, Rapporti tra Stato e Chiesa in tema di matrimonio concordatario, Padua 1983, p. 140-145.

[41] Canon 1686 CIC; cfr. artículo 295 de la inst. Dignitas connubii.

[42] C. de Diego-Lora, «Comentario al canon 1686», en Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, obra coordinada y dirigida por A. Marzoa, J. Miras y R. Rodríguez-Ocaña, vol. IV/2, 3ª ed., Pamplona 2002.

[43] C. de Diego-Lora, «El proceso documental del nuevo Codex Iuris Canonici», en Ius Canonicum, XXIII, n. 46 (1983), p. 662-677.

[44] Cánones 1420 §4, 1421 §3 y 1435  CIC 83.

[45] Canon 1605 §1 CIC 17.

[46] Cfr. Z. Grocholewski, «Principios inspiradores del proceso canónico ordinario», en Ius Canonicum, XXXIX, n. 78 (1999), p. 473-501. Al derecho de defensa se refirió el Papa en su discurso a la Rota Romana de 1989 en el que, además de recordar los concretos preceptos que garantizan tal derecho, afirmaba: «il pieno rispetto per il diritto alla difesa ha una sua particolare importanza nelle cause per la dichiarazione di nullità del Matrimonio, sia perché esse riguardano così profondamente ed intimamente la persona delle parti in causa, sia perché trattano dell’esistenza o meno del sacro vincolo matrimoniale. Tali cause esigono, perciò, una ricerca della verità particolarmente diligente» (Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XII, 1, p. 181).

[47] Can. 1678 §1, 1º y 2º.

[48] Can. 1549: «Todos pueden ser testigos, a no ser que en todo o en parte estén rechazados expresamente por el derecho».

[49] Can. 1550: «1. No se admitan como testigos los menores de catorce años y los débiles mentales, pero podrán ser oídos si el juez por decreto manifiesta que es conveniente. 2. Se consideran incapaces: 1º los que son partes en la causa o comparecen en juicio en nombre de las partes, el juez y sus ayudantes, el abogado y aquellos otros que prestan o han prestado asistencia a las partes en la misma causa (...)».

[50] Can. 1550 §2, 2º: «los sacerdotes, respecto a todo lo que conocen por confesión sacramental, aunque el penitente pida que lo manifiesten; más aún, lo que de cualquier modo haya oído alguien con motivo de confesión no puede ser aceptado ni siquiera como indicio de la verdad».

[51] El texto original francés de la sentencia se puede leer en Ius Ecclesiae, XIII (2001), p. 859-871.

[52] «Toda persona tiene derecho a que su causa sea vista equitativa y públicamente en un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial, establecido por la ley (...)».

[53] J. Llobell, «Il diritto all’equo processo. Note a proposito di una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sulla delibazione civile della dichiarazione di nullità del matrimonio ex processo documentale canonico», en Ius Ecclesiae, XIII (2001), p. 871-884.

[54] S. Gherro (a cura di), Il principio del contraddittorio tra l’ordinamento della Chiesa e gli ordinamenti statali, Padua 2003.

[55] R. Botta, Tutela del sentimento religioso ed appartenenza confessionale nella società globale, Turín 2002, p. 239-240: «L’intervento della Corte europea appare certamente “eccezionale” in quanto “interferisce” in qualche misura e certamente non marginale, con l’assetto dei rapporti pattizi tra lo Stato e la Chiesa (…), con una possibile perdita di spessore del principio di specialità che ha tradizionalmente ispirato questa tipologia di rapporti e con un indubbio depotenziamento della “libertà contrattuale” delle Parti contraenti». De esa perplejidad se hace eco G. D’Angelo, «Giurisdizione ecclesiastica matrimoniale, contrasto tra giudicati e tutela dell’ordine pubblico interno: certezze ed incertezze della più recente giurisprudenza di legittimità», en Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, (2003), p. 927-928.

[56] M. Finocchiaro, «Il nostro Paese non può recepire una sentenza raggiunta senza assicurare il diritto delle parti», en Il Sole-24 Ore. Guida al Diritto, 35 (2001), p. 99.

[57] «È evidente, pertanto, che la normativa comunitaria ha fatto propria una nozione di “contraddittorio”, specie nella materia della delibazione di sentenze relative allo stato delle persone, ben diversa da quella supposta dalla pronuncia ora in esame» (M. Finocchiaro, «Il nostro Paese non può recepire una sentenza raggiunta senza assicurare il diritto delle parti», en Il Sole-24 Ore. Guida al Diritto, 35 (2001), p. 100).

[58] G. Dalla Torre, «Postfazione», en S. Gherro (a cura di), Il principio del contraddittorio tra l’ordinamento della Chiesa e gli ordinamenti statali, Padua 2003, p. 217: «In generale si è affermato che nel caso in esame la Corte europea, senza approfondire le peculiarità del processo documentale canonico, ha applicato formalisticamente principi assunti come costitutivi del “giusto processo”; si è notato in specie che la Corte è caduta in un equivoco ricostruttivo, costruendo il rapporto sottoposto al suo esame sulla base di una astratta concezione del principio del contraddittorio e del correlativo diritto di azione di difesa, senza procedere ad una valutazione di esso nella concretezza del modello processuale nel quale si è attuato».

[59] J. Ferrer Ortiz, «El sistema matrimonial», en AA.VV. Tratado de Derecho eclesiástico, Pamplona 1994, p. 899.

[60] Una completa clasificación según los aspectos constitutivos, registrales, jurisdiccionales y disolutorios en M. López Alarcón, El sistema matrimonial español, Madrid 1991, p. 17-23.

[61] M.J. Gutiérrez del Moral, El matrimonio en los estados de la Unión Europea y la eficacia civil del matrimonio religioso, Barcelona 2003, p. 52.

[62] Cfr. I.C. Ibán, «Sistemas matrimoniales», en Ius Canonicum, XVII, n. 34 (1977), p. 232; P. Ciprotti, «Il matrimonio religioso nelle legislazioni civili», en Monitor Ecclesiasticus, CV (1980), p. 85-101; M. López Alarcón — R. Navarro-Valls, Curso de Derecho matrimonial canónico y concordatario, 5ª ed., Madrid 1994, p. 32.

[63] Es lo que algunos autores llaman tipo anglosajón (G. Prader, Il matrimonio nel mondo, 2ª ed., Padua 1986, p. 10).

[64] Se suelen denominar de tipo latino o católico aquellos sistemas en que el Estado reconoce el matrimonio canónico tal y como lo regula la Iglesia católica —capacidad, consentimiento y forma—, así como los efectos civiles de las decisiones eclesiásticas de separación, nulidad y disolución de dichos matrimonios. La ley civil admite pues la existencia de dos matrimonios sustancialmente distintos, regidos por dos ordenamientos diferentes y algunas pocas normas de carácter civil (cfr. J. Ferrer Ortiz, «El sistema matrimonial», en AA.VV. Tratado de Derecho eclesiástico, Pamplona 1994, p. 901).

[65] Se distingue entre sistemas de simple trascripción del acta del matrimonio religioso en el registro civil, sistemas registrales con calificación limitada al cumplimiento de ciertos requisitos civiles, y sistemas registrales con calificación amplia, que abarca los requisitos propios del matrimonio civil.

[66] Sistemas divorcistas, sistemas que no admiten el divorcio, o sistemas que lo admiten sólo en forma limitada al matrimonio celebrado civilmente, respetando el régimen de indisolubilidad del matrimonio canónico.

[67] Reconocimiento de la jurisdicción eclesiástica como tal, irrelevancia de la misma, o reconocimiento de las resoluciones eclesiásticas, normalmente con un control previo por parte de los tribunales civiles.

[68] En Grecia, hasta la entrada en vigor de la Ley 1250/1982, de 16 de junio de 1982, no existía celebración civil del matrimonio, quedando obligados todos los ciudadanos griegos a contraer matrimonio religioso y, aquellos que no pertenecían a una comunidad religiosa reconocida en el país, a hacerlo ante el sacerdote ortodoxo (cfr. G. Prader, Il matrimonio nel mondo, 2ª ed., Padua 1986, p. 258).

[69] Cfr. J.L. Santos Díez, «El matrimonio religioso en los países de la Unión Europea», en Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, XV (1999), p. 195-229.

[70] Cfr. I.C. Ibán, «Sistemas matrimoniales», en Ius Canonicum, XVII (1977), p. 218-223.

[71] J.L. Santos Díez, «El matrimonio religioso en los países de la Unión Europea», en Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, XV (1999), p. 215.

[72] Población: 81.912.000; protestantes 43%, católicos 39%, musulmanes 2,5% (la fuente de estos datos, para todos los países, es Encyclopedia Britannica, 2001).

[73] La Constitución alemana de 1949, que proclama la libertad religiosa en su artículo 4, protege la familia y el matrimonio en su artículo 6. El Tribunal Constitucional Federal ha entendido limitada esta protección a la forma civil. Ni en la Constitución ni en el Código Civil se da una definición de matrimonio.

[74] Así fue recogido en el Concordato con la Santa Sede de 1933, en su artículo 26: «Senza pregiudizio di un ulteriore e più ampio regolamento delle questioni di diritto matrimoniale, si è d’accordo che il matrimonio religioso possa esser celebrato prima dell’atto civile, oltre che nel caso di malattia mortale di uno degli sposi che non consenta dilazione, anche nel caso di grave necessità morale, la cui esistenza deve essere riconosciuta dalla competente Autorità vescovile. In questi casi, il parroco è tenuto ad informare senza indugio l’ufficio di Stato civile» (Acta Apostolicae Sedis, XXV (1933), p. 403-404).

[75] G. Robbers, «Civil effects of religious marriage in Germany», en Marriage and Religion in Europe, Milán 1993, p. 213-214.

[76] G. Prader, Il matrimonio nel mondo, 2ª ed., Padua 1986, p. 231.

[77] Población: 8.063.000; católicos 78%, sin religión 8,6%, luteranos 4,8%, musulmanes 2%, judíos 0,2%, otras confesiones (principalmente cristianas) 2,7%, desconocida 3,7%.

[78] R. Rodríguez Chacón, «Efectos civiles en la Unión Europea de las decisiones canónicas de nulidad matrimonial», en Curso de Derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro, vol. XV, Salamanca 2000, p. 302.

[79] Artículo VII: «§1. La Repubblica Austriaca riconosce gli effetti civili ai matrimoni contratti in conformità del diritto canonico. §2. Le pubblicazioni di questi matrimoni hanno luogo secondo il diritto canonico. La Repubblica Austriaca si riserva di ordinarne anche la pubblicazione civile. §3. La Repubblica Austriaca riconosce la competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici nelle cause concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa dal matrimonio rato en non consumato. §4. I provvedimenti e le sentenze relative, quando siano divenute definitive, saranno portate al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Questo controllerà se siano state rispettate le norme del diritto canonico relative alla competenza del giudice, alla citazione ed alla legittima rappresentanza o contumacia delle parti. I detti provvedimenti e sentenze definitive coi relativi decreti del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica saranno trasmessi alla Suprema Corte Austriaca. Gli effetti civili incominceranno dalla dichiarazione di eseguibilità emessa dalla Suprema Corte Austriaca in seduta segreta. (...)» (Acta Apostolicae Sedis, XXVI (1934), p. 258-259).

[80] J.L. Santos Díez, «El matrimonio religioso en los países de la Unión Europea», en Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, XV (1999), p. 219.

[81] G. Prader, Il matrimonio nel mondo, 2ª ed., Padua 1986, p. 81.

[82] Población: 10.064.000; católicos 90%; musulmanes 1,1%; protestantes 0,4%; sin religión 7,5%; otros 1%.

[83] Las más importantes modificaciones referidas al matrimonio son las de la Ley del 26.12.1891 sobre la forma de celebración; del 14.12.1935 sobre el divorcio; del 7.3.1938 sobre el consentimiento al matrimonio de menores; del 14.7.1953 sobre el consentimiento de los padres; las modificaciones de la Ley del divorcio de 28.10.1974 y de 2.12.1982; y la Ley de matrimonio homosexual de 30.1.2003 que, aunque estableciendo limitaciones por lo que se refiere a la filiación y a la adopción, ha supuesto una de las más graves agresiones al concepto y fundamento de la realidad matrimonial.

[84] Sobre la crítica que pueda merecer esta regulación, nos limitamos ahora a transcribir estas palabras de J.L. Santos Díez: «Resulta incongruente que en una constitución inspirada en la separación de lo religioso y lo político aparezca el Estado poco menos que como una especie de magistra morum, que al mismo tiempo que es tolerante con las uniones de hecho y el concubinato, prohíba precisamente por constitución la unión religiosa antes del matrimonio civil» («El matrimonio religioso en los países de la Unión Europea», en Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, XV (1999), p. 221).

[85] Artículo 21.2 de la Constitución belga de 1831: «Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale, sauf les exceptions à établir par la loi, s’il y a lieu» (citado en R. Torfs, «Le mariage religieux et son efficacité civile en Belgique», en Marriage and Religion in Europe, Milán 1993, p. 225).

[86] Artículo 267 del Código penal belga.

[87] R. Torfs, «Le mariage religieux et son efficacité civile en Belgique», en Marriage and Religion in Europe, Milán 1993, p. 232-233.

[88] Población: 1.971.000; católicos 83,6%; otros (predominantemente cristianos de otras confesiones) 16,4%; hay también pequeñas comunidades judías y musulmanas.

[89] Cfr. A.M. Vega Gutiérrez (Coord.), Religión y libertades fundamentales en los países de Naciones Unidas: textos constitucionales, Granada 2003, p. 342.

[90] Cfr. G. Prader, Il matrimonio nel mondo, 2ª ed., Padua 1986, p. 352-353.

[91] Población: 58.172.000; católicos 76,4%; otros cristianos 3,7%; ateos 3,4%; musulmanes 3%; otros 13,5%.

[92] M.J. Gutiérrez del Moral, El matrimonio en los estados de la Unión Europea y la eficacia civil del matrimonio religioso, Barcelona 2003, p. 73.

[93] Un completa síntesis del régimen matrimonial francés en F. Granet, «Le mariage en France», en The Marriage, Milán 1998, p. 117-136.

[94] El artículo 199 del Código penal francés impone una multa pecuniaria «al ministro de culto que proceda a las ceremonias religiosas de un matrimonio sin que le haya sido justificada acta de matrimonio celebrado previamente por los oficiales de estado civil».

[95] N. Guimezanes, «Le mariage religieux et son efficacité civile en France», en Marriage and Religion in Europe, Milán 1993, p. 171.

[96] Población: 10.231.000; católicos 67,8%, otros cristianos 25,1%, ateos y sin religión 4,8%, otros 2,3%.

[97] El artículo 15 de la Constitución de 1949, que ha sufrido sucesivas reformas, dice: «La República de Hungría protegerá las instituciones del matrimonio y de la familia» (A.M. Vega Gutiérrez (Coord.), Religión y libertades fundamentales en los países de Naciones Unidas: textos constitucionales, Granada 2003, p. 479).

[98] «En la República de Hungría la Iglesia estará separada del Estado» (A.M. Vega Gutiérrez (Coord.), Religión y libertades fundamentales en los países de Naciones Unidas: textos constitucionales, Granada 2003, p. 480).

[99] De esta opinión, B. Schanda (Ed.), Legislation on Church-State Relations in Hungary, Budapest 2002, p. 36: «The state would eventually regard the weddings celebrated in churches are one of the possible forms of entering into a civil marriage upon the registration of the marriage at the civil authorities».

[100]      «Artículo 60: §1. En la República de Hungría todos tendrán el derecho de libertad de pensamiento, conciencia y religión. §2. Este derecho incluirá la libertad para elegir o profesar una religión o creencia así como la libertad para manifestar o no manifestar, practicar y enseñar su religión o convicciones, en público o en privado, mediante ceremonias religiosas, ritos o de cualquier otro modo, tanto individual como colectivamente» (A.M. Vega Gutiérrez (Coord.), Religión y libertades fundamentales en los países de Naciones Unidas: textos constitucionales, Granada 2003, p. 480).

[101]      G. Prader, Il matrimonio nel mondo, 2ª ed., Padua 1986, p. 601.

[102]      B. Schanda (Ed.), Legislation on Church-State Relations in Hungary, Budapest 2002, p. 36.

[103]      Población: 409.000; católicos 94,9%; protestantes 1,1%; otros 4%.

[104]      G. Prader, Il matrimonio nel mondo, 2ª ed., Padua 1986, p. 387.

[105]      Se trata de un precepto establecido en el artículo 21 de la Constitución de Luxemburgo de 1868.

[106]      «Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale».

[107]      En este sentido, A. Bamberg, «Le mariage religieux et son efficacité civile au Grand-Duché de Luxembourg», en Marriage and Religion in Europe, Milán 1993, p. 75-84. Señala este autor cómo en 1986 el episcopado católico sugirió modificar ese precepto para permitir la ceremonia religiosa con anterioridad a la civil, al menos, en el caso de peligro de muerte.

[108]      Población: 15.487.000; católicos 32%; Iglesia reformada holandesa 15%; calvinistas 7%; musulmanes 3,7%; otros 2,3%; sin  religión 40%.

[109]      Con esta reforma del Código Civil se ha introducido en Holanda el matrimonio homosexual, que sólo se admite si una de las partes tiene nacionalidad o residencia habitual en los Países Bajos, con una regulación que sólo difiere del matrimonio heterosexual por lo que se refiere a los hijos y a la adopción, que está limitada al ámbito territorial de Holanda. Supone una ruptura «con una de las fundamentales y tradicionales bases de la institución, no sólo en Europa, sino en el mundo» (M.J. Gutiérrez del Moral, El matrimonio en los estados de la Unión Europea y la eficacia civil del matrimonio religioso, Barcelona 2003, p. 87).

[110]      Para una visión de conjunto de la legislación matrimonial holandesa, E.W.J. Ebben, «Marriage and divorce in Netherlands», en The Marriage, Milán 1998, p. 313-359.

[111]      Artículo 68 del Código Civil. El artículo 449 del Código Penal impone multa, o prisión en caso de reincidencia, para el ministro de culto que incumpla tal disposición (G. Prader, Il matrimonio nel mondo, 2ª ed., Padua 1986, p. 455).

[112]      J.P. Verheul, «The religious marriage and its civil effects in the Netherlands», en Marriage and Religion in Europe, Milán 1993, p. 73.

[113]      M.J. Gutiérrez del Moral, El matrimonio en los estados de la Unión Europea y la eficacia civil del matrimonio religioso, Barcelona 2003, p. 145-146.

[114]      Población: 39.188.000; católicos 94,9%; musulmanes 1,2%; protestantes 0,5%; otros 3,4%.

[115]      Población: 57.386.000; católicos 83,2%; sin religión 13,6%; ateos 2,6%; otros 0,6%.

[116]      Población: 370.000; católicos 98,6%; otros 1,4%.

[117]      Población: 9.906.000; católicos 94,5%, otros cristianos 1,5%, sin religión 3,8%; judíos 0,1%; musulmanes 0,1%.

[118]      Población: 651.000; ortodoxos cipriotas 82%; católicos maronitas 1,5%; otros 16,5%.

[119]      A.M. Vega Gutiérrez (Coord.), Religión y libertades fundamentales en los países de Naciones Unidas: textos constitucionales, Granada 2003, p. 246-247.

[120]      G. Prader, Il matrimonio nel mondo, 2ª ed., Padua 1986, p. 145.

[121]      Población: 5.223.000; evangélicos luteranos (oficial) 87,7%; otros cristianos (unos 484.000 católicos) 1,6%; musulmanes 1,4%; otras o sin  religión 9,3%.

[122]      M.J. Gutiérrez del Moral, El matrimonio en los estados de la Unión Europea y la eficacia civil del matrimonio religioso, Barcelona 2003, p. 93.

[123]      Conviene recordar que Dinamarca es un Estado confesional. El artículo 4 de la Constitución de 1953 dice: «La iglesia evangélica-luterana es la Iglesia nacional danesa y gozará, como tal, del apoyo del Estado». No obstante, la libertad religiosa está garantizada también a nivel constitucional, en los artículos 67, 68 y 70 (cfr. A.M. Vega Gutiérrez (Coord.), Religión y libertades fundamentales en los países de Naciones Unidas: textos constitucionales, Granada 2003, p. 286).

[124]      I. Dübeck, «Marriage in Denmark», en Marriage and Religion in Europe, Milán 1993, p. 203.

[125]      I. Dübeck, «Matrimonial law in Denmark», en The Marriage, Milán 1998, p. 100.

[126]      J.L. Santos Díez, «El matrimonio religioso en los países de la Unión Europea», en Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, XV (1999), p. 198.

[127]      Población: 5.355.000; católicos 63,7%; sin religión o ateos 9,7%; protestantes 7,9%; ortodoxos 0,7%; otros 18%.

[128]      G. Prader, Il matrimonio nel mondo, 2ª ed., Padua 1986, p. 131.

[129]      Artículo 1 §1 de la Ley de 28.4.1992, que modifica el §3 de la Ley de 4.12.1963.

[130]      J. Kemp, Diritto Ecclesiastico della Repubblica Slovacca, Bratislava 2004, p. 228.

[131]      «Articolo 10. 1) Il matrimonio contratto secondo il Diritto Canonico, che adempie anche le condizioni stabilite dal diritto della Repubblica Slovacca per contrarre il matrimonio, ha nel territorio della Repubblica Slovacca identica validità e identiche conseguenze giuridiche come il matrimonio contratto secondo la forma civile. La registrazione statale dei matrimoni celebrati secondo il Diritto Canonico e la loro iscrizione nel registro matrimoniale è definita nell’ordinamento giuridico della Repubblica Slovacca. 2) Le decisioni della Chiesa Cattolica circa la nullità del matrimonio e lo scioglimento del vincolo matrimoniale sono comunicate a richiesta di una delle parti interessate alla Repubblica Slovacca. La Repubblica Slovacca procederà nel caso secondo il suo ordinamento giuridico» (cfr. J.T. Martín de Agar,  I Concordati del 2000, Ciudad del Vaticano 2001, p. 62).

[132]      En este sentido se expresa T. Hajdu, «L’Accordo base tra la Santa Sede e la Repubblica Slovacca», en Ius Ecclesiae, XIII (2001), p. 530.

[133]      Cfr. J. Kemp, Diritto Ecclesiastico della Repubblica Slovacca, Bratislava 2004, p. 234.

[134]      Población: 1.487.000; la religión predominante es la evangélica luterana, con minorías ortodoxa y baptista.

[135]      «1. Todas las personas tendrán libertad de conciencia, religión y pensamiento. 2. Todas las personas podrán pertenecer libremente a iglesias o asociaciones religiosas. No habrá iglesia estatal. 3. Cada persona tendrá libertad para practicar su religión, individual o colectivamente, en público o en privado, salvo que ponga en peligro el orden público, la salud o la moral» (cfr. A.M. Vega Gutiérrez (Coord.), Religión y libertades fundamentales en los países de Naciones Unidas: textos constitucionales, Granada 2003, p. 357-358).

[136]      Artículo 27: «La familia es fundamental para la preservación y crecimiento de la nación y, como base de la sociedad, será protegida por el Estado (...)» (cfr. A.M. Vega Gutiérrez (Coord.), Religión y libertades fundamentales en los países de Naciones Unidas: textos constitucionales, Granada 2003, p. 357).

[137]      «8. Marriages celebrated in the Catholic Church, upon registration and for which a certificate of marriage has been issued by the civil registry office, have civil effect» (cfr. J.T. Martín de Agar, Raccolta di Concordati 1950-1999, Ciudad del Vaticano 2000, p. 198).

[138]      F. Vecchi, «Brevi considerazioni sugli Accordi concordatari del 1998 con la Repubblica baltica dell’Estonia», en Il diritto ecclesiastico, CXIII (2002), p. 1163.

[139]      Población: 5.101.000; evangélicos luteranos 85,9%; ortodoxos 1,1%; sin religión 12%; otros 1%.

[140]      G. Prader, Il matrimonio nel mondo, 2ª ed., Padua 1986, p. 214.

[141]      La última es la introducida por la Ley de 28 de septiembre de 2001 sobre el registro de parejas que, aun sin recibir la calificación de matrimonio, otorga similares efectos jurídicos a las uniones homosexuales.

[142]      No puede hablarse propiamente de un Estado confesional; sí, quizá, de Iglesia nacional. La nueva Constitución de 1999 ha reducido a un artículo la mención a la Iglesia evangélica-luterana de Finlandia: «Artículo 76.1: La Ley de la Iglesia regulará las normas sobre organización y administración de la Iglesia Evangélico-Luterana» (cfr. A.M. Vega Gutiérrez (Coord.), Religión y libertades fundamentales en los países de Naciones Unidas: textos constitucionales, Granada 2003, p. 390).

[143]      M.J. Gutiérrez del Moral, El matrimonio en los estados de la Unión Europea y la eficacia civil del matrimonio religioso, Barcelona 2003, p. 104.

[144]      Población: 58.586.000; católicos 21%, anglicanos (established en Inglaterra) 20%, presbiterianos (established en Escocia) 14%, metodistas 5%, baptistas 3%, musulmanes 11%; sikhs  4%, hinduistas  2%, judíos 1%, otros 2%.

[145]      Cfr. M.D.A. Freeman, «Marriage and divorce in England», en The Marriage, Milán 1998, p. 211-230.

[146]      Cfr. F. Lyall, «Marriage in Scotland», en Marriage and Religion in Europe, Milán 1993, p. 1-23.

[147]      En general la normativa matrimonial es la que se sigue aplicando en la República de Irlanda, a la que nos remitimos.

[148]      D. McClean, «Marriage in England», Marriage and Religion in Europe, Milán 1993, p. 189.

[149]      S. Ferrari–I.C. Ibán, Diritto e religione in Europa occidentale, Milán 1997, p. 79.

[150]      D. McClean, «Marriage in England», Marriage and Religion in Europe, Milán 1993, p. 193; F. Lyall, «Marriage in Scotland», en Marriage and Religion in Europe, Milán 1993, p. 13.

[151]      D. McClean, «Marriage in England», Marriage and Religion in Europe, Milán 1993, p. 194.

[152]      Población: 10.493.000; ortodoxos (oficial) 97,6%, católicos 0,4%, protestantes 0,1%; musulmanes 1,5%; otros 0,4%.

[153]      Algunos de esos impedimentos son los de distinta religión, tercer matrimonio y orden sagrado o votos monásticos, que el Sínodo permanente de la Iglesia griego-ortodoxa declaró en 1982 que continuaban en vigor para la Iglesia ortodoxa (G. Prader, Il matrimonio nel mondo, 2ª ed., Padua 1986, p. 259).

[154]      J. Deliyannis, «Le mariage religieux et son efficacité civile en droit hellénique», en Marriage and Religion in Europe, Milán 1993, p. 133.

[155]      J.L. Santos Díez, «El matrimonio religioso en los países de la Unión Europea», en Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, XV (1999), p. 210.

[156]      Que tengan efecto de cosa juzgada en el ordenamiento en cuestión, que tenga competencia internacional conforme al derecho griego, que no se hayan violado los derechos de defensa en el relativo proceso, que no exista una decisión contraria dictada por un tribunal griego y que no contraríe el orden público.

[157]      J. Deliyannis, «Le mariage religieux et son efficacité civile en droit hellénique», en Marriage and Religion in Europe, Milán 1993, p. 133.

[158]      Población: 3.590.000; católicos 91,6%; Iglesia de Irlanda (anglicanos) 2,3%; presbiterianos 0,4%; otros 5,7%.

[159]      G. Prader, Il matrimonio nel mondo, 2ª ed., Padua 1986, p. 312.

[160]      Por esta ley se introdujo el divorcio en Irlanda, que había sido ya rechazado por referéndum en 1986, obteniéndose el resultado contrario, si bien por escasa mayoría, en el que se llevó a cabo en noviembre de 1995.

[161]      J. Casey, «Religious marriage and its civil effectiveness in Ireland», en Marriage and Religion in Europe, Milán 1993, p. 112-115.

[162]      J. Casey, «Religious marriage and its civil effectiveness in Ireland», en Marriage and Religion in Europe, Milán 1993, p. 118.

[163]      Población: 2.515.000; los creyentes son predominantemente evangélicos luteranos, ortodoxos rusos, o católicos.

[164]      «Artículo 99: Se reconoce el derecho de toda persona a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. La Iglesia está separada del Estado».

[165]      «Artículo 110: El Estado protegerá el matrimonio, la familia, los derechos de los padres y los derechos de los niños» (cfr. A.M. Vega Gutiérrez (Coord.), Religión y libertades fundamentales en los países de Naciones Unidas: textos constitucionales, Granada 2003, p. 640).

[166]      Cfr. Acta Apostolicae Sedis, VC (2003), p. 102-111.

[167]      «Article 8: 1. From the moment of its celebration canonical marriage produces the civil effects determined by the legislation of the Republic of Latvia, provided no civil impediments exist between the contracting parties and the requisites foreseen by the laws of the Republic of Latvia have been fulfilled. 2. The way and the time within  which a canonical marriage is to be registered with the competent civil authority are determined by the laws of the Republic of Latvia» (cfr. J.T. Martín de Agar, I Concordati del 2000, Ciudad del Vaticano 2001, p. 12).

[168]      Población: 3.700.000; católicos 80%; minorías ortodoxa, evangélica y sin religión.

[169]      Los párrafos 1 a 3 del mismo artículo otorgan protección constitucional al matrimonio y a la familia, como base de la sociedad: «§1. La familia será la base de la sociedad y el Estado. §2. La familia, maternidad, paternidad, e infancia estarán bajo el cuidado y protección del Estado. §3. El matrimonio se contraerá bajo el libre consentimiento de un hombre y una mujer» (cfr. A.M. Vega Gutiérrez (Coord.), Religión y libertades fundamentales en los países de Naciones Unidas: textos constitucionales, Granada 2003, p. 659).

[170]      Cfr. Acta Apostolicae Sedis, XCII (2000), p. 783-816.

[171]      «Article 13. 1. A canonical marriage will have civil effects pursuant to the legal acts of the Republic of Lithuania from the moment of its religious celebration provided there are no impediments to the requirements of the laws of the Republic of Lithuania. 2. The time and manner of recording a canonical marriage in the civil register shall be established by the competent authority of the Republic of Lithuania, in co-ordination whit the Conference of Lithuanian Bishops. 3. The preparation for a canonical marriage shall include informing future spouses of the teaching of the Catholic Church on the dignity of the sacrament of marriage, its unity and indissolubity, as well as the civil effects of the marriage bond as provided for by the laws of the Republic of Lithuania. 4. Decisions of ecclesiastical tribunals on the nullity of marriage and decrees of the Supreme Authority of the Church on the dissolution of the marriage bond are to be reported to the competent authorities of the Republic of Lithuania with the aim of regulating legal consequences of such decisions in accordance with the legal acts of the Republic of Lithuania» (J.T. Martín de Agar, I Concordati del 2000, Ciudad del Vaticano 2001, p. 30). 

[172]      Población: 38.641.000; católicos 90,5%; ortodoxos 1,5%.

[173]      Sobre la regulación del matrimonio en Polonia antes de la ratificación del Concordato, vid. G. Prader, Il matrimonio nel mondo, 2ª ed., Padua 1986, p. 474-478.

[174]      Hasta el momento son once las confesiones autorizadas a celebrar matrimonio religioso con efectos civiles (cfr. R. Piega, Evoluzione del diritto ecclesiastico in Polonia dopo il 1989, Roma 2001, p. 203-204).

[175]      «Articolo 10. §1. Dal momento della celebrazione, il matrimonio canonico comporta gli effetti del matrimonio contratto secondo la legge polacca, se 1) fra gli sposi non esistono impedimenti previsti dalla legislazione polacca; 2) in occasione della celebrazione del matrimonio essi fanno concorde manifestazione della volontà di produrre tali effetti e 3) la celebrazione del matrimonio è stata trascritta nei registri civili su notifica trasmessa all’Ufficio dello Stato Civile entro cinque giorni dalla celebrazione del matrimonio; questo termine verrà prolungato, qualora non fosse stato osservato a causa di forza maggiore, fino al momento della cessazione di essa. §2. La preparazione alla celebrazione del matrimonio canonico comprende l’istruzione dei futuri sposi sull’indissolubilità del matrimonio canonico e sulle norme del diritto polacco concernenti gli effetti del matrimonio. §3. È di esclusiva competenza dell’autorità ecclesiastica sentenziare circa la validità del matrimonio canonico, nonché circa le altre cause matrimoniali previste dal diritto canonico. §4. Sentenziare circa cause matrimoniali nell’ambito degli effetti definiti dalla legislazione polacca, è di esclusiva competenza dei tribunali statali. §5. La questione della notifica delle sentenze di cui ai commi 3 e 4, potrà essere oggetto di procedimento secondo l’articolo 27 [posibilidad de nuevos acuerdos, también con la Conferencia Episcopal, autorizada por la Santa Sede]. §6. Allo scopo di tradurre nella pratica il presente articolo, verranno fatti i necessari cambiamenti nella legislazione polacca» (cfr. J.T. Martín de Agar, Raccolta di  Concordati 1950-1999, Ciudad del Vaticano 2000, p. 687-688).

[176]      J.T. Martín de Agar, «Studio comparativo dei Concordati tra la Santa Sede e gli Stati dell'Europa Centrale e Orientale», en Relazioni internazionali giuridiche bilaterali tra la Santa Sede e gli Stati: esperienze e prospettive, Ciudad del Vaticano 2003, p. 81.

[177]      T. Rozkrut, «Il matrimonio concordatario in Polonia», en Ius Ecclesiae, XII (2000), p. 718.

[178]      Sobre el particular, véase R. Piega, Evoluzione del diritto ecclesiastico in Polonia dopo il 1989, Roma 2001, p. 200-201 y 240-241.

[179]      R. Piega, Evoluzione del diritto ecclesiastico in Polonia dopo il 1989, Roma 2001, p. 239.

[180]      Población: 10.345.644; católicos 39,1%; protestantes 4,3%; ortodoxos 0,2%; otros cristianos 0,3%; sin denominación 39,9%; otros 16,2%.

[181]      Ley de 28 de abril de 1992, que modifica la Ley de Familia n. 94/1963.

[182]      M. Zuklínová, «Report-Czech Republic», en The Marriage, Milán 1998, p. 416.

[183]      Cfr. J. Kemp, Diritto Ecclesiastico della Repubblica Slovacca, Bratislava 2004, p. 236-237, que analiza las propuestas de uno y otro autor checo por la posible influencia que una tal reforma pudiera tener en la legislación eslovaca.

[184]      Población: 8.826.000; Iglesia luterana de Suecia (oficial) 87,3% (de ellos, el 30% no practicantes); católicos 1,7%; pentecostales 1,1%; otros 9,9%.

[185]      J.L. Santos Díez, «El matrimonio religioso en los países de la Unión Europea», en Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, XV (1999), p. 205.

[186]      Artículo 6, capítulo 4 de la Ley de 1987 (M.J. Gutiérrez del Moral, El matrimonio en los estados de la Unión Europea y la eficacia civil del matrimonio religioso, Barcelona 2003, p. 144).

[187]      Artículo 13.4: «Le decisioni dei Tribunali ecclesiastici sulla nullità del matrimonio e quelle della Suprema Autorità della Chiesa sullo scioglimento del vincolo matrimoniale sono comunicate al competente Tribunale civile, per l’adempimento delle conseguenze civili del provvedimento, secondo le norme legali della Repubblica di Croazia» (J.T. Martín de Agar, Raccolta di  Concordati 1950-1999, Ciudad del Vaticano 2000, p.159-160).

[188]      Conviene recordar que el antiguo artículo 80 del Código Civil, redactado según la Ley de 24 de abril de 1958, no sólo reconocía la competencia exclusiva de la autoridad eclesiástica para pronunciarse sobre la separación, nulidad y disolución del matrimonio canónico y la automática ejecutoriedad civil de dichas decisiones, sino también los supuestos de disolución de matrimonios no canónicos en aplicación del privilegio paulino.

[189]      El artículo XXIV del Concordato de 1953 decía así: «1. El Estado español reconoce la competencia exclusiva de los tribunales y dicasterios eclesiásticos en las causas referentes a la nulidad del matrimonio canónico y a la separación de los cónyuges, en la dispensa del matrimonio rato y no consumado y en el procedimiento relativo al privilegio paulino.  2. Incoada y admitida ante el tribunal eclesiástico una demanda de separación o de nulidad, corresponde al tribunal civil dictar, a instancia de la parte interesada, las normas y medidas precautorias que regulen los efectos civiles relacionados con el procedimiento pendiente.  3. Las sentencias y resoluciones de que se trate, cuando sean firmes y ejecutivas, serán comunicadas por el tribunal eclesiástico al tribunal civil competente, el cual decretará lo necesario para su ejecución en cuanto a efectos civiles y ordenará —cuando se trate de nulidad, de dispensa super rato o aplicación del privilegio paulino— que sean anotadas en el registro del estado civil al margen del acta de matrimonio. 4. En general, todas las sentencias, decisiones en vía administrativa y decretos emanados de las autoridades eclesiásticas, en cualquier materia dentro del ámbito de su competencia tendrán también efecto en el orden civil cuando hubieran sido comunicadas a las competentes autoridades del Estado, las cuales prestarán además el apoyo necesario para su ejecución» (Acta Apostolicae Sedis, XXXXV (1953), p. 642-643). Este artículo se completaba con el XXIII del mismo Concordato, en el que se reconocía plena eficacia civil al matrimonio celebrado según las normas del Derecho canónico, por lo que puede afirmarse que el sistema matrimonial español de la época incluía el reconocimiento en bloque de toda la institución matrimonial canónica.

[190]      Cfr. F. Vega Sala, «La eficacia civil de las sentencias canónicas. Nueva tendencia en los Concordatos el ejemplo español», en Revista Española de Derecho Canónico, 48 (1991), p. 131.

[191]      «El único sistema matrimonial diseñable conforme a la Constitución es el facultativo o electivo entre el matrimonio civil y los previstos por iglesias y confesiones religiosas» (M. López Alarcón, «El matrimonio canónico con efectos civiles en el Derecho español», en Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, II (1986), p. 182.

[192]      Así viene recogido en diferentes sentencias del Tribunal Constitucional, por ejemplo 66/82, de 12 de noviembre de 1982, y 66/85, de 23 de mayo de 1985.

[193]      Una comparación entre el Concordato de 1953 y el Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos de 1979 puede verse en F. Vega Sala, «La eficacia civil de las sentencias canónicas. Nueva tendencia en los concordatos. El ejemplo español», en Revista Española de Derecho Canónico, 48 (1991), p. 130-135.

[194]      J. Ferrer ortiz,  «El sistema matrimonial», en AA.VV., Tratado de Derecho Eclesiástico, Pamplona 1994,  p. 945.

[195]      F. Vega Sala, «La eficacia civil de las sentencias canónicas. Nueva tendencia en los concordatos. El ejemplo español», en Revista Española de Derecho Canónico, 48 (1991), p. 135.

[196]      STC 132/1991, de 17 de junio de 1991 (B.O.E. de 28 de junio).

[197]      También la mayoría de la doctrina sigue esta interpretación. Valga como ejemplo lo dicho por López Alarcón quien calificó la hipótesis de incoherente y absurda, pues se reconocerían los efectos civiles del matrimonio canónico y, a la vez, se pondrían trabas insalvables a la ejecutividad de sus sentencias (M. López Alarcón, «El matrimonio concordatario en el actual proceso legislativo español», en  Ius Canonicum, XVIII (1978), p. 72-74 y 76).

[198]      Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 1995 (Revista de Derecho Privado (1996), p. 481-485).

[199]      Que la acción para instar la eficacia civil de la resolución canónica es sólo atribuible a los cónyuges se deduce del fin y objetivos que el Tribunal Supremo atribuye a la acción destinada a lograr la eficacia civil en su Sentencia de fecha 23 de enero de 1995, nº 1061/95: «(...) los particulares que en uso de su libertad de conciencia acceden libre y conjuntamente a dicha forma de unión sacramental, lo hacen con plenitud de sus efectos y consecuencias, lo que se traduce en que la voluntad respetada de los cónyuges para optar por la forma religiosa se proyecte también al momento de extinción del matrimonio, cuando es decretado con las debidas garantías y formalidades por la autoridad religiosa competente».

[200]      El artículo 73 dice: «Es nulo, cualquiera que sea la forma de su celebración: 1. El matrimonio celebrado sin consentimiento matrimonial. 2. El matrimonio celebrado entre las personas a que se refieren los artículos 46 y 47 salvo los casos de dispensa conforme al artículo 48. 3. El que se contraiga sin la intervención del Juez, Alcalde o funcionario ante quien deba celebrarse, o sin la de los testigos. 4. El celebrado por error en la identidad de la persona del otro contrayente o en aquellas cualidades personales que, por su entidad, hubieren sido determinantes de la prestación del consentimiento. 5. El contraído por coacción o miedo grave».

[201]      Una interpretación contraria puede leerse en D. Llamazares, «Libertad de conciencia y matrimonio», en Derecho de familia y libertad de conciencia en los países de la Unión Europea y el Derecho comparado, San Sebastián 2001, p. 63-80.

[202]      Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 1995 (Revista de Derecho Privado (1996), p. 481-485).

[203]      Ley 1/2000 de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (B.O.E. de 8 de enero).

[204]      La Disposición Adicional vigésima establece que en el plazo de seis meses, a contar desde la fecha de entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el Gobierno debe remitir a las Cortes Generales un proyecto de ley sobre cooperación jurídica en materia civil. Ampliamente superado ese plazo sin que se haya producido tal remisión, la vigencia de los citados artículos de la antigua LEC, no perdura sine die. Existió un Anteproyecto de Ley de 22 de diciembre de 1997, que no llegó a promulgarse. Esta Ley debería modificar la regulación del exequatur y derogar los artículos 951 a 958 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, pero hasta el momento no pasa de ser una promesa incumplida del legislador.

[205]      Pensamos que una situación similar se da en Italia. En palabras de Lacroce: «L'Accordo del 1984 richiama, in materia di delibazione, gli art. 796 e 797 del codice di procedura civile, che oggi con l'entrata in vigore della riforma di diritto internazionale privato, sono stati abrogati. Sussiste, così, un rinvio a norme ormai abrogate, non più in vigore. Tale difficoltà può, tuttavia, essere superata se si definisce il tipo di rinvio che si presenta nella nostra ipotesi. Sappiamo che secondo la dottrina tradizionale, il collegamento fra ordinamenti giuridici è attuato con le modalità del rinvio recettizio, del rinvio formale e del presupposto in senso tecnico. Ma nel caso in esame, il rinvio operato nell'art. 8.2 dell'Accordo agli art. 796, 797 del c.p.c., in tema di delibazione è un rinvio materiale, un rinvio fatto a norme del proprio ordinamento. Nulla esclude, infatti che lo Stato italiano possa pervenire ad un accordo con altro ordinamento e, per disciplinare una materia comune, rimandare a norme proprie. Se si accetta ciò, avremo che l'intervenuta abrogazione delle disposizioni richiamate non è di ostacolo alla perdurante applicazione delle medesime in virtù delle norme richiamanti» (L. Lacroce, «La riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato e l'efficacia delle sentenze dei Tribunali ecclesiastici», en Ius Ecclesiae, VIII (1996), p. 687).

[206]      El Tribunal Supremo recoge la anterior doctrina de la Sala y hace un interesante estudio de los requisitos enumerados en la norma, y así dice: «Los presupuestos formales, en el caso presente, se dan suficientemente concurrentes por probados y así lo declara como hecho firme, no atacado, la Sentencia en recurso, toda vez que se ejercitó en vía eclesiástica una acción personal, el trámite procesal se llevó a cabo con intervención del ahora recurrente, que fue oído en el mismo, con posibilidad de ejercicio de sus derechos de defensa, ya que aportó pruebas, lo que excluye toda situación de rebelde» (STS 23 de enero de 1995 n. 1061/95).

[207]      Así lo afirman entre otros: R. Corral García, «Análisis de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el reconocimiento de efectos civiles a las resoluciones canónicas en materia matrimonial (1981-1999)», en Revista Española de Derecho Canónico, 56 (1999), p. 811; J. Ferrer Ortiz, «Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 1995. La eficacia civil de las resoluciones matrimoniales canónicas», en Revista de Derecho Privado (1996), p. 491.

[208]      Cfr. STS 644/2002 de 27 de junio: «Pero lo que no se puede obligar a nadie es a que se atenga a las consecuencias de una resolución canónica, cuando voluntariamente no quiere someterse al proceso canónico matrimonial de la que la misma es consecuencia, ya sea por sus convicciones o, incluso, por su interés».

[209]      «Pero, aun demostrando tal vulneración, la defensa de la libertad religiosa de la parte que se opone a la homologación chocaría con la libertad religiosa de la parte que la solicita, que, movida también por sus convicciones, acude a los tribunales canónicos, y no a los civiles, de manera que, en el caso de que se denegara la homologación, sería la parte demandante de la homologación la que quedaría desprotegida en su derecho» (M.C. Garcimartín, «Problemas procesales del reconocimiento de eficacia civil de las resoluciones matrimo­niales canónicas», en Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, XIX (2003), p. 261).

[210]      R. Rodríguez Chacón, «Reconocimiento de sentencias y resoluciones canónicas (una importante sentencia del Tribunal Constitucional)», en Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, V (1989),  p. 252.

[211]      Cfr., entre otros, G. García Cantero, «Artículos 42 a 107 del Código civil» en Comentarios al Código civil y Compilaciones Forales, II, Madrid 1982, p. 256-257; M. López Alarcón, «Nuevo régimen de las nulidades matrimoniales», en La Ley, 1981, 4, p. 943; E. Lalaguna, La reforma del sistema matrimonial español, Valencia 1983, p. 89-90; R. Navarro-Valls, «El matrimonio religioso», en AA.VV., Derecho eclesiástico del Estado español, 4ª ed., Pamplona 2004, p. 314.

[212]      M. Albadalejo, Curso de Derecho civil, IV, Barcelona 1982, p. 111.

[213]      J. Ferrer Ortiz, «Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 1995. La eficacia civil de las resoluciones matrimoniales canónicas», en Revista de Derecho Privado (1996), p. 493.

[214]      E. Lalaguna, La reforma del sistema matrimonial español, Valencia 1983, p. 82.

[215]      Cfr. STS de 16 de septiembre 1996.

[216]      La sentencia del Tribunal Constitucional de 8 de noviembre de 1993 declara: «los números 2 y 3 de la disposición adicional segunda de la Ley 30/1981 regulan un procedimiento de homologación civil de las resoluciones y decisiones eclesiásticas sobre matrimonio canónico que prevé una primera intervención judicial para el supuesto de que no se formule oposición, al modo de jurisdicción voluntaria, que responde a una actividad de constatación encomendada al juez civil, que ha de incluirse entre las funciones que, de acuerdo con el artículo 117.4 de la Constitución, puede atribuir la ley expresamente al Juez en garantía de cualquier derecho. Por eso al hacerse contencioso el expediente, queda a salvo el derecho de las partes para formular una pretensión en el proceso correspondiente y obtener la tutela judicial de fondo que reconoce el artículo 24 de la Constitución».

[217]      El texto del número 2 de la Disposición adicional segunda de la Ley 30/1981, de 7 de julio, dice: «1. Corresponderá el conocimiento de las demandas en solicitud de la eficacia civil de las resoluciones dictadas por los Tribunales Eclesiásticos al juez de Primera Instancia del lugar del domicilio conyugal, y si los cónyuges residieran en partidos judiciales distintos, al de la misma clase del último domicilio del matrimonio o del lugar de residencia del otro cónyuge, a elección del demandante. 2. Presentada la demanda por cualquier de las partes, después de oír por término de nueve días a los interesados y al Ministerio fiscal, si no hay oposición, y si la resolución es auténtica y ajustada al Derecho del Estado y cumple los requisitos del artículo 954 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el juez acordará por auto la eficacia en el orden civil de la resolución o decisión eclesiástica, procediendo a su ejecución con arreglo a las disposiciones de este Código sobre las causas de nulidad y disolución. 3. Contra el auto que dicte el juez no se dará recurso alguno, pero si fuera denegatorio o se hubiera formulado oposición, quedará a salvo el derecho de las partes y del Fiscal para formular su pretensión en el procedimiento correspondiente».

[218]      La doctrina y la jurisprudencia se han cuestionado cuál sea la naturaleza de este procedimiento sin llegar a una conclusión unánime. Así se ha considerado como un nuevo procedimiento de exequatur, al que se le aplicaría subsidiariamente el procedimiento tradicional a esta figura; para otros sería un exequatur analógico o análogo, o peculiar, etc. También se ha cuestionado si este procedimiento pertenecía a la jurisdicción voluntaria, en contraposición con la jurisdicción contenciosa. El Tribunal Constitucional lo ha caracterizado como cauce procedimental de jurisdicción voluntaria (Sentencia de 8 de noviembre de 1983).

[219]      Ley 1/2000 de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (B.O.E. de 8 de enero).

[220]      Disposición Derogatoria única, n. 3.

[221]      Nos remitimos a C. Sanciñena Asurmendi, «El procedimiento para el reconocimiento de eficacia civil de las resoluciones matrimoniales canónicas», en Cuadernos doctorales, Pamplona 1998, p. 14-65.

[222]      R. Ramírez Navalón, «La reforma del proceso de homologación de las resoluciones matrimoniales canónicas», en Revista Española de Derecho Canónico, 56 (1999), p. 815-826.

[223]      Artículo 769: «Salvo que expresamente se disponga otra cosa será Tribunal competente para conocer de los procedimientos a que se refiere este capítulo el Juzgado de primera Instancia del lugar del domicilio conyugal. En el caso de residir los cónyuges en distintos partidos judiciales, será Tribunal competente a elección del demandante o de los cónyuges que soliciten la separación o el divorcio de mutuo acuerdo, el último domicilio del matrimonio o el de residencia del demandado. Los que no tuvieren domicilio ni residencia fijos podrán ser demandados en el lugar en que se hallen o en el de su última residencia, a elección del demandante y, si tampoco pudiera determinarse así la competencia corresponderá ésta al Tribunal del domicilio del actor (...)» (señalamos en cursiva la parte del artículo que no tiene correspondencia con lo recogido hasta ahora por la Disposición Adicional 2ª. 1).

[224]      Así lo señala J. Ferrer cuando dice: «Mientras el artículo VI.2 del texto concordatario encomienda genéricamente la declaración del ajuste al Tribunal civil competente, el legislador ordinario la atribuye al Juez de Primera Instancia —o en su caso, más específicamente, al Juez de Familia— y no al Tribunal Supremo —en contraste con el procedimiento previsto para la ejecución en España de las sentencias dictadas por Tribunales extranjeros (antiguo art. 955 LEC)— con lo que perdió la oportunidad de obtener en un tiempo razonable jurisprudencia sobre el particular» («Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 1995. La eficacia civil de las resoluciones matrimoniales canónicas», en Revista de Derecho Privado, VI (1996), p. 489).

[225]      Sentencias de 24 de septiembre de 1991 (Aranzadi de Jurisprudencia, núm. 6277) y de 23 de noviembre de 1995 (Revista de Derecho Privado (1996), p. 481-485).

[226]      Algunos autores hacían notar que el procedimiento declarativo de menor cuantía es demasiado costoso y largo, por lo que parte de la doctrina estima que el procedimiento de la disposición adicional quinta de la Ley de 7 de julio de 1981 era suficiente, para que se plantease la petición de concesión de efectos en el orden civil a una sentencia de nulidad de matrimonio canónico o a un rescripto pontificio de matrimonio rato y no consumado.

[227]      La razón de esta omisión parece encontrarse en que, en principio, el derecho adjetivo o instrumental no tiene porqué contener normas sustantivas o materiales. Al mismo tiempo los requisitos para la homologación de la resolución canónica vienen exigidos en el artículo VI del Acuerdo Jurídico y en el artículo 80 del Código civil (cfr. R.M. Ramírez Navalón, «La reforma del proceso de homologación de las resoluciones matrimoniales canónicas», en Revista Española de Derecho Canónico, 56 (1999), p. 823).

[228]      Puede explicar este punto la misma razón que aducíamos al referirnos al anterior. Ya que con la reforma introducida por la Ley de Enjuiciamiento Civil se consiente que la solicitud de homologación y medidas pueda realizarse conjuntamente por medio del procedimiento regulado en el artículo 778 §2.

[229]      Este tema ha originado intensos debates tanto en la doctrina como en la jurisprudencia. Fundamentalmente dos son las posturas mantenidas al respecto. Según algunos autores la oposición al reconocimiento de eficacia civil debe ser fundada para impedir en su caso la homologación. El juez podría dictar auto estimatorio de la eficacia civil pese a haberse formulado oposición, si se considera que ésta no es fundada. En estos casos no procedería recurrir el auto. La parte cuya oposición no hubiese sido estimada podría recurrir al procedimiento correspondiente para solicitar la declaración de que no procede el reconocimiento de la resolución canónica. Otros autores estimaban que, habiéndose producido oposición, no cabe en modo alguno dictar auto estimatorio de eficacia civil, ya que el «procedimiento correspondiente» no se concibió como el cauce de impugnación de las resoluciones estimatorias del reconocimiento. Esta segunda postura es la que adoptó el Tribunal Constitucional en sentencias 265/1988, de 22 de diciembre  y 328/1992 de 8 de noviembre. En ambas sentencias se ha establecido la vinculante doctrina constitucional de que, mediante oposición, es contrario al artículo 24 de la Constitución otorgar el reconocimiento (vid. R. Rodríguez Chacón, «Reconocimiento de sentencias y resoluciones canónicas (una importante sentencia del Tribunal Constitucional)», en Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, V (1989), p. 242-250).

[230]      C. Sanciñena Asurmendi, «El artículo 778 del Borrador de Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil», en Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, XIV (1998), p. 637.

[231]      Es interesante ver la regulación que en este sentido recoge el Borrador del Anteproyecto de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil en sus artículos 18 y 20. El artículo 18 del Borrador establece las siguientes causas de denegación del reconocimiento: «1. a) Cuando se hubiere desconocido una regla de competencia exclusiva de la jurisdicción española o en materia de seguros y contratos concluidos por los consumidores. b) Cuando fuese contraria al orden público. c) Cuando se hubiere dictado en rebeldía del demandado y no se acreditase que fue emplazado en forma y con plazo suficiente para defenderse. d) Si es inconciliable con una resolución anterior dictada entre las mismas partes en un Estado tercero, cuando esta última decisión reúna las condiciones necesarias para ejecutarse en España. e) Cuando existiese un litigio pendiente en España entre las mismas partes y con el mismo objeto, iniciado con anterioridad a la fecha de la demanda presentada en el Estado de origen. 2. Tampoco se reconocerán las resoluciones relativas al ejercicio de la patria potestad respecto a un hijo común sin que se acredite que el menor ha tenido la posibilidad de ser oído, directamente o a través de un representante de un órgano público competente, con violación de principios fundamentales del ordenamiento jurídico español. 3. Por cualquier otra causa prevista en un tratado con el Estado de origen o en un tratado multilateral. 4. No podrá denegarse el reconocimiento por el solo hecho de que el Tribunal de origen haya aplicado una ley distinta a la que habría correspondido según las reglas de Derecho Internacional Privado español, excepto en lo que se refiere al estado y capacidad de las personas. Aún en estos casos, no se denegará el reconocimiento cuando la aplicación de dicha ley hubiera conducido al mismo resultado». Por su parte el artículo 20 niega tajantemente la revisión del fondo de la resolución extranjera: «en ningún caso, la Resolución extranjera puede ser objeto de una revisión en cuanto al fondo».

[232]      Sobre la historia del derecho de familia italiano anterior al Acuerdo de Villa Madama, véase sobre todo P. Ungari, Storia del Diritto di famiglia in Italia (1796-1942), Bolonia 1974.

[233]      Acta Apostolicae Sedis, XXI (1929), p. 290 (la traducción es nuestra).

[234]      Continúa el artículo 34 del concordato italiano de 1929: «(...) Le cause concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa del matrimonio rato e non consumato sono riservate alla competenza dei Tribunali e dei dicasteri ecclesiastici.

     I provvedimenti e le sentenze relative, quando siano divenute definitive, saranno portate al Supremo tribunale della Segnatura, il quale controllerà se siano state rispettate le norme del Diritto Canonico relative alla competenza del giudice, alla citazione ed alla legittima rappresentanza o contumacia delle parti.

     I detti provvedimenti e sentenze definitive coi relativi decreti del Supremo Tribunale della Segnatura saranno trasmessi alla Corte di Appello dello Stato competente per il territorio la quale, con ordinanze emesse in camera di consiglio, li renderà esecutivi agli effetti civili ed ordinerà che siano annotati nei registri dello stato civile a margine dell’atto di matrimonio.

     Quanto alle cause di separazione personale, la Santa Sede consente che siano giudicate dall’autorità giudiziaria civile».

[235]      «Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi».

[236]      Sentencia de la Corte de Casación de 3 de abril de 1973, número 913.

[237]      Sentencias de la Corte Constitucional números 16 y 18, de 2 de febrero de 1982.

[238]      R. Botta, Materiali di diritto ecclesiastico: matrimonio religioso e giurisdizione dello Stato,  Bolonia 1997, p. 15.

[239]      Para gran parte de la doctrina siguen constituyendo un punto de referencia para la interpretación de la misma norma neoconcordataria.

[240]      La sentencia dio la siguiente definición de orden público: «aquellas reglas fundamentales puestas por la Constitución y por las leyes básicas de los institutos jurídicos en que se articula el ordenamiento positivo en su perenne adecuación a la evolución de la sociedad».

[241]      M.M. Martín García, Conflictos de jurisdicción entre la Iglesia y el Estado: el caso italiano, Pamplona 1999,  p. 116.

[242]      Así se entiende habitualmente el silencio del Acuerdo al respecto, aunque no se puede pasar por alto la sentencia de la Corte Constitucional n. 421 del 2 de diciembre de 1993 (en Il diritto ecclesiastico, CIV (1993-II) , p. 372) que considera vigente tal reserva. Cfr., por ejemplo, F. Finocchiaro, Diritto ecclesiastico, 8ª ed., Bolonia 2000, p. 448-450; P. Moneta, «Riserva di giurisdizione e delibazione delle sentenze ecclesiastiche matrimoniali», en Il diritto ecclesiastico, CVIII (1997), p. 809-832. Ambos autores recogen también las opiniones contrarias, que abogan por la permanencia de la reserva, así como las más importantes sentencias de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional en un sentido y en otro.

[243]      También aquí el silencio del Acuerdo pensamos que ha de entenderse como abandono de la posibilidad contemplada en el Concordato, pues, como se señala en el artículo 13, «le disposizioni del Concordato stesso non riprodotte nel presente testo sono abrogate».

[244]      R. Navarro-Valls, «El matrimonio concordatario ante el Derecho español y el Derecho italiano: problemas comunes», en Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, II (1986), p. 241.

[245]      En un Protocolo adicional se aclara: «Ai fini dell’applicazione degli articoli 796 e 797 del codice italiano di procedura civile, si dovrà tener conto della specificità dell’ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto origine. In particolare,

1) si dovrà tener conto che i richiami fatti dalla legge italiana alla legge del luogo in cui si è svolto il giudizio si intendono fatti al diritto canonico;

2) si considera sentenza passata in giudicato la sentenza che sia divenuta esecutiva secondo il diritto canonico;

3) si intende che in ogni caso non si procederà al riesame del merito».

[246]      J.T. Martín de Agar, Raccolta di Concordati 1950-1999, Ciudad del Vaticano 2000, p. 556-557 (traducción nuestra).

[247]      El «principio de la demanda», que regula hoy el procedimiento para la delibazione de las sentencias eclesiásticas, conlleva el problema de la legitimación. Podemos plantearnos si están legitimados únicamente los cónyuges o pueden estarlo también los herederos. La Corte de Casación, con la sentencia n. 2787 de 10 de marzo de 1995, ha respondido negativamente a esa segunda posibilidad. En el anterior sistema concordatario la jurisprudencia había considerado que la declaratoria de ejecutoriedad en el ordenamiento italiano de la sentencia del tribunal eclesiástico no encontraba obstáculo con la muerte de una de las partes tras la sentencia, pero antes de la ordenanza del Tribunal de Apelación, en base al carácter oficioso del procedimiento, que consentía entender iniciado el procedimiento desde el momento en que fue presentado ante el juez eclesiástico, y del carácter retroactivo de la sentencia eclesiástica y del exequatur del Tribunal de apelación.

[248]      «Aparece hoy pacífica la adopción del rito ordinario, en las formas previstas por el artículo 796, para la hipótesis en que sea uno sólo de los cónyuges el que pida la delibazione y del rito cameral, para la hipótesis en que sean ambos cónyuges los que la pidan conjuntamente. Esta solución ha sido acogida por la mayoría de la doctrina y ha sido adoptada por las Secciones Unidas de la Corte de Casación con las sentencias n. 1212 de 5 de febrero 1988 y n. 2164 de 1 de marzo de 1988 supliendo de esta forma la demora del legislador que no había —como todavía no ha hecho— emanado la "ley matrimonial" de actuación de las disposiciones neoconcordatarias» (R. BOTTA, Materiali di diritto ecclesiastico: matrimonio religioso e giurisdizione dello Stato, Bolonia 1997, p. 41, traducción nuestra).

[249]      Esta disposición se introdujo, en el proceso de ejecución, por la sentencia de la Corte Constitucional n. 18 de 1982 y ha sido confirmada por el Acuerdo de 1984.

[250]      Sentencia núm. 7448, de 16 de diciembre 1983, recogida en Il diritto ecclesiastico, VC (1984-II), p. 70; la Corte de Casación dejó claro que el Tribunal de apelación: «non ha il potere-dovere di riscontrare, in via generale, l'osservanza di tutte le norme del processo canonico e la loro idoneità a fornire le stesse garanzie offerte dall'ordinamento statale, né di disporre d'ufficio, nei limiti delle specifiche doglianze sollevate dalle parti e delle prove da esse prodotte, ivi comprese eventuali copie autentiche degli atti di detto processo, di controllare se sia stato rispettato in concreto il diritto di agire e di difendersi in giudizio, secondo gli elementi essenziali del diritto stesso alla stregua dell'ordinamento interno e, cioè, se le parti abbiano effettivamente avuto un'adeguata possibilità di provvedere alla propria difesa, dinanzi al giudice competente ed in contraddittorio tra loro».

[251]      Con palabras de la sentencia n. 288, de 8 de octubre de 1992, del Tribunal de apelación de Catanzaro (en Quaderni di diritto e politica ecclesiastica,  I (1993), p. 844-845), en un determinado proceso canónico quedaba «assicurato alle parti il diritto di difesa in maniera conforme ai principi fondamentali dell'ordinamento italiano, dato che (la convenuta) è stata regolarmente citata e, quindi, oltre ad essere stata interrogata sui fatti di causa, ha anche comunicato (con una sua dichiarazione) di consentire alla richiesta di nullità del matrimonio avanzata dal coniuge».

[252]      F. Finocchiaro, Diritto ecclesiastico, 8ª ed., Bolonia 2000, p. 460.

[253]      M.M. Martín García, Conflictos de jurisdicción entre la Iglesia y el Estado: el caso italiano, Pamplona 1999, p. 111.

[254]      R. Botta, Tutela del sentimento religioso ed appartenenza confessionale nella società globale, Turín 2002, p. 239.

[255]      Se entiende que la remisión es a ese artículo y no al 64 de la Ley 218/1995, que disciplina la eficacia de la sentencias extranjeras, por la expresa mención que de aquél se hace en el Protocolo adicional del Acuerdo; en cualquier caso, salvo en que no prevé el juicio de exequatur, el artículo 64 de la nueva Ley reproduce las disposiciones ya contenidas en el abrogado artículo 797 del Código italiano de procedimiento civil, que  decía: «Articolo 797. Condizioni per la dichiarazione di efficacia. La Corte d’appello dichiara con sentenza l’efficacia nella Repubblica della sentenza straniera quando accerta:

1) che il giudice dello Stato nel quale la sentenza è stata pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale vigenti nell’ordinamento italiano;

2) che la citazione è stata notificata in conformità alla legge del luogo dove si è svolto il giudizio ed è stato in essa assegnato un congruo termine a comparire;

3) che le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo o la contumacia è stata accertata e dichiarata validamente in conformità della stessa legge;

4) che la sentenza è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata;

5) che essa non è contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano;

6) che non è pendente davanti a un giudice italiano un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, istituito prima del passaggio in giudicato della sentenza straniera;

7) che la sentenza non contiene disposizioni contrarie all’ordine pubblico italiano.

Ai fini dell’attuazione il titolo è costituito dalla sentenza straniera e da quella della Corte d’appello che ne dichiara l’efficacia».

[256]      Vid. sobre este punto: R. Botta, Materiali di diritto ecclesiastico: matrimonio religioso e giurisdizione dello Stato, Bolonia 1997, p. 23-30; S. Berlingò, Effetti civili delle sentenze ecclesiastiche in materia matrimoniale, Milán 1985, p. 101-112; R. Navarro-Valls, «El “matrimonio concordatario” ante el Derecho español y el Derecho italiano: problemas comunes», en Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, II (1986), p. 241-263.

[257]      G. Lo Castro, «Il matrimonio tra giurisdizione civile e giurisdizione canonica», en Ius Ecclesiae, VI (1994), p. 701: «Se lo Stato pensa di riconoscere, al suo interno, dignità di valore ad una visione della realtà coniugale così diversa da quella cui al momento sembra ispirato il suo diritto matrimoniale, non può, per coerenza con se stesso, esimersi da comportamenti consequenziali, togliendo sul piano della vita empirica, attraverso lo strumento giurisdizionale, ciò che ha ammesso in via generale».

[258]      La jurisprudencia de la Corte de Casación viene entendiendo que constituye un obstáculo de orden público para la homologación «ove l’esclusione dei bona matrimonii, ovvero l’apposizione di una condizione, siano rimasti nella sfera psichica di uno dei nubendi, non essendo stati manifestati all’altro e non avendoli questo conosciuti, non essendo conosciuti con la normale diligenza» (sentencia de la Corte de Casación n. 3339 del 5 de marzo de 2003, en http://www.fondoeuropeo.it/sen/cas/03/03339.htm).

[259]      Cfr. R. Botta, Materiali di diritto ecclesiastico: matrimonio religioso e giurisdizione dello Stato, Bolonia 1997, p. 26-27. En sentido contrario se pronuncia P. Floris, «Matrimonio concordatario: le aperture delle corti di legittimità alla rilevanza dei contenuti canonici del matrimonio», en Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, (2002), p. 133: «in sede di delibazione, si deve tener conto degli effetti contrari all’ordine pubblico che possono produrre le sentenze canoniche. Tali appaiono gli effetti dell’annullamento di situazioni giuridiche civili che sono apprezzabili in termini di diritti/doveri di solidarietà coniugale, e che comunque originano dalla realizzazione del matrimonio come rapporto».

[260]      Sentencia de las Secciones Unidas n. 4700, de 20 de julio de 1988, en Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, (1989), p. 440-451.

[261]      Cfr. Sentencia de la Casación n. 4202, del 23 de marzo de 2001, en Il diritto ecclesiastico, CXII (2001-II), p. 89-92; L. De Luca, «Cessazione degli effetti civili e successiva delibazione di sentenza canonica relativa alla invalidità dello stesso matrimonio», en Il diritto ecclesiastico, CXII (2001), p. 1213.

[262]      F. Finocchiaro, Diritto ecclesiastico, 8ª ed., Bolonia 2000, p. 456: «non è priva di fondamento la tesi secondo la quale, anche se la sentenza di divorzio non impedisce il riconoscimento agli effetti civili della sentenza di nullità, tale riconoscimento non travolge il giudicato sullo scioglimento del matrimonio-rapporto».

[263]      En Il diritto ecclesiastico, CXII (2001-II), p. 210.

[264]      Propone Finocchiaro modificar la vieja ley matrimonial n. 847 de 1929 que remite, tanto para la anulación de la trascripción del matrimonio concordatario como para el reconocimiento de las sentencias eclesiásticas de nulidad, a los artículos 128, 129 y 129 bis del Código Civil, de modo que esa remisión se realice a los artículos 5 y siguientes de la Ley n. 898/1970 y sus sucesivas modificaciones e integraciones (F. Finocchiaro, Diritto ecclesiastico, 8ª ed., Bolonia 2000, p. 467). En el mismo sentido, P. Moneta, «Nullità del matrimonio concordatario e rapporti patrimoniali», en Iustitia, LVII (2004), p. 220-221.

[265]      L. De Luca, «Cessazione degli effetti civili e successiva delibazione di sentenza canonica relativa alla invalidità dello stesso matrimonio», en Il diritto ecclesiastico, CXII (2001), p. 1215.

[266]      Cfr. artículo 31 del Convenio de Bruselas de 1968, hecho ejecutivo en Italia con la Ley núm. 804, de 21 de junio de 1971, que entró en vigor el 1 de febrero de 1973, y que constituye el precedente remoto del Reglamento 2201/2003 del que tratamos en el capítulo IV.

[267]      Específicamente, según el artículo 64 de la Ley 218/1995, para el recono­cimiento automático de sentencias extranjeras, es necesario: que el juez que la ha pronunciado pudiera conocer de esa causa según los principios de competencia jurisdiccional propios del ordenamiento italiano; que el acto introductivo del juicio haya sido conocido por el demandado de conformidad a cuanto esté previsto en la ley del lugar donde se desarrolla el proceso y no se hayan violado los derechos esenciales de defensa; que las partes se hayan constituido en juicio según la ley del lugar donde tiene lugar el proceso y que la rebeldía haya sido declarada en conformidad a la ley; que la sentencia haya pasado a cosa juzgada; que la sentencia no sea contraria a otra pronunciada por un juez italiano, siendo también ésta cosa juzgada; que no esté pendiente un proceso ante el juez italiano por el mismo objeto y las mismas partes iniciado antes del proceso extranjero; finalmente, que sus disposiciones no produzcan efectos contrarios al orden público.

[268]      L. Lacroce «La riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato e l'efficacia delle sentenze dei tribunali ecclesiastici», en Ius Ecclesiae, VIII (1996), p. 677-688.

[269]      Aunque no faltan voces discrepantes, gran parte de la doctrina italiana parece convenir en que, pese a la reforma legal, debe entenderse que, en lo que toca a las sentencias canónicas, han de seguir aplicándose los derogados artículos 796 y 797, ya que existe una directa mención de los mismos en el protocolo adicional de los Acuerdos de Villa Madama.

[270]      Cfr. Sentencia de la Casación n. 7276, de 10 de julio de 1999, en Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, (1999), p. 743; F. Finocchiaro, Diritto ecclesiastico, 8ª ed., Bolonia 2000, p. 457; C. Mecacci, Effetti civili della sentenza canonica di nullità, Roma 1998, p. 141-147; P. Floris, «Matrimonio concordatario: le aperture delle corti di legittimità alla rilevanza dei contenuti canonici del matrimonio», en Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, (2002), p. 134.

[271]      Cfr. Sentencia de la Corte Constitucional n. 18, de 2 de febrero de 1982.

[272]      R. Botta, Materiali di diritto ecclesiastico: matrimonio religioso e giurisdizione dello Stato, Bolonia 1997, p. 92.

[273]      F. Finocchiaro, «Il nuovo ordinamento dello stato civile, la trascrizione delle sentenze straniere e delle sentenze ecclesiastiche», en Il diritto ecclesiastico CXII (2001), p. 401: «Quello segnalato, oltre che un problema da risolvere con buon senso, è un problema che (…) può dar luogo a una questione di legittimità costituzionale, apparendo la diversa disciplina di due casi simili frutto di una scelta non ragionevole».

[274]      Cfr. Sentencia del 1 de octubre de 1997, en Il diritto ecclesiastico, CIX (1998-II), p. 329: «Questo collegio prende atto (…) che ancora una volta la necessità della delibazione viene collegata direttamente alla pattuizione di trattamento della sentenza ecclesiastica come una sentenza straniera (art. 8, n. 2, lett. c dell’Accordo di revisione del Concordato) e non già per un autonomo rinvio recettizio  all’art. 797 c.p.c. da parte dell’Accordo modificativo del Concordato. Da ciò questo collegio trae la necessità di affermare che, dal 31 dicembre 1996, le sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio, come le sentenze straniere, sono esonerate del procedimento di delibazione (…). Se questo è vero per diretta volontà pattizia desumibile dal citato art. 8 del Accordo di Palazzo Madama, evidentemente non ha fondamento la tesi di un ostacolo all’applicazione del nuovo sistema di diritto internazionale privato alle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio concordatario posto dall’art. 2 della legge stessa».

[275]      M.C. Folliero, «Cassazione e delibazione matrimoniale: il lungo addio», en Il diritto ecclesiastico, CXI (2000), p. 751-752.

[276]      Se trataba de una situación en contraste tanto con la doctrina católica sobre la libertad religiosa, tal como había sido formulada en el Concilio Vaticano II, como con la propia Constitución maltesa que establecía en su Section 40: «All persons in Malta shall have full freedom of conscience and enjoy the free exercise of their respective mode of the religious worship».

[277]      G. Prader, Il matrimonio nel mondo, 2ª ed., Padua 1986, p. 413.

[278]      A. Bettetini, «L’accordo 3 febbraio 1993 tra Santa Sede e la Repubblica di Malta sul matrimonio: brevi annotazioni», en Il diritto ecclesiastico, CVIII (1997), p. 105.

[279]      Ley n. 37/1975, art. 23.1:  «Canon Law shall, in so far as it had effects as part of the law of Malta on marriage, cease to have such effect, and all jurisdiction in relation to marriage shall vest in the courts of Malta in accordance with the relevant provisions of the Code of Organization and Civil Procedure».

[280]      Cfr. Acta Apostolicae Sedis, LXXXIX (1997), p. 679-694.

[281]      A.S. Pullicino, «The Church-State Agreement on the Recognition of Civil Effects of Marriage and Declarations of Nullity Delivered by Ecclesiastical Tribunals», en Forum, VI (1995), p. 55.

[282]      A. Bettetini, «L’accordo 3 febbraio 1993 tra Santa Sede e la Repubblica di Malta sul matrimonio: brevi annotazioni», en Il diritto ecclesiastico, CVIII (1997), p. 106.

[283]      Cfr. F. Mizzi, «Malta-Santa Sede. Accordo sul matrimonio», en Il Regno-Attualità, 6/93, p. 151.

[284]      Cfr. Artículo 4 §1 del Acuerdo.

[285]      A. Bettetini, «L’accordo 3 febbraio 1993 tra Santa Sede e la Repubblica di Malta sul matrimonio: brevi annotazioni», en Il diritto ecclesiastico, CVIII (1997), p. 110.

[286]      Canon 1674: «Son hábiles para impugnar el matrimonio: 1) los cónyuges; 2) el promotor de justicia, cuando la nulidad ya se ha divulgado si no es posible o conveniente convalidar el matrimonio».

Can. 1675 § 1: «El matrimonio que no fue acusado en vida de ambos cónyuges no puede ser impugnado tras la muerte de uno de ellos o de los dos, a no ser que la cuestión sobre su validez sea prejudicial para resolver otra controversia, ya en el fuero canónico ya en el civil».

[287]      Cfr. Marriage Act 1995, section 23 (1): «A decision which has become executive, given by a tribunal, and declaring the nullity of a Catholic Marriage shall, where one of the parties is domiciled in, or a citizen of, Malta, and subject to the provisions of section 24 of this Act, be recognised and upon its registration in accordance with the said section 24 shall have effect as if it were a decision by a Court and which has become res judicata». La sección 24 recoge las condiciones establecidas en el artículo 5 del Acuerdo de 1993, cuyo texto italiano dice: «Le sentenze di nullità e i decreti di ratifica di nullità di matrimonio emessi dai tribunali ecclesiastici sono riconosciuti come efficaci per gli effetti civili, a condizione che (...) consti a la Corte d’Appello che: (i) il tribunale ecclesiastico era competente a conoscere della causa di nullità del matrimonio in quanto questo era stato celebrato secondo la forma canonica della Chiesa Cattolica o con dispensa da essa; (ii) nel procedimento giudiziario canonico è stato assicurato alle parti il diritto di resistere in giudizio, in modo sostanzialmente non difforme dai principi della Costituzione di Malta; (iii) nel caso di un matrimonio celebrato a Malta dopo l’11 agosto 1975 è stato consegnato, o trasmesso, al Registro Pubblico l’atto di matrimonio prescritto dalla legge civile; (iv) non esiste una sentenza contraria emanata dai tribunali civili e passata in giudicato, basata sugli stessi capi di nullità».

[288]      Artículo 8 del Acuerdo: «Nell’espletamento delle proprie funzioni in ordine al riconoscimento dei decreti di cui all’articolo 7, come pure delle sentenze di nullità e dei decreti di ratifica di nullità di matrimonio di cui all’articolo 3, la Corte d’Appello non procede al riesame del merito». Cfr. también la sección 28 del Marriage Act de 1995.

[289]      En la sentencia n. 1/96 (en Forum, XI (2000), p. 249-266), el Tribunal civil de apelación de Malta entendió violado el derecho de defensa por el hecho de que el demandado, que se opuso a la nulidad y a su reconocimiento civil, no tuvo acceso al texto completo de la sentencia del tribunal eclesiástico, sino sólo a su parte dispositiva.

[290]      Artículo 7.2 del Acuerdo: «La Corte d’Appello ordina il riconoscimento dei decreti di cui al numero 1 del presente articolo [decreti del Romano Pontefice “super matrimonio rato et non consummato”] se consta ad essa che gli stessi decreti sono relativi a matrimoni celebrati secondo le norme canoniche della Chiesa Cattolica: a) dopo l’entrata in vigore del presente Accordo; b) anche prima dell’entrata in vigore di questo Accordo, a condizione che la copia del decreto sia presentata da ambedue le parti o almeno da una di esse non contraddicente l’altra parte».

[291]      Así se recoge en la sección 25 del Marriage Act, al establecer que la dispensa «shall have effect as if it were a decision given by a Court and which has become res judicata annulling a marriage on the grounds of no-consummation, in accordance with section 19 A of this Act». La sección 19 A recoge un supuesto de anulabilidad del matrimonio en caso de inconsumación.

[292]      Recordamos que el artículo 80 del Código Civil español remite «a las condiciones a las que se refiere el artículo 954 de la Ley de Enjuiciamiento Civil», que son las establecidas para el reconocimiento de sentencias extranjeras, y que el artículo 8.2 c) del Acuerdo de Villa Madama de 1984 establece que, para la eficacia de las sentencias canónicas de nulidad, el Tribunal de apelación debe constatar «che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere».

[293]      Cfr. M. Grech, The Harmonization of the Religious and Civil Dimensions of Canonical Marriages in Malta: an Exegetical Study of the Agreement between The Holy See and the Republic of Malta on the Recognition of Civil Effects to Canonical Marriages, publicado en Forum, XI (2000), p. 192-193.

[294]      Marriage Act 1995, section 33: «A decision of a foreing court on the status of a married person or affecting such status shall be recognised for all purposes of law in Malta if the decision is given by a competent court of the country in which either of the parties to the proceedings is domiciled or which either of such parties is a citizen».

[295]      Cfr. A. Leite, «A Concordata e o casamento», en AA.VV., A Concordata de 1940 Portugal-Santa Sé. Jornadas de estudo nos 50 anos da Concordata, Lisboa 1993, p. 273.

[296]      Artículo 1057 del Código Civil de 1867: «